Una ciudad a rosca

De la Redacción de ZOOM. Las fuerzas políticas porteñas se encuentran en una negociación a varias bandas donde se discute el presupuesto 2012 y la renovación de cargos en la Auditoría, el Banco Ciudad y el Consejo de la Magistratura. El PRO repite dos de sus hits: aumento de ABL y toma de deuda. Macri busca desfinanciar las inminentes comunas.

El viernes 30 de septiembre pasado, el Ejecutivo porteño giró a la Legislatura el proyecto de presupuesto para 2012. La iniciativa contempla un incremento de casi 1.200 millones de pesos respecto del presupuesto del año pasado, a través de la toma de deuda pública a nombre del Gobierno de la Ciudad. Así, el plan financiero llegaría a los 30.000 mil millones de pesos, posicionándose como el tercer presupuesto más alto del país, detrás del nacional y del de la provincia de Buenos Aires. El aumento en los recursos disponibles para el macrismo se consiguió pocos días después de la presentación, de la mano del bloque del Frente para la Victoria, apoyo que se enmarca en un paulatino cambio en la relación entre los ejecutivos porteño y nacional. Más allá de este dato, el debate que aprobará o rechazará el presupuesto tiene al menos dos temas que concentran la atención de todas las fuerzas políticas: la propuesta de suba de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza y el presupuesto para los nuevos gobiernos comunales. En paralelo, continúa la negociación que va a definir los cargos para los organismos públicos autárquicos.

A recaudar

El primer tema en cuestión es la propuesta de aumento del ABL, que en promedio aumentaría un 66%. Si bien la principal fuente de crecimiento de recursos va a ser la adquisición de deuda, esta medida le permitirá al gobierno porteño hacerse de unos 924 millones de pesos más, lo que llevaría a la recaudación por este impuesto a los 2300 millones de pesos. A sabiendas del espíritu promotor de impuestazos del macrismo, esta vez se cuidaron de argumentar los por qué, no sin cierta razón, y cuál sería el procedimiento para implementar esta suba. Según el propio ministro de Hacienda porteño, Héctor Grindetti, “la base imponible del tributo está muy desactualizada, ya que si uno toma el valor fiscal de todas las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires y lo divide por la cantidad de metros cuadrados que hay construidos, el precio promedio del metro cuadrado es de 129 dólares”, por lo que el aumento apuntaría a generar mayor equidad tributaria. Grindetti propone entonces que el techo de pago de ABL sea el 1% del valor comercial de las propiedades, lo que llevaría a que quienes hoy pagan 100 pesos anuales por este impuesto, si la ley fuera aprobada, pasarían a pagar 500 pesos. En teoría, esta propuesta está confeccionada en función de un relevamiento realizado casa por casa, aunque cuando los legisladores de la oposición le solicitaron el estudio a Grindetti durante la presentación de presupuesto, se negó a exhibirlo.

Este mismo ministro estuvo en el ojo de la tormenta en la discusión sobre otro de los temas que más polémica viene generando: el presupuesto que dispondría la administración de las Comunas. Según establece la Ley Orgánica de Comunas, el presupuesto para los 15 distritos descentralizados debería ser el 5% del presupuesto integral de la ciudad, lo que según la proyección oficial para 2012, alcanzaría la suma de 1.500 millones de pesos. A pesar de esto, el macrismo propone otorgar sólo 74 millones, a razón de 5 millones por distrito. La justificación de este monto es que ese es el volumen de recursos que dispusieron los CGPs durante 2010, argumento que choca con la decisión política del PRO de quitarle funciones a las Comunas. Hace un mes y medio, a través de un decreto de Macri, se crearon las Unidades de Atención Ciudadana, organismos fuera de estructura concebidos para desplazar las funciones propias de las Comunas, que deberían heredar de los actuales Centro de Gestión y Participación. Este cuestionamiento y la falta de participación vecinal en el desarrollo del plan financiero de las Comunas, fueron las principales críticas de la oposición a este punto. La visita de los ministros a las comisiones legislativas continuará durante esta semana y la que viene, para llegar a la sesión del 27 de este mes con todos los cuestionamientos sobre la mesa para votar la aprobación o el rechazo, tal como sucedió en 2010, del proyecto de presupuesto.

Monedas de cambio

En simultáneo, durante estas semanas se realizan afiebradas negociaciones para definir qué fuerzas y cuántos lugares ocuparán en los principales organismos financieros y de control de la ciudad. Este año, junto a la renovación de la mitad de la cámara de representantes, se deben renovar los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad, el directorio del Banco Ciudad, tres integrantes del Consejo de la Magistratura y parte del directorio de la empresa del Estado Corporación del Sur. En el caso de la Auditoría, se deben renovar los siete auditores, de manera proporcional a la cantidad de representantes que cada partido posee en la Legislatura. Hoy la principal discusión es si se toma la conformación actual o si se considera la que asumirá luego del 10 de diciembre. Esto no es un dato menor, ya que tanto el PRO como el FPV se recuestan sobre esta segunda posibilidad que les permitirá alzarse con 4 y 2 cargos respectivamente, desplazando a Proyecto Sur como segunda fuerza. En este esquema, el FPV retendría incluso al Auditor General, reservado siempre para la segunda fuerza y desde 2007 en manos del kirchnerismo. Con respecto al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de promover a los jueces, debía renovar un tercio de sus integrantes a fines del año pasado, pero el PRO consiguió una prórroga que le permitió mejorar su relación de fuerza en la disputa. En los pasillos legislativos suena con fuerza el nombre de Juan Manuel Olmos, por el espacio alineado nacionalmente con Cristina Fernández de Kirchner; Sebastián De Stéfano, ex consejero e integrante del radicalismo PRO; y Marcelo Parrilli por Proyecto Sur. Todos ellos han presentado el martes 18 de octubre su postulación, pero ahora deberán esperar el visto bueno del Comité de Ética del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad y luego ser aprobados por dos tercios de los legisladores porteños.

En el caso del directorio del banco público y de la empresa encargada de generar mejoras en la infraestructura de los barrios del sur, habrá que esperar sí hasta la renovación del mandato del Jefe de Gobierno, quien una vez en el poder, tendrá un plazo de 30 días para girar al palacio legislativo los nombres de quienes busca que ocupen esos cargos.

¿Seguridad?

En la ronda de defensa del presupuesto asignado a su cartera, Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, confirmó que los recursos llegarán a algo más de 1850 millones de pesos, que en su mayoría se utilizarán en compra de armamento e instalación de 2000 cámaras de seguridad para la vía pública. A pesar de que la partida asciende a un 5% del global, no hay novedades sobre la ampliación territorial del radio de acción de la policía metropolitana.

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