Varios gobernadores, sobre todo aliados y/o dialoguistas, acceden a adelantos de coparticipación federal liberados por el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, que luego no son devueltos porque los propios jefes territoriales los utilizan para cobrarse deudas impagas de la administración libertaria, centralmente los fondos cortados a cero del financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas en los ’90.
Posición de adelanto
El mecanismo de adelantos de coparticipación está regulado por la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que en su artículo 124 establece: “Con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a acordar a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal, que deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados”.
Y agrega: “Cuando razones fundadas aconsejen extender dicho plazo, el Poder Ejecutivo Nacional, con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, podrá ampliarlo sin exceder el ejercicio fiscal en que se otorgue, los que devengarán intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa que fije el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en cada oportunidad”.
En síntesis: en coyunturas puntuales en que las obligaciones tensionan las finanzas provinciales (un caso típico es el pago de aguinaldos), la Nación puede adelantarles recursos de coparticipación, que se debitan en cuotas dentro del año en curso.
En efecto, es lo que ocurrió masivamente en 2026. Recibieron anticipos financieros las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy.
Santa Fe, caso testigo
Mediante el decreto 474 del 17 de junio pasado (que además del presidente Javier Milei y del propio Caputo lleva la firma del inolvidable Manuel Adorni), el gobierno nacional habilitó adelantos de coparticipación por hasta 400 mil millones de pesos a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe.
En los considerandos, el decisorio señala que los gobiernos de estas provincias “se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas” y que “en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan”.
Hasta ahí, todo dentro de los parámetros habituales. En todo caso, se podría subrayar la existencia de situaciones críticas en los Estados subnacionales, como consecuencia en buena medida del desplome de la recaudación propia y nacional durante la era Milei. De hecho, según números de la provincia de Santa Fe, hay una caída real del 14,60% de coparticipación federal total en el período enero-agosto de este año contra igual tramo de 2023, dentro del cual se ubica un descenso del 15,25% de IVA y un 10,43% de Ganancias. Un derrumbe de proporciones difíciles de exagerar.
Sin embargo, no todo es tan lineal, más aún en una época en la que los parámetros tradicionales descansan en el tacho de basura. Ante esta situación, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares, salieron a viva voz a aclarar que, si bien la plata no sobraba, la provincia podía hacerle frente a sus obligaciones y que, en este caso, aceptaban una oferta de la administración mileísta porque le convenía la tasa.
En paralelo, y casi en simultáneo a la habilitación del anticipo financiero, el gobernador firmó el ingreso al denominado “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR)”, que es básicamente un programa de compensación de deudas entre Nación y provincias puesto en marcha en 2024.
Ahora bien, el interrogante que se abrió fue que Santa Fe hasta ese momento, a diferencia de otras varias provincias, no tenía ninguna deuda con el Estado nacional. Por el contrario, se consideraba un acreedor neto, incluso con juicios pendientes.
Y aquí empieza a jugar el arte de lo posible. En la práctica, lo que terminó ocurriendo es que Santa Fe tomó el adelanto de coparticipación (un préstamo de corto plazo, al fin y al cabo) para cobrarse de allí una parte de la deuda de Nación, que surge fundamentalmente por el financiamiento previsto por los pactos fiscales de los ’90 del déficit de las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas oportunamente a la Anses. Esos recursos, que históricamente fueron motivo de disputa, desde la presidencia de Milei se redujeron lisa y llanamente a cero.
Moroso incobrable
Pero ahí no termina la historia, sino que más bien adquiere características decididamente extravagantes. En abril de este mismo año, la ministra de Desarrollo Humano de la Nación, Sandra Pettovello, el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, y el propio Pullaro firmaron un convenio por $120.000 millones a ser pagados en doce meses justamente para reanudar parcialmente el financiamiento del déficit de la caja jubilatoria provincial. No como parte de pago de la deuda, sino como recuperación del flujo interrumpido totalmente en 2024.
Hubo polémica en la política local. El gobernador lo presentó como “un triunfo de los santafesinos” y la oposición, incluso el exmandatario justicialista Omar Perotti, salió a fustigarlo porque el acuerdo traía consigo la suspensión de las acciones judiciales contra la Nación que había iniciado el propio rafaelino al final de su mandato, en aquella ocasión por diferencias de números. “Es un juicio ganado”, aseveró.
En cualquier caso, con la foto de fines de junio, el gobierno santafesino se garantizaba en el corto plazo los 120 mil millones de pesos del convenio con Anses, por un lado, y por el otro el adelanto de coparticipación a cobrarse como parte de pago de deuda por hasta 400 mil millones de pesos. En épocas de vacas flacas, no dejaba de ser atractivo.
Pero la celebración no pudo ser completa. Tras el pago en mayo de la primera cuota del acuerdo, Anses no transfirió un centavo más. Por si no se entendió: Ahora 12 previsional se transformó en Ahora 1 y los 11 restantes quedaron impagos.
¿Qué es entonces lo que hizo el gobierno de Pullaro? Tomó la primera parte del adelanto de coparticipación, que fue de 150 mil millones de pesos (con la posibilidad posterior de llegar hasta los 400 mil millones en total), para cobrarse el convenio incumplido.
El Anticristo
En una columna publicada el 14 de agosto en La Nación, Florencia Donovan escribió: “Cerrar con superávit en agosto se ha vuelto una tarea ciclópea. Por las dudas, la orden es frenar pagos hasta los últimos días del mes. Solo hubo una excepción para la provincia de Santa Fe: este mes se le dieron anticipos de coparticipación por $150.000 millones. Se supone, como viene sucediendo con otras provincias aliadas, que los anticipos son reintegrables. En lo que va del año se otorgaron $3,4 billones, pero hasta ahora ninguna provincia devolvió un peso. Nadie lo espera al final y al cabo. Todo tiene una respuesta contable (y política)”.
Sigue: “El Gobierno encanuta los pesos que debiera coparticipar automáticamente del fondo de los combustibles, que se contabilizan como gasto, pero otorga en cambio adelantos que se consideran contablemente como acreencias. Los pesos del fondo de los combustibles se distribuyen, además, a todas las provincias acorde a la ley de coparticipación; los adelantos, en cambio, son 100% discrecionales. Premios y castigos para los amigos”.
Es una gran carambola política en la cual hacen juego la caída de las transferencias automáticas por coparticipación, el traslado a las provincias del ajuste nacional vía el cierre arbitrario de canillas de recursos y el reparto discrecional de anticipos financieros, convertidos en los nuevos ATN.
Todo ello, en un contexto electoral clave: gobernadores como Pullaro no quieren que se divida el voto no peronista o directamente antiperonista, que es mayoritario en provincias como Santa Fe. Caputo, por su lado, ahora con el aval de Karina Milei, pretende un acuerdo político con los jefes territoriales para dar señales de solidez a los mercados, en momentos en que vuelven a arreciar las turbulencias financieras. Un pacto de no agresión, en el que tanto uno como el otro no juegue a fondo en las elecciones que a cada uno le interesa: al santafesino en los comicios provinciales del primer semestre y al mileísmo en la volcánica presidencial de la segunda mitad de 2027.
La frutilla del postre de este mecanismo para el gobierno de La Libertad Avanza, admiten en la Casa de Gobierno santafesina, es la asfixia presupuestaria a la provincia de Buenos Aires y su gobernador, Axel Kicillof, anotado en la gran batalla del año próximo. Según palabras de Toto Caputo: el Anticristo.