El método anestésico del macrismo es muy simple: la reacción social ante una calamidad se licúa con el impacto de un nuevo infortunio. Precisamente a esa dialéctica corresponde el anuncio del cierre –sin un solo responsable– de la investigación judicial por la muerte de Santiago Maldonado, difundido entre la “crisis” del Superclásico y la cumbre del G20.
Pero el carácter secreto de su operatoria fue levemente vulnerado por su actor protagónico, el juez federal Gustavo Lleral. Porque el 29 de noviembre a las 9:10 de la mañana llamó por teléfono a doña Estela, la madre de la víctima, para admitir: “Estoy siendo extorsionado; apretado para que cierre la causa. Por eso debo hacer esto”.
En resumen, el tipo usó en su sentencia unas 263 fojas para explicar que Maldonado se “hundió” por una “sumatoria de incidencias” y que éstas, pese a ocurrir durante una represión atroz y desaforada, “no constituyen delito”. Así –por ahora– finaliza su papel en esta obra.
Lo cierto es que el sesgo teatral del asunto hasta hizo que Jorge Lanata, en su columna publicada el 30 de noviembre por el diario Clarín, pareciese un crítico de Espectáculos que “spoilea” la clave de un guión. “La ‘desaparición” de Santiago –supo escribir– fue un caso cínico de construcción mediática”. Y la ministra Patricia Bullrich no le fue a la zaga: “La verdad le ganó al relato”.
Cabe resaltar que en las hendijas de esa “verdad” se desliza un capricho del azar: el 25 de noviembre de 2017, mientras Santiago era inhumado en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, Rafael Nahuel moría en Bariloche durante una persecución de Prefectura a pobladores mapuches.
Pero las coincidencias judiciales fueron menos azarosas. El juez federal Leónidas Moldes acaba de librar una orden de captura “internacional” contra Lautaro González y Fausto Jonas Huala, quienes asistieron a “Rafita” en su agonía. Y a la vez ya le dio una mano al presunto homicida, el suboficial Javier Pintos, anulando la pericia que lo señala como autor del disparo fatal. Una notable manera de celebrar el primer aniversario del crimen.
Quizás ya sea un lugar común comparar la “epopeya civilizatoria” del macrismo con la Campaña del Desierto. En realidad –bajo la llamada Doctrina de las Nuevas Amenazas y la idea de convertir a las etnias originarias en el tan necesario “enemigo interno– las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén son para la señora Bullrich y los suyos una versión desmejorada de lo que en 1975 –bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional– fue la provincia de Tucumán durante el “Operativo Independencia”: un laboratorio represivo.
Bariloche no escapa a las generales de esa “ley”. Exactamente al año del sábado en que Rafita exhaló su último suspiro, no había allí ningún vestigio de semejante efeméride; era como si eso jamás hubiese sucedido. No obstante, en las calles –vigiladas, por la fecha, más de la cuenta– el aire se podía cortar con el filo de una navaja. Y, de pronto, la vida real se mostró sin velo.
Una columna mapuche, con solo medio centenar de hombres, mujeres y niños, avanzaba por la avenida San Martín hacia el Juzgado Federal. Desde las veredas, la parte “sana” de la población los insultaba a viva voz.
Una fila de mastines humanos con escudos de la PSA aguardaba a los manifestantes ante la sede tribunalicia.
Al rato estallaron las hostilidades: piedras contra balas de goma.
La “gente” vitoreaba a los uniformados.
En este punto, no está de más evocar un episodio ya olvidado: la muerte del adolescente Diego Bonnefoi en manos del sargento Sergio Colombil. Fue a mediados de 2010 en un arrabal de la periferia metropolitana. Eso hizo que los allegados al difunto quemaran la comisaría local, lo cual por su parte impulsó la intervención de la policía rionegrina. Hubo otras dos víctimas fatales entre los pobladores. Aquello echó más leña al fuego. Y, para colmo, en vísperas de la temporada invernal; algo imperdonable. Eso arrancó del letargo al “vecino tipo” de Bariloche. Por lo que, encabezados por un patrullero que hacía sonar la sirena, cientos de seres que corresponden a tal categoría colmaron el Centro Cívico para manifestar su solidaridad con el sargento arrestado y defender la represión. Uno de los presentes bramó: “¡Por fin son ellos los que mueren!”. A su alrededor, todos brincaban, al grito de: “¡Seguridad! ¡Seguridad!”.
Ahora, a nueve años de tales incidentes, la “gente” vitoreaba otra vez a la policía en medio de una batalla callejera.
“¿Cómo puede haber tanta maldad?”, era la pregunta casi retórica de una rubia cincuentona que dijo trabajar de enfermera del Hospital San Carlos; se refería a un pibe encapuchado que resaltaba por su destreza con la honda. Y calló al iniciarse, a metros, la quema de neumáticos.
Por sobre lenguas de fuego que crepitaban ante los agentes del orden se elevó un hongo de humo negro. El viento hizo que el humo los envolviera. Ya había contusos, heridos y 17 detenidos.
La “gente” seguía gritando “¡Seguridad! ¡Seguridad!”.
Para esa tribuna trabaja Bullrich. Y no en balde.
En los ciclos democráticos transcurridos desde mediados del siglo XX hasta estos días se contabilizan oleadas represivas como la aplicación del Plan Conintes durante el gobierno de Arturo Frondizi. Y el accionar de la Triple A, junto a grupos policiales y militares, cuando María Estela Martínez de Perón ejercía la primera magistratura. Luego, una vez concluida la última dictadura, los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem no incurrieron en el abuso de la fuerza para sofocar expresiones y reclamos adversos a sus políticas, con excepción de hechos desatados por gobiernos provinciales. Tampoco Néstor y Cristina Kirchner cayeron en esa tentación. Pero sí Fernando de la Rúa con la matanza del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también Eduardo Duhalde con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Claro que mientras los dos primeros casos eran fruto de la puja por las “fronteras ideológicas” de la Guerra Fría, los restantes fueron la reacción agónica de gestiones al borde del precipicio. En cambio, ahora, con Macri en la cúspide del poder se impuso un nuevo paradigma de control y castigo social; algo sin duda ideado al calor de las encuestas y los focus groups: la represión al servicio del marketing.
Desde luego que el “efecto Bolsonaro” le dio una gran vuelta de tuerca al asunto. El estridente desenfado del líder brasileño es en Argentina objeto de emulación. Sin ir más lejos, el flamante reglamento de Bullrich que habilita el uso policial de armas letales ante cualquier “peligro inminente”, incluso por la espalda, prueba su influencia entre funcionarios locales de primer nivel.
Pero se trata de un estilo que también subyuga a reputados dignatarios de la oposición; entre ellos, el senador justicialista, Miguel Ángel Pichetto.
Recientemente, en referencia a los incidentes del Monumental, soltó de corrido: “La policía francesa, ante un evento como este, ¿sabés como pega? ¡Pega en serio!”.
Una lástima que, días después, los “chalecos amarillos” que incendiaban París le hayan arruinado la cita.
