Cuando empezó el año decíamos que la situación que atravesaban los medios alternativos y populares con el nuevo gobierno era de incertidumbre y preocupación. Hoy quedan claras las razones: la línea del gobierno de Mauricio Macri hacia el sector no lucrativo de la comunicación se va conformando entre políticas de asfixia y criminalización, siempre en beneficio del mercado. Aunque se propagandice el “diálogo”, el primer semestre demostró que se puede “hablar por hablar”, como una cuestión de forma, pero sin llegar a respuestas concretas que respeten las necesidades que lo motivaron.
Basta observar que las demandas que nuclearon a las distintas redes de comunicación comunitaria del país a principios de 2016 siguen insatisfechas e incluso aumentadas unos meses después, con el segundo decomiso de los equipos del canal comunitario Antena Negra, el procesamiento de uno de sus integrantes y la imputación de otro por supuestas interferencias a la señal de la empresa Prosegur, pese a que no tiene adjudicada la frecuencia en disputa. El sector sigue sin tener representación en el Enacom, que es el ente que hoy regula la comunicación, y por lo tanto sus voces no encuentran cauces institucionales para ser escuchadas. Tampoco tiene espacio en la comisión redactora de una futura nueva ley “convergente”, aunque cada tanto algunos sectores sean convocados a brindar opiniones en un ámbito que no genera diálogo ni debate, sino un simulacro de intercambio donde lo que se toma de los aportes obedece solamente al criterio de quien ha decidido escuchar por única vez.
Tampoco se regularizó la situación del Fondo de Fomento concursable FOMECA, la herramienta creada a través de la aplicación del artículo 97 inciso f de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aún se encuentra vigente (aclaración necesaria toda vez que, como se sabe, los decretos de necesidad y urgencia derogaron parte de su articulado). Seis meses después, y aún con las partidas presupuestarias asignadas, el Enacom continúa adeudando cuotas a los medios comunitarios que ganaron a través de la presentación de proyectos evaluados por jurados y cuyos convenios fueron firmados oportunamente.
Las demandas que nuclearon a las distintas redes de comunicación comunitaria del país a principios de 2016 siguen insatisfechas e incluso aumentadas unos meses después
Pese a que varias veces los funcionarios del organismo anunciaron que se retomarían los pagos y se lanzarían las líneas 2016 al “finalizar una auditoría” que parece eternizarse, al finalizar junio las palabras siguen sin traducirse en hechos. Esto impacta de manera directa sobre la gestión de los canales, las radios y su sostenimiento, generando dificultades financieras y provocando problemas con proveedores y presupuestos, que ya se encuentran un 40 por ciento devaluados.
En la Ciudad de Buenos Aires esta asfixia económica tiene su espejo en la deuda que el Registro de Medios Vecinales viene amasando con los comunitarios desde los primeros meses de 2015. Esta deuda no solamente incluye la falta de pago por pauta emitida (cosa que no sucede con los “medios grandes”, si seguimos la caracterización por tamaño que realizó el jefe de gabinete Marcos Peña en una de las primeras conferencias de prensa), sino también la falta de pago de los premios a la “calidad periodística 2014”, que la Ciudad organizó y otorgó. Además, por si muchos puntos en una recta conforman una línea, vale recordar que durante 2015 la Secretaría de Comunicación porteña fue denunciada por graves irregularidades en el manejo de la pauta publicitaria, cuando un grupo de radios populares advirtieron la enorme diferencia entre el número cobrado y la sobrefacturación que figuraba en los registros web de la Ciudad.
En el ámbito nacional, junto con la falta de representación en un directorio cuya mayoría absoluta depende del Ejecutivo, y la suspensión de las vías de fomento a los actores de derecho del 33 por ciento del espectro radioeléctrico, tampoco fueron atendidos los reclamos de los canales comunitarios que resultaron adjudicatarios en los primeros concursos públicos de licencias para la televisión digital abierta. No se realizaron los concursos abiertos durante 2015, con propuestas presentadas en distintas localidades del país, ni se abrieron nuevas convocatorias. Las actas de directorio se suben tardíamente a la web institucional, por lo cual no podemos conocer si hay nuevas locaciones o si, como señaló la directora Silvana Giudici en una audiencia de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, fueron habilitados 195 nuevos medios, en su mayoría de baja potencia o muy baja potencia (aunque, claro, baja potencia no significa sin fines de lucro, y esto Giuduci lo sabe).
Aun para quienes criticamos la lentitud en la aplicación de la ley audiovisual y movilizamos reclamando la legalización de los medios populares durante el gobierno anterior, es evidente que la política comunicacional de la alianza gobernante Cambiemos iba a empeorar y en efecto empeoró la situación del sector no comercial ni público estatal de la comunicación, desdibujando su lugar en el mapa de medios. Todo esto en un contexto marcado por el achicamiento, el cierre de medios, las peores paritarias y los despidos en el gremio de prensa, para quienes el “fin de la guerra contra el periodismo” significó la pérdida de fuentes de empleo y el diálogo directamente una mentira.
En el caso particular de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, que lograron la legalización, el proceso de habilitación pone en evidencia una desigualdad mayúscula, dejando en claro a quiénes favorece el organismo que regula la comunicación y las diferentes varas con que se mide el respeto a la ley. Tanto Barricada como Urbana concursaron y ganaron, el primero como operador responsable de la multiplexación de la señal, y el segundo como licenciatario, los canales digitales 33.1 y 33.2 en la CABA. Esta frecuencia fue reservada para la baja potencia en el plan técnico realizado y aprobado en 2014, sobre el cual se dictó la resolución de llamado a concurso y luego otras dos resoluciones que reorganizaron la grilla de la TDA para poder realizar un uso racional del espectro, atendiendo a los derechos de los distintos actores de la comunicación.
Esas resoluciones establecen que Canal 13, que operaba “experimentalmente” en el 33, debe mudarse al 35 (donde se encuentra el 9), y que éste debe trasladarse al 20 (hoy utilizado ilegalmente por señales de una empresa de seguridad). Y que esta reorganización debía realizarse al momento de substanciarse los concursos. Cumplidas todas las exigencias derivadas de la adjudicación de la licencia, Barricada TV debe ajustar parámetros técnicos en el marco del proceso de habilitación, obligación imposible de realizar toda vez que sufre la interferencia total de su señal por parte del espejo del 13 en la TDA. Como para muestra sólo hace falta un botón, la señal de ARTEAR emite con 12,500 vatios de potencia, mientras que BTV lo hace con los 150 establecidos para la baja potencia. ¿Qué hubiera sucedido si el canal experimental fuera Barricada, y el 13 el canal concursado?
La línea del gobierno de Mauricio Macri hacia el sector no lucrativo de la comunicación se va conformando entre políticas de asfixia y criminalización, siempre en beneficio del mercado
La ley audiovisual permitió a muchos colectivos soñar con la masividad en esta etapa histórica. En décadas pasadas, la llegada y el sostenimiento económico de los medios se resolvía a través de las organizaciones de militancia que entendían la construcción de medios masivos como parte de sus políticas de comunicación y cultura. Así fueron posibles en nuestro país experiencias como el Semanario de la CGT de los Argentinos primero, o los diarios Noticias y El Mundo después. Obviamente hablamos de un momento que requirió de un previo movimiento de modernización cultural que generó un público lector de masas, ávido de novedades, que se articuló con el desarrollo de las organizaciones revolucionarias de la etapa y el crecimiento de las luchas obreras y estudiantiles.
Con la transición democrática, después de la dictadura, las posibilidades de llevar adelante medios alternativos y masivos atravesó problemas de otra índole, enlazados con la recuperación de la palabra negada por la censura militar (lo cual llevó a la multiplicación de emisoras radiales en los 80), y con la lucha permanente por la democratización de la comunicación. La concentración de la comunicación en la Argentina, que tiene su punto de apertura en la década de los 90, se puso en cuestión socialmente tras la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, dentro de ésta y con matices, el reconocimeinto del sector sin fines de lucro, es fruto de esta pelea y de esta maduración. De un diálogo construido en la calle, sobre la base de la pelea por la conquista de derechos.
Este primer semestre fue para el sector un balde de agua fría que obliga a seguir reflexionando tanto sobre las condiciones de posibilidad de estas experiencias como para construir líneas de acción que permitan responder a la coyuntura. La unidad para enfrentar el achicamiento de los marcos en los cuales se desarrolla la comunicación alternativa y popular es el primer paso de una política que, contra el simulacro de diálogo, tiene más de una razón para hablar y para actuar.
