Convidados de piedra

Las retenciones llegaron al sector minero y detonaron una sorda disputa por millones de pesos. Detrás de esta discusión, se desarrolla una actividad económica que arroja ganancias siderales para las empresas y deja migajas para el Estado, gracias al marco jurídico instaurado en los años ‘90.

Si jugaran a la perinola siempre les saldría la cara que dice toma todo. Si no fuera por lo remanida y gastada, esa imagen -la realidad de las empresas mineras- revolvería las tripas. Se trata de un conjunto de firmas extranjeras que –amparadas por una legislación a medida- realizan explotaciones mineras en distintas provincias del país. Tienen beneficios impositivos con los que no sueña ningún pequeño productor rural ni empresario pyme. No pagan por la energía eléctrica que consumen, tampoco por derechos de importación de maquinarias y tienen reembolsos por la utilización de puertos patagónicos, que es algo así como si el Estado les pagara para que se lleven los minerales del país.

Con los números que muestran el record de exportación en la mano –según la Secretaría de Minería el sector tuvo una evolución del 70,7% entre 2003 y 2006, ese último año exportó 7.950 millones de pesos y mantiene la tendencia-, el Gobierno resolvió aplicar allí la política de retenciones. La respuesta fue una catarata de amenazas judiciales.

“Juicios contra el Estado no hay. Se hicieron reclamos por vía legal, pero sólo eso”, reconoció un hombre cercano a las mineras. Las que elevaron la voz fueron un puñado de firmas que operan en Catamarca, San Juan y La Rioja. Después llegó la obvia invitación a negociar. En eso están.

La negociación se mantiene bajo estricto secreto. Comenzó poco después de que una nota firmada por dos secretarios de Estado, Guillermo Moreno (Comercio) y Jorge Mayoral (Minería), ordenara el cobro de derechos de exportación –entre 5 y 10 puntos porcentuales- a todas los minerales metalíferos que salieran del país. El texto fue remitido en diciembre pasado a la Aduana y viola abiertamente la estabilidad fiscal por 30 años que lograron varias empresas. Todas de capitales internacionales que, más allá del pataleo verbal, comenzaron a pagar esos tributos para poder exportar. Las razones están, como no podía ser de otra manera, en el vil metal: la onza de oro pasó de 640 dólares a 810 en 2007 y ahora superó los 920 dólares. Algo similar ocurre con los otros metales.

Para más datos, basta con mirar el Informe de recaudación 2007 de la AFIP. Según lo declarado, las mineras pagaron por Impuesto a las Ganancias 6.710 millones de pesos, un 15,8% más que en 2006. Es importante retener que eso es “según lo declarado” porque ningún organismo oficial controla los minerales que se envían al exterior. El Estado se entera de qué es lo que se exporta gracias a una declaración jurada que realizan las propias compañías. Dicen que exportan oro, plata o cobre –siempre sin refinar porque es más barato- pero hay evidencias de que la calidad de minerales que salen del país es muy variada y apetitosa. En algunos casos más que el oro, que en cualquier momento llega a los mil dólares la onza.

Con este panorama económico es posible entender por qué las empresas pusieron en marcha aquel mecanismo complejo de apretar para negociar. Primero fueron los distintos voceros de las mineras: lanzaron comunicados de prensa y alertaron sobre los “juicios millonarios”. Al día de hoy, ninguna consultora privada de las que trabaja para las mineras pudo (o quiso) dar detalle a ZOOM sobre dónde y cuándo se presentaron las denuncias judiciales. “Estamos bajando el tono. Preferimos no hablar de eso”, dijo otro asesor en comunicación de las mineras.

Esa frase ¿conciliadora? fue pronunciada hace algunas semanas y repetida hace unos días. Para ese momento ya estaba lanzada la Operación Negociemos Don Inodoro. El trabajo comenzó en febrero, pero aún no hay acuerdos. En eso estuvieron varios gobernadores –entre ellos el jujeño Walter Barrionuevo y el sanjuanino José Luis Gioja-, que conversaron largamente con los integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). De esos encuentros salió el planteo de los empresarios que buscó meter la cuchara en la interna Nación-provincias: en lugar de retenciones propusieron que se aumente el Impuesto a las Ganancias, que es coparticipable. En el medio de todo esto se cruzó el incómodo conflicto por la implementación del nuevo esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el trigo y el maíz.

Inversión, trabajo y economía local

A propósito del conflicto generado con el complejo y heterogéneo campo que permitió poner sobre la mesa la relación entre la soja y la creación de empleo versus lo que ocurre con otras plantitas, es interesante analizar la proporción entre inversión y mano de obra en la minería.

Bajo la Alumbrera es la mina más grande del país. Realiza explotación a cielo abierto de cobre y oro en Catamarca y emplea unos 900 trabajadores. Menos de un empleado por cada millón de dólares invertido. Según consta en la página web de la Secretaría de Minería, se colocarán allí más de 1.200 millones de dólares. Esta proporción se reproduce en las distintas iniciativas.

La explotación minera Pascua Lama será la primera mina binacional que compartiremos con Chile. De allí se extraerá oro y plata desde la segunda mitad de 2009. La realidad es similar a la catamarqueña y a las otras diseminadas por el país. Eso encendió la alarma entre los productores locales y en menos de sesenta días se hicieron dos encuentros binacionales, como la mina.

El fantasma que atemoriza a los agricultores sanjuaninos y chilenos es que el emprendimiento de la canadiense Barrick Gold se lleve, además del mineral, el agua de la región. Se trata de un proyecto con una inversión de más de 1.250 millones de dólares.

El temor no es infundado. Está escrito por la propia empresa en su Informe de Impacto Ambiental: “La demanda máxima de agua, que será abastecida desde el río Las Taguas, en Argentina, para el uso minero industrial del Proyecto Pascua Lama se ha estimado en 350 litros por segundo, la mayoría de la cual será utilizada en operaciones de procesamiento de mineral y en el depósito de colas, además de otros usos misceláneos menores”. Ese párrafo consta en el documento entregado a la Gobernación sanjuanina y lleva el membrete de la consultora Knigth Piésold. Los productores se preguntan qué producirán cuando Pascua Lama comience a funcionar. No saben a ciencia cierta a dónde irán a parar ni dónde tendrán trabajo.

Esas retenciones y otras ilegalidades

La legalidad de las retenciones fue puesta en duda por las empresas que tienen la mentada estabilidad fiscal. Es una protección por 30 años otorgada por la Ley de Inversiones Mineras (24.196), aprobada en 1993. Significa que una vez que la empresa haya presentado sus estudios de factibilidad logra una estabilidad en su carga tributaria, que no puede ser modificada por jurisdicción alguna. La concesión es de tal magnitud que este tema quedó fuera de la emergencia económica sancionada en 2001, cuando la crisis social hizo estallar por el aire el modelo del uno a uno. En Perú, la estabilidad fiscal se otorga por 15 años y en Honduras por 10.

Esa norma estableció, además, que las provincias que se adhirieron al régimen no podrán cobrar regalías superiores al 3% del valor del mineral en “boca de mina”, el valor más bajo en la cadena productiva del sector. Se trata, además, de los minerales declarados por las empresas.

Es necesario hacer una aclaración y poner un ejemplo para entender de qué se está hablando. Aclaración: la Ley de Inversiones Mineras es parte de una docena de normas y modificaciones legales que garantizaron “el marco jurídico atractivo para el desarrollo” del sector –según la CAEM- y lograron que el país se volviera “uno de los lugares más interesantes” para invertir, como definió el International Investment Conference, según el documento Situación y perspectivas de la minería metálica en la Argentina, de Oscar Prado, editado por CEPAL.

Ejemplo: “Declarados” significa que Bajo la Alumbrera declaró que sólo explota oro y cobre. Pero la suerte, que es grela, quiso que a ese consorcio –integrado por la suiza Xstrata y las canadienses Wheaton River y Northern Orion- se le rompiera el mineraloducto que lleva los concentrados a Tucumán. El derrame provocado generó una causa judicial en los tribunales del Jardín de la República. El peritaje arrojó que había 46 tipos distintos de minerales. Uno de ellos era el niobio, un mineral de los denominados “raros” que se utiliza para superaleaciones. Soporta temperaturas mayores a los 650 grados.

Entonces, el cobro de los derechos de exportación es ilegal para algunas empresas ¿Pero cuál es la caracterización que le cabe a las declaraciones juradas y a la legislación votada a expensas del Banco Mundial que en su Programa de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), en los tempranos ‘90, puntualizó que “el principal objetivo del proyecto es desarrollar reformas políticas, regulatorias e institucionales, incluyendo los ámbitos provinciales que alienten la inversión privada en minería en una forma ambientalmente aceptable”? La iniciativa estaba acompañada por un crédito de 40 millones de dólares, 30 a cuenta del BM y 10 del Gobierno nacional y las provincias.

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