Para el ex juez federal Carlos Rozanski, la situación del Poder Judicial, al que considera un instrumento en manos de Cambiemos, no registra antecedentes desde el fin de la última dictadura cívico-militar: “En ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo”, aseguró el ex magistrado. Tampoco dudó en calificar al fiscal Carlos Stornelli como “un delincuente” y en atribuirle al juez Claudio Bonadio “la actividad de encarcelar opositores”.
Como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en 2006 Rozanski condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y en 2007, al capellán Christian von Wernich. En 2016, presentó la renuncia y se jubiló, denunciando una persecución del PRO en el Consejo de la Magistratura, donde avanzaba una causa en su contra por “maltrato laboral”. En la actualidad, es docente en distintas universidades, incluida la de Madrid.
Sobre el escándalo en torno a Marcelo D’Alessio, Rozanski aclaró que si bien siempre hubo “chantas que aprovechan (…) para sacarle plata a algún idiota, esto es otra cosa completamente distinta, es una organización criminal”, en cuya cima ubicó al propio Mauricio Macri. “La figura más trascendente de esta red es el presidente, es él quien ha dicho que tenía una lista de 642 personas para mandar en un cohete a la Luna”, subrayó.
– ¿Cómo considera la situación del Poder Judicial en el país?
– La justicia en Argentina ha hecho un retroceso de más de 40 años, porque tendríamos que irnos a marzo del ‘76 y los años siguientes para recordar alguna situación similar, en cuanto a un Poder Judicial que, en aquella época, aceptó la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos esenciales. Este es un gobierno, en principio, elegido democráticamente, pero de inmediato transformado en un verdadero régimen de supresión de derechos, persecución política, cárcel y un nivel de violencia institucional y simbólica no conocido desde la dictadura. Por lo tanto, es altísimamente preocupante la situación del Poder Judicial, porque se está produciendo en un régimen aparentemente democrático, pero alejado de lo que significa el Estado de derecho, y es algo que no estamos adecuadamente preparados para enfrentar. Aclaro que me refiero al sector más reaccionario y recalcitrante de la justicia, no a la totalidad. El resto trata de sobrevivir y algunos hacen un gran esfuerzo para resistir y luchar contra este régimen.
– En este escenario, ¿cómo actúan los distintos sectores judiciales?
– Desde mi punto de vista, el Poder Judicial tiene tres sectores: uno, pequeño, es sumamente decente, con gente muy preocupada por el día a día, por trabajar bien y cumplir con lo que significa la responsabilidad de integrar un Poder Judicial que decide la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Después, en el otro extremo, hay un sector criminal, porque está integrado por personas que comenten gravísimos delitos. Son los visibles apoyos que tiene este régimen y que se traducen en la actividad de encarcelar opositores, por ejemplo, del juez Bonadio; y la actividad de extorsionar, como es la banda que lleva adelante el fiscal Stornelli. Es un poderoso y muy influyente, pero no deja de ser también un sector pequeño. Entre ambos extremos, hay una franja enorme que es lo que yo llamo “los diletantes”, es decir, jueces y fiscales que van acompañando los momentos políticos sin mayor compromiso. Obviamente, los más preocupados son esa minoría de gente honesta. Los criminales han tenido históricamente y tienen un nivel de impunidad extraordinario. El sector intermedio tampoco tiene mayor preocupación, no son gente que se comprometa como para correr riesgos. Son diletantes pero causan un daño social enorme, porque su forma de actuar termina siendo completamente funcional a esa otra parte de la Justicia que opera como una organización criminal.
– En ese mapa, ¿dónde ubica al juez Alejo Ramos Padilla?
– Es uno de los jueces federales más decentes que tiene el país. Por eso es tan importante su situación actual. Es necesario fortalecerlo ante el avance de los ataques que seguramente va a seguir recibiendo y cada vez mayores.
– ¿Lo sorprendió lo ventilado en la denuncia contra Stornelli?
– A la gente interesada por la actualidad, no la puede sorprender de ningún modo. En primer lugar, porque el fiscal Stornelli es un delincuente, es un hombre que comete delitos. En este caso, el que se denunció no solo es gravísimo desde lo institucional sino que además muestra el nivel de impunidad con que se manejaba. Incluso las respuestas parecen una burla. Burla en cometer los delitos pero también en descalificarlos. Hablamos de delitos ejecutados desde el Estado y no creo que los mandos terminen en Stornelli, creo que hay muchos socios y, además, superiores. Desde el Estado y con ese nivel de crueldad, se recaudan millones de dólares en una operación tan tremenda, que de todos modos no es la operación original.
– ¿En qué sentido no lo es?
– La operación original no es la extorsión, sino la persecución política, en este caso, en cabeza de la expresidenta Cristina Fernández y del resto de los opositores. No la persecución de un partido en particular, sino de todo el arco opositor. Esa era la finalidad y, al lado, la recaudación multimillonaria que generan estos delitos. Es la punta de un iceberg mucho más poderoso que el que terminó destruyendo al Titanic, porque ese iceberg es nada menos que un pedazo del Estado argentino al servicio del crimen. Es algo que deberíamos tomar con muchísima seriedad y creo que hay gente que lo está haciendo, pero se necesitan muchas instancias, especialmente políticas, y también que acompañen aquellos sectores decentes del Poder Judicial que mencionaba antes. El nivel de criminalidad es tan alto que enfrentarlo va a requerir una suma de voluntades de distintos sectores institucionales.
– ¿Cómo se llegó a una situación tan crítica? ¿Qué parte es fruto de esta gestión y qué responde a lo no resuelto en gobiernos anteriores?
– El estado del Poder Judicial y su complicidad, porque un sector forma parte del plan criminal de transferencia de recursos de pobres a ricos, no es una creación del régimen actual. Estuvo siempre. Fui juez de cámara 25 años continuos, en dos poderes judiciales: la provincia de Río Negro y el fuero federal, y en ambos casos por concurso. Es un tiempo muy largo viendo ese funcionamiento desde adentro. Para dar una idea, el primer golpe de Estado en Argentina, del 6 de septiembre de 1930, cuatro días después fue convalidado por la Corte Suprema, con dictamen favorable del entonces procurador general de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces, claro que hubo adelantos y retrocesos, con un sector importante de gente sumamente decente. El problema son los malos jueces y fiscales que están desde siempre, que han sido reemplazados por familiares, de sangre y políticos, de su mismo pensamiento. Insisto: no es una creación de Cambiemos ni del PRO, sino que es la continuación de todas esas décadas de Poder Judicial diletante, con el agravante de que esta gestión, en concreto, sí ha hecho una vuelta de tuerca empeorando lo malo.
– ¿De qué manera?
– A través del plan de acción que llevan adelante, que está integrado por ese sector del Poder Judicial más reaccionario, por lo medios hegemónicos de comunicación, encabezados por los diarios Clarín y La Nación, y por el Poder Ejecutivo nacional. Son las tres patas del brutal momento que estamos viviendo, que en lo mediático requiere una comunicación de opinión, si se quiere, única, de manipulación sin precedentes, inspirada en los 11 principios de Goebbels del nazismo, en cuanto a la reiteración de la mentira que termina generando una verdad. Si millones de personas sólo ven los canales de estos grupos, no tendrán ni idea de lo que está pasando con Stornelli, por ejemplo. Esta manipulación tiene un peso enorme en un plan que, reitero, está basado en la transferencia de recursos para la implementación de un modelo económico brutal, acompañado de la obtención, a su vez, de manera ilegal y criminal, de recursos de extorsiones mediante la amenaza de meter gente presa. Esto tiene que ver también con la creación de un estado de shock, el mismo al cual se refiere Naomi Klein.
– ¿A qué situaciones actuales le atribuye la aplicación de ese método?
– El modelo neoliberal requiere de un estado de shock para implementarse. En democracias como la nuestra, cómo pensar que puede haber un sector importante de la población que vote a quien lo va a empobrecer. Ese estado de shock se genera con distintos mecanismos, pero el terror es una parte central. En dictaduras, es el terrorismo de Estrado, fue el plan Cóndor I; en estos momentos, es el plan Cóndor II, que tiene otro modelo de terror: el que genera el miedo a ser detenido, a quedar en la cárcel por extorsión de fiscales como Stornelli o jueces como Bonadio. Todo ese análisis hay que realizarlo para tener una idea cabal del daño que se está produciendo.
– ¿Conoció a Marcelo D’Alessio?
– No. Sí vi pulular personajes de ese estilo, no con esas características exactas y tampoco delante mío. En 25 años, no tuve interferencia hasta que subió este gobierno. Quiero decir que mi perfil de trabajo no era para estar vinculado a este tipo de delincuentes. Pero no tengo dudas de que existen en los tribunales. Algunos son sólo chantas, pero ese es un delito común a lo largo de la historia: decir que se es amigo de un funcionario para sacarle plata a algún idiota. Esto es otra cosa completamente distinta, es una organización criminal desde el propio Poder Judicial y hablamos de millones de dólares. Estamos muy lejos de chantas y realmente cerca de criminales muy peligrosos. Los ha habido siempre, sucede que, de acuerdo al espacio que les dé el Estado, tendrán un rol más o menos importante.
– En ese aspecto, ¿qué diferencia ve con respecto a la actualidad?
– Los gobiernos anteriores, por lo menos cuando estuve en la justicia federal, fueron distintos. Este tipo de personajes no podrían haber trabajado con la facilidad con que lo están haciendo, porque hay una sintonía incluso ideológica en las redes que han tejido entre sí, con determinados medios, con esa parte del Poder Judicial vinculada a servicios de inteligencia y, por último, el propio Ejecutivo. Evidentemente, la figura más trascedente de esta red es el presidente. Es él quien ha dicho que tenía una lista de 642 personas para mandar en un cohete a la Luna. Sabemos cómo piensa el presidente y qué planes lleva adelante: un plan de destrucción bastante masiva de ciudadanos, con los sectores más vulnerables en primer lugar.
– ¿Cómo supone que va a continuar la causa por extorsión?
– Creo que si queda, como corresponde, en manos del juez Ramos Padilla, el avance va a ser impresionante y no va a dejar de sorprendernos, no porque Stornelli esté metido, sino por las ramificaciones en los distintos sectores del poder. Y si esto no avanza porque logran sacarle la causa al juez natural, estaríamos en problemas muy graves como sociedad. Pero creo que, aun así, vamos a estar siempre en un clima de concientización de este tipo de crímenes, porque una vez que esto se destapa es una Caja de Pandora. Repito la necesidad de que todo el arco opositor tome las medidas del caso. Estoy hablando de una Bicameral en el Congreso y otras medidas que crean corresponder y, al mismo tiempo, ir pensando en una reforma profundísima del sistema judicial, que va requerir un cambio de régimen pero también de un enrome esfuerzo intelectual para poder desandar el camino de criminalidad que está llevando adelante esta gente.
– ¿Qué opina de la política que se construye en base a denuncias?
– La denuncia de un delito es esperable y deseable en cualquier sociedad democrática, por lo tanto creo que el problema no es con las denuncias en general, sino con las malintencionadas y direccionadas como operaciones de inteligencia. Tienen que ver con algo terrible que está sucediendo en la región, que es lo que en inglés se llama lawfare, la guerra que impulsa este régimen neoliberal a través del Poder Judicial. Por ese tipo de actividad está preso Lula en Brasil y fue derrocada Dilma Rousseff. Está sucediendo en distintos países y en el nuestro, por supuesto, con los presos políticos, que son el resultado de esa guerra jurídica que consiste en tomar socios y cómplices del Poder Judicial y, a través de ellos, canalizar persecuciones que se van a traducir en detenciones ilegales, etcétera. Uno de los ejemplos más sórdidos que tiene la actualidad es la llamada “ruta del dinero K”.
– ¿Por qué la considera un ejemplo de lawfare?
– Porque es un instrumento poderosísimo del régimen actual y es una ficción generada hace años por una conjunción similar, compuesta por periodistas, en este caso, del diario Clarín y, muy especialmente, La Nación. Eso ha causado una cantidad importante de opinión acerca de que la ruta del dinero K es un hecho y que el gobierno anterior ha robado todo. No importa que no se hayan encontrado los containers con dinero que han buscado agujereando medio país, tampoco que no haya ni pruebas ni causas con buen fin. No las puede haber porque es mentira. Nace a partir de una idea falsa y operaciones de inteligencia, con la complicidad de periodistas y el Poder Judicial instrumentándola y deteniendo gente por una causa como la de fotocopias, única en nuestra historia judicial. No hay antecedentes de una causa judicial criminal que termine con gente detenida por fotocopias. La comandancia está en manos del presidente y su equipo gobernante, que son también criminales muy serios, porque están cometiendo una cantidad de delitos, diría, casi inédita. Por supuesto, sin comparar con dictaduras genocidas, pero en ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo hoy.
