A siete décadas de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez de 1956 constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino por su planificación, ejecución y encubrimiento. La sentencia, dictada en el marco de un Juicio por la Verdad, además ordenó una serie de medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
La resolución fue dada a conocer este lunes por la jueza federal Alicia Vence, quien reconoció la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de junio de 1956, bajo la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas.
El fallo consideró acreditado que efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida y detuvieron a las doce personas que se encontraban allí. Posteriormente, fueron trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado en los basurales de José León Suárez, donde se produjeron los fusilamientos.
Operación Masacre
Como consecuencia de esos hechos fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir.
Precisamente, el testimonio de Livraga, quien actualmente tiene 96 años y reside en Estados Unidos, resultó clave en el denominado Juicio por la Verdad.
Durante la lectura de la sentencia, la magistrada sostuvo que existió responsabilidad del Estado nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos, que fueron encuadrados legalmente como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Debido al tiempo transcurrido, todos los responsables directos ya fallecieron. Sin embargo, el tribunal estableció la responsabilidad penal que les hubiera correspondido.
La sentencia
La sentencia atribuyó responsabilidades a las máximas autoridades del gobierno de facto de la época, encabezado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas. También fueron señalados el entonces jefe de la SIDE, Juan Constantino Guaranta; el jefe de la Policía Bonaerense, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez; y el jefe regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno.
Aunque el Juicio por la Verdad no contempla sanciones penales, la jueza determinó que la pena aplicable a los responsables, de haber sido juzgados, habría sido la prisión perpetua.
Las medidas de reparación ordenadas por la Justicia
Además del reconocimiento histórico, el fallo dispuso un amplio conjunto de medidas reparatorias destinadas a preservar la memoria y reparar simbólicamente a las víctimas.
Entre las principales disposiciones se encuentran la rehabilitación del buen nombre y honor de las doce víctimas, la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, la incorporación de los hechos en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense, la instalación de placas conmemorativas en los sitios donde ocurrieron los allanamientos, detenciones y fusilamientos, la creación de un sitio de memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez y la inclusión de todas las víctimas en el registro oficial de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 16 de julio.
La impunidad que llegan a su fin
Este nueve de junio se cumplieron 70 años del levantamiento civil y militar para restituir a Juan Domingo Perón en la presidencia, quien permanecía proscripto por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. Se realizarán varios eventos recordatorios en los próximos días en los lugares de los hechos. Sin embargo, el suceso más significativo será el inicio del juicio el 17 de junio.
Los hechos
El 16 de junio de 1955, el país fue testigo de un hecho inédito en la historia mundial: la población civil fue bombardeada y ametrallada por aviones de su propia Marina de guerra, con el trágico saldo de 366 muertos y 1.053 heridos. El odio criminal al general Perón y al movimiento justicialista se acentuó tras su derrocamiento, sobrevenido un puñado de meses después, el 16 de septiembre de 1955, que lo obligó a partir al exilio. Comenzaron las persecuciones, se acentuó la violencia y fueron miles las detenciones, con un punto de inflexión gravísimo: los fusilamientos del 9 de junio de 1956.
Aquella noche, un grupo de hombres, liderado por el general Juan José Valle, se levantó en armas con el objeto de derrocar al gobierno de facto. El levantamiento fue rápidamente sofocado, y en la contienda murieron seis argentinos: tres militares de la dictadura, Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez, y tres civiles peronistas, Ramón R. Videla, Carlos Irigoyen y Rolando Zaneta.
Pedro E. Aramburu e Isaac F. Rojas, presidente y vice del gobierno de facto, estaban enterados de antemano de que iba a producirse el levantamiento. No obstante, dejaron que sucediera con el objetivo de poner en práctica una represión de tipo ejemplificadora. El 8 de junio habían detenido a varios dirigentes gremiales, con el fin de debilitar el levantamiento. Además, Aramburu había dejado firmados previamente tres decretos: el Nº 10.362, que imponía la ley marcial; el Nº 10.363, de pena de muerte; y el Nº 10.364, preparado exclusivamente para incluir los nombres de las personas que serían ejecutadas a posteriori.
Las personas
En Lanús, seis integrantes, encargados de montar la radio desde donde se transmitiría la proclama revolucionaria, fueron arrestados en la Escuela Industrial de Avellaneda. Se trataba del teniente coronel José A. Yrigoyen, el capitán Jorge M. Costales, Dante H. Lugo, Norberto Ross, Clemente B. Ross y Osvaldo A. Albedro. Todos fueron asesinados simulando fusilamientos entre las 2 y las 4 de la mañana.
Entre los días 10 y 12 de junio se produjeron más fusilamientos: en José León Suárez, en Campo de Mayo, en la Escuela de Mecánica del Ejército, en la Penitenciaría Nacional y en La Plata. Entre los detenidos esa noche, se encontraban las doce personas que luego serían llevadas por las fuerzas de seguridad a los basurales de José León Suárez para ser masacradas a sangre fría. Fueron obligados a bajar del móvil a punta de pistola para caminar hacia el basural, iluminado por los faros de los vehículos policiales.
Allí se fusiló sin contemplaciones a Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos A. Lisazo, Vicente Rodríguez y Mario Brión.
Siete hombres sobrevivieron: Miguel A. Giunta, Juan C. Livraga, Reinaldo Benavídez, Horacio Di Chiano, Rogelio Díaz, Norberto Gavino y Julio Troxler.
Génesis de una masacre
El 16 de septiembre de 1955 es derrocado el gobierno democrático de Juan Domingo Perón después de nueve años de innumerables reivindicaciones para el pueblo trabajador, que serían inolvidables para aquella clase social. Sin embargo, el costo social y político que debería pagar el líder y su pueblo serían inmensos. El caudillo debería pagar con 18 años de exilio y proscripción, y su leal pueblo haría lo propio con encarcelamientos, torturas y fusilamientos.
Es inadmisible no conmoverse con semejante historia, no sentirse parte ni dejarse arrastrar por un momento con el calvario de esas masas sufrientes que esperaron y resistieron durante la ausencia del caudillo que tanto les había otorgado. Los mártires quedan registrados en la historia de los pueblos, aun sin que figuren ni estén registrados la totalidad de sus nombres. Y aquellos que cuenten esa historia, en condiciones de clandestinidad y cara a cara con la muerte, serán trascendentes. Esa es la misión del intelectual comprometido y noble con una causa.
Ese fue el caso del joven periodista y escritor de cuentos policiales que, sin adherir a esa causa política en un principio, pero ávido por perseguir siempre la verdad, se introdujo en una ciénaga de la historia. Se convirtió en héroe y vocero de un pueblo enmudecido, torturado y, sobre todo, fusilado.
La noche del 9 de junio de 1956, mientras Rodolfo Walsh jugaba al ajedrez en un bar en La Plata, se escucharon allí cerca unas detonaciones. La noticia de un alzamiento lo llevó para su barrio en medio de rumores de enfrentamiento entre militares leales a la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y rebeldes que estaban al mando del general Valle, quienes se sublevaron para derrocar al gobierno de facto y devolver el poder arrebatado a Juan Domingo Perón.
El portal de su domicilio fue utilizado como refugio de militares leales que estaban parapetados. Ingresó a su hogar y, por la ventana de su dormitorio, escuchó la voz susurrante de un joven conscripto parapetado que exclamó: «¡No me dejen solo, hijo de puta!». Desde ese momento se empieza a conmover con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ese episodio marcaría un quiebre en su apacible vida. Sin embargo, en el prólogo de Operación Masacre expresaría: «No quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que dieciocho civiles fueron fusilados en Lanús, ni la ola de sangre que anega el país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa. La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez?».
La prensa oficialista ocultaría la verdadera motivación del alzamiento y lo mostraría como una insurrección violenta contra un régimen supuestamente defensor de “La libertad”. Así lo expresaría Pedro Eugenio Aramburu en un discurso pronunciado en la ciudad de Rosario el día 10 de junio, al expresar: “La libertad ha ganado la partida”. Agregaría en esa misma alocución: “En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina, que esa sangre, aun siendo de los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad para que, unida y sin espejismos, avance por la luz del cumplimiento de sus más altos ideales”. El haber sofocado la tentativa de insurrección le daba un poder y un consenso necesarios a la dictadura para avanzar en profundidad contra todo atisbo de resistencia. El peronismo se convertiría en una herejía maldita.
Para Rodolfo Walsh ya nada volvería a ser igual, aunque lo intentará durante unos meses. Seis meses más tarde, en una noche caliente de verano, un hombre, enfrente suyo, mediados por un vaso de cerveza, le dice: “Hay un fusilado que vive”. A partir de allí, y sin saber por qué extraña razón, comenzará una búsqueda desenfrenada que lo convertirá en el perseguidor clandestino a lo largo de toda su vida.
Ese fusilado sobreviviente será Juan Carlos Livraga. Escuchará su historia y se conmoverá hasta sentirla propia, hasta sentir sus heridas y su dolor. Transformará su vida y se obsesionará con esa búsqueda irrefrenable.
Los fusilamientos a un grupo de civiles en un descampado en la localidad de José León Suárez, aquella madrugada del 10 de junio de 1956, partido de San Martín, eran los hechos que Livraga le narró en detalle. La joven periodista de 22 años, Enriqueta Muñiz, lo acompañaría en su búsqueda. El Estado y la prensa intentaron mantener en el silencio absoluto los hechos; sin embargo, la investigación y la denuncia de Walsh modificaron los hechos.
Operación Masacre marca el inicio del género no-ficcional, que resulta ser una combinación entre periodismo y literatura. Años después, el estadounidense Truman Capote se llevaría los laureles cuando dio a conocer su obra del mismo género denominada “A sangre fría”.
Sin embargo, la trascendencia del argentino sería notable, teniendo en cuenta su anclaje realista y testimonial. Junto con sus otras dos obras, “El caso Satanowski” y “Quien mató a Rosendo”, inauguró un ciclo de obras testimoniales que señalarían un mojón en la literatura argentina.
El libro Operación Masacre está organizado en tres partes: Las personas, los hechos y las evidencias. En cada una de ellas profundiza en algún aspecto diferente que le dará sustento a su investigación.
En Las personas hace un recorrido por cada uno de los fusilados y los sobrevivientes, contando su vida y su llegada al escenario donde serían detenidos y posteriormente fusilados. Finalmente, en Las evidencias realiza un recorrido por las probatorias de índole legal.
El alzamiento del General Valle
La Revolución del Valle fue el frustrado levantamiento cívico-militar del 9 de junio de 1956 contra el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu, quien había asumido el gobierno de facto el 13 de noviembre de 1955, tras la autodenominada «Revolución Libertadora», que derrocó a Juan Domingo Perón en septiembre del mismo año. Conspiraban para diseñar un movimiento que exigía el cese de la persecución al peronismo, la restitución de la Constitución de 1949 y libertad a los presos políticos.
Los conductores del movimiento eran los generales Valle y Tanco; los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínes, Ricardo Ibazeta y el capitán Jorge Costales, entre otros. En la noche del 9 de junio, el general Juan José Valle encabezó una asonada con focos aislados en Buenos Aires, La Plata y La Pampa.
El intento concluyó al cabo de unas pocas horas. Tres días más tarde, el 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado. La represión costó la vida de más de veinte personas, militares y civiles. Intentaron instalar a las 22.00 una radio clandestina en Avellaneda, pero a las 22.30 un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama solo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.
También quisieron ocupar Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibazeta y Alcibíades Eduardo Cortínes; el Regimiento II de Palermo, por el sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, por el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de La Plata, por Cogorno. Hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe, Rosario (tomaron por varias horas el Regimiento), Rafaela y Viedma. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados.
El grupo de civiles, entre otros, operando en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión, Rodríguez, Troxler, Gavino, Giunta, Díaz, Torres, Livraga y Di Chiano. Es gracias a esto que la policía interviene en esta propiedad, deteniendo a personas que no tenían relación con la Revolución del Valle.
Los Fusilamientos
Es relevante el momento en que la Ley Marcial entra en vigencia debido a que esto ocurrió después de que llevaran detenidas a las personas en la casa de Di Chiano, lo cual implica que estos mismos no violaron dicha ley. Habiendo sido detenidos a las 23.30 del 9 de junio de 1956, la Ley Marcial fue puesta en vigencia a las 0.32 del 10 de junio de 1956. Rodolfo Walsh expresa en su libro: «Prueba todo lo que afirmé en mis artículos de «Mayoría» y en la primera edición de este libro: que se detuvo a un grupo de hombres antes de entrar en vigencia la ley marcial; que no se les instruyó proceso; no se averiguó quiénes eran; no se les dictó sentencia; y se los masacró en un descampado.» (Capítulo 34. El expediente Livraga – Tercera parte del libro) y «A las 24 horas del 9 de junio de 1956, pues, no rige la Ley Marcial en ningún punto del territorio de la Nación. Pero ya ha sido aplicada. Y se aplicará luego a hombres capturados antes de su imperio, y sin que exista —como existió, en Avellaneda— la excusa de haberlos sorprendido con las armas en la mano.» (Capítulo 15. La revolución del Valle – Segunda parte del libro).
La Operación Masacre concluye cuando, habiendo ido a José León Suárez, los uniformados comienzan a fusilar a los detenidos. En el tiroteo mueren Carranza, Garibotti, Rodríguez, Lizaso y Brión. Otros, por su lado, lograron escapar. Después de esto, y no viendo más movimiento en la zona, los policías deciden asegurarse de que los prisioneros estén muertos. Es ahí que piensan que Horacio Di Chiano había muerto en la balacera, cuando en realidad solo estaba fingiendo estar muerto. Parecida fue la suerte de Livraga, que pretendió estar muerto, pero no logra engañar a los policías. Estos deciden dispararle y marcharse (ahora sí, pensando que había fallecido), cuando en realidad Juan Carlos solo resultó herido. Giunta, en el enfrentamiento, logra escapar, al igual que Díaz, Gavino y Benavídez. Troxler, durante el tiroteo, estaba en el vehículo y decide escaparse, lográndolo con éxito.
La confesión de Fernández Suárez
La versión de Fernández Suárez comprueba que los detenidos fueron llevados a la comisaría el 9 de junio de 1956 a las 23 horas, antes de que se ponga en vigencia la Ley Marcial. Por lo tanto, no tenían motivos para detenerlos, ya que no habían infringido la ley. Además, el autor hace referencia a que Fernández Suárez, al declarar que «esa gente estaba por participar en estos actos» (haciendo referencia al levantamiento), no tendría razón para detenerlos, ya que «Estaba. Es decir, no habían participado». A su vez, Fernández Suárez describe que «no tuvieron tiempo de resistirse…» y el autor afirmó: «Porque no tuvieron tiempo, o porque no pensaba hacerlo, lo cierto es que no se resistieron […] Lo importante es que, en base a la propia confesión de Fernández Suárez, queda DEFINITIVAMENTE PROBADO:
- Que el 9 de junio de 1956 detuvo personalmente a un grupo de hombres entre los que estaba Livraga.
- Que la detención de esos hombres se produjo a las 23 horas del 9 de junio, es decir, una hora y media antes de promulgarse la ley marcial.
- Que esos hombres no habían participado en el motín.
- Que esos hombres no opusieron ninguna clase de resistencia al arresto.
- Que a la madrugada esos hombres fueron fusilados, «por orden del Poder Ejecutivo», según Fernández Suárez.» (Capítulo 33. Fernández Suárez confiesa – Tercera parte del libro).
Fernández Suárez, el jefe de la policía que dio la orden de fusilar a los prisioneros, movió influencias para que la causa pasara a la justicia militar. Demás está aclarar que el juez castrense no encontró delitos en el accionar de ningún funcionario policial, menos aún en el jefe de la Fuerza.
«Como la causa se originaría en un pretendido fusilamiento irregular, creo oportuno recordar, en cuanto al procedimiento, que la aplicación de los bandos es en todos los casos verbal (art. 138 del Código de Justicia Militar R. L. M. 2).
De todos modos, frente al escándalo periodístico que, con fines no muy claros, se ha desatado en torno a la cuestión, conviene subrayar que la responsabilidad de las autoridades o de los encargados de la aplicación de un bando, solo puede hacerse efectiva por los tribunales militares y no por los magistrados civiles (art. 136, Código de Justicia Militar).
«Este fallo, al pasar la causa a una titulada justicia militar, igualmente cómplice y facciosa, dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez.» (Capítulo 35. La justicia ciega – Tercera parte del libro).
Justicia ciega
El narrador habla sobre el carácter ciego de la justicia, ya que Fernández Suárez, habiendo cometido un crimen y teniendo las pruebas necesarias, terminó saliendo impune. Y esto debido a que (como dice el relato) fue juzgado por sus propios camaradas, lo cual lleva a pensar que evidentemente no iban a encontrar delito alguno en el jefe de Policía. De esta forma se habla de la «justicia ciega», que actuó con total impunidad, dejando evidente la corrupción a la que estaba sometida.
Se habla de asesinato y no de fusilamiento, debido a que hubiera sido esto último si se juzgara a Livraga y al resto de los detenidos bajo la Ley Marcial. Pero, habiendo sido detenido antes de que esta ley entrara en vigencia, estando regido por el código penal, se lo tiene que juzgar bajo ese mismo código.
Justamente, bajo este mismo código se estaría violando el Art. 18 de la Constitución Nacional, tal cual expresa Walsh en Operación Masacre. «Ésa, pues, es la mancha imborrable, que salpica por igual a un gobierno, a una justicia y a un ejército: Que los detenidos de Florida fueron penados, y con la muerte, y sin juicio, y arrancándolos a los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, y en virtud de una ley posterior al hecho de la causa, y hasta sin hecho y sin causa. No habrá ya malabarismos capaces de borrar la terrible evidencia de que el gobierno de la Revolución Libertadora aplicó retroactivamente, a hombres detenidos el 9 de junio, una ley marcial promulgada el 10 de junio. Y eso no es fusilamiento. Es un asesinato.» (Capítulo 35. La Justicia Ciega – Tercera parte del libro).
El juicio histórico
El capítulo 37 se denomina «Aramburu y el juicio histórico». Este nombre puede interpretarse como el juicio que Aramburu nunca tuvo por los crímenes cometidos en junio de 1956, y que sí tuvo años después. Se podría decir un «juicio popular», ya que fue realizado por la organización guerrillera de Montoneros, no por el Poder Judicial de la Nación, es decir, que carecía de sustento jurídico. Habiéndose ganado el odio de un sector muy poderoso como lo era el peronismo (ya sea por el golpe de Estado al Gral. Perón, los asesinatos de junio de 1956 o como retribución por la desaparición del cadáver embalsamado de Eva Perón), un grupo de izquierda peronista llamado Montoneros decide «hacer el balance de su política», viéndolo, de cierta manera, como una forma de resarcirse a ellos mismos y a la clase política que representaban.
Podríamos decir que este capítulo 37 establece un diálogo con el cuento “Esa mujer”, del mismo autor, que se encuentra en el libro “Los oficios terrestres”, editado en 1965. En esa intertextualidad se refleja la obsesión del perseguidor por hallar el cadáver de la abanderada de los humildes, Eva Perón. Sobre ese cuento ya volveremos en capítulos siguientes.
En la edición de Operación Masacre de 1972, además de las tres partes mencionadas, Las personas, Los hechos y Las evidencias, también se encuentran una serie de textos complementarios que merecen ser analizados por el rigor documental que incorporan a la obra y al perfil ideológico y épico de nuestro Perseguidor Clandestino.
Testimonio
María José Carranza, la nieta de uno de los fusilados hace 70 años, Nicolás Carranza, se expresó de esta manera una vez conocida la sentencia:
María José Carranza: “Hoy fue un gran día para nosotros y nosotras como familiares de los fusilados de Suárez. Es cierto, el juicio tardó en llegar 70 años, pero no deja de ser emocionante. Después de 70 años exigiendo justicia, estar vivos y vivas para escuchar de primera mano y en persona que el Poder Judicial nos dio la razón, que Aramburu, Rojas, Rodríguez Moreno, Quaranta, Desiderio Fernández Suárez y sus secuaces eran burdos ASESINOS comunes. Que no había traidores a la patria, sino servidores y defensores de la Constitución Nacional del 49, la democracia y la justicia social”.
“El reconocimiento por parte del Poder Judicial de que se trata de un crimen de lesa humanidad también nos reconforta, no porque no lo supiéramos, sino porque ahora lo reconoce el propio Estado argentino a través de una SENTENCIA Y UN VEREDICTO HISTÓRICO”.
“Después de años y años de atropello institucional podemos decir que finalmente la verdad se impone, la memoria triunfa sobre el olvido y la justicia no es propiedad de ricos o militares asesinos. Perón decía que «La fuerza es el derecho de las bestias», y a estas bestias por fin las alcanzó el derecho y la justicia”.
“Esto no es el final, es el puntapié para dar lugar al reconocimiento de los que se levantaron contra la dictadura cipaya y perecieron bajo el plomo de los tiranos: Lanús, La Plata, Penitenciaría Nacional, Las Heras, Campo de Mayo, Escuela Mecánica del Ejército, Automóvil Club Argentino y, por supuesto, por las víctimas de los bombardeos en la Plaza de Mayo”.