Los mentirosos seriales del periodismo local hace tiempo dejaron la obligatoria ética de la profesión, que indica que es un derecho de los pueblos el ser informados verazmente. Principio violentado hasta el extremo por operadores de la guerra psicológica, más conocida como “guerra sucia”, aplicación típicamente imperial y colonial que lleva inevitablemente al “terrorismo mediático” de estos tiempos.
Los sucesos de estos días en nuestro país debieran ser manejados responsablemente por el periodismo no contaminado, aunque lamentablemente una parte ha decidido enfrentarse a Al Capone -símbolo de la mafia en Estados Unidos-, encarnado aquí por un periodismo que juega sucio, poniéndose a la defensiva y casi de rodillas ante un enemigo sin ningún escrúpulo.
La mayor sorpresa en estas horas tan difíciles es, sin duda, la falta de comunicación oficial sobre la necesaria y protocolar aplicación de la vacuna anti covid 19 a personal estratégico del Estado, ya sea de la cancillería argentina o de los ministerios más activos como el de Economía, que deben viajar al exterior o incluso por todo el país para resolver la dramática situación de Argentina, que, a fines de 2019, fue dejada en cesación de pagos de la deuda externa -más conocido como «default» en el lenguaje técnico-. Situación de más agravada por las consecuencias mundiales y locales del coronavirus.
Precisamente, la prioridad del Frente de Todos al comenzar el año 2020 fue avanzar sobre la pobreza y la indigencia (que llegaban a más del 40 por ciento de la población), resolver el desempleo masivo, el aislamiento del país o los desfalcos bancarios causados por la fuga de millones de dólares -dentro de los cuales se incluye hasta el último préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanzó a los esfumados 44 mil millones de dólares-. Una grave crisis, que muchos pretenden olvidar.
Sólo a menos de tres meses, se debió comenzar a avanzar sobre una pandemia doble: por un lado, la pandemia del virus; por otro, la pandemia generada en sólo cuatro años de gobierno de la derechista alianza Cambiemos, que entre otros graves daños dejó destruido el sistema de salud pública, con hospitales desmantelados o cerrados y millones de vacunas que debieron aplicarse en su momento contra el sarampión, pero que dejaron caducar.
Estamos ahora en 2021, año en que este gobierno debe emerger del subsuelo, a pesar de la campaña de los medios de comunicación afines a los proyectos imperiales de recolonización de nuestra América Latina, que alentaron las marchas negando la pandemia y convalidando las denuncias sobre el intento oficial de “envenenamiento” de la población con la vacuna “rusa”. Denuncias que impactaron en parte de la sociedad -manejada por la manipulación informativa- y que el gobierno debió enfrentar, no sin dejar de manejar la primera oleada pandémica con reconocimiento internacional. Fruto de ese mérito fue la negociación de las vacunas necesarias para afrontar de fondo la situación, cuando aún se estaba en pruebas de laboratorio.
La campaña de guerra mediática contra las medidas protocolares exigidas por las circunstancias y luego contra la vacuna -que sólo un canalla podría “ideologizar” como “la vacuna comunista”- se extendió por todo el país, de la mano del monopolio mediático ilegal que existe en nuestro territorio.
Es necesario investigar por qué apareció en estos momentos precisamente el caso de lo que llamó la oposición derechista “vacunatorio VIP”, maniobra obviamente incorrecta e inadmisible. El grave error del Gobierno es no haber explicado públicamente que todo funcionario con cargo de decisión estratégica y que está en la primera línea de riesgo sanitario debe ser obligatoriamente vacunado, así como es prioridad el personal sanitario, de seguridad, entre otros que están seriamente expuestos. Esto es protocolo en todos los países del mundo donde, por razones estratégicas, figuran como prioritarios funcionarios gubernamentales.
La vacuna llegó en el momento justo de una segunda oleada de contagios, gracias a la negociación realizada con antelación por el Gobierno nacional.
Podría argumentarse, incluso, que los funcionarios que viajan al exterior no sólo corren riesgo al viajar, sino que además ponen en riesgo a toda la población a su regreso. Vacunar al personal estratégico sería una función lógica de los gobiernos desde esa perspectiva.
Pero lo que resulta increíble es la posición defensiva y vacilante que adopta un sector del periodismo, ante aquellos que conformaron asociaciones ilícitas integradas por medios de comunicación, estructuras judiciales, agentes de seguridad -locales y extranjeros- y políticos de la oposición que hasta diciembre de 2019 estaban al frente de un gobierno que cometió graves delitos al amparo de un sector del Poder Judicial obediente de los lineamientos marcados por la potencia imperial.
Desde hace tiempo, la guerra psicológica de Cuarta Generación ha llevado a destruir, desacreditar y matar moralmente a muchos ex funcionarios y dirigentes políticos, acusados falsamente como parte de ese mismo plan que requiere de la instalación de gobiernos propios.
Ante esto, más de un periodista debería preguntarse si, al violar las normas y la ética de la comunicación e información, no es cómplice directo de las consecuencias letales que tienen esta clase de operaciones a lo largo de la región. Y más aún, si no son partícipes necesarios de los crímenes de un imperio decadente que acude a las más descarnadas formas de violencia contra nuestros países, marco en el cual el episodio “vacunatorio vip” es el más reciente de un largo historial.
Asombra que el periodismo no contaminado no pueda analizar y reflexionar, informando correcta y debidamente a la población para que pueda enfrentar la manipulación, a la vez de responder a personajes que se encuadran en las entrañas de un poder mafioso, sin rendirse fácilmente ante la hipocresía de una dirigencia política que ha violado todas las normas legales, perdiendo el camino hacia la equidad, la verdad y la justicia.
