El PRO consiguió trabar la comisión investigadora que promovían los legisladores opositores y el jefe de Gobierno continúa señalando a Néstor Kirchner como el artífice de todo sus males.
Lentamente todos le van soltando la mano a Mauricio Macri por el tema de las escuchas y el montaje de un aparato de inteligencia paraestatal tras la confirmación unánime de su procesamiento por la Cámara Federal. Elisa Carrió dijo que el fallo de la Cámara había sido impecable, Felipe Solá por su parte aseguró que no le constaba que la Casa Rosada hubiera presionado a los camaristas, mientras que los radicales aseguran que los hechos son “graves”. Si hasta el periodista Nelson Castro se atrevió a pedir que el jefe de Gobierno de la Ciudad diera un paso al costado. Pero lo más increíble es que hasta su padre, Franco Macri, salió a desmentir que sea una jugada política de Néstor Kirchner.
Sin embargo, Macri hace oídos sordos a los cuestionamientos y asegura que no va a dejar su puesto, tal como lo solicitó la oposición en la Legislatura porteña para que enfrente la causa por “espionajes telefónicos”. Durante la conferencia de prensa del lunes, luego de su viaje a República Dominicana, Macri dijo que instruyó a sus abogados para que vean la posibilidad de ir lo antes posible al juicio oral y público, y ratificó que no apelará la confirmación del procesamiento dictado por la Cámara.
Pero lo que Macri no dice, y tampoco sus funcionarios, incluido “sonrisita” Larreta, es que no apelará el dictamen de la Cámara Federal porque no puede. La única instancia que queda antes del juicio oral y público es la Cámara de Casación Penal, y ésta sólo interviene cuando hay sentencia o cuando hay prisión preventiva. Macri sobreactúa cuando le dice a sus penalistas que aceleren el inicio del juicio oral y público por que no le queda otra, es inminente.
Se pudo escuchar el rezongo del jefe de Gobierno porque la Cámara se expidió con gran celeridad, pero no dice que el manual de procedimiento establece diez días hábiles para hacerlo.
El líder del PRO cada vez que pudo criticó a los camaristas que ratificaron la medida del juez Norberto Oyarbide, y reiteró su denuncia argumentando que la causa se trata de una maniobra preparada por el Gobierno Nacional, una estrategia que recorre a todos los integrantes de su partido. Entonces, ¿por qué el juez Oyarbide lleva la causa que investiga a Ricardo Jaime (ex Secretario de Transporte del Gobierno Nacional) por presunto enriquecimiento ilícito? ¿Acaso no investiga también a Fabián Gutiérrez, el ahora ex secretario de la Presidenta Cristina Fernández por presunto enriquecimiento ilícito? ¿Esto también los planeó Néstor Kirchner?
Las fisuras
Aunque el jefe de Gobierno se esfuerza por presentar a todo su equipo alineado y sin fisuras por el escándalo de las escuchas, en el último tiempo los diputados Daniel Amoroso y Mónica Lubertino abandonaron el PRO para formar el bloque Unión Federal, que responde a Francisco De Narváez.
En ese sentido, el presidente del bloque Encuentro Popular para la Victoria, Juan Cabandié, aseguró que Macri no cuenta con el apoyo de todo su bloque en la Legislatura. “Resulta absolutamente llamativo que justamente hoy (por martes 20/07) el presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo, esté afuera del país, sobre todo si se tiene en cuenta que el PRO ya perdió dos diputados. Esto puede ser un indicio de que el oficialismo puede seguir perdiendo legisladores”, dijo Cabandié.
Mientras tanto la oposición en la Legislatura empezó a mover sus fichas y reclamó que los funcionarios vayan a la Legislatura y que se cree la comisión investigadora para que determine la responsabilidad política del jefe de Gobierno.
Desde el bloque peronista se definió como “incomprensible” la posición que tuvo la bancada del PRO al no respaldar la creación de una Comisión Investigadora. En tanto, la Coalición Cívica pidió durante la sesión que los funcionarios involucrados en la causa se acerquen voluntariamente a exponer su verdad.
A su vez, los legisladores de Proyecto Sur denunciaron que la Ciudad atraviesa una grave crisis institucional y le reclamaron a Macri que pida licencia mientras dure su procesamiento por las escuchas. Además exigieron que la Legislatura reciba copia de la causa en la cual se lo procesó y que los hechos sean investigados a la luz de la Constitución de la Ciudad y determinar acerca de su mal desempeño.
También aclararon que no estaba en sus objetivos crear un clima destituyente, pero no descartaron que en el futuro le realicen un juicio político al jefe de Gobierno, ya que constituye un instrumento previsto en la Constitución porteña.
Sin embargo, la oposición no logró conseguir los dos tercios necesarios para impulsar una comisión investigadora y el PRO respiró, aunque sea por unas horas.
Otros procesamientos
Vale recordar que Mauricio Macri no es procesado por primera vez, sino que tiene varios procesamientos en su historial.
En el 2001 fue procesado por contrabando agravado de autopartes a Uruguay, por su desempeño como gerente general del grupo Macri-SOCMA y vicepresidente de Sevel (involucrada en el contrabando). El juez Carlos Liporace lo procesó porque el grupo estafaba al Estado argentino exportando a Uruguay autopartes para luego importarlas. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces de la Corte (menemista), Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, fueron suspendidos y luego destituidos de su cargo a través de juicio político por mal desempeño en sus funciones. Entre los cargos que se les imputaron a los jueces figura “obstruir el proceso legal, respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay, en los autos Macri, Mauricio y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando”. De todas formas, la Cámara de Senadores rechazó las tres causas de corrupción que involucraban al actual jefe de Gobierno.
En octubre de 2002 el juez Juan José Mahdjoubian decidió procesarlo junto a Julio Grondona (titular de la AFA), Fernando Miele (ex presidente de San Lorenzo) y Romeo Cotorruelo (empresario español, vicepresidente ejecutivo del grupo Santa Mónica Sports, vinculado a la televisación), por “administración fraudulenta” en la compra de sistemas de video para la seguridad en los estadios. Es decir, se lo acusaba de pagar sobreprecios: Boca Juniors 1.214.730 dólares, San Lorenzo 1.700.000 dólares, mientras que otros clubes como River Plate y Velez Sarfield pagaron 330.000 dólares y 500.000 dólares, respectivamente. Pero, una vez más, Macri zafó, esta vez gracias a la Cámara Federal que dijo que las pruebas recolectadas “no permitieron corroborar el perjuicio patrimonial”.
Otro capítulo de la novela judicial de Mauricio Macri comenzó cuando en 2005 el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se investigara una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional en la construcción de la represa Urugua-í. Asimismo, en 2006, el fiscal federal Jorge Di Lello en la causa “Henin, Guillermo Arturo y otros por defraudación contra la administración pública” solicitó también que se investigara el fraude contra el Estado nacional en la construcción de la represa de Yacyretá. ¿Qué tiene que ver esto con Mauricio Macri? La empresa involucrada en la estafa al Estado era la sociedad Sideco, cuyo vicepresidente era Mauricio Macri.
El juicio oral y público es inminente, pero todo indica que un empresario con dinero y poder siempre puede tener un carta bajo la manga o amigos en la Justicia. En los casos anteriores Macri fue sobreseído, pero en este caso tendrá que demostrar que no es responsable de las escuchas ilegales y del montaje de un aparato de inteligencia paraestatal.
