El 9 de junio de 2005, ante la renuncia del primer mandatario Carlos Mesa Gisbert, juró la presidencia de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé, quien siete meses después entregó el mando al presidente electo Evo Morales, comenzando así un ciclo de transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales inéditas en el país del altiplano. Uno de los ejes del proceso de cambio boliviano ha sido la reivindicación marítima en el plano internacional por el despojo de 400 kilómetros lineales de costa y más de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio a expensas de Chile, que le cerró la salida al Pacífico a partir de las últimas décadas del siglo XIX, con consecuencias tanto en lo económico como de enclaustramiento militar y geopolítico.
Lo que la historia oficial encubrió durante interminables décadas es que la invasión, sólo en parte causal de la Guerra del Pacífico que también involucró a Perú, estuvo tutelada por el imperialismo británico con la acción directa -en el caso chileno- y por omisión -en el caso boliviano- de las oligarquías de las jóvenes repúblicas sudamericanas, con el fin de quedarse con las riquezas de las minas de plata, nitrato y salitre de Antofagasta. Pero a su vez, esa narrativa puesta en práctica, encasilló a los gobiernos y sucesivos modelos de Estado boliviano a una sujeción naturalizada al orden establecido a la fuerza, con su correlato de dependencia y subdesarrollo, pese a una vasta historia de resistencia y lucha por el litoral perdido, lucha que finalmente vino a recuperar y profundizar el movimiento liderado por Evo Morales.
Garante de una causa histórica
Abogado, consultor, docente universitario y también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé fue designado en 2013 para conducir la estrategia por el reclamo marítimo que llegó a La Haya luego de que fracasara el diálogo entre los dos países. En marzo de este año la demanda alcanzó su instancia cúlmine con los alegatos de ambas delegaciones, en simultáneo al imponente “banderazo” de casi 200 kilómetros de extensión que, gestado por Estado, pueblo y organizaciones, constituyó un hito simbólico a los ojos del mundo. En aquél 2013, el respaldo de Evo Morales, al destacarlo por su trayectoria y por haberse hecho cargo del país en un momento “muy crítico”, fue clarividente: “La presencia del doctor es una garantía jurídica, una garantía en esta demanda ante los tribunales internacionales y por eso todo nuestro apoyo».
Cinco años de un consolidado trabajo en las lides internacionales para sostener el litigio terminaron por confirmar, durante los alegatos, la estratégica visión presidencial. Analistas locales y de distintas partes del mundo resaltaron la solvencia con que desplegó sus argumentos históricos y jurídicos la delegación boliviana, con abogadas y abogados internacionalistas encabezados por Rodríguez Veltzé. Incluso se habla de “victoria moral y jurídica”. En contrapartida, y con una retórica plagada de adjetivaciones, la delegación chilena tuvo que admitir que en distintos períodos históricos existieron diálogos de buena voluntad entre ambos países, pese a lo cual insistió en negar sus efectos jurídicos, algo que desmienten incluso referentes intelectuales y dirigentes sociales de Chile, así como amplios sectores de su población.
-¿Qué evaluación hace de los recientes alegatos y qué postura debería seguir la CIJ?
-La última actuación de los Estados fue la presentación de sus alegatos orales. Durante dos semanas las dos partes presentaron la síntesis de sus pretensiones y posturas históricas y jurídicas. La evaluación final en el contexto del proceso, que además comprende dos rondas de memorias escritas voluminosas, corresponderá a la Corte en su próxima decisión de la causa. En cualquier caso, Bolivia pudo presentar ante la Corte una relación muy precisa de los alcances de su demanda, tanto de los antecedentes históricos que fundan la obligación de Chile de negociar con Bolivia, de manera efectiva y de buena fe un acceso soberano al Océano Pacífico, cuanto de los fundamentos jurídicos y precedentes que sostienen su demanda.
-¿Cómo surge y se desarrolla el conflicto a lo largo del tiempo?
-La causa marítima boliviana tiene sus orígenes en la invasión chilena a su provincia del Litoral en 1879 y posteriores acontecimientos a través de los cuales Chile reconoció la necesidad de encontrar una salida propia y soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Ya en 1895 acordó la transferencia de territorios costeros y posteriormente, en una sucesión de actos unilaterales, práctica diplomática y compromisos formales, mantuvo la obligación de negociar con Bolivia alternativas posibles para salvar su enclaustramiento. Si bien ambos países suscribieron en 1904 un Tratado de Paz y Amistad por el cual Bolivia cedió los territorios ocupados a cambio de compensaciones económicas y el derecho al libre tránsito “comercial “, el reclamo boliviano y la disposición chilena subsistieron al margen de este acuerdo. Así lo reconocieron los organismos internacionales como la OEA, que significó la importancia hemisférica de una solución acordada para lograr un acceso soberano al Pacífico para Bolivia. Importantes aproximaciones se produjeron prácticamente en cada década desde entonces, siendo destacables el intercambio de notas para abrir negociaciones en 1950, la oferta chilena de un corredor luego de los acuerdos de Charaña en 1976, o finalmente la Agenda de los 13 puntos en 2006. La acumulación de antecedentes revela el carácter jurídico vinculante de la obligación de Chile de negociar y concluir una solución que provea a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Esta obligación es la que se constituye en el reclamo puntual ante la Corte Internacional de Justicia en la demanda presentada en 2013.
El estratega y sus frentes
Sin quitar consistencia a la escalonada y elaborada planificación diplomática con su apoyatura técnica y jurídica, se considera a Evo Morales “el gran estratega” que impulsó la demanda, así como su visibilización a nivel local e internacional. Para ello ha debido sobreponerse a sectores de la oposición política interna, que en algunos casos han llegado a jugar en contra de los intereses plurinacionales bajo la excusa de que el reclamo dividiría al país y que Chile -sea con los gobiernos de Bachellet o de Piñera- “está mejor visto” en el mundo. A su vez, el cambio de chip ha tenido que practicarse también en el plano simbólico, dado el peso que aún tienen esas conciencias colonizadas en el mensaje que se refleja a través de los medios de comunicación hegemónicos. De lo contrario, según analizó un especialista en Derecho Internacional, “de no programar una estrategia de difusión de la demanda marítima a escala global, reforzándola con actividades desde el propio país, el mundo jamás se hubiera enterado de la injusticia por la que fue sometido durante más de un siglo todo el pueblo boliviano que nació a la vida independiente con mar”.
-Embajador, ¿cuáles son las claves de la estrategia boliviana durante el gobierno de Morales?
-El mayor acierto a destacar en el centenario reclamo boliviano ha sido lograr que la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano de justicia del sistema de las Naciones Unidas, reconozca la existencia de la disputa entre Bolivia y Chile y afirme su competencia para conocer y resolver la demanda en los términos planteados por Bolivia. La decisión de la Corte de rechazar la Objeción Preliminar presentada por Chile para rechazar la jurisdicción del Tribunal, bajo el pretexto de que la disputa entre los Estados ya fue resuelta por el Tratado de 1904, revela la subsistencia de una diferencia que puede ser objeto de su competencia y ser resuelta bajo las normas del derecho internacional aplicable. Es importante destacar que se trata de una iniciativa política del Presidente Evo Morales y su gobierno la que dio el impulso decisivo para presentar esta aplicación en un ámbito que está llamado precisamente para resolver de manera pacífica aquellos conflictos que anteriormente sólo se resolvían con la intervención bélica o la fuerza de las potencias ocupantes. La demanda boliviana pone a prueba los alcances del derecho internacional, no sólo aquellos que derivan de las obligaciones específicas emergentes de los acuerdos intentados, sobre todo de la obligación general que tienen los Estados de resolver a través de medios pacíficos, como la negociación, sus diferencias. La causa boliviana tiene relevancia a nivel de la comunidad internacional que todavía, y en varias latitudes, sostiene conflictos que también deben merecer soluciones pacíficas y concertadas.
Un mejor horizonte de cara al mar
El mapa político de la región y del mundo ha girado vertiginosamente a la derecha desde 2013, cuando Bolivia planteó la demanda internacional, y más aún desde 2006, cuando Morales asumió el poder, se constituyó el Estado Plurinacional como fundamento de un nuevo modelo económico y cultural, y se retomó con ímpetu lo que se creía imposible, la lucha por la salida al Pacífico. Ahora la CIJ debe fallar para que los Estados retomen un diálogo verdadero y viable. Se sabe que los tiempos de la justicia son poco sensibles a las necesidades y reclamos de las sociedades, más no son ajenos a los condicionamientos del poder político y económico, independientemente del probado prestigio de los tribunales internacionales. Entonces cabe preguntarse qué intereses afectaría a futuro un fallo que obligue a Chile a generar las condiciones necesarias para devolver lo que a Bolivia le corresponde.
Y esto porque geopolítica y económicamente, la salida soberana al mar, favorecería la integración regional, uniendo el Atlántico con el Pacífico a través del “corazón de Sudámerica” mediante el Corredor Bioceánico y ampliando los puentes entre la Amazonia y Los Andes. Esta reconfiguración conlleva consecuencias vitales para los pueblos de la región, pese al colapso de la UNASUR, en detrimento de los planes diseñados por Estados Unidos a partir del advenimiento de la “Era Trump” con su nuevo afán de dominio imperial. La reivindicación se trata, en suma, de un amplio objetivo político emancipador, que impulsaría aún más el crecimiento y la sostenibilidad del modelo económico social comunitario frente al modelo neoliberal. De allí la última pregunta:
-¿Qué expectativas hay sobre el inminente fallo y cuáles son los pasos a seguir?
-Bolivia ha expresado su respeto por la independencia y capacidad de la Corte Internacional de Justicia y espera con serenidad un resultado favorable a su demanda. La causa marítima boliviana no sólo concierne a dos Estados, compromete a sus vecinos, a la región y a toda la comunidad internacional. Su solución contribuirá a superar heridas entre pueblos hermanos, complementarios y cuyas capacidades y oportunidades de desarrollo a través de la integración son infinitamente mayores a sostener un sordo conflicto durante décadas. Ambos países pueden avanzar en escenarios de aproximación diplomática aun anteriores al fallo, así lo ha expresado el presidente Morales, cuya disposición de apertura y diálogo compromete una relación de vecindad más fraterna y productiva, sin ganadores ni vencidos.
