Un grito en medio de la demolición

Sobre el cierre de la TDA, los despidos en los medios públicos y el silencioso fin de la “batalla cultural”.

Cuando digitalizaron la señal del cable en mi barrio, en el sur de Ciudadela –Conurbano oeste– vino el técnico de Telecentro con los decodificadores para instalar. Detrás de los televisores, allí donde se enredan cables y se junta la pelusa, el técnico me miró con una tenaza en la mano y dice:

 

–Ah! Esta es la antena de Cristina –y con sonrisa socarrona la desconecta.

 

–Bueno, es la TDA –le respondo sin réplica.

 

Todo quedó instalado y con señal. El técnico nos dejó los televisores clavados en Canal 26 –la señal de noticias del multimedio–, unas cajas para tirar y unos pedacitos de cable cortado en el piso. Por supuesto, la TDA desconectada.

 

El desprecio de aquel trabajador precarizado sobre la TDA me apenó. No por Cristina, sino porque nunca entendió que esa digitalización tenía mucho que ver con la inversión del Estado en telecomunicaciones y que ampliaba sus horizontes incluso como técnico especializado. Pero no lo vio y no me atrevo a culparlo. ¿Es su responsabilidad o fue un vacío de la política pública?

 

Fueron estos diálogos perdidos y las preguntas las que me señalaron algunas cuestiones de la tesis doctoral que estaba escribiendo en aquel momento. El técnico no era mi objeto de estudio, pero en su enunciación había una clave, ya que no era un eslabón perdido del discurso dominante.

“¿Qué fue de aquella épica “batalla cultural contra los monopolios y en pos de la democracia”? Silencios, suspiros o muecas parecen ser hoy las respuestas posibles”

Años atrás, uno de mis impulsos fue la pregunta por la democratización de la comunicación lograda/alcanzada/intentada (?) en más de cincuenta iniciativas en el sector durante el periodo 2007-2015 –si, en los gobiernos de Cristina y de “sus antenas”, digamos–, pero por el comentario del técnico tal emancipación nunca ocurrió. Su corte del cable, sin embargo, indicaba un matiz interesante.

 

Desde la asunción del gobierno macrista esas políticas que indagaba fueron cortadas con la tenaza, les pelaron los cables o dejaron que se cubran de pelusas. Desguace, abandono y viraje son términos más académicos para nombrar lo que acabo de decir. Todo ello ocurrió sin indignación, bronca o queja entre “la gente”, sólo una minoría se expresó en los redes y en alguna concentración. Era un grito en medio de la demolición. Tal escenario fue el marco en el que la mayoría de los ex funcionarios/as entrevistados para la investigación doctoral marcaban con perplejidad. ¿Qué fue de aquella épica “batalla cultural contra los monopolios y en pos de la democracia”? Silencios, suspiros o muecas parecen ser hoy las respuestas posibles.

 

Hace pocos días se conocieron los “retiros voluntarios” –esa invitación elegante del neoliberalismo– en las señales Encuentro, Paka Paka y Deportv. A los que se suma el cierre del proyecto TDA y el desmembramiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la potencia transformadora de su texto, a modo de puntapié, entre otros daños de los vientos de cambio. La enumeración arbitraria de estos hitos da cuenta de tres condiciones interrelacionadas que marcaron el fin de las políticas públicas de comunicación del kirchnerismo: falta de institucionalización, escasos canales de participación ciudadana en la gestión y la carencia de apropiación social.

 

De fierros legales

En términos generales, muchos de los programas fueron creados por resoluciones ministeriales, pero no contaron con un respaldo normativo que las sostenga más allá de los alternancias en el gobierno. De tal forma que el desmantelamiento se sirvió en bandeja. Esa suerte fue la de programas como el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CEPIA), Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) y el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina (MICA).

 

La institucionalidad también debe ser entendida por el establecimiento planificado en las modalidades del financiamiento para consolidarlas en el tiempo. Un aspecto que en el kirchnerismo se depositó en la esperanza del crecimiento y el desarrollo motorizado por la inversión pública. Allí el cuello de botella de la producción simbólica no es muy diferente a los condicionamientos históricos por tratar de romper las cercas del campo y diversificar.

 

Otro aspecto clave para pensar la institucionalidad es el devenir del capitalismo financiero que altera la producción, circulación y acceso –ya no propiedad– de los servicios y bienes de las industrias culturales. En la red de lo convergente, la especulación y la posverdad monetaria, ni siquiera los bloques regionales pueden hacer frente sino articulan mecanismos propios de financiamiento. En este punto, las políticas de comunicación orientadas a la integración latinoamericana también son vulnerables en el mercado –tal es el caso de MICSur, VENTv, la programación de INCAATV y los acuerdos de cooperación de los canales educativos–.

 

La inquieta participación

Una de las dimensiones clave de un proceso democratizador y de la comunicación en sí misma es apertura de canales de participación. Es que si hay que democratizar, eso implica el reconocimiento de que muchos están afuera y por ende, no hay igualdad. Sin duda, el movimiento de los que no pinchaban ni cortaban, en cualquier ocasión, puede resultar, al menos, incómodo.

 

En el caso argentino, se crearon por ley distintos entes de representación para la guía en la toma de decisiones y contralor. Esos espacios aparecían como consecuencia del reconocimiento de derechos de parte del Estado. Pensemos, por ejemplo, en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) formados por académicos, organizaciones civiles, sindicatos y pueblos originarios o en el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVDT). Cumplieron un rol burocrático, acompañaron el rumbo, pero, paradójicamente, significaron un límite a la ampliación de la participación, tanto en lo sustantivo como lo formal. O al menos, habría que pensar ¿por qué no hay resistencias ante el desguace de la TDA? ¿Por qué no la hubo cuando se ralentizaron los concursos de señales de la TDA?

“Estos interrogantes no buscan restaurar lo dañado sino repensar políticamente esa experiencia tan voluntariosa y vulnerable al mismo tiempo”

Y en términos más amplios, ¿por qué no se crearon entes similares en todas las políticas implementadas? ¿Qué modo de participación es posible para dinamizar la realización del proceso de democratizar la comunicación llevada a cabo por el Estado? Estos interrogantes no buscan restaurar lo dañado sino repensar políticamente esa experiencia tan voluntariosa y vulnerable al mismo tiempo.

 

Lo cierto es que es necesario pensar los canales institucionales en el marco de un populismo. Más allá de las articulaciones posibles, las demandas se dislocan por lo que lo alcanzado siempre es contingente. En Laclau, el pueblo encuentra su representación en el líder y hay poco margen para otros modos de participación que superen lo propuesto por la tradición liberal. En suma, el liderazgo interpela los modos de institucionalización conocidas, en tanto funciona como tal en su legitimidad.

 

La apropiación del derecho

En relación a los factores mencionados, hubo un tercero que es la apropiación ciudadana de los derechos comunicacionales alcanzados. Muchos ni siquiera los conocen, otros no los entienden –como el técnico– y algunos creen que no los necesitan. Así el discurso de producción nacional, federalismo, el derecho a la comunicación, la accesibilidad, la diversidad, la memoria y la identidad pierden relevancia en lo cotidiano, sobre todo en contextos de concentración mediática.

 

A pesar de los programas de distribución inclusiva de los decodificadores, de la extensión de la señal, de la normativa de que todos los televisores tengan el logo de la TDA, de la calidad técnica y la gratuidad sobre contenidos tan populares como el fútbol argentino, este sistema público no es percibido socialmente como un derecho adquirido. Ni siquiera sus señales propias como Acua Federal y Acua Mayor fueron/son reconocidas, cuando cada una de ellas fue pensada para brindar la posibilidad de construir relatos más allá del barrio de Palermo y protagonizada por personas que superan los 60 años, respectivamente. Ni siquiera la capacidad creativa aplicada es objeto de análisis de las escuelas de producción audiovisual.

“Una de las dimensiones clave de un proceso democratizador y de la comunicación en sí misma es apertura de canales de participación”

Sin duda, la escasa comunicación de estos derechos a ser utilizados por la ciudadanía no contribuyó a una apropiación de ese bien de goce individual como social –sin dejar de lado la potencia del discurso de las corporaciones mediáticas–, sobre todo en los grandes centros urbanos. Se vuelve indispensable considerar los territorios comunicacionales que exceden las pantallas y los mensajes unidireccionales.

 

No obstante, estas tres condiciones por si solas no protegen ni los recursos formados y destinados a su funcionamiento, ni a los derechos reconocidos; sino que deben estar articuladas entre ellas para dinamizar el proceso. De tal forma que no hay apropiación sin participación, y no hay democratización sin participación, ni institucionalidad legitima sin aquellas otras. En ese sentido, el caso paradigmático es canal Encuentro que, desde su salida al aire en 2007, es una señal respetada tanto por el sector privado como por las audiencias. Un prestigio ganado por una programación diversa y educativa, calidad en los contenidos y búsquedas estéticas, donde el rating no es una variable central. Sin embargo fue vaciado de sentido. Desde el “cambio” en el logo –de la igualdad a la asimetría–, su salida de Educ.Ar SE para pasar al Ministerio del Sistema de Medios Públicos y que en consecuencia, lo aleja de su finalidad educativa para seguir los lineamientos de una comunicación gubernamental que ya ni requiere de medios propios, el canal ya no es lo que era. La falta de renovación en la programación reemplazada por documentales de animales –tal como los billetes– tiene por corolario el despido de todo su equipo de producción. Ese prestigio, el uso de sus contenidos en el aula, su propuesta estética, su marco institucional y de financiamiento parecían inmunizarlo pero no.

 

Tras las huellas

¿Qué ha quedado? Al menos dos generaciones de trabajadores en regulación, producción audiovisual y telecomunicaciones. Si bien pertenecen a grupos etarios distintos, comparten ciertas concepciones de la comunicación desde la formación en universidades públicas, algunos profesionalizados en medios privados pero con la fuerte convicción de que otra televisión es posible. Un aspecto clave de estos recursos es que compartieron experiencias en el armado de las nuevas señales, sobre todo en las educativas, y abrigaron la ley de servicios como la promesa democrática. Desde hace unos años, también, tejen reflexiones sobre el devenir de estas políticas. Eso constituye un acervo potencialmente transformador en lo que refiere a la coordinación de medios de gestión estatal que el ministro Hernán Lombardi nunca atendió.

 

Entonces, si no se democratizó, ningún canal dejó de trasmitir, no había apropiación suficiente, ¿por qué demoler todo? Creo que hay algo más subyacente que es la huella de la democratización. Esta devela que el orden de lo que conocemos está dislocado –como que Clarín es un monopolio–, que obliga a la movilización permanente de la ciudadanía, que la comunicación no es una mercancía que hay que pagarla y que hay desigualdades en el ejercicio de la palabra que es la materia de la democracia.

 

En términos de política, la huella muestra que la configuración de un ecosistema de políticas públicas de comunicación no podrían entenderse por fuera del proyecto político de fortalecer el Estado para regular el mercado –como actor, inversor y formador de audiencias–, de las políticas de memoria, verdad y justicia; de inclusión social; de apuesta a la educación y a la CyT como factores para el desarrollo económico federal. Características que logradas o no resultan peligrosas para las corporaciones porque el horizonte de la democracia sustantiva y radicalizada es impreciso e inquietante.

 

Mi antena TDA cuelga detrás del televisor. No tiene la ficha para conectar. Fuerzo para instalarla y en la pantalla ni siquiera hay señal de ajuste, ¿será por qué en estos tiempos lo oscuro no es invisible y que los gritos para no seguir perdiendo nadie los escucha? La demolición es precisa, pero siempre quedan rastros de lo que fue, lo que no y lo que pudo llegar a ser.

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