Marcelo Sain es doctor en Ciencias Sociales y profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Especialista en seguridad, fue viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2003, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde su creación en 2005 hasta 2009 y director de la Escuela Nacional de Inteligencia en 2011, además de diputado provincial y autor de El Leviatán azul: policía y política en la Argentina y La Casa que no cesa. Infortunios y desafíos en el proceso de reforma de la ex SIDE, entre otros títulos. En esta entrevista con Zoom, crítica la política de seguridad llevada adelante por la gobernadora María Eugenia Vidal y rechaza la idea de que las presuntas exoneraciones o el reciente anuncio de un civil a cargo del control administrativo se trate de un intento de reforma de la Policía Bonaerense. “Al contrario, están agrandando el sistema policial tal cual hoy está estructurado”. Para Saín, las actuales políticas sociales y económicas del gobierno de Cambiemos “conducen, de manera indirecta, a un aumento estrepitoso del delito” y considera que es una “barbaridad” el envío de fuerzas federales al conurbano, aunque alerta que fue el kichnerismo el que abrió “la puerta a los demonios de la participación militar en asuntos de seguridad interior”. En ese sentido, asegura que, tanto a nivel provincial como nacional, no ve grandes rupturas entre el actual y el anterior gobierno. “En lo que es el efecto institucional de la conducción política, no veo mucha diferencia entre Aníbal Fernández y Patricia Bullrich”, afirma.
La gobernadora Vidal asegura estar combatiendo las mafias policiales. Entre otras cuestiones, se habla de casi dos mil policías exonerados y se anunció hace pocos días que el control administrativo quedaba a cargo de un civil, Ignacio Greco. ¿Ve en esto un intento de reforma o un atisbo de control político de la Policía Bonaerense?
No. Es más, algunas de estas cosas son inexistentes. Subsecretario de Administración General del Ministerio, por ejemplo, ya existía y era esta persona. Lo que pasaba era que no ejercía sino que le delegaba todo a la policía. Ahora lo que está haciendo es retomar esa función, que nunca debería haber perdido. Así que yo ahí no veo ningún cambio al respecto. Lo que pasa que es un gobierno muy proclive, en todos los aspectos que vos señalaste, a la puesta en escena. Entonces van construyendo una información sobre hechos irreales. Sobre exoneraciones, yo no vi el listado de policías exonerados. Pero, además, nunca las exoneraciones, si fuesen ciertas, implican o pueden ser sinónimo de reformas. Las reformas significan cambios organizacionales, no depuraciones. Nadie puede subsumir a eso el concepto “reforma”, que es un concepto complejo que implica un cambio organizacional, un cambio en la estructura de mando, en la producción de inteligencia, en la planificación y ejecución operacional, en todo lo que es la estructura logística, en la selección, formación y capacitación del personal policial, en el sistema de control. A eso se le llama “reforma policial”. Acá no ha habido nada parecido a eso, sino que, al contrario, están agrandando el sistema policial tal cual hoy está estructurado. La Policía Bonaerense sigue gerenciando el crimen en la provincia de Buenos Aires y no ha habido ningún tipo de estrategia tendiente a impedir esto. Hay recaudación ilegal de fondos y esa valija sube hasta la conducción policial. Eso se mantiene incólume. Si alguien tiene alguna duda de esto, vea la causa que se está ventilando en La Plata, que, como todas las denuncias de corrupción policial, responde a internas dentro de la policía, internas que tienen que ver con la competencia por el botín de la recaudación ilegal.
«La Policía Bonaerense sigue gerenciando el crimen en la provincia de Buenos Aires y no ha habido ningún tipo de estrategia tendiente a impedir esto»
O sea que menos que una “lucha contra las mafias”, lo que se ve son reacomodamientos al interior de la fuerza policial
Por supuesto. La última conducción política del sistema policial que hubo fue la gestión de (León) Arslanian, de 2004 a 2007, donde no había jefe de policía. Había un ministro que tomaba las decisiones en todo lo que yo te expliqué anteriormente que son las dimensiones de una reforma, había subsecretarios a cargo de los temas policiales y, debajo de ellos, había coordinadores generales policiales. Ese esquema hoy no existe. No existe desde 2007, es lo primero que hace (Daniel) Scioli. Esta gestión es muy parecida a la de Scioli, inclusive son las mismas personas, a nivel de cúpula policial. Scioli quita esta figura, reestituye la figura del jefe de policía y delega el poder a esa estructura. Entonces la policía la maneja el jefe de policía, no el ministro.
¿No hay cambios con respecto a la gestión de Scioli en materia de seguridad?
Por supuesto que no. Lo primero que hizo (Cristian) Ritondo fue reivindicar la gestión de (Alejandro) Granados y decir que se había hecho un esfuerzo enorme, que había que continuar y profundizar, fundamentalmente a través de la creación de las policías locales. Ahora llega a la conclusión de que esas policías están mal capacitadas, no hay vocación y no son un sistema eficiente de prestación de servicios policiales. Chocolate por la noticia. ¿Hacía falta gestionar ocho meses en el Ministerio para darse cuenta de eso? Me parece que esto da cuenta de un nivel de improvisación basado en el desconocimiento y en el hecho de que no han tomado la decisión de la conducción política, aunque digan lo contrario.
¿Qué opinión le merece el nombramiento de Pablo Bressi como jefe policial?
Es parte de lo mismo. En toda la campaña electoral la gobernadora sacó una tajada política enorme de la identificación del kirchnerismo como causante de la expansión del narcotráfico tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Dijo en numerosas oportunidades que el narcotráfico en la provincia había crecido al amparo de la desatención del gobierno provincial y en muchos casos de su connivencia. Y ahora ella designa como jefe policial a quien estuvo al frente del control del narcotráfico de la policía durante la gestión de Scioli, porque se lo sugiere la embajada norteamericana. Eso indica dos cosas. Primero, la gobernadora decidió no tener soberanía política sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, ya que le consulta a la embajada norteamericana a quién tiene que designar como jefe. No tiene criterio y no tiene soberanía. Segundo, da cuenta de que la DEA, y eso no lo digo yo, lo dice Lilita Carrió, lo único que hace es tener polinarcos al frente de la institución policial porque son sus principales informantes. Es mucho mejor informante un polinarco que un policía honesto. Pero se tomaron decisiones de esa manera. Entonces, acá hay un problema serio en esa materia.
¿Cuál considera que es hoy la mayor preocupación en términos de seguridad en la provincia de Buenos Aires?
Creo que hay dos grandes dimensiones a trabajar. Por un lado, las políticas sociales y las intervenciones en materia de desarrollo económico del gobierno de Cambiemos conducen, de manera indirecta, a un aumento estrepitoso de lo que son delitos predatorios, fundamentalmente robos, hurtos y situaciones de violencia. Y por otro lado, no se ha tocado el mercado ilegal de drogas, de personas para la explotación sexual y laboral, de armas, porque no ha habido estrategias de intervención sobre este conjunto de mercados y sobre las redes criminales que lo gerencian. Y estas redes tienen clara regulación estatal a través de la policía, que participa del negocio. La policía, frente al crimen organizado que regula mercados ilegales, no libera zonas, está asociada. O sea que el Estado en realidad participa del negocio. Estas dos cuestiones generan un problema enorme y es que no hay sistema policial para dar cuenta, ni del problema de la delincuencia común, que va a aumentar, ni del problema de la estructuración estatal de los mercados ilegales en la provincia de Buenos Aires. Lo que ha hecho Cambiemos es ratificar la policía tal cual está y creer que una buena reforma es capacitar a los policías tal cual están, sin poner en tela de juicio la estructura policial y el tipo de funcionamiento, y apuntalarlos con mayor nivel de equipamiento. Todo el tiempo Ritondo está planteando que esto cambia cuando hay más policías, cuando se capacitan mejor y, al mismo tiempo, cuando son mejor equipados. Ahora, no ponen en tela de juicio el propio dispositivo policial.
«Están elaborando una legislación tendiente a reformar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior para legalizar lo que el kirchnerismo hizo de manera ilegal»
¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir?
A nivel de atención de todo lo que es criminalidad común, tenés que descentralizar. Hoy tenés un sistema policial hipercentralizado en función de la recaudación ilegal de fondos, no en función de la problemática criminal. Yo creo que hay que apuntar a la descentralización y a la creación de policías completamente nuevas, en los grandes municipios de la provincia de Buenos Aires, como en nuestro proyecto original del año 2002. En cuanto al crimen organizado, te vuelvo a reiterar, la policía de la provincia de Buenos Aires regula la criminalidad organizada que regentea mercados ilegales. No hay red o grupo criminal autónomo del sistema policial. Con lo cual vos con esta policía nunca vas a controlar o investigar esta trama de criminalidad en la que el propio Estado, a través de la policía, participa. Ahí tenés que crear un nuevo dispositivo de investigación criminal compleja de cero, que tenga como componente muy fuerte una unidad de inteligencia, además de unidades de investigación y de intervención especiales. Ese delito no es local, puede tener alguna manifestación local pero en general tiene configuración regional. Es una configuración que no puede ser atendida por el dispositivo de seguridad preventiva. Pero esto no lo podés sacar de la Policía Bonaerense, lo tenés que armar de cero. La pregunta del millón es: ¿quién lo hace? ¿La propia policia que forma parte del problema? No. ¿El comisariato conservador que no sabe ni siquiera cómo funciona el mundo en estos dos campos? No. Entonces lo que tenés que tener acá es un staff de funcionarios políticos capacitados para esto. Y la verdad es que hoy Cambiemos no cuenta con eso.
La semana pasada comenzó el envío de fuerzas federales al conurbano, que fue una política que también llevó adelante el kirchnerismo. ¿Cómo ve esta decisión?
Eso lo inauguró el Operativo Centinela, o sea Nilda Garré y Cristina Fernández. Es una barbaridad. Estas unidades pueden pacificar en algún momento, algún lugar donde hay alto nivel de conflictividad, pero son meras instancias de ocupación y control poblacional, no son unidades que van a incidir sobre la problemática criminal previniéndola. No hacen estrategias de intervención e investigación en crimen organizado ni gestionan la seguridad preventiva a través de la participación con la gente y de la co-gestión. Son unidades de ocupación territorial y lo que hacen es control de frontera entre la sociedad integrada y la sociedad no integrada. No más que eso. Con lo cual no son eficientes para el rol que se pretende que ocupen. Y la otra gran consecuencia perniciosa es que deforma el sistema federal de seguridad porque le quita recursos muy valiosos a lo que es control de frontera o control fluvial, que son indispensables para la problemática del narcotráfico y demás. Durante la etapa del kirchnerismo esto llevó a que, por decisión de la Presidenta y del general (César) Milani, se coloquen unidades del ejército a hacer tareas de patrullamiento de la frontera norte en materia de de narcotráfico, violando la ley, porque está prohibido en la Argentina que las fuerzas armadas participen en tareas operacionales en materia de crimen organizado o en asuntos de seguridad interior. Eso no es apoyo logístico. Apoyo logístico es proveerte de nafta en una operación determinada o de armamento en el marco de una confrontación. Pero hacer patrullamiento es una tarea operacional. Con lo cual es mentira que a través de ese patrullamiento el ejército estaba dando apoyo logístico a la gendarmería. Estaba interviniendo en tareas de seguridad interior. La puerta a los demonios de la participación militar en asuntos de seguridad interior la abrió el kirchnerismo. Ahora están elaborando en el ámbito del Ministerio de Defensa una legislación tendiente a reformar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior para legalizar lo que el kirchnerismo hizo de manera ilegal.
¿Que continuidades y rupturas observa en términos de políticas de seguridad entre el kirchnerismo y el macrismo?
Yo veo muchas continuidades en materia de seguridad preventiva. El ethos de la clase política argentina para controlar lo que es delincuencia común ha sido el mismo para todos los gobiernos. Desde la presentación del plan de seguridad del año 2009 en la quinta presidencial con Cristina Fernández y Sergio Massa como jefe de gabinete hasta ahora la política es la misma. Y es: controlar los sectores integrados de la sociedad, las áreas comerciales, las áreas industriales, los sectores de clase media y clase alta, los centros urbanos, a través de videovigilancia, patrullamiento y saturación policial, y controlarlo de lo que es la invasión, para la lectura rústica, de los excluidos. Fijate que cuando se despliega el Operativo Centinela lo que hacen es rodear barrios calientes. ¿Cuáles son los barrios calientes? Los barrios populares. O sea que el mismo gobierno que los integraba a través de urbanizaciones, políticas sociales, políticas de salud y políticas educacionales, después los excluía rodeándolos con gendarmería y quedaban estigmatizados como los barrios donde habitan las clases peligrosas. Esa contradicción se mantiene al día de hoy. Y la única estrategia que hay de control del crimen común es lo que te piden los intendentes hoy: más policías en la calle. Es, vale decir, lo que se llama estrategia de seguridad de prevención situacional. Esto es, controlo el núcleo duro integrado de la ciudad para que haya poco nivel de conflictividad, porque ahí están, entre otras cosas, mis votantes más importantes, la sociedad que construye opinión pública a través de los medios. Porque cuando hay un hecho fatal en las barriadas populares no hay escandalización, ni mediática ni social, pero cuando eso ocurre en la sociedad integrada sí hay escandalización social y mediática. Con lo cual, todo el aparato de seguridad gira en torno de esto. Esto no ha cambiado. La clase política argentina nunca ha problematizado esto. Y el otro tema es el control del crimen organizado, que tanto durante el kirchnerismo como ahora se hizo a través de la participación policial en las redes criminales complejas, como te explicaba antes. La gran diferencia del kirchnerismo con esto es el control de las grandes manifestaciones y la no habilitación desde las estructuras gubernamentales al uso abusivo de la fuerza. Yo creo que Cambiemos lo que hace ahora es levantar los frenos inhibitorios y habilitar a las policías, ya sea con órdenes explícitas o con la construcción de climas de época, porque cuando el presidente dice que quien mata defendiéndose de un delito está bien y debe estar excarcelado, está de alguna manera habilitando cultural, política y socialmente a que haya mano dura, gatillo fácil, razzias, controles poblacionales más violentos de los que existían antes. Ahí sí hay una ruptura. Pero todos han tenido conducciones políticas que han dejado mucho que desear. Yo no veo mucha diferencia, en lo que es el efecto institucional de la conducción política, entre Aníbal Fernández, Sergio Berni, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. No veo mucha diferencia.
