El gobierno de Tucumán atraviesa un momento incómodo. El 24 de febrero el diario La Nación publicó un artículo titulado “Denuncian un desfalco multimillonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca durante las últimas elecciones”, una nota que fue rápidamente replicada por diversos medios nacionales y provinciales.
El artículo, escrito por Federico Fernández del Solar, menciona que en la Banda del Río Salí, ciudad tucumana, se habrían extraído más de 17.000 millones de pesos sin justificación. Esta situación habría encendido las alarmas en el Banco Macro, que, en cumplimiento de la normativa antilavado, informó a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ocho días antes, el mismo periodista había publicado otra nota que hacía referencia al Informe de Gestión 2024 de la UIF, divulgado el 31 de diciembre de 2024. Dentro de sus 186 páginas se menciona un caso relevante en el apartado «Caso trascendente de la Subdirección Estratégica», que detalla “extracciones de efectivo sin justificación económica” y «depósitos en efectivo en cuentas de empleados públicos provinciales realizados de manera injustificada». Se señala, además, que estos movimientos ocurrieron en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2023.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió a la controversia en una conferencia de prensa en la que cuestionó la difusión del informe de la UIF. Destacó que el documento publicado en diciembre, que ya circulaba en oficinas y bares, no menciona explícitamente a ninguna ciudad ni provincia, a diferencia del artículo de La Nación, que sí nombra a Tucumán, Salta y Catamarca.
Jaldo también criticó que ninguna autoridad nacional notificó oficialmente a su gobierno sobre la investigación y sugirió que la filtración del informe podría tener motivaciones políticas. En su análisis, destacó que las provincias mencionadas son conocidas por mantener un diálogo abierto con el gobierno nacional, lo que alimenta la sospecha de que este artículo publicado por el diario La Nación sea un intento de presión o represalia enmarcado en la disputa con el gobierno nacional y sus aliados.
Sin embargo, el trasfondo de esta acusación no puede leerse de manera aislada. La relación entre la difusión del informe y la disputa de poder que atraviesa el gobierno nacional con los grandes grupos mediáticos y económicos agrega otra capa de complejidad a la situación. La estrategia de exponer supuestos casos de corrupción en provincias que mantienen acuerdos con Nación no es nueva en la historia política argentina: durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, las acusaciones de irregularidades en el manejo de fondos provinciales fueron recurrentes en la agenda de los medios opositores. Lo mismo ocurrió durante el macrismo, cuando denuncias de desvío de fondos golpearon a distritos ligados al peronismo. ¿Un conflicto de poder más allá de la denuncia?
Esto significa que el escándalo debe analizarse no sólo en términos de legalidad, sino también en función de los intereses políticos y mediáticos en juego. ¿Es posible que estas denuncias sean un anticipo de futuras disputas electorales? ¿Se está preparando el terreno para condicionar a los gobiernos provinciales en la negociación de recursos?
El contexto político en el que surge este escándalo no es menor. El gobierno nacional mantiene una disputa abierta con el diario La Nación, que se ha intensificado en las últimas semanas con la publicación completa de la entrevista del presidente con Jonatan Viale en La Nación Más sin edición y con la intervención de Santiago Caputo tras el escándalo de Libra y la estafa que ello conllevó. Un gesto que sugiere que el multimedio argentino ya no busca proteger al gobierno libertario, sino que, incluso, podría estar intensificando su ofensiva.
En este marco se sumó un nuevo conflicto, la reciente compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, lo que llevó al oficialismo a anunciar una investigación sobre la operación. Pero en este conflicto podría haber un nuevo actor en juego: Elon Musk. La cercanía del magnate al gobierno de Javier Milei, su alianza con Donald Trump y la introducción de Starlink en Argentina podrían representar una amenaza para el oligopolio de Clarín. Musk podría convertirse en un aliado estratégico del gobierno nacional en su disputa con el grupo mediático más poderoso del país.
¿Por qué la supuesta filtración del informe de la UIF se da justo en este momento? ¿Qué otros actores podrían estar detrás de esta jugada? En este entramado de intereses, otros hechos recientes, como la cancelación de las PASO y la implementación de la ley de ficha limpia, parecen piezas de un rompecabezas aún más complejo. Así, los movimientos financieros irregulares denunciados en Tucumán se conectan con una disputa de poder mucho mayor, en la que los medios, el gobierno nacional y actores internacionales como Musk configuran una red de intereses que va más allá de la política provincial. Entender estos hechos como parte de un entramado más amplio permite ver la política como un juego de fuerzas donde cada movimiento responde a intereses que van más allá de lo evidente.
En Argentina, los escándalos de corrupción han sido utilizados históricamente como herramientas de presión y desgaste político. ¿Significa esto que no hay irregularidades? No. Significa que, además de preguntarnos qué ocurrió en la Banda del Río Salí, también debemos preguntarnos por qué y para qué surge esta denuncia en este momento. Si sostenemos que la corrupción es estructural al sistema, o que las instituciones en Latinoamérica son corruptas, la situación en la Banda del Río Salí no sería sorpresa. Ahora bien, ¿en CABA esto no sucede? ¿Por qué se hizo particular hincapié en Tucumán, Salta y Catamarca?
Si bien aún no hay certezas, la red de intereses entrecruzados sugiere que la política y el poder económico siguen tejiendo, una vez más, una telaraña difícil de desentrañar. No se trata solo de un escándalo provincial ni de una disputa mediática aislada. Se trata de cómo se construye el relato político en Argentina y la necesidad de mayor transparencia, no solo en los actos de gobierno, sino también en la manera en que se comunican y se instrumentalizan las denuncias.
