“As every cop is a criminal”
(Symphaty for the Devil. The Rolling Stones)
En un nuevo espasmo mediático-judicial, el descubrimiento de 36 sobres con más de 150.000 pesos en un allanamiento realizado el mes pasado en la Jefatura Departamental de La Plata volvió a sacar a la luz una de las tantas aristas de la trama oscura que atraviesa desde hace décadas la historia de la fuerza de seguridad más numerosa de la Argentina: la corrupción de la Policía Bonaerense. Y actualiza, una vez más desde el retorno de la democracia, el debate sobre las limitaciones del poder político para controlar a una institución armada capaz de poner en jaque a cualquier gobierno.
El recuento de causas judiciales, investigaciones internas y externas, sumarios y denuncias que involucran a la Policía de la Provincia de Buenos Aires permite componer un mapa de negocios ilegales que produce millones de pesos: prostitución, juego clandestino, regulación del tráfico de drogas, robos por encargo a través de delincuentes profesionales o de jóvenes de sectores vulnerables que son obligados a cometerlos, liberación de zonas para la perpetración de delitos y redes de desarmaderos de autos, por nombrar sólo algunos. Y, complementariamente, mecanismos de corrupción interna al servicio del enriquecimiento de los jefes, que incluyen la compra de destinos al frente de comisarías mediante cuotas mensuales y el pago de comisiones a cambio de ascensos.
Los datos duros muestran que la Bonaerense es una megafuerza de seguridad que prácticamente no tiene parangón con ninguna otra policía del mundo democrático. Sus casi 90.000 efectivos hacen que en el territorio de la provincia haya un policía por cada 185 habitantes. Una tasa desmesurada si se la compara, por ejemplo, con la de la policía de Nueva York -tan elogiada por los políticos autóctonos a la hora de reclamar mano dura- que sólo tiene un uniformado cada 561 ciudadanos. Si se quiere una medida más cercana, en Río de Janeiro hay un policía cada 355 habitantes, mientras que en San Pablo la tasa baja a uno cada 488.
«El recuento de causas judiciales, investigaciones internas y externas, sumarios y denuncias que involucran a la Policía de la Provincia de Buenos Aires permite componer un mapa de negocios ilegales que produce millones de pesos»
En las últimas dos décadas su crecimiento ha sido casi exponencial: de 45.000 efectivos en 1997 (1 cada 297 habitantes) pasó a 55.000 en 2011 (1 cada 289) y a 82.000 en 2014 (1 cada 201). El último gran salto lo pegó en 2015, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli incorporó de un saque a casi diez mil nuevos agentes para satisfacer las “necesidades” de la estrategia de saturación de las calles de su último ministro de Seguridad, Alejandro Granados.
En su informe anual de 2016, la Comisión Provincial por la Memoria denunció explícitamente las consecuencias de esta política. “El despliegue territorial de las fuerzas policiales se acrecentó de manera superlativa y la política expresa de endurecimiento implicó un incremento de la violencia policial sobre los sectores más vulnerables de la población -dice el documento-. Del mismo modo, el despliegue estatal de la violencia en las condiciones descriptas es la condición de posibilidad para el gatillo fácil, las torturas, el hostigamiento policial, el reclutamiento para el delito o el armado o fraguado de causas. Estos entramados y prácticas de control territorial son centrales para entender el incremento de ingresos al sistema penal y el consecuente escenario de masivas vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Semejante presencia en el territorio hace de la Bonaerense un factor fundamental a la hora de definir no sólo la seguridad sino la calidad de vida en general de los ciudadanos de la provincia. Eso, a su vez, la transforma en un actor político de peso, algo que la diferencia de la mayoría de las policías del planeta. “El primer punto de anclaje de la Bonaerense es su poder de dominio territorial, su capacidad de llegar a los intersticios más desagregados de los territorios, lo que también es un capital gigante para vincularse con los mercados ilegales. La policía también gestiona el delito. Eso es otro potencial que la Bonaerense tiene como margen y caudal de negociación con el poder político, es decir, determinar o regular en esos territorios los mercados ilegales. Y eso para cualquier gestión de gobierno es un capital muy importante, porque es lo que determina que la situación local se torne más o menos violenta”, explicó Rodolfo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria.
Seguridad para el delito
La regulación de los mercados ilegales significa también hacer caja. Un oficial retirado explicó a este cronista que la recaudación es piramidal. El dinero se consigue en la calle -las comisarías funcionan como entes recaudadores- y va subiendo hasta llegar a los jefes. En el camino, quienes participan se van quedando con su parte. Quienes no quieren participar del negocio -que los hay- son marginados y, por lo general, terminan en destinos que tienen todas las características de un castigo. “Las comisarías se adjudican de acuerdo a dos criterios que no son opuestos: las reciben los protegidos de los jefes y quienes ofertan más por ellas. Cada comisaría tiene un precio, que consiste en una cuota mensual que tiene que ir para arriba. Todo lo que se recauda por encima de esa cuota, queda en la comisaría, donde una parte se destina al funcionamiento y otra va a parar a algunos bolsillos, primero el del comisario y después, proporcionalmente, para abajo”, dijo. Otro ex policía confirmó el mecanismo. “En algunos casos, las comisarías están sobrevaluadas. Lo que recaudan normalmente no alcanza o apenas es suficiente para pagar la cuota. Entonces, en esos lugares, si uno presta atención, ve que empieza a haber más robos”, agregó.
Consultado para esta nota, un funcionario con más de veinte años de trayectoria en el área de seguridad bonaerense, recientemente desplazado por decisión de la administración de María Eugenia Vidal, relató una anécdota esclarecedora. “Hace unos años le pregunté al criminólogo italiano Franco Basaglia por qué la mafia no había podido hacer pie en la provincia de Buenos Aires -contó-. La respuesta que me dio fue contundente: ‘Porque las actividades típicas de la mafia están en manos de la policía; entonces la policía no necesita negociar con la mafia, simplemente no le permite ocupar su lugar’”.
“El primer punto de anclaje de la Bonaerense es su poder de dominio territorial, su capacidad de llegar a los intersticios más desagregados de los territorios, lo que también es un capital gigante para vincularse con los mercados ilegales»
En este contexto, con una gestión del delito que es estructural dentro de la policía, resulta casi imposible que la fuerza se autodepure. Los márgenes para que alguien desde adentro tenga las posibilidades de denunciar esas prácticas ilegales son muy remotas. En una estructura que está fuertemente vinculada con el delito, lo ilegal, la gestión territorial, denunciar dentro de la misma estructura policial es casi un imposible sin asumir altos riesgos personales.
Por otra parte, la vinculación de la recaudación policial con el financiamiento de la política parece ser un secreto a voces. Sin embargo, no hay datos concretos que respalden esa conexión. “Las investigaciones se terminan la mayoría de las veces donde terminan las cúpulas policiales. Es muy poco probable que en una investigación se siga el nexo y se lleguen hasta las responsabilidades políticas. Tal vez, con el tiempo, alguna vez ocurra, pero lo más concreto es que lo que uno ve es de ahí para abajo: la recaudación de las departamentales o de la órbita que tiene la gestión sobre determinados territorios, cómo eso se va desagregando hasta los distintos actores que van interviniendo dentro de la fuerza policial”, señaló Pomares.
¿Autogobierno o negociación?
Los pocos intentos realizados por algunos de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires para transformar a su policía en una fuerza moderna e integrada al funcionamiento de las instituciones de la democracia han fracasado de manera sistemática. En algunos casos, por decisiones de un poder político que hace la vista gorda ante las relaciones de complicidad que existen entre los jerarcas de la fuerza y muchos de los barones del conurbano. En otros, cuando esos intentos fueron brutalmente escarmentados. La masacre de Ramallo, en 1999, que terminó con la primera reforma encarada por León Carlos Arslanian, es un caso paradigmático. No fue la única vez. Lo mismo sucedió, entre otros hechos, con la desaparición de Miguel Bru, con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y con la desaparición de la familia Pomar, que provocó la caída del ministro Carlos Stornelli durante la primera gobernación de Daniel Scioli.
“El funcionamiento de la Bonaerense es deficiente porque volvió a recuperar una fisonomía y un tipo de funcionamiento que había sido superado por la reforma que se inició en 1998, 1999 y que se profundizó entre 2004 y 2007. Uno de los problemas más grandes que tenía la Policía de la Provincia de Buenos Aires era el extraordinario grado de autonomía y autogobierno al que había llegado y que lo había conducido a procesos crecientes de corrupción y de violencia institucional. Evidentemente, frente al diagnóstico preciso que se hizo en su momento, esas cuestiones se corrigieron cuando se asumió el gobierno civil de la fuerza policial con un diseño institucional apropiado y consistente en un ministerio con competencia, funciones y funcionarios que se hicieron cargo de la conducción estratégica. Ahora hemos vuelto al pacto civil policial y a un autogobierno policial que le hace mal a la propia institución y debilita al propio gobierno. Esto por supuesto lleva a resultados negativos en materia de control de la seguridad”, dijo Arslanián a este cronista poco después de que Daniel Scioli lo desplazara del Ministerio de Seguridad provincial.
Un repaso de los intentos de reformar la Policía de la Provincia de Buenos Aires muestra que se trata de una serie de intentos carentes de continuidad, que se interrumpen cuando cambia un gobierno o, incluso, durante un mismo gobierno. “Parece ser una regla de la política que en temas de seguridad pública, las medidas de fondo dan pocos resultados en términos electorales y la potencialidad de muchos costos. Entonces suele ser una ecuación en la que se opta por no tomar medidas de fondo. Creo que eso es parte de una mirada muy cortoplacista, muy efectista de la política. Desde la Comisión propiciamos que se tomen medidas de estado, que se elaboren políticas de estado que trasciendan a la decisión coyuntural, pero lo cierto es que las decisiones coyunturales suelen ser las que van direccionando las distintas políticas que se aplican”, explicó Pomares.
Dentro de este panorama, es difícil ver a la investigación sobre la corrupción policial que llevó al descubrimiento de los sobres con dinero en la Jefatura Departamental de La Plata como un punto de partida para un cambio estructural de la Bonaerense -como se lo quiere hacer ver desde la administración Vidal-, sino como el resultado visible de una interna que llevará al reacomodamiento de las piezas y a una nueva distribución de poder dentro de la fuerza policial.
