Un escándalo inédito sacude desde hace meses en la ciudad de Santa Fe a la tradicional empresa de negocios inmobiliarios Pilay, histórico destino de inversiones de la clase media y media alta de capital provincial, con extensas ramificaciones en Rosario, el resto de la Bota, Córdoba, Entre Ríos y hasta Uruguay.
La crisis, que por su magnitud ya disparó varios pedidos de informes y convocatorias a damnificados en la Legislatura provincial, e incluso recientemente un fallo judicial contra la empresa, consiste en la denuncia de centenares –con proyección de miles– de clientes que afirman no estar recibiendo las viviendas adquiridas en tiempo y forma.
El caso generó conmoción particularmente en la ciudad de Santa Fe no sólo por el volumen de afectados sino también porque las familias propietarias de Pilay portan apellidos distinguidos y cuentan con una participación relevante en los estamentos de poder de la capital provincial.
50 años de Pilay, 100 años de tradición
En 1976, cinco familias cercanas crearon Pilay, una empresa que se transformaría en el refugio por excelencia de los ahorros de santafesinos que buscaban tener su departamento propio o “invertir en ladrillos”. Ese sello de fábrica se conquistó a partir de 1985, con el lanzamiento de su clásico sistema de financiación en cuotas, cuyo éxito le permitió cuatro años más tarde establecer una alianza con la constructora Bauen para su desembarco en Rosario.
Entre los padres fundadores de la firma se destaca el tradicionalísimo apellido Vigo, que aportó a Pilay el respaldo de una escribanía familiar de 100 años de trayectoria. De ese semillero salieron presidentes y directivos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Uno de ellos, Javier Vigo Leguizamón, adquirió una singular notoriedad pública por distintas razones. Cofundador de Pilay, fue presidente de la Cámara de Sociedades Anónimas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, del Club Hípico General Belgrano y del Santa Fe Lawn Tennis Club. Fue, además, vicepresidente del aristocrático Club del Orden, institución que fue objeto de un atentado con explosivos en 1972 por parte de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).
Fervoroso católico practicante, Vigo Leguizamón fue subsecretario de Justicia y Culto de la provincia en 1981, durante la dictadura. En 2001 publicó el libro “Amar al enemigo”, con prólogo de Félix Luna, en el cual incluyó entrevistas con Jorge Rafael Videla y Mario Firmenich. Luego, con la reactivación de los juicios por delitos de lesa humanidad, patrocinó a Arturo Larrabure, hijo de un militar asesinado por el ERP, con el fallido objetivo de reabrir la causa.
El año pasado, Vigo Leguizamón protagonizó un episodio conmocionante: publicó junto a su hijo Gastón el libro “El dolor, la traición y la esperanza”. ¿De qué trata? “Nosotros, con mi señora, después de muchísimo tiempo nos enteramos de un dolor muy profundo que había sufrido nuestro hijo más chico, Gastón, cuando era un niño de solo 7 años. Fue víctima de abusos, de los cuales nos enteramos hace apenas unos dos años y medio, tres (…)”, le dijo al diario El Litoral en una entrevista, en la que además afirmó: “Nos enteramos que fue víctima de sucesivos abusos, cometidos por los hijos de dos íntimos amigos nuestros, que se confabularon para mancillar su inocencia durante varios años”.
Quienes conocen a la familia no dudan en aseverar que, para entender el contexto en el que se produjeron los horrendos episodios, hay que mirar hacia el interior de la historia de Pilay.
Hoy, Gastón Vigo Gasparotti es economista y en 2019 fundó Akamasoa Argentina, una organización social inspirada en el trabajo que hace el sacerdote argentino Pedro Opeka en Madagascar. En Lima, Zárate, lleva adelante una experiencia de construcción comunitaria de viviendas en un barrio levantado en donde se desplegaba antes un basural.
Puerto inseguro
Otro personaje clave en la historia de la empresa es Marcelo Vorobioff. Contador Público Nacional egresado de la UNL, es el titular del desarrollo matemático del sistema Pilay, nada menos que el mecanismo que le permitió dar el salto definitivo a la firma a mediados de los ’80.
Al igual que Vigo Leguizamón, tuvo una etapa de gran protagonismo institucional e incluso político. Fue presidente de la DAIA filial Santa Fe de 2006 a 2010 y, como tal, integró la Mesa del Diálogo Santafesino.
A instancias del radical Mario Barletta y luego de su sucesor José Corral, fue designado presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe por los gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti. Ocupó ese cargo entre 2010 y 2014.
Su salida no fue decorosa. Investigaciones de la propia Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) determinaron la existencia de empresas fantasma vinculadas a Vorobioff que habían sido beneficiarias de adjudicaciones en el puerto santafesino. En 2022, el aún hoy accionista de Pilay y de otras firmas relacionadas con el grupo fue condenado a tres años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública y estafas por administración fraudulenta, además de quedar inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos y pagar 8 millones de pesos en concepto de multa y reparación.
Ese escandalete no impidió que en 2018 Barletta invitara a Vorobioff y a otros amigos a celebrar el 9 de julio en la embajada argentina de Uruguay, sede diplomática que lo tenía como máximo responsable a instancias del entonces presidente Mauricio Macri. El festejo incluyó un singular video de entonación del himno.
El reclamo escala
El escándalo que sacude en la actualidad a Pilay se origina en una falta de cumplimiento de la empresa en la entrega de las viviendas en los tiempos previstos y en las zonas contratadas, según denuncian clientes autoconvocados de toda la provincia.
Para tener dimensión del conflicto: el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) asesora a unos 400 ahorristas, el grupo de WhatsApp de damnificados tiene ya alrededor de 900 participantes y el cálculo que hacen en las organizaciones que respaldan a los clientes de Pilay multiplica por 10 o por 15 el número total de afectados.
Un grupo de ellos, acompañados por el referente del CESyAC y ex secretario de Defensa del Consumidor durante el gobierno de Omar Perotti, Juan Marcos Aviano, fue recibido por primera vez en abril por la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la provincia. A partir de allí, se sucedieron los pedidos de informes y las convocatorias a damnificados, centralmente a instancias de diputados peronistas de diversa extracción como Miguel Rabbia y Celia Arena, y estridentes denuncias públicas de legisladores del Frente Amplio por la Soberanía, como Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver.
Los reclamos de los clientes por incumplimientos de Pilay recibieron como respuesta formal un extenso escrito, con profusa argumentación jurídica, en el que se asegura que “la normal secuencia de los pagos se ha visto alterada por las recurrentes y muy graves crisis económicas sufridas por el país desde la celebración del contrato, que generaron la necesidad de aplicar, a pedido de un número muy importante de clientes, cuotas provisorias no trasladando la totalidad de los incrementos operados en el costo de la construcción”.
Añade: “Ello ha tenido natural incidencia en el ritmo constructivo y en el valor cancelatorio de las cuotas, no pudiéndose percibir ni el monto ni el número de cuotas de espera y tenencia prevista en el Sistema Pilay al calcular las que deberían abonar la totalidad de los inversores”.
Y, finalmente, el documento de la empresa establece que “es necesario encontrar una manera equitativa de readaptar el contrato a las circunstancias vigentes”.
Todo este contexto activó las protestas callejeras de los damnificados, que se manifestaron en reiteradas oportunidades frente a las distintas sedes de la empresa, de manera cada vez más potente. Otro episodio en este sentido se prevé para las próximas horas.
Hace una semana se produjo un hecho significativo: el juez civil y comercial de Rosario, Ricardo Ruiz, condenó a Pilay y sus empresas constructoras socias en la ciudad del sur santafesino por incumplimiento contractual. No parece casual que un fallo de estas características se haya resuelto en ese lugar y no en la capital provincial, donde los propietarios de la emblemática firma inmobiliaria tienen una capacidad de influencia no desdeñable.