Resistencia obrera y terrorismo de Estado

La clase trabajadora argentina, con su largo historial de luchas desde el siglo XIX, se opuso desde el mismo 24 de marzo a las políticas regresivas que, a base del terror, comenzó a implementar la última dictadura cívico-militar a partir de 1976.

¿Por qué, si el 67% de las y los detenidos-desaparecidos eran trabajadores, casi medio siglo después de que empezara el accionar terrorista del Estado argentino, la sociedad argentina sigue negando el carácter clasista del Proceso de Reorganización Nacional llevado adelante a través del genocidio? ¿Habrá en aquella negación, que se complementa con el borramiento de las luchas obreras del período, una expresión de la derrota cultural? Durante algún tiempo se decía que el modelo impuesto por la última dictadura había triunfado en lo económico pero fracasado en lo cultural. No es cierto. Toda la imprescindible construcción de la memoria –importantísima para combatir la impunidad— se ha hecho sin embargo desde las coordenadas políticas de la democracia de la derrota y desde el paradigma dicotómico de democracia vs totalitarismo, negando los elementos de violencia estructural presentes en una democracia castrada, restringida, como la que rige la vida del país desde diciembre de 1983 a hoy. Por eso en estas líneas, aprovechando la cercanía de un nuevo aniversario del 24 de marzo (pero también los 40 años del 2 de abril malvinense), queremos poner en primer plano el protagonismo que la clase trabajadora tuvo en el proceso de resistencia a la última dictadura cívico-militar (proceso que también contó con resistencia armada, la otra cara negada de toda esta historia). 

Acumular en silencio

Durante los primeros tres años de dictadura, la clase obrera protagonizó huelgas parciales y centenares de sabotajes. Como destaca el historiador argentino Pablo Pozzi, en su libro Oposición obrera a la dictadura, “es indudable que el proceso de resistencia obrera desarrollado a partir de marzo de 1976 y que culminó con la movilización de marzo de 1982, representa la base material de la conquista de la democracia y de la derrota de la dictadura”.

Sólo durante el año 1976 –en los momentos iniciales y más crudos de la represión militar– se produjeron 89 conflictos sindicales –según indican datos parciales– que movilizaron a 190 mil trabajadores y, en 1977, 100 conflictos, con 514 mil asalariados movilizados. El ´77 fue, además, un año repleto de “tristezas” (método invisible de lucha, que consistía en trabajar con desgano). En 1978 los conflictos aumentaron: 1.300 solo en la primera mitad del año y un total anual de 4.000: portuarios, Fiat, Frigorífico Swift de Rosario, Renault, Firestone, figuran entre los más importantes. Luz y Fuerza llevó adelante fuertes luchas en todo este período, en el que trabajadores bancarios y del transporte, incluso, llegaron a movilizarse. Es así como se llega a la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979.

Despertar a gritos

Desde 1979, cuando protagonizaron el primer paro general contra la dictadura, los trabajadores argentinos fueron recomponiendo sus fuerzas de manera casi permanente, hasta la reapertura democrática. A las huelgas sorpresivas (inmanejables para las fuerzas represivas), se le sumaron instancias de organización y coordinación clandestinas a nivel nacional. En 1980 se produjeron, aunque parciales, instancias de movilización y hasta toma de fábricas, sobre todo de los gremios de SMATA y de la UOM. Los obreros de la ocupada fábrica Deutz, incluso, llegaron a exigir públicamente la renuncia del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

En noviembre de 1980, a pesar de su ilegalidad explícita, el denominado grupo de “los 25” reconstituyeron la CGT, que pasó a denominarse “CGT-Brasil”. A mediados del año siguiente, los sindicatos de Luz y Fuerza, SMATA y la UOM protagonizaron una serie de medidas de fuerza y el 22 de julio de 1981 se produjo el segundo paro general contra el régimen. A diferencia del anterior, esta vez la adhesión fue realmente masiva, a pesar de que ese mismo día los dirigentes fueron arrestados. Un millón de personas –estimaron fuentes policiales– participaron de la protesta.

A la resistencia obrera se le sumaron reclamos y demandas populares más amplias. En octubre de 1981 el Arzobispado de Quilmes convocó a una “Marcha del hambre” y, al mes siguiente, la CGT organizó una movilización a San Cayetano (“Patrono del trabajo”), a la que asistieron 50.000 personas bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo”.

La marcha, la primera verdaderamente masiva contra la dictadura, partió del estadio de fútbol de Vélez Sarsfield (situada en el barrio porteño de Liniers) y culminó en Luján. Además de las reivindicaciones esgrimidas en la consigna, los asistentes a la movilización reclamaban por la aparición de los desaparecidos y en algunos casos, entonaban canciones partidarias (“La marchita peronista”). Más de un contingente llegó incluso a enfrentarse con las fuerzas represivas que “custodiaban” la marcha.

La situación siguió en ascenso. En diciembre de 1981 Leopoldo Fortunato Galtieri asumió (de manera irregular) la Presidencia de la Nación, en lugar del dictador Jorge Rafael Videla. El 30 de marzo de 1982 más de 10.000 personas marcharon a la Plaza de Mayo y a las plazas de las principales ciudades del país, convocadas por la CGT, con el fin de “decir basta a este proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indigencia y la desesperación”. Aquel día, en Mendoza, las fuerzas represivas asesinaron al obrero minero Benedicto Ortiz.

Es toda esta gris pero heroica historia la que muchas veces se pasa por alto cuando, ya no desde la derecha sino desde discursos progresistas, se dice que la dictadura terminó producto de la derrota militar argentina frente a Gran Bretaña tras el intento de recuperación de nuestras Islas Malvinas. O cuando se identifica la resistencia anti-dictatorial sólo con el surgimiento y el accionar de las Madres de Plaza de Mayo. No se trata de contraponer la lucha de los derechos humanos con la resistencia obrera, sino entender la importancia de que el movimiento obrero incorpore –como viene haciendo hace años—agendas de ampliación de derechos civiles a sus agendas de luchas de reivindicaciones estrictamente vinculadas al mundo del trabajo, así como revalorizar el rol que esa clase que pone cada día al mundo en funcionamiento, tuvo en las luchas de aquellos años más que difíciles. La frase puede parecer trillada, de tanto citarla, pero no por eso deja de ser menos justa al discutir a estos temas:


“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece, así, como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.

Quien escribió esto fue Rodolfo Walsh, sí, el escritor que dirigió la famosa Carta Abierta a la Junta Militar, pero también, el que impulsó durante 1976 la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA); el que fundó y dirigió el diario de la CGT de los Argentinos, donde publicó algunos de los mejores textos dedicados a la resistencia peronista, junto con su indispensable libro Operación masacre, sobre los fusilamientos a peronistas en junio de 1956. El mismo que militó en el Peronismo de Base y luego en Montoneros y, que al reeditar en 1973 su libro El caso Satonowsky, se lo dedicó al “Bloque Peronista de Prensa” que actuaba dentro del sindicato, combatiendo diariamente “a la raza de los envenenadores de conciencias: nuestros patrones”.

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