Como si la polémica iniciada por las declaraciones del titular del programa Buenos Aires Presente, Maximiliano Corach, al diario Clarín el 27 de julio último, el fallo reciente de la jueza Elena Liberatori y las denuncias realizadas por diferentes organizaciones sociales no fueran suficientes, se sumó ahora un nuevo capítulo a la disputa por la situación de las personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires. Este miércoles autoridades del gobierno porteño impidieron el ingreso de funcionarios a uno de los establecimientos públicos destinados a albergar a las personas con esa problemática en la ciudad. El Parador “Costanera Sur” fue el lugar elegido por un grupo de auditores, legisladores y asesores para realizar una visita sorpresa y conocer el estado de las instalaciones. Solo los recibió el personal de seguridad.
La visita se dio en medio de una situación tensa que escaló en las últimas semanas. Luego de que la jueza Liberatori ordenara al ejecutivo porteño realizar un relevamiento profundo y calificara como “escandaloso” el informe gubernamental, la situación de las personas sin techo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires cobró una nueva dimensión y los focos comenzaron a apuntar hacia la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y su antecesor Mauricio Macri en la materia. La disputa, no solo por la calidad de los programas actuales, sino también por la cantidad misma de personas con problemas habitacionales -que el oficialismo estima en poco más de ochocientos y distintos grupos multiplican por veinte-, llevó a que organizaciones sociales y varios representantes del arco político se reunieran el 16 de agosto pasado en la Legislatura Porteña y realizaran el primer “Foro sobre gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires”, un encuentro inédito donde se realizaron diferentes denuncias y se alertó sobre el complejo escenario actual.
En ese marco, los auditores Hugo Vasques, Cecilia Segura y Facundo del Gaiso, los legisladores Claudio Heredia y Gabriel Fuks, y representantes de los legisladores Adrian Camps, Gustavo Vera y Rafael Gentili se acercaron este miércoles 31 a realizar una visita y constatar el estado del Centro de Inclusión Social “Costanera Sur”, uno de los 35 paradores que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece a las personas en situación de calle, ubicado en Av. España 2265.
Tras casi dos horas de espera, y sin poder hablar con ningún responsable a cargo, el permiso fue denegado. Ante la ausencia de autoridades en el lugar, los funcionarios intentaron comunicarse telefónicamente con Corach para gestionar el permiso pertinente, pero no obtuvieron respuesta.
Corach, en una entrevista reciente con el diario Clarín, había afirmado que “según un relevamiento que hicimos el 14 de abril, hay 850 personas en situación de calle, la población es estable y hace años que no cambia”. Ante la pregunta por el número altamente superior denunciado por las organizaciones que los ayudan, Corach añadió: “No voy a opinar sobre la percepción de la gente. Lo que pasa es que vienen del conurbano, por eso parecen más”.
Pocos días después de este reportaje, la jueza Liberatori aseguró en su fallo que “ese único ‘relevamiento’ de una noche otoñal, acaso determinada al voleo, se realizó sin considerar el complejo y dinámico universo social que compone el colectivo humano de personas en situación de calle y en riesgo a la misma». La magistrada, a su vez, habló de “desidia” en el esquema asistencial porteño.
Pero además de la polémica por la cifra de personas en esta situación -que, de realizarse un relevamiento acorde al universo planteado por la ley 3706, los especialistas estiman en cerca de 20.000-, las organizaciones sociales, así como el fallo de la justicia, subrayan también la falta de actualización en el monto de los subsidios habitacionales y, en especial, las distintas irregularidades que se detectan cotidianamente en los refugios, y que van desde incumplimiento en el horario de atención, deficiencia en los servicios, falta de paradores destinados a personas trans -que se ven obligadas a vestirse de hombres- e insuficiencia nutricional en los alimentos que se proveen.
La negativa oficial a auditar este parador suma una página más. Tras el hecho, los legisladores que estuvieron presentes en el “Costanera Sur” afirmaron que elaborarán “un pedido de informes dirigido al Gobierno de la Ciudad para pedir las explicaciones del caso, a fin de que sea tratado sobre tablas en la Legislatura Porteña”. Asimismo, los auditores aseguraron que expondrán la situación al interior de la Auditoría General de la Ciudad, a los fines de tomar las medidas que correspondan a las competencias del organismo. La disputa, indican los hechos, solo acaba de comenzar. X
