Mas allá del supermercado
Aunque muchas veces se diferencian “las muertes y la violencia” de la “inseguridad” por tratarse de fenómenos en principio distintos (el 10% de los hechos de homicidio pueden responder a cuestiones de inseguridad), en esta nota se tomarán en cuenta los términos de manera conjunta, ya que es de esta forma como se vivencia y se construye el relato social y mediático hegemónico.
Si bien la violencia letal está más vinculada a las disputas por narcomenudeo que a los hechos delictivos de robo (porque en el primer caso se atenta directamente contra la vida; y en el segundo, se atenta contra pequeños elementos patrimoniales), una persona que sufre un hecho de inseguridad con cierta violencia –aunque no le suceda nada en términos físicos— debe atravesar una experiencia muy sensible que en muchos casos alienta el miedo, la angustia y la bronca que genera esta situación. Hay que tomar en cuenta, además, que cada hecho individual se percibe en un marco agravado por lo que diariamente vemos en la televisión y en los diarios.
De una manera muy simple y entendiendo que muchas personas se dedican actualmente a elaborar teorías y diagnósticos en base a las causas de estos delitos, me propongo en esta nota centrarme más bien en el ámbito de las propuestas concretas de caminos y opciones que podrían mejorar la situación (entendiendo desde ya, que unas tienen que ver naturalmente con las otras). Consideramos “compleja” a la problemática debido a las distintas aristas que intervienen de una forma u otra: la desigualdad, la violencia, la falta de prevención, la complicidad político judicial, etc. Es por eso que las respuestas posibles deberán también atender en diversas formas a todos esos puntos complejos. Es decir, que ante una crisis de tal magnitud como la que se vive en la región de Rosario por la violencia e inseguridad, lo que debemos hacer es ensayar propuestas a la altura de los conflictos si es que verdaderamente queremos mejorar la situación. Debemos dejar de lado cualquier línea o discurso facilista que considere a este tema como algo “solucionable” de manera simple, en base cuestiones tales como “mano dura” o “arreglar”. Esas son en general las teorías y prácticas principales en la materia de la gestión de la seguridad. Las que entienden el discurso o la práctica de la mano dura basada en discursos de ley y orden, y los que creen en las nociones en torno al llamado “doble pacto” en donde la política pacta gobernabilidad con la policía y, a la vez, le da visto bueno para que “gestione” la ilegalidad. Es una creencia bastante común considerar que en realidad lo que está fallando en la región es tan sólo este último aspecto que plantea que el desmembramiento de las bandas criminales importantes ha dejado una situación de la narco criminalidad sumamente atomizada, dirigida por jóvenes semi analfabetos de segundas y terceras líneas que son sumamente violentos y marginales, que se disputan el territorio que ha quedado sumamente fragmentado, y que la institución policial no le puede poner “el cascabel al gato”.
Sea esto cierto o no, lo que preocupa es en realidad pensar que el conflicto se va a solucionar o reducir en Rosario mediante la imposición de algún grupo hegemónico de este tipo, y que dicha práctica o acción la va a llevar adelante la policía “just like the old times”. Esta es una visión simplista del tema que desconoce a nuevos actores, métodos y formas de actuación en torno a estas problemáticas, que lleva a nuevos niveles de intolerancia moral acerca de estas visiones de la sociedad, y a la posibilidad de la propia policía de tener vía libre para ser “corrupta” y administrar el delito.
Además el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe hoy en día, en base a los homicidios y balaceras, termina estudiando e interviniendo en el conflicto por las disputas de narcomenudeo. A la vez que sus varios muchos y diversos fiscales de manera permanente descubren, denuncian y desmantelan encarcelando a diversos autores de distintos crímenes e integrantes de estas bandas incluidos con agentes policiales (cosa esta última que sucede bastante a menudo tanto por investigaciones de la justicia provincial como de la nacional, lo que evidencia parte del problema). Tampoco es casual o está mal pensar que los niveles de violencia en aumento en la región son bastante coincidentes con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema penal.
Desde esta visión general, podrían ser considerados básicos algunos de los siguientes puntos para abordar mediante los acuerdos políticos interpartidarias como los que se expresan en las permanentes sanciones de “emergencia en seguridad” pero que tampoco han generado nada relevante en la materia, al menos por ahora. A problemas complejos, propuestas varias.
7 Puntos básicos para enfrentar la narco-violencia y la inseguridad:
- Plan de prevención e investigación
Si bien consideramos que la cuestión securitaria no es estrictamente policial, no podemos dejar de lado el hecho de que la institución policial es el eje principal en las sociedades actuales de cualquier estrategia preventiva. Es necesario mejorar los niveles de gestión de los recursos humanos policiales, que en la provincia de Santa Fe suman alrededor de 24 mil. Parece obvio que desde el Ministerio de Seguridad, Agencia de Investigación Criminal y fiscalías deben surgir planes, acciones y gestiones concretas de sistemas de prevención ambiental: un mapa del crimen inteligente con órdenes de patrullamiento en base a estadísticas, con sistemas de tecnología de video vigilancia, con protocolos de actuación y persecución policial con recursos y responsabilidades claras. Esto no sucede aún en Rosario o, lo que hay, no produce buenos resultados. Lo cual tiene que ver también, con los permanentes cambios de rumbos institucionales que se han seguido durante la gestión provincial actual: 4 ministros en 3 años (ninguno de Rosario), y se llegó a tener 10 jefes de policía al mismo tiempo en la unidad regional II. A la vez que se han producido permanentes anuncios disímiles e inconclusos, y demás vaivenes que no han generado ningún modelo de seguridad en concreto.
La no ejecución de los fondos provinciales asignados a la 3 ª cartera más grande del presupuesto, como así también la falta de ejecución de los fondos recibidos como “emergencia” por el gobierno nacional, dan cuenta de una decisión política de ahorrar y reducir déficit a través de una visión subestimada en términos políticos de la gestión de la lucha contra la violencia y la inseguridad. Desde ya que, si el Ministerio de Seguridad hubiera funcionado perfectamente, tampoco se resolvería probablemente el conflicto de raíz, pero es de considerar que al menos algunos hechos o situaciones se podrían haber prevenido o esclarecido o intervenido de mejor manera.
- Urbanización e integración territorial de zonas altamente violentas
Hace 30 años que no hay inversiones y propuestas reales de urbanismo e integración para las zonas donde se desarrollan gran parte de los homicidios en la ciudad de Rosario y en las ciudades industriales aledañas. Hoy en día ninguna obra pública importante se está llevando adelante en ningún barrio de la ciudad desde ninguno de los niveles del estado, salvo nimiedades o anuncios importantes pero que no se conocen en la realidad más que los carteles publicitarios en torno a su ejecución y beneficiarios directos y concretos y fechas de finalización. Asistimos a permanentes anuncios de obras y reconversiones que quedan en la nada. Los operativos denominados “Multiagencial” funcionan como un placebo que responde a la lógica neoliberal de la tallerización de la pobreza y no modifica en nada las condiciones de vida de la gente. La gran mayoría de los crímenes violentos de Rosario se da en zonas específicas de algunos barrios puntuales de la ciudad. Rosario ha crecido mucho en términos urbanos y económicos, quizá en parte vinculado a actividades delictivas de narcotráfico. Se podría incentivar a aquellos que sean condenados por estos delitos a costear parte de la financiación de las obras de integración territorial de las zonas donde se produce gran parte de los homicidios y balaceras. Sobran experiencias internacionales y latinoamericanas de transformaciones urbanas de este tipo que han probado tener resultados efectivos.
- Autonomía municipal
Rosario es altamente discriminada por la provincia de Santa Fe en su representación ante el gobierno y los fondos que recibe por habitante. Un barrio de Rosario populoso puede albergar más de 100.000 habitantes, y a veces sólo cuenta con una comisaría y 2 patrulleros. Hay muy poca cantidad de funcionarios de Rosario en el Ministerio de Seguridad. Pequeñas ciudades como Rafaela o Venado Tuerto –que poseen más o menos esa cantidad de población— tienen muchísimos más recursos preventivos. Cabe destacar, en este punto, que el gobernador Perotti anunció la predisposición por parte de la provincia para abrir el debate por las autonomías municipales. Esta es una discusión de larga data en la provincia de Santa Fe, y aún las fuerzas políticas rosarinas no han impulsado ninguna propuesta concreta. Es importante reconsiderar este punto, ya que la región de Rosario guarda asimetrías muy grandes con el resto de la provincia sin ser su capital. Este es un aspecto muy particular que no se da en muchos otros puntos del país.
- Investigación judicial provincial y federal
Mientras escribo esta nota, en pleno proceso de selección de autoridades provinciales para el MPA, y la Defensoría Pública Penal de la justicia provincial de Santa Fe, este tema se ha colado (con razón) y se pronuncian los nombres de algunas de las más importantes autoridades que regirán sobre la problemática. Prieu Mántaras, Javier Beltramone o Cecilia Vranicich será uno de los que se siente en el sillón de la fiscalía general de Santa Fe y se deberá encargar de llevar adelante gran parte de la estrategia de investigación y desarticulación de estos grupos violentos de criminales. En principio, ninguno ha esbozado planes y propuestas claras o reconocidas en torno a todo esto, lo cual es sin duda asombroso, pero real. Más allá de esta cuestión y de lo mencionado oportunamente en torno al MPA, y la coincidencia de su funcionamiento con la violencia en la región, un efectivo plan de acción requerirá, sin dudas, de mayor inversión. Y lo mismo en cuanto a justicia federal, para que sus políticas apunten a los altos eslabones de la cadena del narcotráfico y narcomenudeo, y no a las piezas menores o consumidores o soldaditos que son fácilmente reemplazables, como sucede hoy en día en otra clara perspectiva de este fenómeno complejo.
- Políticas de prevención social y comunitaria del crimen
No se puede dejar de lado (prácticamente llevando al olvido y al desfinanciamiento) al sistema público social de intervención barrial que históricamente desarrollaba sus tareas mediante acciones y programas de gobierno, con una visión no puramente policial, en los barrios más calientes de la región. La realidad indica que la prácticas sociales y comunitarias del estado en estos territorios se ha restringido, a medida que a su vez la calidad de vida y la capacidad económica se han dificultado.
- Reforma policial
En consenso con otras fuerzas políticas –y con algunos representantes y/o autoridades de la fuerza— deben discutirse algunos de los programas y proyectos de nueva regulación para la fuerza policial, y para todo el sistema de seguridad público. La actualidad se rige por una serie de diversas normas antiquísimas y complejas –modificadas de hecho y por parches, que incluye hasta decretos de gobiernos de facto— que hacen al sistema harto complejo y oscuro, incluso para los propios agentes policiales que muchas veces desconocen cómo son los procesos legales que rigen su actividad diaria.
Se han intentado ensayar reformas policiales totalmente a espaldas del cuerpo policial, lo que las hace sumamente complicadas. El equilibrio entre generar una propuesta sólida, transparente, que continúe con la conducción política de las fuerzas –pero que a la vez conlleve algunas concesiones para la fuerza—, resulta imprescindible para garantizar la sanción y su funcionamiento. Incluso hay opciones o propuestas que podrían plantearse y se han esbozado desde espacios “progresistas” como por ejemplo la sindicalización policial o la vuelta del sistema de carrera policial de “doble cuadro” (que la escuela de policía y la carrera del agente luego se vuelva a basar en las opciones suboficial y oficial).
- No a la intervención de las Fuerzas Armadas
La falta de seriedad y planes concretos llevan agua para el molino de quienes proponen militarizar todo. Esta no es la función propia de las fuerzas armadas: no tienen capacitación ni herramientas para tales fines, no consideran que sea su función tampoco y la experiencia internacional demuestra el fracaso y lo peligroso de tales medidas. Es necesario dejar de hacer anuncios vacíos solo para repetir algo que algún sector poblacional quiere escuchar y que luego queda en la nada y agrava el problema. Además, es sumamente peligroso que un gobierno que dice identificarse con la visión de la política basada en la democracia, el respeto a los derechos humanos, y una visión no represiva del Estado elabore este tipo de propuestas o discursos. Luego podrían ser utilizados como antecedentes válidos de intervención militar por gobiernos conservadores o con una visión represiva de la gestión y la política.
Si bien hay muchísimo más para decir y hacer, y siendo expresa la intención de esta nota como un disparador de temáticas y propuestas concretas –y dirigido a un público general tal como la sociedad en su conjunto y a quienes les interesen y preocupen estos temas y no con fines académicos ni cientificistas— considero que estos son 7 puntos básicos para aclarar y comenzar de una buena vez los cambios que necesita nuestra querida Ciudad para volver al brillo y a la vida que supo tener.
Estas propuestas ensayadas son disímiles y obedecen a diversos mecanismos de gobiernos y poderes del Estado, con lo cual la forma concreta de llevar adelante cada una, y la manera en que se van coordinando entre sí deberá ser planteada por los actores principales con capacidad para instrumentar estas cuestiones. Por supuesto que para ello se requiere de mucha voluntad política. Con eso, todo lo demás se acomoda.
Si continúan los hechos de trascendencia social (lo cual es harto probable, ya que nada se modificó como para que se modifique esta realidad), la política se verá cada vez más empujada por la presión social a realizar acciones en alguno de estos sentidos. Lo contrario es caer en las mencionadas visiones simplistas del problema o resignarse, lo cual de ninguna manera sería aceptable ni para quien escribe, ni para la sociedad rosarina en su conjunto.
