Presos políticos en Santa Cruz

El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, José Fernández, determinó el miércoles 7 la detención preventiva de Romeo Amodeo Amorín y Jimena Dalia Mamani Poma, por el presunto de delito de obstaculización de la realización de la consulta cruceña.

A la vez, la autoridad determinó la liberación de los otros cuatro imputados: Eduardo Quispe, Hugo Cayo, Portugal Quispe y la menor de edad, Brenda Segovia (17). Ante la determinación, el abogado Omar Barrientos, defensor de los ciudadanos que de acusadores pasaron a ser acusados, informó que se presentó un recurso de hábeas corpus para que Amorín y Mamani sean liberados. Los seis ciudadanos mencionados ingresaron al Centro Internacional de Prensa el domingo 4 de mayo a denunciar el fraude autonomista. Luego fueron interceptados y golpeados hasta terminar en la cárcel.

De los querellantes, el Director del la Corte Departamental Electoral no se presentó en la audiencia a declarar pero envió a una Directora que no se encontraba en el lugar cuando ocurrió ese episodio. La segunda acusación es de una periodista local que sostiene haber sido agredida.

Toda la secuencia está filmada y el único «golpeador» que aparece es alguien que responde a la Prefectura y al que incluso se lo ve golpeando a un periodista corresponsal que está tomando nota sobre lo que desesperadamente se trataba de ocultar.

Varias son las irregularidades en este intento de convertirlos en presos del nuevo régimen:

– Más de 100 horas detenidos, entre ellos una menor de 17 años.

– El primer Juez de la causa fue recusado y reemplazado por otro, José Fernández, al parecer hermano del jefe de Seguridad del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.

– Si bien el Fiscal pidió una medida sustitutoria para los seis acusados, el Juez lo interrumpió y sentenció a dos: Ximena Mamani de 21 años y a Amadeo Amorín a cinco años de prisión. Ya están siendo trasladados a la cárcel de Palmasola en una clara muestra de celeridad nunca antes vista.

Los acusados fueron también intimidados y en ese grupo estaba el diputado Walter Arrázola junto a dos matones.

Protesta

Tras la determinación del Ministerio Publico, más de 50 vecinos del barrio Plan Tres Mil protestaron por la no liberación de los dos detenidos y acusaron al juez Fernández de haberse «parcializado con las logias».

«Este el tipo de autonomía que ellos quieren, manipulando la justicia», protestaron a gritos los vecinos frente a la Corte Superior de Distrito, motivando que un contingente de la Policía se desplegara hasta el lugar para evitar mayores altercados.

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