Por Álvaro García Limera (publicada por www.info-moreno.com.ar y por Le Monde Diplomatique edición boliviana).
El siguiente artículo de García Linera es quizá el más claro de los escritos en el período de la lucha del pueblo boliviano por recuperar sus recursos patrimoniales.
Señala los factores sociales y políticos que están detrás de la lucha por la nacionalización del gas y el petróleo y por impedir que la renta se siga exportando. Mientras se mantiene una sociedad explotada y casi sin destino. O se nacionalizan los hidrocarburos o se deja de ser pueblo y nación. Esta es la verdadera disyuntiva que ahora tiene el pueblo boliviano.
Le Monde Diplomatique publicó originalmente esta nota en su edición boliviana del mes de agosto de 2004.
El referéndum y toda la política del gobierno en torno a los hidrocarburos ha escondido o evitado el debate sobre la nacionalización; medida que es exigida por una buena parte de la sociedad boliviana. Álvaro García Linera traza un mapa de las posiciones y los sectores empresariales respecto a una posible nacionalización de los hidrocarburos; así como también explora las ventajas económicas que traería para el país esta trascendental medida.
Hablar del Estado como ente productivo o proponer la nacionalización de alguna actividad económica hace dos, cuatro o diez años atrás, habría sido considerado poco menos que un exabrupto de algún nostálgico del estatismo, a quien se le hubiera podido recomendar cobijarse en algún rincón de cualquier parque jurásico.
Hoy, desde el Presidente de la República, pasando por los empresarios más connotados, los académicos, los medios de comunicación, los estudiantes, los dirigentes sindicales y cualquier vecino de barrio, tienen como eje central de sus debates a la nacionalización, para apoyarla o rechazarla. Con mucho, los hidrocarburos y la nacionalización de los mismos actualmente han ocupado el centro del escenario social y, se puede decir, que la nación entera se halla crispada, polarizada y enfrentada en torno a la discusión sobre la propiedad de los hidrocarburos.
– ¿Qué es lo que ha pasado para que la propuesta de nacionalización hoy marque el centro del debate público?
Básicamente, se debe a que estamos atravesando un momento de inflexión histórica, de bifurcación o quiebre de época que está echando por tierra aquel paquete de ilusiones, de esperanzas, de ofertas y expectativas sociales de modernidad, ascenso social y bienestar fundadas en el protagonismo del libre mercado, en lugar del proteccionismo; y en la presencia de la inversión extranjera directa en reemplazo del Estado productor.
Durante 19 años, la economía boliviana sufrió una serie de cambios estructurales que si bien no modificaron el patrón productivo primario-exportador (exportador de materias primas), sí cambiaron radicalmente el modo de regulación salarial y el modo de apropiación del excedente económico del país.
La apropiación de la renta energética
– ¿Qué significó esto?
En primer lugar, se modificó sustancialmente la composición del salario social al desmontarse el pequeño Estado-social boliviano; esto es, el conjunto de derechos colectivos del trabajo ya sea por la vía del desasalariamiento de la fuerza de trabajo – relocalización de 29.000 mineros, despido de 60.000 fabriles, etc.-, o por la vía de la conculcación de beneficios sociales -reducción del contrato permanente, flexibilización laboral, libre contratación, etc.
-. Con el tiempo, los resultados de todo ello serán el incremento de la informalidad urbana del 58% al 68% del total de la fuerza de trabajo, el crecimiento del desempleo del 5% al 13% en la última media década y la precariedad y baja remuneración de 8 de cada 10 empleos (1) .
En segundo lugar, significó que la propiedad de empresas públicas -cerca del 35% del producto interno bruto nacional- pasara a manos de la inversión externa vía capitalización y privatizaciones (fines de los 80 y 90) y, lo que es más dramático, la propiedad de la renta hidrocarburífera que, se sabe hoy, fácilmente bordea 10 veces el PlB. El efecto económico inmediato de esta transferencia propietaria ha sido la externalización (exportación) del excedente económico con lo que el eje de la acumulación productiva se desplaza de la geografía nacional , clave para cualquier proceso de modernización expansivo, hacia la economía internacionalizada; base del colonialismo alimentado por una economía de enclave.
En pocos años, vía externalización del excedente, Bolivia se ha convertido en un país receptor de tecnología, en un puñado de áreas globalizadas de su aparato productivo, y en un exportador incesante de capitales que alimenta procesos productivos externos. Esto no sería problema sino fuera porque estas pocas áreas de inversión y ganancias intensivas se hallan rodeadas por un mar de actividades económicas premodernas, semimercantiles, artesanales, campesinas y comunales que agrupan al 70% del empleo urbano y al 95% del empleo rural.
Esta dualidad de estructura económica no es reciente, es algo que se arrastra desde la época de la extracción de la plata al mando del virrey Toledo, lo mismo que los vasos comunicantes entre estas diferentes lógicas y sistemas económicos. Lo nuevo de la época neoliberal radica en que al ser la inversión extranjera la única locomotora de la economía moderna y al caracterizarse por la externalización de su excedente, los «enganches», los ensambles con los vagones de estas mayoritarias economías semimercantiles, tradicionales y familiares se han roto porque no hay nuevos procesos de industrialización expansiva, tal como lo venía haciendo el Estado.
Hoy tenemos una locomotora modernizante y globalizada a cargo de la inversión extranjera lanzada a todo velocidad hacia los mercados externos y a la exportación de ganancias. Por otro lado, unos «vagones» económicos tradicionales casi estancados y en proceso de degradación interna, y vinculados a la acumulación moderna por mecanismos perversos de sobreexplotación, extorsión y usura depredadora (la llamada obrerización difusa de microempresarios y campesinos , la llamada banca solidaria, etc.), que descomponen más aún las fuentes productivas de estas unidades productivas familiares.
Pues bien, es esta estructura productiva, este modelo de regulación salarial y de apropiación del excedente el que ha comenzado a colapsar en los últimos años, generando procesos de desencanto social, de movilización y disponibilidad a nuevas creencias, a otras alternativas de modernización económica. La tasa de desempleo y la precariedad se han incrementado; el crecimiento económico promedio apenas alcanza a pasar en uno o dos puntos porcentuales al crecimiento demográfico; el ingreso promedio anual se halla estancado al nivel de hace 20 años (950 dólares anuales), en tanto que las promesas de empleo, progreso y bienestar, obtenido de la mano de la libre empresa, se quiebran en el imaginario popular ante la evidencia brutal de una modernidad de escaparate en la que unos pocos privilegiados pueden disfrutar de salario y estabilidad en medio del cerco de una inmensa mayoría de unidades productivas de autoempleo.
En correspondencia con este modo de acumulación, las políticas de amortiguamiento de la pobreza, que en otros países es un asunto de minorías desplazadas, en Bolivia no sólo es un problema de mayorías sino que ha buscado ser financiada mediante impuestos sobre esa misma población carente de recursos.
El punto de inflexión económico-político vino en el momento en que esta reconversión propietaria de la riqueza pública comenzó a afectar la propiedad de los recursos públicos no estatales: agua y tierra, o el precio social del acceso a estos recursos; y, en general, el precio social del acceso a recursos que satisfacen necesidades básicas. La «guerra del agua» en Cochabamba, los bloqueos de caminos en el altiplano Aymará o las movilizaciones en El Alto contra los impuestos y tarifas , que marcan los momentos emblemáticos de la actual insurgencia social , son precisamente luchas sociales de tipo defensivo contra procesos de privatización de recursos públicos (estatales o no) , que en poco tiempo devendrán en luchas ofensivas por la recuperación de éstos y otros recursos públicos asumidos como patrimonio social , capaces de garantizar una distribución más democrática de la riqueza.
Cuando la estadounidense bechtel fue derrotada en Sudamérica
El rechazo al alza de las tarifas del agua y la posterior expulsión de la empresa extranjera Bechtel , en abril de 2000, puede ser considerado el primer caso exitoso de «nacionalización» de riquezas públicas en la época neoliberal. Luego vinieron el rechazo indígena a la ley de aguas y la ley INRA en septiembre de 2000, que culminará con la demanda de gobierno indígena; el rechazo a la exportación de gas por Chile en octubre de 2003, que madurará hacia la demanda de nacionalización de los hidrocarburos .
Siguiendo estas huellas, diferentes sectores sociales organizados urbano-rurales a nivel nacional han comenzado a resignificar y a reconceptualizar el valor social de los recursos y necesidades públicas, hasta llegar a postular de forma generalizada una manera distinta de gestionar la riqueza; esto es, de direccionar la economía del país.
Se puede decir entonces que en pocos años la sociedad plebeya organizada autónomamente en sindicatos, gremios, comunidades, que es como decir la mayoría del país, ha pasado de una actitud de recepción pasiva del proyecto privatizador de los años 90, a una actitud, primero, de resistencia a estos procesos expansivos de expropiación transnacional, para luego incursionar en una posición ofensiva, de conquista, de «expropiación de los expropiadores» de los recursos colectivos básicos (agua y tierra) y recursos naturales, entre los que se halla el petróleo y el gas.
Estamos viviendo, por tanto, un momento histórico de desprivatización -primero simbólica- de la propiedad de la riqueza, por tanto de politización o, si se prefiere, de conversión en asunto de debate y presión social, el destino de las riquezas colectivas. La denuncia empresarial de que hay 8 millones de especialistas sobre el agua o el petróleo, es precisamente la denuncia patética de esta democratización de la definición de los destinos de los patrimonios colectivos que posee la sociedad boliviana y que en las últimas décadas pasaron a manos privadas. Lo sintomático es que este proceso de democratización de las decisiones abarca cada vez a un mayor número de personas y está comenzando a tener efectos prácticos, tanto jurídicos como económicos (expulsión de la Bechtel, estatización de las empresas mineras Huanuni y Caracoles, archivo de la ley de aguas, convocatoria a referéndum, nueva ley de hidrocarburos, etc.).
Posiciones sociales en torno al tema de los hidrocarburos
La emergencia de movimientos sociales con proyectos de modificación de los procesos decisionales de la vida política del país y con exigencias de transformación del sistema económico prevaleciente, ha modificado drásticamente el escenario de las posiciones políticas de los distintos grupos y clases sociales.
Durante poco más de una década el escenario político monopolizado por los partidos políticos y el Parlamento, pese a las disputas que podían existir entre ellos, creó un centro político de consensos básicos (economía de libre mercado, inversión extranjera, democracia cuoteada), en el que las disputas eran de forma y de tiempos en la aplicación de las reformas estructurales aceptadas por todos. Debilitado o desmontado el sindicalismo obrero y condenadas a la marginalidad las propuestas estatistas, el campo político no estaba escindido y se movía en torno a un mismo horizonte mayoritario de creencias y expectativas futuras. Fue el momento del llamado «fin de las izquierdas y las derechas”, pues sólo habían derechas que disputaban la recepción pasiva del electorado.
A partir de 2000, el escenario político comienza escindirse, primero regionalmente (Cochabamba, La Paz) y, desde las elecciones de 2002, a nivel nacional. Luego, la sociedad se polariza; esto es, surgen propuestas y proyectos de economía y Estado enfrentados y antagónicos al hasta entonces proyecto gubernamental prevaleciente y, lo que es decisivo, se trata de propuestas que no sólo tienen significativa aceptación electoral -el 20% del MAS y el 6% del MIP-, sino que, además, tienen fuerza de masa movilizable capaz de paralizar las actividades económicas de varios departamentos e, incluso, de inducir a la renuncia del Presidente de la República. Surge entonces una dualidad institucional (liberalismo político-partidario versus comunitarismo deliberativo y asambleístico de corte sindical-comunal), una dualidad discursiva: izquierda indígena, moderada y radical enfrentada a una derecha empresarial; y una dualidad de proyectos de economía y sociedad: conservadurismo liberal, que apuesta a los mercados e inversión externas, contra el nacionalismo plebeyo que prioriza el mercado interno.
Seguridad jurídica a las privatizadas o seguridad jurídica a los pueblos
En torno a estos nuevos polos ordenadores de la política boliviana, el debate respecto al destino de la propiedad de los hidrocarburos también se ha polarizado.
Por una parte, están aquellos sectores que usufructuaron directamente de los procesos de privatización de los recursos públicos y que hoy pelean para que nada se modifique, exigen que se respete «la seguridad jurídica”, se mantengan en pie los contratos y se moderen las presiones tributarias del Estado. Son el polo conservador, que está compuesto básicamente por las empresas petroleras extranjeras «sindicalizadas» en torno a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, coaligado con los partidos políticos que administraron, y se vieron beneficiados como socios minoritarios, de esta transferencia propietaria . Nos referimos al MNR, a ADN y en parte al MIR.
Junto con ellos, sin ser petroleros, pero compartiendo el espíritu privatizador y externalizador del excedente, se hallan agroindustriales -que no es lo mismo que los medianos productores- del oriente, empresarios mineros y los comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija, que han devenido en instrumentos políticos de rearticulación de las elites regionales, debido al desprestigio y faccionalización de los partidos tradicionales que antes expresaron los intereses empresariales.
Todos en su conjunto apuestan por vías electorales y en algunos casos golpistas, dispuestos a preservar el orden neoliberal, la propiedad de las empresas extranjeras sobre los recursos naturales y la continuidad remozada de esta lógica económica de privatizaciones y diseño exportador.
Los nacionalizadores
En el otro polo, de los llamados renovadores o «revolucionarios”, se hallan aquellos sectores sociales desplazados de los beneficios de la modernización liberal que propugnan por la nacionalización, rápida o lenta, expropiadora o negociada, de los hidrocarburos.
Este polo representativo de un bloque social emergente, tiene una polaridad interna. Por un lado están aquellos que propugnan una nacionalización inmediata de todos los hidrocarburos -CSUTCB, COB, COR-El Alto/Fejuve, Coordinadora del Agua y del Gas-, que pueden ser considerados como los «radicales» del movimiento plebeyo.
Por otro lado están los que proponen una nacionalización gradual en base a una nueva ley de hidrocarburos y una rescisión pausada de los contratos de propiedad de los 53 TCF. Entre los que se pueden calificar como renovadores moderados, se halla el Movimiento al Socialismo (MAS), y los movimientos sociales que lo conforman (CSUTCB-facción de Román Loayza, colonizadores y las federaciones cocaleras). En el fondo, este polo lo que propugna es una modificación del orden neoliberal de la economía y la política del país tomando como núcleo redistributivo el excedente gasífero.
El apoyo del partido centroderechista Nueva Fuerza Republicana (NFR) a la nacionalización modifica el escenario de las fuerzas conservadoras, pues amplía el espectro de los nacionalizadores hasta alcanzar sectores empresariales locales y de clase media regional. Sin embargo, más que una auténtica irradiación hegemónica del bloque indígena-plebeyo en partidos conservadores, como viene sucediendo desde 2002 con la consigna de Asamblea
Constituyente, es más una simulación temporal de radicalismo mediante la cual NFR busca capturar una mayor adhesión popular, para impedir una posible debacle electoral en las siguientes elecciones en las que, probablemente, se verá afectada por su complicidad con el gobierno de Sánchez de Lozada en las muertes de octubre de 2003.
Por último, entre esta polarización creciente, que cada vez empuja a una mayor escisión del campo político, por la fuerza de los hechos ha ido surgiendo una posición que podríamos llamar reformista , cercana a los moderados del bloque plebeyo, que propone una flexibilización gradual de la ortodoxia neoliberal a fin de garantizar la propiedad de la inversión extranjera pero con una mayor intervención estatal en el control de la producción hidrocarburífera, un incremento impositivo y un papel más activo del Estado en la asignación de recursos, aunque no en la producción.
La nacionalización tiene nuevas bases sociales
Lo que en el fondo propugna este reformismo, es un tipo de neoliberalismo con rostro social y está encabezado por el presidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina y segmentos del MIR, MBL y NFR. Socialmente expresan la posición de sectores empresariales y de clase media que, adhiriéndose ideológicamente a las reformas estructurales de los años 90, no están asociados materialmente a éstas, pues no usufructuaron, al menos no directamente, de los negocios y las prebendas que se repartieron al momento de las privatizaciones.
Esta polarización social en torno a los hidrocarburos puede leerse no sólo como una polarización de posiciones ideológicas; sino también, en parte, como una polaridad clasista, étnica y regional.
Un hecho relevante de la actual crisis estructural del Estado y la economía boliviana es que ha escindido identidades culturales (indios/q’ aras), clasistas (trabajadores/empresarios) y regionales (Occidente/Oriente), como tres caras simultáneas de un mismo sujeto. De esta manera, la demanda de la nacionalización aparece preponderantemente como una demanda de indígenas y trabajadores con fuerza de movilización en la zona del Occidente del país; en tanto que la defensa de la propiedad extranjera de los hidrocarburos aparece como una exigencia que tiene más peso en el Oriente, y es sostenida por los sectores empresariales.
Esto no quita que existan fuerzas empresariales en Occidente o fuerzas sociales en Oriente que levanten las banderas del respeto a la seguridad jurídica, en unos casos o de la nacionalización, en otros. Se trata, por tanto, de polarizaciones en constante movimiento que si bien marcan un orden jerárquico de discurso y de fuerza claramente delimitado por región, también tienen fisuras internas, como en el caso del Oriente, donde se está expandiendo un hecho significativo que puede inclinar el resultado final de esta disputa por la hegemonía nacional.
Este hecho relevante consiste en que la consigna de la nacionalización de manera creciente está quebrando la hegemonía regional de las elites empresariales y cívicas, tanto en Santa Cruz como en Tarija, pues es una consigna que comienza a expandirse en sectores plebeyos e indígenas de ambas regiones.
En todo caso, lo que está claro es que de la forma cómo se resuelva el tema de la propiedad de los hidrocarburos, incidirá definitivamente en la manera en cómo se reconstituya o se transforme la estructura de los bloques de poder social, étnico y regional en la sociedad boliviana.
Con todo, no deja de ser llamativa la nueva estructura de fuerzas sociales en torno a la nacionalización, que se diferencia de lo que aconteció en los anteriores dos procesos nacionalizadores (1936 y 1969). Mientras que antes la nacionalización vino desde arriba, en base a una alianza de elites militares e intelectuales; hoy la fuerza social nacionalizadora es básicamente plebeya e indígena, articulada en torno a movimientos sociales regionales y repartidos en toda la geografía del país. De ahí las virtudes sociales de este nuevo escenario nacionalizador, pero también sus limitaciones en términos de poder de ejecución gubernamental que hace que la demanda se canalice directamente contra el gobierno, e incluso en contra del Estado.
Implicancias económicas de la nacionalización
La nacionalización de los hidrocarburos somete a modificación y transforma radicalmente una trama de relaciones jurídicas, económicas, políticas y geopolíticas que atraviesan y envuelven la vida social del país.
En esta oportunidad voy a detenerme brevemente en las implicaciones económicas y políticas que resultan de las luchas por la nacionalización. En primer lugar, está la disputa por el excedente económico (la ganancia) de la renta gasífera resultante de los 54 TCF, que, a precios promedios, son un poco más o un poco menos de 100.000 millones de dólares, que es 12 veces nuestro producto interno bruto anual. Si prorrateamos este valor aproximado en 30 años, está claro que la lucha por la nacionalización es una pelea social por el control, la propiedad y el uso de cerca de 3.000 millones de dólares anuales en los siguientes 30 años.
Si descontamos entre un 25% y un 30% de este total en gastos de operación, lo que es un promedio razonable, estamos hablando de algo más de 2.000 millones de dólares anuales a futuro.
En el fondo, la nacionalización es una querella por la propiedad de ese excedente económico; y para un país que produce anualmente 8.000 millones de dólares, este excedente gasífero es, con mucho, el excedente económico más importante de su historia en los últimos 80 años, tanto o más importante que aquel que surgió de la minería del estaño a principios del siglo XX.
Si suponemos que la nacionalización tendría que enfrentar problemas de indemnización negociada de las inversiones hechas por las empresas transnacionales, y si, como señala el gobierno (2) , esta indemnización inicialmente podría cubrir el 50% del total de los ingresos brutos del negocio gasífero, es igualmente claro que, este 50% de los ingresos brutos dedicados a la indemnización se reduce al 25%, no bien hayamos duplicado las actuales exportaciones y así sucesivamente, reduciéndose la carga indemnizadora y acrecentándose en la misma proporción -25% primero, 50% después, 63% luego- el ingreso neto que podría tener el Estado del total del excedente gasífero resultante de nuevas exportaciones que, con mucha probabilidad, se concretarán con los mercados de Argentina, México y Estados Unidos.
Las muchas puertas que solo se pueden abrir con la nacionalización
Pero el problema no es sólo de volúmenes de excedente económico, pues puede haber excedente sin acumulación interna productiva, sin internalización real. Como decía René Zavaleta, un óptimo histórico social capaz de nacionalizar y cohesionar exitosamente a las sociedades no sólo depende de los volúmenes del excedente social disponible, sino, por sobre todo, de la manera de disponerlo, de retenerlo, de utilizarlo (3). Actualmente, y de no mediar nacionalización alguna, el excedente económico gasífero será externalizado sin ningún o con bajo impacto sobre la acumulación productiva nacional.
– 1. La nacionalización abre las posibilidades técnicas y jurídicas, dependiendo de la capacidad de control y presión social, de una internalización de ese excedente económico a fin de convertirlo en mecanismo de acumulación productiva; esto es, en medio de inversión en otras áreas de propiedad pública de generación de valor agregado y de industrialización expansiva.
Esta manera de internalización estatal del excedente hidrocarburífero implicaría crear una base industrial capaz de romper el circuito nefasto de la exportación de materias primas sin valor agregado. Además permitiría irradiar expansivamente una plataforma industrial y de redistribución productiva de recursos económicos que vuelva a enganchar a los procesos económicos tradicionales, familiares y campesinos que hoy se hallan abandonados a su suerte, a una locomotora de modernización, protección y fomento estatal que mejore las capacidades técnicas y la producción de bienestar entre las millones de personas encapsuladas en esas economías tradicionales.
– 2. La nacionalización podría devolverle al país un liderazgo económico expansivo y redistributivo por medio de un Estado productor, en momentos en que la inversión extranjera, que fue presurosa para hacerse cargo de la riqueza pública, gustosamente abandonó el papel articulador de los vagones de las economías tradicionales urbano-rurales con las desastrosas consecuencias que hoy estamos viviendo de un país sin norte articulador de todas sus capas y sectores sociales.
– 3. Por otro lado, la nacionalización le permitía al Estado disponer de recursos para una amplia política de subvenciones hacia sectores económicos imposibilitados estructuralmente de acceder a servicios de energía a precios de mercado por su productividad arcaica -600.000 familias campesinas que tienen como principal herramienta a un arado egipcio, a poco más de la mitad de las 700.000 unidades productivas urbanas basadas en sistemas productivos artesanales. El gas es energía, y es precisamente lo que más escasea en estas unidades laborales tradicionales que, a precios accesibles o totalmente subvencionados, deberían contar con el medio fundamental de cualquier modernización productiva, comenzando por el gas domiciliario y la energía eléctrica. Un tratamiento parecido podrían recibir iniciativas empresariales capaces de generar empleo estable en zonas de elevada densidad demográfica.
– 4. Otro argumento económico que pone en juego la nacionalización es la posibilidad de tener una política soberana de precios de hidrocarburos de consumo interno. Produciendo barriles de petróleo a un precio de producción que se mueve entre 3 y 5 dólares, el precio del mismo barril en el mercado interno actualmente sobrepasa los 30 dólares, similar al precio de una economía desarrollada cuyos habitantes tienen como promedio un ingreso anual de 20.000 dólares, y no los 950 que tenemos los bolivianos. Ante esta irracionalidad de precios, cerca del 80% de los ingresos estatales por venta de gas a Brasil son utilizados para pagar a las mismas petroleras la subvención del precio de la gasolina y gas licuado en el mercado interno. La posibilidad de una política autónoma de precios respecto a los precios del mercado internacional, decisiva para acompañar los procesos de fortalecimiento productivo de unidades económicas tradicionales, sólo puede ser llevada adelante por una empresa estatal capaz de diferenciar, según las necesidades sociales y no a partir de las exigencias empresariales como sucede hasta ahora, el otorgamiento de bienes y servicios.
– 5. Por último, está claro que si bien el control de la propiedad del excedente gasífero es un tema básicamente económico, es a la vez una temática que influye directamente en la propia estructura estatal y en la cohesión social.
Los procesos de fraccionamiento social, étnico y regional, que existieron desde el nacimiento de la República, a raíz del abandono neoliberal del papel redistributivo y de modernización expansiva que tenía el Estado, se han intensificado y radicalizado hasta amenazar la propia continuidad republicana de Bolivia.
Claro, ante la ausencia de un excedente social, ante el debilitamiento o ausencia de mecanismos de ascenso social estatalmente financiados ante una lógica de capitalismo salvaje donde sólo sobreviven los más aptos en términos de competitividad y productividad, cada región, grupo e identidad social, ha comenzado a replegarse sobre sí misma desestructurando los ya débiles fines y valores comunes que habían mantenido parcialmente cohesionada a la sociedad boliviana.
No hay procesos de construcción estatal-nacional exitosos sobre la carencia de una retención exitosa del excedente económico, y esto es algo que precisamente lo comprueba, por la negativa, este período de externalización del excedente económico. Los nacionalismos indígenas, regionalismos empresariales y la propia atomización social de regiones, clases e identidades sociales son una exacerbación de viejas divisiones promovidas por el quiebre de viejos consensos conflictivos logrados en torno a la gestión y distribución de excedente social vía el Estado.
A futuro, la posibilidad de construir nuevos fines y valores colectivos capaces de crear un techo común respetando las diversidades culturales, lingüísticas y regionales pasa obligatoriamente por la disposición de un excedente económico y un modo de retención del mismo, en torno a los cuales clases sociales, identidades culturales y regionales acuerden un modo de convivencia y de regulación de conflictos.
En ese sentido, la nacionalización del excedente hidrocarburífero es el soporte material y económico de la viabilización exitosa de los acuerdos y pactos políticos resultantes de una Asamblea Constituyente.
Está claro por tanto que, en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, se pone en juego la posibilidad de la base material y productiva de un modelo económico alternativo al neoliberalismo y también, el soporte financial de un modelo de Estado con posibilidades técnicas que favorecerá a los proyectos de superación de una buena parte de las limitaciones estructurales que adolece el Estado neoliberal-patrimonial y, en general, el Estado republicano en Bolivia.
(1) Álvaro García Limera, «Reproletarización, Nueva clase Obrera y Desarrollo Industrial en Bolivia”, Muela del Diablo Editores. La Paz, 2000.
(2) Estas cifras fueron difundidas en los medios por el delegado presidencial para la revisión de la capitalización, Francesco Zaratti.
(3)René Zavaleta Mercado, «Lo nacional popular en Bolivia”, Siglo XXI Editores, México, 1985.
