Esta nota se inscribe en un convenio de colaboración entre Revista Zoom y el Programa de Investigación sobre el Comportamiento de Actores Sociopolíticos (PICAS)
Beatriz se enteró de que podía acceder a la moratoria previsional cuando fue a ANSES para hacer un trámite para su madre. “No lo podía creer”, dice, mientras se toma un mate y sonríe al recordar ese momento. Ella estaba convencida de que ya no iba a poder jubilarse, porque al llegar a los sesenta, sólo contaba con seis años de aportes de una vez que había trabajado en una despensa. Actualmente tiene 67 años, y una mercería-regalería que administra junto a sus hijas mayores cerca de la estación de tren. Sentada en el comedor de la casa que comparte con su marido –también jubilado—, y dos de sus hijes, habla con nostalgia y orgullo de la multiplicidad de trabajos que realizó a lo largo de su vida. Sus otras dos hijas y cuatro nietes, viven en la casa contigua en un barrio del tercer cordón del conurbano bonaerense.
Comenzó a trabajar a los ocho años para ayudar a su familia y contar con algo de dinero propio, vendía pan y queso caseros. Después trabajó empaquetando figuritas con su abuela, haciendo ropa para muñecas, y cepillos. Cuenta que pudo hacer hasta séptimo grado, pero que lo completó recién a los dieciséis. De grande trabajó como empleada de servicio doméstico en distintas casas y también en talleres de costura, donde aprendió a usar máquinas industriales. Más tarde compró varias máquinas, empezó a realizar trabajos desde su casa, y en un momento en el que su marido se quedó sin trabajo, le enseñó a coser para que la ayude con los pedidos que tenía que cubrir. En ese entonces, trabajaban entre 12 y 14 horas por día, de lunes a viernes, para dejar libres los sábados y domingos para limpiar, descansar, y dedicarse a sus hijas. Cuando sus hijes más chiques empezaron a ir a la escuela y las más grandes tuvieron sus propios trabajos, su marido consiguió un trabajo formal, y ella aprendió a bordar y a hacer telares. Confeccionaba mantas, pies de cama, ruanas, bufandas y bolsos que iba a vender a la plaza. Hace poco tiempo aprendió a tejer a crochet y aplica todos esos conocimientos al negocio que tiene actualmente. Más allá de la necesidad de generar ingresos, dice que no quiere quedarse quieta, que mientras pueda levantar un dedo va a hacer artesanías.
El relato de Beatriz no es una historia más, es una historia que se repite por millones de mujeres de sectores populares que se jubilaron a través de la moratoria previsional desde que se implementó por primera vez en el 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Las trayectorias laborales de gran parte de quienes se jubilaron (y se jubilan) con la moratoria no son fáciles de reconstruir. Están atravesadas por lo que Marcela Cerrutti define como “intermitencia laboral”, que refiere a las entradas y salidas del mercado de trabajo, a veces en períodos muy cortos de tiempo. Esta “intermitencia” se caracteriza por un eventual ingreso al mercado laboral formal por un tiempo hasta que se casan, quedan embarazadas, o tienen que dedicarse al cuidado de sus hijes. Todas estas circunstancias las llevan a renunciar a sus trabajos (y, en consecuencia, a los beneficios que ellos suponen), y a emplearse de forma casi ininterrumpida en una diversidad de actividades remuneradas marcadas por la informalidad. En estos casos, resulta fundamental la cuestión de la negociación del reparto de las tareas al interior de los hogares, donde se hace sentir el peso de la decisión de los maridos que quieren que sean amas de casa y de las que consideran que el cuidado es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.
Además de que la división sexual del trabajo –como ya se desarrolló en la nota de Mariela Rodríguez[1] en esta misma revista—, condiciona las posibilidades laborales de las mujeres (por estar a cargo de cuidar de sus hijes, y cargar con el mayor peso de las tareas domésticas de sus propios hogares, las dificultades, y la imposibilidad de reingresar al mercado laboral formal), la desigualdad de clase también es otro condicionante, que se manifiesta no sólo en la cuestión de poder pagar o no un servicio de cuidado de los hijes, sino también, en el bajo nivel de estudios alcanzado por las mujeres de sectores populares que restringe fuertemente el acceso a trabajos formales, donde las puertas están completamente cerradas.
Con la primera moratoria previsional se aumentó la cobertura, lo que habilitó que más de dos millones de personas con la edad requerida para jubilarse (60 para las mujeres, y 65 para los hombres), pero que no contaban con los treinta años de aportes –que exige la jubilación ordinaria—, accedieran a este derecho. Como condición de acceso se les realiza un descuento mensual que compensa los años que no aportaron y varía de acuerdo a cada caso. Para fines de 2006, el 90% de las personas que se jubilaron a través de este plan de pago fueron mujeres, por esta razón la medida comenzó a nombrarse como “jubilación de las amas de casa”. Por otro lado, Claudia Danani y Alejandra Beccaria señalan que desde el 2006, en los sectores más pobres de la población, los ingresos jubilatorios comenzaron a tener cada vez más peso.
Así la jubilación mínima, en los hogares de quienes accedieron a la moratoria, constituye un ingreso estable y seguro mensualmente, algo que en algunos casos resulta novedoso respecto a sus experiencias laborales. Considerando el monto, la jubilación no sólo es un derecho, representa para ellas una ayuda, con la que pueden cubrir algunos gastos fijos como medicamentos, pagar impuestos, o comprar algo que se necesite para la casa. Durante la pandemia, para algunas de estas familias, la jubilación se convirtió prácticamente en el único ingreso, al no poder trabajar por ser parte del grupo de riesgo y dedicarse a actividades que necesariamente requieren el contacto con otres, como la venta de productos por catálogo o el servicio doméstico.
María Sol Torres Minoldo considera que los sistemas previsionales contributivos, como el nuestro, son incompatibles con la idea de equidad, ya que, si bien el sistema de reparto es “solidario” entre distintas generaciones, en tanto y en cuanto les trabajadores formales financian los ingresos de les jubilades, asigna distinto nivel de protección según los ingresos que hayan percibido las personas a lo largo de sus trayectorias laborales. De la misma manera, la jubilación es un derecho que está atado a las posibilidades de haber sido un trabajador formal durante al menos 30 años, por lo que todas las desigualdades e injusticias sufridas durante la vida laboral tendrán su correlato en la vejez. Así, no sólo se limita el acceso a este derecho sino también el monto del ingreso que se percibirá a partir de ese momento, y, en consecuencia, la posibilidad real de elegir el retiro del mercado laboral.
En un país donde al menos el 30% de la población activa trabaja de manera informal no sorprende que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en edad de jubilarse no alcancen a cumplir con la cantidad de años de aportes requeridos. En el marco de la discusión del proyecto de Plan de Pagos de Deuda Previsional que se aprobó el pasado 28 de febrero, en la Cámara de Diputados, se reiteró en varias ocasiones que la situación estructural del mercado laboral y el hecho de que la jubilación esté condicionada por el acceso al empleo formal es un problema cuya discusión está presente pero aún no se presentan alternativas por fuera de la moratoria, que en palabras de varies diputades, es sólo “un parche”. El tema está en agenda y mueve diversas pasiones cada vez que se plantea una nueva medida o, como sucede en estos días de coyuntura electoral, cuando se discute la flexibilización de ciertos derechos ya adquiridos.
Con la moratoria el acceso se traduce en un reconocimiento de una trayectoria (informal) y del trabajo de cuidado que recae sobre las mujeres y feminidades. No obstante, al mismo tiempo, esta política termina perpetuando las desigualdades ya presentes en el mercado laboral, como las brechas en los ingresos, además de reforzar el aspecto contributivo al plantear un plan de pagos para compensar los aportes que se adeudan. En el marco de estas ambigüedades queda latente la pregunta sobre quiénes tienen realmente la posibilidad de retirarse del mercado laboral al jubilarse, cuando muches de les que trabajaron (de forma remunerada y no remunerada) desde edades muy tempranas, y durante más de 30 años, cobran una jubilación que en junio de este año alcanzó los $70.938 en bruto. Discutir el sistema previsional implica repensar el estado del mercado de trabajo y la organización social del cuidado, desde una perspectiva necesariamente interseccional.
[1] https://revistazoom.com.ar/el-trabajo-invisible-de-las-mujeres/
