La historia de la apropiación de Papel Prensa mediante la empresa fantasma Fapel constituida en 1975, repite una matriz que fue constante durante la dictadura cívico-militar de la que Martínez de Hoz fue su indiscutido jefe civil. En esa matriz, el Estado es el campo de batalla y el objetivo, la concentración de capitales.
Papel Prensa permitió al diario Clarín convertirse en una poderosa corporación privada, uno de los grupos concentrados que dominan el país. Sin la protección estatal, que le permitió monopolizar la producción y venta de papel para diarios de fabricación nacional, Clarín hubiera transcurrido como otro de los diarios que se ofrecía al consumidor de información. El proyecto original contenido en el decreto de Juan Carlos Onganía, y que continuó José Ber Gelbard a través de su Plan Trienal, había sido la construcción de varias fábricas de papel, que luego se redujo -por decisión de la Junta y de José Alfredo Martínez de Hoz- a una sola.
A un costado de esa realidad, el Grupo Bridas (que se conformó gracias a las concesiones petrolíferas otorgadas por Martínez de Hoz aunque la presidencia formal de YPF estaba en manos de Guillermo Suárez Mason) había comenzado la aventura de Papel del Tucumán a partir de bagazo de caña, pero no se puede repicar y estar en misa: designado al frente del Banade, Bulgheroni otorgó préstamos a Papel de Tucumán y luego pidió su quiebra sin devolverlos, argumentando que la promoción industrial lo obligaba a instalarse en San Luis.
La historia de la apropiación de Papel Prensa mediante la empresa fantasma Fapel constituida en 1975, repite una matriz que fue constante durante la dictadura cívico-militar de la que Martínez de Hoz fue su indiscutido jefe civil. En esa matriz, el Estado es el campo de batalla, y el objetivo, la concentración de capitales. Si esta concentración pertenece a la “naturaleza” del capitalismo, la dictadura utilizó a discreción el terror, la desaparición forzada y la tortura para apurarla. Papel Prensa hoy está en primer plano, pero no es el único. Si se sigue atentamente la trayectoria de Acindar (de la que Martínez de Hoz fue director) se aprecia el mismo modelo. Mediante diferimientos fiscales y exenciones impositivas (en un gobierno que se manifestaba en contra de la intervención estatal en la economía), Acindar logró en el período 76-83 dominar el mercado de los laminados no planos, y en 1993, hacerse de Somisa, que era su objetivo final.
Pero además de tales facilidades, Acindar, entonces dirigida por el general Alcides López Aufranc (el que había destruido a cañonazos la base aeronaval de Punta Indio en uno de los enfrentamientos entre azules y colorados), sostuvo un campo de concentración de “subversivos” en su planta de Villa Constitución, desaparecieron las comisiones sindicales internas, y mediante la Comisión Nacional de Valores (dirigida en los hechos por Juan Alemann) estranguló a la competencia y a los proveedores de acero y ferroaleaciones. Pero eso no fue todo: los directivos de Industrias Siderúrgicas Grassi, una de estas últimas, fueron secuestrados y torturados en Campo de Mayo. En un cóctel en la Bolsa de Comercio, se habían cruzado el ingeniero Grassi y Martínez de Hoz, a fines de 1976. “Me vendés la empresa o te la saco”, se limitó a decir el ministro. Ante la negativa, Grassi fue secuestrado y años más tarde se deshizo de la empresa. Se repitió un mismo método: los empresarios secuestrados eran torturados ante un auditorio situado en la escuela de Infantería de Campo de Mayo, que seguía las alternativas del interrogatorio. Entre los asistentes estaban los principales militares responsables (Suárez Mason, Roualdes, etc.) y técnicos civiles del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores dedicados a interpretar las respuestas. Luego, todos compartían un asado.
El error mortal de los Grassi fue haber comprado el Banco de Hurlingham a David Graiver. En el período 76-83, Acindar absorbió a toda la competencia: Aceros Santa Rosa, Gurmendi, Marathon, Genaro Grasso, y otras. En 1993, se presenta a la licitación por la privatización de Somisa en las dos ofertas, en una de ellas encubierta detrás de un banco off shore con sede en las Bahamas. Entregada la empresa estatal a esta última, el banco vende su participación a Acindar, entonces todavía del grupo Acevedo, blanqueando la situación.
En Silencio por Sangre, los periodistas Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli describen con precisión la apropiación de Papel Prensa. El diario Miradas al Sur insiste en su línea editorial que esos delitos económicos son de lesa humanidad, cuando no son más que delitos económicos que, para consumarse, requirieron de delitos de lesa humanidad como secuestros, torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, etc.
El trabajo es, como se sostiene en el prefacio, un “libro militante”, y como tal necesario. Tengo otro punto de vista, de todos modos, con dos de sus ejes:
– El primero, que se sacó del medio a los Graiver porque eran judíos. También el ex-presidente del Banco Interamericano, Eduardo Saiegh, esgrime el mismo argumento para recuperar su banco y las acciones de Austral Líneas Aéreas que, dice, estaban caucionadas en el tesoro de la institución.
Aceptar que fue el antisemitismo la razón de la apropiación, es una simplificación y un error. Si se abonara tal hipótesis, debería creerse en la existencia de un Gran Juego en el que eran contendientes el comunismo soviético representado por Graiver, y la P-2 (Suárez Mason, Massera) combatiéndolo desde El Vaticano con Licio Gelli a la cabeza, con lo cual, en última instancia, el responsable de las torturas y violaciones sufridas por Lidia Papaleo sería la organización paramilitar secreta Gladio vinculada a la OTAN y a la CIA. Es cierto que Graiver, a través de Gelbard, reportaba al aparato económico del PC argentino, pero eso no lo hizo blanco de la P2. Su condición de judío sirvió para exacerbar a la gilada, la patota de Camps-Echecolatz-Von Wernich, o para dar un discurso seudopolítico a su jefe, el trastornado Suárez Mason. Presumo que Martínez de Hoz se mofaba sardónicamente de esta cortina de humo a la que eran tan afectos los militares educados en el intregrismo católico.
– El segundo, que los casos Gutheim y Grecco son paradigmáticos de la dictadura cívico-militar sólo porque el abogado Rodolfo Yanzón los representa.
Sí lo son Papel Prensa y las estatizaciones de Austral Líneas Aéreas y la Compañía Ítalo de Electricidad, por cuanto en medio de una política general de privatizaciones, resultaba sospechoso que se estatizaran empresas a las que (siempre) pertenecía el elenco gobernante: Martínez de Hoz, Alemann, Reynal, Soldati, Klein.
En ambos casos aparece el Banade otorgando préstamos no devueltos o avalando compras que debe abonar porque los particulares auxiliados no pagan. En ambos casos, los beneficiarios reciben indemnizaciones estatales como si fueran ellos los que abonaron los pagos. En ambos casos, las constancias se destruyen por un incendio intencional que esfumó a los principales 40 deudores del Estado. Como corolario, Menem disuelve el Banade.
Existen otros oscuros movimientos detrás de Papel Prensa. Algunos de ellos ya pueden ser develados. Alejandro Agustín Lanusse había entregado la producción de papel al grupo Civita, que en 1973 vende su participación a Graiver. Civita era propietario de Celulosa Argentina, y al expatriar sus capitales al Brasil, vende esa empresa al grupo italiano Rizzoli, que también estaba relacionado con la P2. Quien asume como secretario de Promoción Industrial en marzo de 1976 fue Raimundo Podestá (hoy próspero cabañero), titular de la misma Celulosa Argentina que había vendido Civita. De ser cierta la hipótesis de “lo judío” como causa del despojo, Papel Prensa habría quedado en manos de una empresa vinculada a la P2.
Hay una diferencia conceptual entre los delitos económicos cometidos durante la dictadura y los delitos de lesa humanidad. Aquellos se produjeron en ese momento, y de ellos resultaron seres humanos humillados, vejados, mutilados o asesinados, hayan aparecido o no sus restos. Estos se mantienen en el tiempo, porque los negocios no cesaron en 1983, y constituyen parte de la actual estructura del poder económico concentrado. No se reducen a ello, de todos modos: también podemos incluir el botín de guerra de las patotas (nunca se investigó al diputado justicialista Julio Cesar “Chiche” Aráoz por la venta de bienes muebles con ese origen), los bienes inmuebles pirateados (como los casos Iacarinno o Chacras de Coria a la familia Pincolini), las empresas fraudulentamente estatizadas (casos mencionados), y la desaparición de unas 600 empresas privadas, entre ellas unos 50 bancos, son otras de las variantes.
El autor lleva el blog Que la jarana recién empieza
