Claudio Bonadio lo hizo de nuevo. El pasado jueves 6, el juez emitió su decimoprimer procesamiento contra Cristina Fernández. La acusa, como la mayoría de las veces, de encabezar una asociación ilícita, en esta ocasión dedicada a cobrar coimas de la “cartelización de la obra pública” y las concesiones viales. El magistrado asentó su acusación en un escrito de 678 páginas. Así de ordinarios son los términos de la guerra judicial contra el ex gobierno K.
El caso es un desprendimiento de la “causa de los cuadernos”, un promocionado expediente con fallas de origen -los cuadernos nunca aparecieron-, sostenido por la “delación premiada” de acusados instigados a “confesar” bajo amenaza de perder la libertad. Supuestas confesiones que, por cierto, no fueron filmadas, como prescribe la ley.
Las sospechas de operaciones de inteligencia, aprietes y manipulación judicial que desde el vamos sobrevolaron la causa de los “cuadernos” se materializaron en el expediente que el juez Alejo Ramos Padilla sigue en Dolores. En esa causa se investigan, entre otras cosas, los elocuentes vínculos entre el submundo del espionaje -legal e ilegal- con el fiscal Carlos Stornelli, el rebelde coequiper de Bonadio en la campaña anti K.
En ese punto, la estadística es contundente: de los 13 procesamientos a CFK, 11 fueron emitidos por Bonadio. El juez, además, firmó 12 de los 15 llamados a indagatoria de la ex mandataria -10 a pedido de Stornelli-, y es autor del cien por ciento de los pedidos de prisión: la reclamó siete veces.
¿Esa manifiesta enemistad implica que el centenar de nuevos acusados -entre ex funcionarios y empresarios- son inocentes? Nunca se sabrá con certeza. La ciénaga en la que chapotean jueces y fiscales convirtieron a la justicia en una cuestión de fe: sea cual fuere el veredicto, habrá argentinos que percibirán que el fallo fue injusto.
Otra consecuencia de la justicia cloacal es el uso del estado de sospecha como insumo político. Hasta el sábado 18, cuando se anunció su pre candidatura a presidente, Alberto Fernández estaba exento de acoso judicial. El martes 21, 48 horas hábiles después, el candidato ya tenía una carátula con su nombre: un abogado lo denunció de «coacción» por haber opinado sobre el desempeño de los jueces. El caso quedó en manos de la flamante jueza federal 5, María Eugenia Capuchetti, relacionada a los orientadores judiciales Enrique Nosiglia y Daniel Angelici.
Fernández se convirtió así en la primera «causa rehén’ de la flamante magistrada. En la jerga de Comodoro Py, se conoce como «causa rehén» a los expedientes que, sin mayor sustancia, se mantienen abiertos durante años con el único objetivo de ser utilizados como arma de defensa o ataque de los magistrados, según la ocasión.
Mecanismos de este tipo son exhibidos con lujo de detalles en el libro Forum Shopping Reloaded, del abogado Pablo Slonimsqui. “En los lugares civilizados a nadie lo juzga su enemigo” afirmó tiempo atrás a Revista Zoom el autor de esa guía práctica sobre los múltiples mecanismos de manipulación judicial. Es evidente que un sector de la justicia Argentina escogió la barbarie.
Guerra de bajo rating
A pesar de las evidente intencionalidad política de la pirotecnia judicial, el sistema mediático cercano al gobierno se esmera en seguir caracterizando al período K como una cleptocracia. Pero la caída libre en el rating de canales como TN indica que cada vez más ciudadanos desconfían del remanido bombardeo catódico. Hay encuestas que cuantifican ese fenómeno: un sondeo elaborado por alumnos de la carrera de Comunicación de la UBA, publicado en mayo, reveló que siete de cada diez argentinos descreen de lo que dicen los medios.
El descrédito del relato filomacrista explica una parte del crecimiento electoral de CFK. No es, como se dice con desprecio desde las usinas gubernamentales, que los argentinos tienen predilección por el «roba pero hacen» o son «fanáticos de una secta» impermeables a las evidencias. Sencillamente no creen -o tiene dudas razonables- de la solvencia probatoria de las acusaciones que se acumulan desde hace años en tribunales. Y que salen o entran del radar de la opinión pública en función de las necesidades del poder.
La propia Corte admitió causa y efectos de la justicia cloaca en el comunicado donde explicó por qué pidió el expediente de la causa por presuntas coimas en la obra pública de Santa Cruz: “De este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”.
A confesión de partes…
En aquel momento, el pedido de la Corte fue interpretado como un intento de frenar el inicio del primer juicio oral y público a la ex presidenta, que finalmente comenzó. El 21 de mayo, el gobierno de Cambiemos obtuvo la foto que buscó desde el primer día de gestión: la de CFK en el banquillo de los acusados. Pero el efecto estuvo lejos de ser como lo imaginaron en la Casa Rosada: la postal, difundida a repetición por el sistema tradicional de medios al servicio del macrismo, no impactó sobre la intención de voto de la ex presidenta, que se mantuvo firme en la orilla de los 38 puntos, cerca de los 40 puntos que precisa la fórmula que encabeza Alberto Fernández para ganar en primera vuelta y evitar un balotaje.
La prueba más elocuente de que al “lawfare” se le mojó la pólvora es el acercamiento de Sergio Massa al PJ-K. El tigrense estiró todo lo que pudo su apuesta a una “tercera vía” que se nutriera del eventual derrumbe K. En las próximas horas, sin embargo, firmaría un acuerdo de convivencia con la jefa que repudió para obtener un espacio en el frente opositor que se propone vencer a Macri. Un símbolo de la época: Massa integra el largo listado de dirigentes peronistas que apostaron por la guerra judicial para erradicar del firmamento político al colectivo K. Su regreso a esa nave nodriza es una formidable muestra de que ese intento fracasó.
