Uno de los objetivos declarados del nuevo gobierno era reducir el gasto público. En general, los neoliberales argumentan que la inversión pública desplaza la inversión privada, desincentivando a los empresarios.
No es para nada llamativo que los gerentes de las principales empresas que operan en el país (Telecom, Shell, Dietrich, JP Morgan, La Anónima, y otras), actualmente en los puestos de mando del Estado, se resuelvan a disminuir la acción de control, regulación y producción pública. En realidad, su propósito es redistribuir el ingreso desde los sectores asalariados (vía devaluación del salario en dólares y los consecuentes aumentos de precios y de tarifas que reducen el poder de compra de los sueldos) hacia los grandes empresarios.
Para ello, la disminución del peso y atribuciones del Estado es una condición necesaria para restaurar el poder de clase de las firmas dominantes. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas, tomadoras de precios de los grandes monopolios, ya han comenzado a sufrir los efectos del tarifazo que les incrementó los costos hasta un 500%.
«La ejecución provisoria del gasto público da cuenta de la nueva dinámica que asume el patrón de acumulación puesto en marcha por Cambiemos»
El ex presidente de Brasil, Lula da Silva sostiene que los ricos no necesitan al Estado porque pueden costear bienes y servicios por su cuenta. Los que sí requieren del Estado son los sectores populares para los que son imprescindibles en el marco del sistema capitalista, desigual por naturaleza, las transferencias, los programas sociales, las políticas de promoción e inversión social. La ejecución provisoria del gasto público da cuenta de la nueva dinámica que asume el patrón de acumulación puesto en marcha por Cambiemos.
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La ejecución del presupuesto público nacional hasta el mes de mayo del año corriente indica que se llevan gastados 613,7 mil millones de pesos, un 28,6% más que los 477,4 mil millones de mayo de 2015. Si se compara este incremento con la variación verificada en el nivel de precios durante los últimos doce meses (inflación anualizada), se observa que el gasto público disminuyó de manera considerable, ya que según el IPC San Luis la inflación desde mayo de 2015 a la fecha fue del 42,4%.
Esta reducción del gasto público es lo que popularmente se llama ajuste, pero debe analizarse con detalle qué rubros han sido los más afectados y cuáles, por el contrario, han aumentado. En efecto, si se comparan las partidas del gasto público de la administración nacional por finalidad y función, se advierte que la administración gubernamental (legislativa, judicial, relaciones interiores, etc.) gastó un 36,1% más que en los primeros 5 meses del año pasado, en tanto que los servicios de defensa y seguridad lo hicieron un 23,4%, los servicios sociales (educación, salud, ciencia, etc.) un 34,6%, los servicios económicos cayeron un 6,8% (por la quita de subsidios al transporte y la energía) y la deuda pública aumentó un 91,9%.
«Esta reducción del gasto público es lo que popularmente se llama ajuste, pero debe analizarse con detalle qué rubros han sido los más afectados y cuáles, por el contrario, han aumentado»
De manera que el concepto que más creció, por lejos, fue el endeudamiento público. No es llamativo, debido a que la alianza Cambiemos se propuso retornar al ciclo de valorización financiera vía (aun no verificada) inversión extranjera, reducción salarial, transferencia de ingresos a los sectores financieros, endeudamiento público y fuga de capitales, replicando el esquema de los años ’90.
Si se descuenta la inflación de los últimos 12 meses, el gasto público total dibuja una caída de 13,8% en términos reales. De acuerdo a este mismo indicador, los subsidios disminuyeron casi un 50%, defensa y seguridad cayó casi un 20%, los servicios sociales un 8% y la administración gubernamental un 6%. Sólo la deuda pública se incrementó casi un 50%.
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El ajuste es especialmente sensible en algunas áreas sociales. Vivienda y urbanismo se redujo un 91% en términos reales (en lo que va de 2016 sólo se gastaron 6,3 mil millones). Trabajo cayó un 45% y Promoción y asistencia social disminuyó un 34%, siempre tomando como referencia la inflación del IPC San Luis. También los porcentajes de ejecución son indicativos de las prioridades del nuevo gobierno: mientras el promedio de lo ejecutado de acuerdo al presupuesto fue de un 39% a mayo, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda sólo lo hizo en un 16%, el de Producción un 19%, el de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el de Cultura lo hicieron en un 23%, el de Comunicaciones un 19%, y el de Hacienda y Finanzas Públicas un 24%. Por supuesto, el Servicio de la Deuda Pública lidera la lista, con una ejecución del 55% sobre lo presupuestado para 2016.
Como se desprende de los datos consignados, el PRO lleva adelante una política de reducción del gasto público, tal y como lo había pronosticado su equipo económico, que sería mucho mayor de no ser por el exponencial aumento de la deuda pública, que prácticamente se duplicó. En los años ’90 se hablaba de derrame para graficar que el crecimiento económico, jalonado por el aumento de la riqueza de los más ricos, derivaría en mejoras para los sectores populares. Sería difícil volver a escuchar la misma sintonía, ya que el crecimiento prometido para el segundo semestre se postergó para algún otro momento futuro. De todas maneras, a juzgar por los recientes retrocesos sociales verificados en el país, que parecían imposibles hasta hace pocos meses, nada debe descartarse.
Publicado en Trabajo y Economía #141. Especial para Revista Zoom
