En los últimos meses, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA fue el escenario para que Álvaro García Linera y Emir Sader reflexionaran sobre las “nuevas resistencias en Latinoamérica”. En sus claustros se realizan estudios que cuantifican el impacto del tarifazo en la economía familiar. Y sus auditorios son un punto de encuentro para los intelectuales de Carta Abierta. En la visión del decano Glenn Postolski, ese es uno de los roles de esta facultad de cara al escenario actual: “Ser un ámbito de debate y contención para aquellos que pensaron al Estado y a la experiencia política de los últimos años como transformadora y de relativa autonomía con respecto a los factores de poder”. Entrevistado por Zoom, Postolski analizó las tensiones entre el gobierno de Mauricio Macri y la universidad pública, señaló los ataques que reciben las instituciones del conurbano, habló de la “falta de un proyecto educativo claro” y del discurso que presiona por el arancelamiento. Experto en temas de comunicación, también hizo un balance de la experiencia de la Ley de Medios, incluida una crítica a “la idea instrumental con que se movía el kirchnerismo”, que en ese punto “fue muy parecida al menemismo”, con la pauta como herramienta de intervención. Se refirió a la “alianza estratégica” entre los grandes grupos, la justicia y el macrismo, que “se expresa en una cotidianidad alarmante” y ante un cuadro de conflictividad en la calles que va en aumento. De todos modos, el decano sostuvo que “Clarín tampoco se podría convertir en ‘el diario de Yrigoyen’, porque lo que hace es orientar qué es lo que Yrigoyen debe decidir, no mostrarle la sociedad”.
¿Qué papel que tiene hoy una facultad como la de Ciencias Sociales?
Es una organización muy compleja en sí y no diría que hay un solo rol. Tenemos una primera razón de ser en la formación de profesionales críticos. Después, hay un punto en que las Ciencias Sociales deben pensar qué lógicas novedosas de organización del poder se dan en el país, no sólo en un contexto mundial, sino con las condiciones generadas en la región a la luz de la experiencia de la última década. En ese sentido, me parece que todavía estamos en el inicio de una reflexión en torno a lo que significaron estos primeros 15 años del nuevo siglo. Los fenómenos son difíciles de objetivar en la propia medida en que se van desarrollando. A la vez, hay que tomar rápidamente lectura y algún tipo de dimensión de intervención sobre la etapa. Lo que puedo decir desde el espacio político que conduce a la facultad es que creemos que debe ser lugar un lugar donde pensarnos y pensar ese presente.
Recientemente, a través de su Centro de Opinión Publica y Estudios Sociales (COPES), la facultad dio a conocer una encuesta sobre el efecto de la suba tarifaria. ¿Qué se busca con este tipo de intervenciones?
Nos gustaría tener una presencia mucho más constante. Parece ser que hay un termómetro en torno a la pobreza que está instalado, y ahora reivindicado, que son los informes que en los últimos años produce la Universidad Católica. Pero uno nunca deja de lado los lugares de enunciación, y los informes de la UCA son un lugar de enunciación muy claro. No sólo por la forma de medición sino por lo que implica su mirada de la sociedad, que tiene una connotación y un sentido de construcción política. Lo tuvo en los años del kirchnerismo y lo sigue teniendo ahora. Hay muchos investigadores de nuestra facultad que se dedican al estudio de la pobreza y que reflejan una larga tradición. Me parece que la palabra de la universidad pública tiene una densidad y una perspectiva interesante.
«Lo que puedo decir desde el espacio político que conduce a la facultad es que creemos que debe ser lugar un lugar donde pensarnos y pensar el presente»
¿Cómo describe la relación con el gobierno nacional?
Para pensar ese vínculo hay que hablar de un proyecto educativo y en cómo se lleva adelante, mediante un tipo de gestión y, yendo a lo más concreto, su implementación presupuestaria. Sin duda, hubo una política hacia la educación superior entendida como derecho en los gobiernos de Néstor y Cristina, que puede palparse en la apuesta a la aparición de nuevas universidades públicas y nacionales, en ámbitos territoriales y hacia sectores que todavía no habían adquirido la condición de posibilidad de ser sujeto universitario. Frente a eso, ahora el proyecto educativo no está claro. No lo está desde su enunciación, que siempre es más del orden de lo marketinero. Uno podría decir que esta gestión vino hablando de una política modernizadora, de calidad, pero en realidad ese discurso pareciera estar puesto en términos de cómo construir algún tipo de índice que permita ajustar hasta en términos laborales.
En varias oportunidades, el oficialismo fue crítico de estas instituciones, en especial las del conurbano. ¿Qué objetivo persigue?
Hay una política de Estado en donde esta idea de la universidad pública como derecho está condicionada, no tanto por los efectos mismos del gobierno, vía Ministerio de Educación, sino por el clima construido por sectores que uno rápidamente podría leer como afines o parte del pensamiento que nutre al macrismo. Es algo que, sin ser una campaña sistemática, se refleja a través de los medios y del discurso que circula socialmente. Me refiero, por ejemplo, a las notas de opinión que hablan de calidad o eficiencia, o dan cuenta de la supuesta deuda en términos de titulación que tiene la universidad pública. Y recordemos que hoy un editorial del diario La Nación, en términos de construcción de sentido, es el espacio donde claramente se expresan los lineamientos más profundos, muchas veces, antes de que el propio gobierno los manifieste. Pasó con el tema militar y con la flexibilización laboral. Entonces, que en ese lugar se haya atacado al rector de la UBA, y en términos personales, es como tirar una bomba atómica para matar a una hormiga. (N. del R.: el 8 de agosto, La Nación publicó el artículo “¿Ciudadano ilustre?”, donde cuestionó en duros términos una distinción otorgada por la legislatura porteña al rector Alberto Barbieri).
En materia presupuestaria, ¿cómo se maneja el Poder Ejecutivo?
Instrumentalmente, desde el ministerio hay una estrategia de tener niveles de contención con las universidades grandes y más tradicionales, y ajustar hacia las más nuevas y vinculadas a la experiencia histórico-política del kirchnerismo. La UBA tiene una realidad particular. En el último presupuesto nacional, todavía con el gobierno de Cristina Fernández y con las mayorías que representaban al FPV, pasó algo muy importante: se incluyó por primera vez el vector salud. Era una reivindicación y un planteo clave, porque el presupuesto venía dejando de lado el financiamiento de todos los hospitales universitarios, que en el caso de la UBA son cuatro y tienen un fuerte rol social. Por eso, haber incluido el vector salud fue central. Que este año se hayan recibido $300 millones por ese motivo, más los $150 millones que vinieron por la reparación ante el aumento de las tarifas, hace que no podamos decir que la UBA tenga un ataque en términos presupuestarios. Al contrario. Ahora, universidades como las de Avellaneda, San Martín o Tres de Febrero, donde hay una lectura hasta estigmatizada, están bajo esa voluntad gubernamental de ahorcamiento.
¿Este tipo de actitudes pueden derivar, eventualmente, en planteos de establecer aranceles para la educación superior?
Creo que son de las cosas imposibles de ser dichas por el momento histórico, lo cual no implica que no estuvieran dentro de los anhelos futuros. Así como salió el editorial de La Nación hablando de la flexibilización laboral y ya dieron a entender cómo se gasta en términos de eficiencia en relación a la cantidad de titulados en la universidad, el día de mañana se viene por la instalación del modelo europeo, americano o chileno. Uno podría decir que si este mismo espacio logra otra solidez política, si se consolida en las elecciones de medio término y en las de 2019, entonces probablemente la orientación vaya hacia ese lado. Pero hoy ni siquiera puede ser dicho. Sí se puede empezar por establecer lógicas que lleven a poner cada vez más en crisis o en emergencia a la universidad y a los sectores que tienen allí su base material, su trabajo.
«No podemos decir que la UBA tenga un ataque en términos presupuestarios. Al contrario. Ahora, universidades como las de Avellaneda, San Martín o Tres de Febrero, donde hay una lectura hasta estigmatizada, están bajo una voluntad gubernamental de ahorcamiento»
Usted fue uno de los impulsores de la discusión que derivó en la Ley de Medios sancionada en 2009. Luego del recorrido que tuvo esa normativa hasta la actualidad, ¿qué balance hace?
Una lectura tiene que ver con el proceso social que desencadenó la voluntad de ordenar un ámbito que hasta ese momento solo estaba, en términos de debate, recluido a un sector muy chico de sujetos organizados, que eran aquellos con una relación directa: los gremios, los pequeños empresarios, los medios comunitarios y la academia, y por otro lado, un poder absolutamente diferente y desbalanceado que son los medios poderosos, privados y comerciales. Eso hizo que por 30 años de democracia cualquier discusión en torno a la necesidad de regular el sistema estuviera obturada e invisibilizada. Entonces, hay un primer balance que sin dudas es positivo, que es esa discusión sobre el lugar político de los medios.
El problema irresuelto fue la puesta en marcha de la norma…
Es que la ley se sancionó en 2009, pero para poder hacer un diagnóstico en términos de su aplicación, si uno quiere tomar ese año, ya ahí hay un sesgo ideológico. Hasta diciembre de 2015, donde se da el primer decreto de Macri, la verdad es que, vigente, la ley estuvo muy poco. Y no sólo por el proceso de judicialización, que manifestó el nivel de alianza estratégica de los grupos económicos y la justicia, y que va más allá de lo anecdotario de Clarín. Es eso que se expresa casi en una cotidianidad alarmante y que podríamos decir que es el maridaje entre justicia, medios y operaciones de inteligencia. Lo mismo se vio desde 2009 hasta el fallo de la Corte Suprema, y después también. En ese sentido, la estrategia de Clarín le dio más frutos que al campo popular, que pensó que cristalizando en una ley se iban a generar las condiciones para transformar y constituir un ámbito más democrático. Ahí también nos corresponde una mirada crítica y encontrar que hubo deficiencias.
¿Se refiere al poco avance en los aspectos de la ley no bloqueados por los amparos, como el 33% del espectro para los medios comunitarios?
Exactamente. Eso y que no se pudo desplazar del espacio político del campo popular la idea del lugar instrumental de los medios. Esto siguió siendo así, a pesar de que quienes veníamos del ámbito más académico-gremial-político, decíamos que a través de la ley se estaban llevando adelante políticas. La verdad es que eso estaba en un plano que era un poco más discursivo, de las formas, pero la razón instrumental de cómo ver a los medios y de cómo se movía con ellos el kirchnerismo, fue muy parecida al menemismo y a otros momentos del peronismo. Por eso, algunos decimos que en la próxima etapa en que podamos retomar el control del Estado, hay que impulsar esas políticas y no meramente pensar que vía pauta se puede intervenir o alterar el escenario mediático. Lo que se demostró es que eso fue meramente coyuntural.
¿Qué opina de la reglamentación que lanzó el macrismo para la distribución de la pauta estatal?
El manejo que tienen de la pauta, con un criterio de audiencias, que es la lógica del rating, no es muy diferente a cómo operan en otras zonas de la acción de gobierno, favoreciendo a los actores económicos más concentrados. No nos sorprende. Es la misma mirada, con la habilidad de que en este proyecto pusieron cierta inclusión de los medios digitales, que demuestra algo más del orden de la habilidad y la astucia que de una sustancia que invoque a la participación de las distintas voces en la sociedad. Se decía que el PRO ganó las elecciones porque tuvo una estrategia marketinera, porque supo cómo instalar alguna especie de lugar frente a una demanda de cambio en la sociedad… Todo eso es muy bonito. Ahora, muchas de las acciones que vienen llevando desde el primer día demuestran que este es un gobierno ideológico, que tiene una vinculación instrumental con los factores de poder con respecto a cómo acciona desde el Estado. Ganaron y tienen la capacidad de imponerlo, y como además cuentan con los medios a su favor, construyen un discurso en torno a eso como si fuera superador de la experiencia previa.
Más allá de esa afinidad de origen con el oficialismo, van surgiendo algunas rispideces con estos grandes grupos. ¿A qué responden?
La política es fruto de que los conflictos interburgueses no se procesan fácilmente. Sino, todo sería sencillo. Pero la realidad es más compleja. En una primera lectura, es fácil ver e interpretar que los factores de poder tienen una relación directa con quienes gestionan el Estado y que los medios son una malla de contención frente a las tensiones que dispara el cambio de lógica política. Pero hay muchos conflictos ahí adentro, que además expresan la forma en que se gestiona el Estado. Cuando se pone a CEO’s a dirigir lo público, eso refleja una concepción ideológica, pero que en su propio andar construye crisis y conflictos.
«La estrategia de Clarín le dio más frutos que al campo popular, que pensó que cristalizando en una ley se iban a generar las condiciones para transformar y constituir un ámbito más democrático. Ahí también nos corresponde una mirada crítica y encontrar que hubo deficiencias»
En ese mismo plano, ¿cómo manejan estas empresas sus acuerdos con el gobierno en un escenario de conflictividad social evidente?
Hay algo que Clarín ya ha demostrado que sabe interpretar muy bien: ellos expresan un interés que va mucho más allá de lo empresario. Que en 2001 Héctor Magnetto haya sido el segundo de la Asociación Empresaria Argentina, el conglomerado que juntó al sector más concentrado de capitales en el momento de la profunda crisis, demuestra el lugar estratégico que tiene un grupo como Clarín. Eso hace que, en su caso, necesite no terminar de romper nunca el hiato con la base a la cual orienta en términos de cómo construir imaginarios y formas de pensar. Por lo tanto, tampoco podría convertirse en ‘el diario de Yrigoyen’, para decirlo de alguna manea. Porque ellos vienen a orientar qué es lo que Yrigoyen tiene que hacer, no a mostrarle la sociedad. Clarín tuvo un crecimiento de más del 50% de sus acciones en ocho meses y compró el 100% de Nextel. Ya es un actor que va a intervenir no sólo en el mercado de la telefonía, sino en el de los datos de todos nosotros.
Frente a este cuadro, ¿cuál es el desafío para los demás espacios políticos, muchos de los cuales abrevaron en el kirchnerismo?
Esto debe llevar a que sea cada vez más fina la lectura en el campo popular sobre cómo se construye y circula la discursividad política. En 2001, en los paredones, estaba escrito “nos mean y Clarín dice que llueve”. Ahora eso es más complejo. Hoy, uno de los principales editores de Clarín, puede salir a contar que el grupo hizo “periodismo de guerra” y pasa como si nada, cuando en realidad es como si un cirujano dijera “yo me dedico a extirpar órganos para venderlos en el mercado negro”. Tenemos que tener una clara interpretación de lo que esto significa. Armar otras mallas, otras redes y otra dicursividad sobre lo político y lo público, que permitan construir conciencia desde otro lugar. Los efectos concretos de las políticas actuales pueden llevar a que muchos sectores repiensen sus votos, pero si no tenemos una lectura más fina tampoco eso va a cimentar en un campo popular agregado que permita una victoria en las próximas elecciones. Muy probablemente, lo que busque la estrategia de los espacios comunicacionales-políticos es disgregar ese descontento, y que termine siendo funcional a edificar más potencia de poder de quienes controlan el Estado.
