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Una temporada en el infierno

Malos tratos en Ezeiza y Marcos Paz, traslados cuestionados desde Devoto y una huelga de hambre por las condiciones de detención. Por Juan Borges

La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó su nuevo reporte sobre las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al período enero-junio de 2026. El organismo sostiene un compromiso en construir y presentar información confiable, por lo que publica de manera periódica informes estadísticos sobre la situación de los lugares de detención y de las personas privadas de libertad. En esa línea de trabajo, desde 2020 se publican series de informes por establecimiento.

En esta ocasión, se elaboró a partir de datos actualizados aportados por el Observatorio de Cárceles Federales e información producida por el área de Auditoría (Equipo Condiciones de Detención y Cupo Carcelario) sobre ambos complejos durante el primer semestre de 2026, incluyendo la evolución de la población alojada y su situación procesal, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos registrados, fallecimientos, medidas de fuerza documentadas y condiciones materiales de encierro.

De esa manera, el objetivo es visibilizar las principales problemáticas que forman parte de los complejos señalados y sobre las cuales la Procuración despliega parte de su trabajo cotidiano. Los primeros datos a destacar son los siguientes: más del 50 % de las personas detenidas no tiene condena firme; se registraron casos de tortura y malos tratos; y las principales demandas fueron por salud, acceso a la justicia y condiciones materiales de detención.

En este marco, se hace especial foco a los aspectos vinculados con las condiciones materiales de detención a partir de los relevamientos llevados a cabo en ese período por parte de las áreas Metropolitana y Auditoría. La metodología de recolección de información consistió en la aplicación de instrumentos formulados para monitorear aspectos de la infraestructura penitenciaria, tanto en sectores comunes como en espacios de alojamiento individual, en pabellones celulares, y sectores de dormitorio, en pabellones colectivos.

Situación en Ezeiza

El Complejo Penitenciario Federal n.º 1 de Ezeiza aloja varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026, se encuentran 1.905 personas privadas de su libertad, distribuidas en siete unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 1.947, lo que significa que contaba con 42 plazas disponibles. Casi el 53 % se encuentra procesado, lo que significa que más de 5 de cada 10 presos no cuentan con una condena firme, y se relevaron 1.472 demandas, mayormente por salud, condiciones materiales de detención, acceso a la justicia y traslados o cambios de alojamiento. Ezeiza registró un total de 15 fallecimientos, diez de ellos por enfermedad, mientras que los otros cinco fueron muertes violentas: cuatro fueron producto de ahorcamiento y uno por incendio. Asimismo, se llevaron a cabo 27 medidas de fuerza, la mayor parte motivadas por pedidos de traslado o cambio de alojamiento, acceso a la salud y condiciones materiales de detención. En este sentido, 21 fueron por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazos de alimentos, uno por ingesta de alimentos no consumibles y el último sin identificar.

Condena a 52 efectivos en Ezeiza

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte envió a juicio oral a 52 agentes y exagentes del Servicio Penitenciario Federal por presuntas torturas y otros delitos cometidos en junio de 2019 contra internos del Pabellón B de la Unidad Residencial III, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La resolución rechazó las oposiciones presentadas por las defensas, clausuró la instrucción y ordenó remitir el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata que resulte sorteado. La investigación fue impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, con intervención del fiscal general Alberto Gentili, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, querellante en el caso.

Disparos, gases y golpes dentro del pabellón

Los hechos investigados ocurrieron el 9 de junio de 2019, luego de una protesta de internos por la modificación del horario de visitas. Según la acusación, durante el reclamo se incendiaron colchones y las autoridades organizaron un “cuerpo de requisa extraordinario” para ingresar al pabellón. El grupo habría utilizado munición antitumulto contra los detenidos y arrojado gases en el sector. Tras reducirlos, los efectivos habrían golpeado a los internos y los obligaron a ubicarse apilados unos sobre otros.

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona llevó adelante la investigación

Nueve detenidos que se habían refugiado en una celda individual fueron, según la elevación a juicio, rociados con gas pimienta a través de la mirilla. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 internos, entre ellos dos con fracturas. La investigación también alcanzó a los dos médicos de guardia que intervinieron ese día. La acusación sostiene que certificaron la inexistencia de lesiones sin haber revisado a los detenidos. El pabellón permaneció cuatro días bajo un régimen de aislamiento colectivo entre el 10 y el 13 de junio de 2019 y sometido a un esquema denominado “sectorización”, que para la fiscalía y la querella constituyó una sanción colectiva contra los internos. Durante ese período, las raciones de comida eran dejadas en el suelo y fuera del alcance de las personas encerradas. Además, el pabellón permaneció sin iluminación, con los baños fuera de funcionamiento y presencia de ratas, de acuerdo con la acusación. El régimen fue levantado el 13 de junio, cuando una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias llegó al establecimiento.

Tortura, falsificación y abuso de autoridad

La causa reúne acusaciones contra personal de distintos niveles de la estructura penitenciaria. Veintinueve integrantes de la División Registros, seis del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI) y tres jefes de turno de la Unidad Residencial III fueron enviados a juicio por el delito de presunta tortura. Otros seis integrantes del Comité de Seguridad de la unidad y su director afrontarán cargos por supuesta tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. La máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal I al momento de los hechos fue imputada por omitir impedir esas torturas.

Situación en Marcos Paz

El Complejo Penitenciario Federal n.º 2 de Marcos Paz aloja varones mayores de 18 años. A junio de 2026, se encuentran alojadas 1.875 personas privadas de su libertad, distribuidas en cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, lo que significa que contaba todavía con 125 plazas disponibles. El informe indica que casi el 57 % de los detenidos se encuentran procesados, lo que significa que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En total, se relevaron 1.237 reclamos relacionados con salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento. Además, se registraron tres fallecimientos, ninguno asociado a un hecho violento, sino producto de enfermedades. Por último, se realizaron 14 medidas de fuerza. Nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Traslados irregulares de Devoto a Marcos Paz por la visita del papa en octubre

De forma intempestiva y sin previo aviso, se inició el operativo de traslado gradual de los 1502 internos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, construido en convenio entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, denunciada por familiares y organismos de derechos humanos, fue confirmada y celebrada en redes sociales por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que publicó: “Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos”, y remató con “Ley y orden”.

Cabe mencionar que el operativo se dio después de que el papa León XIV anunciara su pronta visita a la histórica y sobrepoblada cárcel porteña, antes de tener que someterse a una intervención quirúrgica, lo cual puso en duda su llegada al país. Además, que se trata de un predio altamente codiciado por el negocio inmobiliario. El traslado fue llevado a cabo por el Comando Unificado integrado por las fuerzas federales, con la participación de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense en carácter de “invitados”. A poco de conocerse la noticia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la decisión y denunció que la medida se realizó de forma intempestiva y sin aviso previo a las familias de los internos, sus defensores y organismos de control.

Desde el organismo, señalaron que no cuentan con precisiones sobre los tiempos, la modalidad ni el destino exacto de cada movimiento. Además, advirtieron que estos operativos no deben afectar la continuidad de los estudios universitarios que muchos internos cursan en Devoto ni romper los vínculos familiares. Por otra parte, denunciaron que el vaciamiento responde a un objetivo de negocio inmobiliario con los terrenos de la cárcel en la Ciudad de Buenos Aires. “Los gobiernos incumplieron los compromisos que habían asumido en las conversaciones previas”, advirtieron, y agregaron: “Aceleraron los plazos y no se aseguraron que las instalaciones del nuevo penal estuvieran listas para recibir a las personas detenidas, garantizando camas y comida”. A su vez, remarcaron que tampoco se garantiza la continuidad de los estudios, ya que en Marcos Paz “no hay instalaciones preparadas”. Para peor, el antiguo predio quedó con “menos personal penitenciario, con poca infraestructura, sin visitas y sin actividades recreativas, laborales y educativas”.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que debía hacer el seguimiento y control del traslado, no pudo entrar a Devoto ni a Marcos Paz. Tampoco le permitieron a la PPN y al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura hacer el monitoreo en el nuevo penal. La PPN presentó un hábeas corpus, que acompañaron desde el CELS, pero lo rechazaron bajo el argumento de que no afecta los derechos de los detenidos ni, sin hacer ninguna visita ni monitoreo, se agravaban las condiciones. De esa manera, quedaron sin ninguna protección judicial.

Huelga de hambre por las condiciones infrahumanas en el Centro Penitenciario número 8 de Marcos Paz

Milton Tolomeo, uno de los dos detenidos tras la movilización del 11 de febrero de 2026 frente al Congreso contra la reforma laboral, inició el domingo 8 de noviembre una huelga de hambre en el penal federal de Marcos Paz. Según informó la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, reclama por la falta de atención médica, la suspensión de actividades educativas y recreativas y las restricciones a las visitas de organismos de derechos humanos, y mantendrá la medida hasta obtener respuestas. Tolomeo, preso desde mediados de febrero, y Eneas Gallo, detenido el 18 de marzo, llegarán a juicio oral acusados de delitos que la fiscalía busca agravar con la figura de terrorismo. Si el tribunal la aplica, la pena puede llegar a 30 años. Ambos cumplen prisión preventiva y el juicio todavía no tiene fecha. Milton inició la huelga de hambre el 8 de noviembre a las 00 horas. El objetivo de la medida es denunciar y modificar las condiciones de detención que están sufriendo los compañeros del Centro Penitenciario número 8 de Marcos Paz. Es un espacio que no está apto para alojar a 1500 detenidos. Se hizo a las apuradas y no está terminado. Todo para que el gobierno nacional pudiera mostrarle al papa en su visita una cárcel de Devoto sin hacinamiento. Milton busca denunciar que no les brindan agua potable. El alimento es de pésima calidad. Además, ponen muchas restricciones a los alimentos que les llevamos. Al principio, la recepción de alimentos se demoraba mucho y el ingreso de familiares para la visita. Además, busca visibilizar que, cuando se realizó el traslado, los tuvieron durante 48 horas sin alimentos ni agua. Además, desde hace meses ni Milton ni Eneas tiene la posibilidad de recibir organismos de derechos humanos.

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