El mes pasado, el intendente de La Plata, Julio Alak, suspendió las obras en más de 400 barrios que habían sido iniciadas durante la gestión anterior, alegando violaciones a la legislación provincial vigente. La encargada de formalizar la ratificación de cargos, fue Marina Mongiardino, presidenta del Colegio de Abogados y actual secretaria de Justicia de la Municipalidad, quien abrió una causa que busca esclarecer cómo se habilitaron los proyectos inmobiliarios sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en $1.500 millones de pesos.
La denuncia por presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” (art. 248, del Código Penal), que apunta a irregularidades en la habilitación de los desarrollos inmobiliarios en la ciudad de las diagonales, quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 16 de La Plata, quien deberá investigar las irregularidades en la habilitación de dichos desarrollos urbanísticos. La indagación se centra en posibles vínculos entre la administración de Julio Garro y los desarrolladores de las mismas.
¿Por qué se determinó la suspensión?
El decreto que firmó el intendente de La Plata se basa en que la anterior gestión sancionó y aplicó ordenanzas que modifican el Código de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo sin la convalidación legal y técnica por parte de los Ministerios de Gobierno y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, como lo establece la Ley provincial N.° 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
Asimismo, en diversas ocasiones, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial advirtió, en ese entonces al Municipio, sobre la necesidad de someter las ordenanzas a un análisis integral. Sin embargo, el gobierno de Julio Garro continuó con su aplicación e incluso dejó de solicitar la debida intervención provincial en posteriores ordenanzas.
La ejecución de obras sin la debida convalidación provincial, y violando el artículo 83 de la Ley N.° 8912 (Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo), conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículo 248 y 249 del Código Penal), ello sin perjuicio de la posible existencia de otros delitos penales, como también puede ser, fraude a la administración pública.
Claramente, los vecinos de la ciudad son los más afectados ante esta situación, tanto en términos urbanísticos como ambientales. El impacto territorial de los proyectos en trámite y/o ejecución abarca aproximadamente una extensión 200 km², superficie en la que viven alrededor de 800 mil familias, de las cuales 400 mil carecen de cloacas y 200 mil de agua potable, pavimentación, iluminación y conviven con un sistema de transporte que todavía es deficiente. Esto generaría un aumento significativo en los gastos estimados en más de 700 millones de pesos destinados a infraestructura y servicios públicos (pavimento, luminaria, agua, cloacas, etc). Para tener dimensión de lo que significa, esto equivale a más de 22 presupuestos municipales destinados a obra pública.
La suspensión, que ya se encuentra en marcha, es por un período de 180 días y recae sobre tanto sobre la continuación de obras, como de todo tipo de tramitación relacionada con las 76 ordenanzas que violan el procedimiento prescripto por la Ley Provincial de Uso de Suelo. Esto se dio en el marco del proceso de elaboración del nuevo e indispensable Código de Ordenamiento Urbano (COUT).
La Universidad Nacional de La Plata, a través de tres unidades académicas (la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades), más la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, integran el nuevo COUT. Sumados a los Colegios Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Partido de La Plata, todos tendrán la responsabilidad de dictaminar el contenido del nuevo Plan y Código de Ordenamiento Urbano Territorial.
¿Un negocio redondo para el gabinete de Julio Garro?
Las ordenanzas del desarrollo urbanístico –que llevó adelante de forma irregular Julio Garro—, fueron impulsadas por el ex secretario de Obras y Servicios Públicos del distrito, Luis Barbier, quien se desempeñó en el cargo durante los dos mandatos de Garro. Era quien firmaba no solo los proyectos inmobiliarios sino también, las obras públicas de la Ciudad. De más está decir que desempeñarse en el cargo, le permitió vincularse con diversos especialistas de la rama de la construcción, como también, empresarios.
Ahora bien, ¿quién es esta persona de bajo perfil que se encuentra en el centro de la escena en esta causa? Es graduado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, estuvo en la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y en el CEAMSE, antes de desembarcar en la Municipalidad junto a Garro.
Como secretario de Obras y Servicios Públicas promocionó los expedientes de rezonificación de zonas rurales, justamente, para la construcción de nuevos barrios, los cuales muchos se encuentran actualmente suspendidos.
Dato no menor, es hermano de la concejal de Juntos por el Cambio, Lucía Barbier, persona clave para el avance de los permisos que eran emitidos por el Concejo Deliberante para asignar indicadores urbanísticos a zonas rurales. También fueron importantes otras figuras, como la entonces secretaria de Planeamiento, María Botta y el secretario de Coordinación, Oscar Negrelli.
No es el año de Julio Garro, quien viene de ser expulsado de la gestión de Javier Milei tras sus dichos sobre la selección argentina. El ex intendente de Juntos por el Cambio, se encuentra ante un escenario complejo, habrá que observar cómo evoluciona de cara a la causa judicial.
