La decisión del gobierno nacional de impulsar la derogación de la Ley 25542 de Fomento del Libro y la Lectura —en vigencia desde el 8 de enero de 2002, tras ser sancionada por el Congreso el 27 de noviembre de 2001— modifica las condiciones de existencia de la producción editorial federal. Aportar al debate sobre las muy serias consecuencias de esta nueva embestida es ineludible, tanto más si consideramos que el tratamiento que se hace del tema en los medios de comunicación tiende a ser reductivo, por cuanto se circunscribe —con excepciones, y esta quiere ser una de ellas— al funcionamiento del mercado editorial y la posibilidad de que las grandes cadenas y plataformas comerciales ofrezcan descuentos imposibles de sostener para librerías pequeñas y medianas.
Por supuesto que se trata de un aspecto central, pero es necesario que se entienda que, el alcance de la norma, no se limita a ese análisis comercial y financiero. Lo que, en realidad, se proponen es a una reorganización regresiva del mapa editorial: con el cierre de una librería, desaparecen formas particulares de mediación cultural como recomendaciones, presentaciones de libros, encuentro entre lectores y la circulación de actores locales.
Entre los objetivos establecidos por la ley que quieren derogar, figuran el estímulo a autores nacionales, particularmente aquellos radicados en el interior del país; el establecimiento de una política federal para facilitar la información, estudios y perfeccionamientos de autores y trabajadores de la industria del libro a través de capacitaciones y becas; la promoción del acceso igualitario al libro, bibliotecas, centros de información, documentación, mediante redes de distribución popular y bibliotecas públicas; promueve el accesos a las personas con discapacidad a través de formatos adaptados como la audición de textos y macrotipos; el fomento de la cultura del libro y de la lectura, y el conocimiento de autores mediante ferias, talleres y festivales como el Festival Internacional de Literatura Tucumana (FILT); apoyar a los autores, editores, comercializadores e industriales gráficos del libro (incluyendo a imprentas locales y talleres gráficos); difundir la cultura nacional y latinoamericana construyendo catálogos diversos; articular la política integral del libro con la educativa con programas de lectura en escuelas y universidades.
Todo esto demuestra que el libro es una tecnología de transmisión cultural cuya circulación produce efectos sobre aquello que una sociedad recuerda, investiga, enseña, discute y escribe. Bibliotecas, escuelas, universidades, editoriales independientes, librerías de barrio y autores del interior participan de una misma red de producción simbólica. La modificación de cualquiera de esos nodos altera la capacidad de funcionamiento del conjunto.
¿Qué pasaría en una provincia como Tucumán, donde la producción editorial independiente y los oficios en relación a los libros son tan intensos? Hablamos de la provincia con mayor desarrollo de este ámbito en el NOA. Nombremos solo algunas editoriales independientes: Monoambiente Editorial, Invikta, La Papa Editorial, Falta Envido Ediciones, Puerta Roja Ediciones, Aguacero Ediciones, Gerania Editora, La Aguja del Bufón y Chancho Limpio Ediciones; editoriales de servicio como Dúplex Casa Editora, Llama Blanca Editorial y Ediciones del Parque; editoriales institucionales como Aconquija (Ente de Cultura), Humanitas (Facultad de Filosofía y Letras), EDUNT (Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán) y Editorial Ciudad Cerca (Municipalidad de Tucumán); librerías como El Griego, Libros de Oro, Los Primos; además de numerosas revistas académicas y culturales, imprentas cooperativas como Tropa Circa, y una vasta red de talleres de escritura y de lectura, y espacios fundamentales como el FILT, consolidado como uno de los principales espacios de intercambio del norte argentino entre escritores, editoriales, investigadores y lectores, cuya décima edición se realiza este fin de semana en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT). Frente a este escenario, los efectos proyectados en la región no son alentadores.
Al desarmar el marco legal, y con él los instrumentos de fomento, se produce un doble movimiento. Por un lado, se desfinancian los circuitos federales de producción y, por el otro, se incentiva de forma explícita la concentración comercial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El resultado previsible es la desaparición progresiva de libros de autores locales y, con ella, la reducción de diversidad cultural y de temas en los catálogos de las grandes librerías, como ocurriría si una novela o un poemario editado en el NOA deja de imprimirse porque una gran plataforma nacional o internacional prioriza la importación de best-sellers o libros de influencers.
Aquellos que no les resulte altamente rentable, no tienen posibilidad de circular. La discusión sobre el precio uniforme suele reducirse a la competencia comercial. Las grandes cadenas poseen una capacidad de compra que les permite negociar mejores condiciones con distribuidoras y editoriales, realizar promociones permanentes y absorber márgenes de rentabilidad inaccesibles para librerías independientes, lo que equivale a que un hipermercado o una gran cadena de shoppings venda un libro un 40% más barato de lo que puede ofrecerlo la librería pequeña, generando una competencia tan desleal que sí o sí muchos espacios tendrán como única opción cerrar. Incluso si se intenta reemplazar el espacio físico mudándose exclusivamente a la web como una librería virtual, también sucede que la visibilidad queda atrapada en las reglas de los algoritmos y de las grandes plataformas de comercio electrónico.
El cierre de una librería también involucra de manera directa a diseñadores gráficos e ilustradores, correctores y editores, imprentas y talleres gráficos, libreros independientes, gestores culturales y autores. Sin políticas públicas de fomento y protección del libro, las dinámicas editoriales se ven forzadas a publicar aquello que garantice una venta masiva y de rotación inmediata. En este proceso de selección donde el único fin es la venta, aquellos títulos que no tengan potencial de ganancias altas, dejan de publicarse dejando afuera libros de investigación, ensayos regionales, literatura experimental o poesía. Se produce, así, una “paradoja cultural”: la promesa de una sociedad “más libre y más barata” mediante descuentos de grandes cadenas termina empobreciendo, tanto al panorama bibliográfico —catálogos uniformes dictados por tendencias globales o metropolitanas— como a la mayoría de los participantes de la industria del libro y afines.
Ante esta situación, se actualiza el debate que plantea lo que se llamó “crisis de la lectura». El diagnóstico se apoya en que los adolescentes y jóvenes habrían perdido el interés por la literatura y como causante de la crisis se ubica, casi de manera central, a las nuevas tecnologías, que los alejaría de los libros. Chatear, debatir en X, producir fanfics en Wattpad o interpretar complejas narrativas en comunidades de Discord también implica un ejercicio constante con la palabra escrita. Las generaciones nacidas en la cultura digital leen de manera permanente. Escriben, interpretan y producen textos en entornos digitales intercambiando gigabytes de información, reseñas y creaciones propias a una velocidad impensada para el formato papel. En ese escenario, el libro pierde la centralidad que ostentaba en la modernidad como dispositivo de incorporación al patrimonio cultural. Durante buena parte de ese periodo, el libro ocupó un lugar privilegiado dentro de los procesos de formación intelectual siendo el objeto insustituible que estructuraba la escuela, la biblioteca y la biblioteca familiar. La literatura funcionó como uno de los principales dispositivos de incorporación al patrimonio cultural compartido. El libro pierde centralidad dentro del imaginario formativo, desplazado por formatos hipertextuales, audiovisuales e interactivos. La lectura literaria deja de aparecer como experiencia cultural necesaria y comienza a convivir con un conjunto cada vez más amplio de prácticas que organizan el acceso a la información desde otras temporalidades y otras plataformas donde un video de TikTok, un hilo de lectura o una base de datos en línea compiten por la atención del lector contemporáneo.
Sin embargo, la derogación de la ley no resuelve los desafíos que advienen por el cambio de paradigma digital ni garantiza un mejor acceso al conocimiento. Sostener la democratización del libro requiere actualizar las políticas públicas, generando la posibilidad de existencia para asegurar la “bibliodiversidad”. En última instancia, la posible derogación de ley 25542 se inscribe de manera coherente dentro de un proceso más amplio de transformaciones del Estado Nacional. El desfinanciamiento de universidades públicas, la reducción de presupuestos destinados a ciencia y tecnología, el vaciamiento de programas educativos y culturales, la disminución de fondos de apoyos a bibliotecas populares, junto con la retracción de políticas de financiamiento editorial, forman parte de una misma reorganización institucional. Cada una de estas medidas modifica un tramo específico del circuito de producción del conocimiento, configura una determinada relación entre Estado, educación, cultura e investigación, reorganizando las condiciones materiales desde las cuales una sociedad produce, preserva y transmite aquello que considera valioso conocer.
El debate sobre el estado de la industria y la lectura continuará abierto en los espacios de discusión del Festival Internacional de Literatura Tucumán (FILT), específicamente este sábado 31 en la mesa titulada «Libro Hoy: lectores, industria y mercado», con la participación de Juan Manuel Frangoulis (librería El Griego), Natalia Zanotta (librería Libro de Oro) , Marito Lavaisse (editor independiente de Santiago del Estero) y Juan Lixklett (editor en editorial Aguacero Ediciones), coordinada por María José Bovi (editora en Monoambiente Editorial).