Argentina atraviesa una crisis profunda de salud mental: las guardias hospitalarias están desbordadas; crecen los casos de suicidio en jóvenes y adolescentes; las familias enfrentan con desesperación el agravamiento de padecimientos mentales de sus seres queridos; y los equipos de salud trabajan con sobrecarga de responsabilidades y una demanda cada vez mayor.
A este escenario se suma la migración masiva de afiliados de obras sociales y prepagas hacia el sector público, impulsada por el aumento de la medicina privada muy por encima de la inflación. Desde la pandemia de COVID-19, los casos de depresión registraron un pico del 25% y aunque luego descendieron, no volvieron a los niveles previos a 2020.
En nuestro país esta crisis adquiere rasgos particulares por el deterioro socioeconómico y de ingresos que atraviesan las familias, junto con el retiro del Estado y el desmantelamiento de políticas públicas que se orientaban a protegerlas.
En este contexto, el Gobierno de Javier Milei ingresó en el Senado el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que también modifica el Código Civil y Comercial y el régimen de controles en establecimientos de salud mental.
La directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la cartera sanitaria, Liliana González, -también actual titular de la clínica privada de salud mental “Dharma”- fundamentó las modificaciones a la Ley en la primera presentación pública del proyecto realizado el 23 de abril en el Congreso Argentino de Psiquiatría y planteó que la actual normativa “no funciona adecuadamente sobre todo para el abordaje de los trastornos severos”.
González destacó la necesidad de “un cambio para acceder al tratamiento adecuado y oportuno y evitar homicidios, suicidios y agresiones severas por no tener el acceso debido a los tratamientos”.
Sus declaraciones se produjeron en la misma semana en que el gobierno nacional confirmó el desmantelamiento del programa Remediar que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales -que incluían fármacos de salud mental-, y que pasó de cubrir 79 medicamentos en el mes de abril, a 16 en julio y que se reducirá a apenas 3 medicamentos a partir de septiembre, ratificando la eliminación brutal de la cobertura a la población sin obra social.
Del modelo de atención comunitario a un enfoque patologizante de la salud mental
La actual Ley 26.657 fue sancionada en 2010 y tuvo como paradigma la sustitución progresiva del modelo manicomial por servicios de atención que promuevan la inclusión social y eviten el aislamiento de las personas.
Es decir, la ley actual constituyó un hito de gran relevancia en el camino hacia la transformación de la atención en salud mental, al instituir un movimiento de cierre de manicomios y hospitales psiquiátricos, que implica al mismo tiempo, un movimiento de apertura de dispositivos comunitarios de atención, como dos caras de la misma moneda.
En diálogo con Revista Zoom, el director de la Especialización en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, Alejandro Wilner, analizó los principales puntos de reforma y señaló que “el proyecto está influido por la corporación psiquiátrica, y que son fundamentalmente los que tienen que ver con la prestación especializada en salud mental, o sea, los que tienen que ver con los hospitales y las clínicas monovalentes”.
“La Ley 26.657 parte de una perspectiva de derechos y promueve los derechos de las personas con problemas de salud mental o padecimientos psíquicos. En cambio, este proyecto lo que hace es enfocar mucho más hacia el abordaje clínico de las personas y corre la perspectiva de derechos. Entonces, lo que hace es priorizar la figura del psiquiatra, la actual normativa lo que prioriza son los equipos interdisciplinarios”, explicó Wilner.
La propuesta del Ejecutivo nacional elimina la prohibición de la creación de nuevos manicomios o instituciones de internación monovalentes y su sustitución por dispositivos alternativos. En este sentido, el médico y docente indicó que “para el ejecutivo el neuropsiquiátrico no solo es una figura más de la red prestacional sino que plantean que es la figura de mayor complejidad”, algo que, según señaló, no se verifica históricamente y “no tienen mayor complejidad que otros hospitales”.
“Lo que sí tenés en el hospital monovalente es una estructura que lo que hace es privar de la libertad a los usuarios y las usuarias y la evidencia internacional demuestra que se prolongan mucho más las internaciones en este tipo de instituciones”, destacó.
En este sentido, el primer -y único- Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado en 2019, registró un total de 12.035 personas censadas y un tiempo promedio de internación en instituciones neuropsiquiátricas de 8 años. Además, el censo relevó que:
· El 53% de las personas llevaba 2 años o más internada.
· El 25% llevaba 11 años o más.
· El tiempo máximo de internación registrado fue de 90 años.
Una reforma sin presupuesto ni perspectiva federal
Por otra parte, el proyecto fue presentado de manera inconsulta ante las provincias. Como consecuencia, 15 de ellas firmaron una carta de rechazo a la iniciativa por carecer de rigurosidad científica y epidemiológica, además de desconocer la realidad del territorio nacional.
En este sentido, indicaron que en la modificación del texto de la ley actual se eliminan la cooperación técnica, económica y financiera del Estado nacional hacia las provincias para la implementación de la normativa, con lo cual señalaron el corrimiento de las responsabilidades presupuestarias del ejecutivo nacional para con las políticas de salud mental a lo largo del territorio argentino.
El artículo 32 de la Ley 26.657 obliga al Estado a destinar, como mínimo, el 10% del gasto total de salud a salud mental. Si bien este artículo no fue eliminado de la propuesta del gobierno mileísta, de acuerdo al análisis presupuestario realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recortes respecto de los recursos presupuestarios de 2023 alcanzaron el 32,63%.
De esta manera, la ACIJ señaló que la inversión proyectada para 2026 sería del 1,42% del gasto total en salud, una cifra que cae desde el 2,66% asignado en 2023.
En este marco, el coordinador provincial de Salud Mental Comunitaria y Consumos problemáticos de Río Negro, Darío Cabrera, le dijo a Revista Zoom que “una de las mayores diferencias con el gobierno nacional, es que está desfinanciando todo lo que tenga que ver con salud mental y con el paradigma de la salud mental comunitaria, no solo desfinanciando económicamente, lo está vaciando ideológicamente. Esto de generar que las residencias sean lineales y no comunitarias, no inter y transdisciplinarias, ni hablar de que desfinancian el (programa) Remediar”.
La provincia de Río Negro ocupa un lugar central en la historia de la salud mental de la Argentina, al haber sido pionera en la construcción de un modelo de atención comunitario y de derechos humanos y al haber sancionado la primera Ley Provincial (N° 2440) de desmanicomialización en Latinoamérica. Actualmente la provincia cuenta con 36 hospitales generales, cada uno de los cuales cuenta con servicios de salud mental comunitaria.
“El mayor de los conflictos acá es esta idea de que no se puede internar por la ley nacional y eso es una mentira que instaló alguien en los medios y los medios replican. Existe la internación involuntaria y se puede internar. Lo que no se puede hacer es dejar a alguien internado para siempre. Este es el eje de la cuestión. O sea, internar, sí, internamos, ¿por cuánto tiempo?”, analizó Cabrera.
En este marco, puntualizó que “tenemos una demanda en las prestaciones de salud mental que ha aumentado casi el 80%, que ya vienen aumentadas por la situación social, ahora se suma la situación laboral de las personas. La gente que antes tenía una prepaga, ya no puede pagarla y se pasa al sistema público de salud”.
Otro de los puntos del proyecto de modificación de la Ley 26.657, plantea que la constitución de los equipos interdisciplinarios, la autorización de internación voluntaria o involuntaria y la realización de las visitas de inspección por los organismos de control, dependan de la existencia de médicos especialistas en psiquiatría.
Sobre esta línea, Cabrera advirtió sobre el desconocimiento del territorio por parte de las autoridades nacionales y señaló que en Río Negro “hay 28 psiquiatras en todo el sistema público de salud”, con lo cual, así planteada, la iniciativa “no estaría funcionando: hay una zona completa que se llama Línea Sur, que va desde la ciudad de Valcheta hasta la ciudad de Bariloche, por la ruta 23, que no tiene un solo efector psiquiatra en toda la zona. O sea, estamos hablando de 7 u 8 hospitales que no tienen un referente psiquiatra para generar esta cuestión de que sí o sí tiene que haber un médico psiquiatra para la internación”.