El pasado 15 de septiembre, el equipo económico conducido por Sergio Massa envió al congreso el proyecto de presupuesto anual para el año 2023. Los principales números que allí se exponen muestran que se proyecta un crecimiento del 2%, una inflación estimada en el 60%, y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, lo que llamó la atención fue un documento adicional, que acompañaba el proyecto de ley, titulado “impacto del gasto tributario en las cuentas públicas”. Este documento es resultado de un estudio que realizó la cartera de Economía por recomendaciones explícita del FMI y acompañó el proyecto de presupuesto a modo de separata.
La separata contiene una enumeración de beneficios fiscales a determinados sectores que representan para el estado un gasto tributario. El estudio estima que el mismo representaría para 2023 un costo total de 2,49% del PBI.
Los beneficios fiscales, llamados gastos tributarios, se agrupan en derivados de normas impositivas y de Regímenes de Promoción Industrial. Los primeros principalmente pueden ser exenciones impositivas, alícuotas reducidas. Una vez enlistados todos los sectores beneficiarios de estos regímenes especiales y de fomento la propuesta avanza en identificar todos aquellos que podrían ser modificados y tratados como un contribuyente más sin afectar el funcionamiento de la actividad. Hecho esto, el ministro realizó una selección de gastos tributarios sugeridos que representan el 1,49% del PIB para que los legisladores analicen la posibilidad de realizar modificaciones en pos de aumentar la recaudación y por lo tanto reducir el déficit. Este paquete impositivo significa un aumento de la recaudación para 2023 en torno a los 2,2 billones de pesos.
Si observamos el detalle de la selección que propone Massa y su equipo nos vamos a encontrar con algunas propuestas de amplio consenso social como lo son el cobro de ganancias a jueces y magistrados del poder judicial y otras más controversiales como el aumento de IVA a alimentos y productos de panadería, y el cobro de ganancias a cooperativas y mutuales. Así mismo, el documento propone desmantelar el programa de fomento impositivo a las industrias radicadas en Tierra del Fuego y los regímenes de promoción económica para micros, pequeñas y medianas empresas.
En definitiva, si hacemos un recuento de los sectores más afectados vemos que el consumidor final, al cual se le trasladará el aumento de IVA en alimentos y productos de panadería, será el más perjudicado ya que aporta el 26% del paquete impositivo; el sector industrial radicado en Tierra del Fuego representa 24%; IVA a construcción de viviendas 13%, con 11% del paquete impositivo aparece recién jueces y magistrados del poder judicial; programa de promoción de PyMES 10%; cooperativas, mutuales y asociaciones civiles contribuirán con el 5% y otras actividades con el 11% restante. El siguiente gráfico muestra en detalle cómo se reparten los recortes a los gastos tributarios:
Elaboración del OTES en base a datos del Ministerio de Economía
En el reciente Coloquio de IDEA que llevó como lema “Ceder para crecer”, el ministro Massa dio una presentación donde se refirió a la separata y dijo “La política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, pero también los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder en algunos beneficios que vienen, a lo mejor, de hace muchos años”.
Sin embargo, si examinamos quienes están en la mira del ministro y el FMI aparecen sectores que lejos están de participar de la cumbre empresarial y que vienen cediendo a fuerza de aumentos de precios y devaluaciones hace muchos años. Aquí están los consumidores, el sector cooperativo y las PyMES, que entre todas explican más de la mitad del paquete impositivo. Mientras la parte restante aparece el sector industrial de tierra del fuego y el poder judicial.
Resulta alarmante en el contexto actual una propuesta que impulse una suba de precios en los alimentos. En contraposición con los reclamos de organizaciones sociales que hace años exigen la quita del IVA a productos que integren la canasta básica alimentaria, el gobierno insinúa una suba que tendrá como principales afectados a aquellos de menores recursos que gastan gran parte de sus ingresos en productos de primera necesidad. El corolario de la medida sería un obvio aumento de la pobreza y la indigencia, dos indicadores sociales que recién comenzaron a dejar atrás la pandemia de COVID-19, pero que aún no se recuperan de la crisis económica del gobierno de Macri que en 2018 derivó en el arribo del FMI.
Finalmente y a modo de reflexión, nos preguntamos si en un país con 36% de pobreza, donde el salario de la clase trabajadora perdió en promedio un cuarto de su valor desde 2015, tener un empleo no garantiza el acceso a la canasta básica y el aumento de los precios está cercano al 80% interanual y parece no encontrar techo, ¿hasta cuándo deberán ceder los mismos sectores de siempre? Con la proximidad de un nuevo año electoral quizás sea el momento de reclamar por las promesas electorales incumplidas y pensar alternativas para la salida de la crisis que favorezcan a la mayoría de la población.
