La gobernadora María Eugenia Vidal ya no sonríe como antes. En sus apariciones públicas -que son pocas- se la observa seria, casi podría decirse que amargada. Posiblemente no estaba en sus cálculos llegar a gobernar la provincia más grande y más compleja de la Argentina. Pero ahí está, gestionando muy poco y muy mal, pero blindada por los mismos medios que trabajaron desembozadamente para posicionarla en el lugar que ocupa.
Debutó con ese papelón que significó la fuga de los tres presos más famosos del penal de General Alvear. Sin tropa propia, transplantó a Cristian Ritondo hacia la provincia quien, habituado a las formas y el fondo de los barrabravas de Mataderos, no tuvo demasiados inconvenientes para sentarse a dirimir algunas cuestiones con los jefes de la policía bonaerense, quienes rápidamente le mostraron sus uñas y “lo pusieron en caja”. Pasado el primer mal trago del trío Lanatta-Schillaci, tuvo que conformarse con casi el mismo equipo que heredó de la gestión Granados, posicionando en la jefatura al comisario mayor Pablo Bressi, conocido por haber sido uno de los responsables de otro de los rotundos fracasos de la bonaerense: el episodio denominado “la masacre de Ramallo”. Como dato adicional, podemos decir que tanto el periodista Ricardo Ragendorfer, como el especialista en seguridad Marcelo Sain, coinciden en una apreciación: Pablo Bressi ocupa esa jefatura a instancias de la DEA norteamericana.
Uno de los graves problemas que enfrenta Vidal tiene que ver con la paritaria provincial, actualmente judicializada y pendiente de resolución.
No todas son “pálidas” para Vidal, sin embargo, aunque sí terminen siéndolo para el resto de los bonaerenses. A expensas de “la pesada herencia” y con el guiño de legisladores massistas y buena parte del otrora bloque del FPV en la legislatura -hoy partido en tres pedazos-, la gobernadora consiguió algunas cosas importantes. Primero, por presión de intendentes opositores del conurbano (léase Katopodis, Insaurralde, Zavaleta y alguno más), logró que le votaran el presupuesto y le aprobaran un nuevo endeudamiento, a cambio de promesas de fondos que aún hoy no se hicieron efectivos. En ese marco, la provincia tomó deuda por $1.250 millones con un interés del 9,37% (los mismos porcentajes pagaba Scioli). El otro objetivo alcanzado por Vidal fue la aprobación de la Ley 14.812 de emergencia administrativa. Dicha ley se votó favorablemente no sin escándalo dentro del recinto y con una multitudinaria manifestación opositora en las calles platenses, de la que los medios sólo destacaron unos pocos destrozos ocasionados en el palacio legislativo. Por supuesto, no está de más decir que la mencionada norma no sólo le permite al gobierno provincial contratar bienes y servicios con absoluta discrecionalidad, sino que también le otorga amplias facultades para disponer del personal empleado en la administración pública, afectando varios derechos adquiridos por los trabajadores estatales. Uno de los fundamentos de esta ley tiene que ver con la supuesta agilización de la obra pública, que al día de hoy se encuentra totalmente paralizada. Por este motivo, la UOCRA liderada por “Pata” Medina manifiesta casi a diario sin que ello se vea reflejado en ningún lado.
Otro de los graves problemas que enfrenta Vidal tiene que ver con la paritaria provincial, actualmente judicializada y pendiente de resolución. El juez interviniente, Dr. Luis Arias, fijó como fecha tope para resolver esta cuestión el próximo 21 de junio. Los trabajadores nucleados en ATE, los médicos de la CICOP, docentes y judiciales, convierten a la ciudad de La Plata en un caos que nadie muestra. A esto debe sumarse la protesta de cooperativistas que han sido despedidos y que no hace mucho sufrieron la violencia represiva de la bonaerense en Plaza Moreno de esta ciudad. Hasta los dirigentes de UPCN, que históricamente son oficialistas sea quien sea el gobierno de turno, dicen para referirse a la gestión de Vidal: “no saben nada y se van a ir sin haber aprendido nada”. Lo cierto es que el sector PRO de la alianza Cambiemos asumió el gobierno sin funcionarios propios, se niega a repartir cargos con la UCR y sostiene a nivel de direcciones provinciales a muchos que quedaron boyando de la gestión sciolista. En ese marco, los pauperizados empleados estatales cumplen su horario prácticamente sin tarea asignada. Por supuesto, más allá de algunas defecciones dirigenciales, las bases de ATE y UPCN, viven de asamblea en asamblea, preocupados fundamentalmente por su futuro laboral que, como dijimos, se ve amenazado por la ya mencionada ley 14.812 de emergencia administrativa.
Los trabajadores nucleados en ATE, los médicos de la CICOP, docentes y judiciales, convierten a la ciudad de La Plata en un caos que nadie muestra.
Para el final, dejamos la dramática situación social que vive la provincia, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, donde han vuelto a aparecer merenderos y comedores para atender las necesidades alimentarias de los sectores más pobres que son, en definitiva, los más afectados por la devaluación y los tarifazos. En ese contexto, vuelve a surgir la escuela como espacio de contención, tal como ocurrió en los ’90. La provincia duplicó el monto que otorgaba por alumno, llevándolo a $12,60 para el almuerzo (en CABA el monto es de $ 40), pero buena parte de ese número ya se licuó por la inflación. La situación tiende a agravarse, dado que simultáneamente la administración Vidal redujo en un 40% el cupo de beneficiarios de los comedores, justo en el momento en que –de acuerdo a lo manifestado por varios intendentes y dirigentes sociales- la demanda creció un 50%. Por otro lado, si bien algunas organizaciones como el Movimiento Evita ya están acordando con Vidal la entrega de bolsones con alimentos en algunos distritos, otras como Barrios de Pie ya han comenzado a movilizar y a meter presión en la puerta de los hipermercados del conurbano. Ante ello, Vidal –vaya uno a saber por qué ventanilla- también ha destinado algunos fondos para apaciguar los ánimos de quienes no hace mucho se fotografiaban en la playa con Alfonso Prat Gay (recordemos que Barrios de Pie es el brazo territorial de Libres del Sur). Esto sucede mientras quienes desde los municipios buscan ayuda en el inexistente Ministerio de Desarrollo Social, vuelven a sus distritos con las manos vacías diciendo “los galpones de Tolosa están vacíos”. Más allá de algunos discursos más o menos incendiarios, lo cierto es que la situación social del conurbano es una verdadera bomba de tiempo. Ya no se trata de no poder pagar los servicios, sino que se está complicando el acceso a los alimentos en vastos sectores del Gran Buenos Aires. Y no estamos hablando de intendentes dialoguistas o no dialoguistas: la crisis los afecta a todos por igual.
Hacia el interior de la provincia, la situación muestra otras características. Allí, los sectores más empobrecidos son cuantitativamente controlables y los intendentes aplican para resolver la cuestión social fondos que antes utilizaban para prestar servicios de barrido o recolección de residuos, por ejemplo. En esos distritos, el mayor problema está dado por la suba irresponsable de tarifas en el sector energético, que torna insostenible la actividad fabril de las pymes y también del comercio. Vidal lo sabe, porque así se lo ha hecho conocer cada uno de los jefes comunales que la han visitado. El destinatario de las quejas es Aranguren. Por supuesto, estos reclamos no se replican mediáticamente en los distritos, fundamentalmente porque los intendentes, en su gran mayoría, pertenecen al oficialismo de la alianza Cambiemos.
