Primero fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien pretendió instalar nuevamente el debate acerca de incorporar a los adolescentes al sistema penal. Después fue el propio presidente Mauricio Macri, en las palabras de inauguración del 135 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el miércoles, quien se refirió nuevamente al tema. Y si bien lo hizo tibiamente (“si queremos combatir la inseguridad tenemos que dar un debate serio sobre una nueva ley penal juvenil”, argumentó), incorporó con sus palabras un agravante a la temática: lo hizo en medio de un discurso transmitido por cadena nacional, en la que mezcló este tema con el conflicto salarial docente. Dijo que había que “cuidar a los docentes” de los chicos que los agreden.
Según ha trascendido durante la última semana en distintos medios de comunicación, aún no queda clara la postura de la gestión Cambiemos respecto de la oportunidad de avanzar o no con esta iniciativa en los próximos meses. Por un lado, el macrismo abrió un espacio de consultas, que le jugó completamente en contra. Aunque por otro lado -saben- el caudal de votos que pueden capturar apelando a la sensibilidad que genera la cuestión de la inseguridad no es para nada despreciable, sobre todo teniendo en cuenta que los niveles de descontento social crecen día a día, al ritmo del aumento de precios y tarifas, con lo cual la demagogia securitaria podría “sumarle algunos porotos” al oficialismo en las elecciones de octubre.
El jueves pasado, sin ir más lejos, en la mesa técnica organizada por el Ministerio de Justicia en la que se debatió el tema, la mayoría de las organizaciones especializadas se mostró contraria a la propuesta oficial de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años para delitos graves. Según establece la actual Ley 22.278 de Régimen Penal de Menores (que data de la época de la última dictadura y son muchos los sectores que dicen que hay que debatir y reformar, aunque no precisamente en el mismo sentido en que lo plantean los voceros del PRO), las personas no son punibles debajo de los 16 años. Incluso establece que entre los 16 y los 18 años, deberían contar con un proceso especial. “Deberían”, porque en general los jueces intervienen dejando a los pibes y las chicas en alguno de los institutos que, según dicen en la jerga, funcionan como “curso de ingreso” a la cárcel y que, al final de cuentas, termina siendo la mayor escuela de delito.
Rechazos y fundamentos
En un debate organizado conjuntamente por la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF, llevado adelante hace unas semanas, distintos especialistas en la temática de infancia y adolescencia argumentaron por qué la cuestión del delito en Argentina es sobre todo una cuestión de adultos, desmintieron con datos ciertos lugares del sentido común respecto al delito protagonizado por menores de 16 años y reclamaron la presencia de un “Estado fuerte” pero no en cuestiones represivas sino en la promoción, vigencia y garantía de derechos para esta franja etaria.
También se expresó una nutrida participación en las mesas de debate que habilitó el Ministerio de Justicia de la Nación durante el mes de febrero, con el fin de discutir la iniciativa del gobierno respecto de avanzar con la reforma del régimen penal de menores. La última de las ocho mesas fue la más concurrida. En ella el gobierno se llevó la mayor sorpresa: 34 de los 40 oradores presentes se opusieron a bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, cuatro se mostraron indefinidos y sólo dos defendieron la postura del oficialismo.
Muchos de los argumentos en contra de esta iniciativa se sostienen en números. Por ejemplo: que la condena a los menores de 18 años disminuyó de 4,2 en 2010 a 3,5 en 2015. También que, según los datos que surgen del “Informe 2015” elaborado por UNICEF Argentina, la incidencia de delitos graves es ínfima entre los adolescentes hoy punibles (franja de los 16 a los 18 años). En su reverso, las estadísticas muestran que el 35,2% de los adolescentes judicializados no tiene estudios o tiene estudios primarios incompletos y sólo el 35% terminó la primaria.
“En la mesa técnica organizada por el Ministerio de Justicia en la que se debatió el tema, la mayoría de las organizaciones especializadas se mostró contraria a la propuesta oficial de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”
Según otro estudio, realizado por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema (con datos actualizados hasta 2012), los delitos graves cometidos por la franja de adolescentes que tiene entre 16 y 14 años no pasan del 5% del total. En cuanto a los delitos más graves (asesinatos), no superaban el 2% en la Ciudad de Buenos Aires y el 4% en la de La Plata y el Conurbano bonaerense (además de que los homicidios cometidos en situación de robo y protagonizado por personas de todas las edades, en total, apenas ocupan un 14% del total de los casos). También el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura supo señalar que, en la Ciudad de Buenos Aires, hubo 198 muertos en homicidios intencionales durante 2014, de los cuales el grupo mayor de victimarios iba de los 18 a los 25 años (44% de los casos). Y sólo 10 casos fueron protagonizados por personas de 16 y 17 años y 5 casos por menores de 16. Todos los casos se produjeron en un contexto de conflicto intrafamiliar o en situación de discusión, riña o venganza. Ningún menor de 18 mató para robar durante 2014. Según los registros del Centro de Admisión y Derivación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los ingresos se producen por delitos contra la propiedad, pero sin la utilización de armas. En la mitad de esos casos, los robos no llegan siquiera a concretarse. En 2016 ingresaron por homicidio doloso seis adolescentes. Solo uno era menor de 16 años: el acusado del crimen de Brian Aguinaco. Hecho trágico sobre el que se montó toda la pulsión securitaria que llega hasta nuestros días.
A todo esto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires informó que durante el primer semestre de 2016 murieron 36 personas en accidentes de tránsito. Más del doble que las víctimas de los menores de 18 punibles y no punibles. No hay cifras oficiales pero puede verse con frecuencia en los medios de comunicación los asesinatos llevados adelante por algún vecino contra otro. Como dice el investigador Esteban Rodríguez Alzuelta, “hay que tener cuidado con la vecinocracia”, porque en la Argentina actual, “hay más probabilidades de que te mate un auto que te pise o un vecino que un adolescente en un robo”.
#NoalaBaja
Producto de todos estos debates presentes en la Argentina contemporánea se conformó la red “Argentina no Baja”, integrada por especialistas en la temática, organizaciones sociales y referentes culturales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Desde este espacio, entre otros, vienen realizando una serie de acciones de propaganda y concientización, en la búsqueda por poner en cuestión las ideas punitivistas y obtener consensos para intentar bloquear la propuesta oficialista.
También expresiones académicas como el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se han pronunciado en contra de la iniciativa oficial, así como también lo hizo la Iglesia Católica, quien través de un documento emitido por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina, ha reclamado no convertir a los chicos en “enemigos sociales”. Desde la comisión episcopal, que coordina el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, han advertido sobre los “usos electorales” de este tipo de propuestas.
“Entre Blumberg y Macri, una variopinta acuarela de expresiones políticas han plateado el mismo tema, siempre ligado a discusiones en los medios y cercano a coyunturas electorales”
Santa Fe es otro de los lugares en donde distintos actores sociales y políticos hoy se encuentran resistiendo ante los intentos de expansión y de aumento de la severidad del sistema penal. En diciembre del año pasado obtuvo media sanción en Senadores de la provincia de Santa Fe un Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal (que será tratado en diputados próximamente en sesiones extraordinarias) que obtuvo durísimas críticas por parte de algunos legisladores, de académicos y de múltiples organizaciones sociales, porque consideraban que se trataba de una “vieja receta” para intentar resolver los problemas de inseguridad, apelando otra vez “a la mano dura y la demagogia punitiva”. En ese sentido, la socióloga Luciana Ghiberto destacó en diálogo con Zoom que ahora en la misma línea pero en un embate a nivel nacional, Macri vuelve a instalar en la agenda pública el debate respecto de la baja en la edad de punibilidad, que es una idea “que la derecha regurgita cada tanto, aprovechándose de la construcción mediática de que los jóvenes que cometen delitos son el problema social más grave por resolver”. “Contra ese mito es que nos unimos activistas populares, organizaciones sociales, artistas y trabajadoras involucradas en las problemáticas de la infancia y la adolescencia en la ciudad de Santa Fe”, comenta Ghiberto, que también es militante de la “Antirrepresiva”, organización que impulsará el Festival de No a La Baja el 18 de marzo y que también participó de otro Festival Cultural en febrero, organizado por la Mesa de Santa Fe Contra la Baja. “La medida de la baja de la edad de punibilidad, es demagógica, es reduccionista e invisibiliza el sufrimiento que produce para los jóvenes entrar en contacto con el sistema penal, y no considera las tremendas consecuencias que trae el encierro en las cárceles. Y estas son discusiones que urge que mantengamos, no sólo en el ámbito legislativo, sino también en los barrios, en los espacios públicos y culturales y en los lugares que habitamos cotidianamente”, remató Ghiberto.
Microfascismo, participación popular y políticas de Estado
Impulsada por los colorados en contra de las posturas del oficialismo del Frente Amplio, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad fue plebiscitada en octubre de 2014 en la hermana República Oriental del Uruguay. La consulta popular se realizó conjuntamente con las elecciones presidenciales y parlamentarias, en una dinámica de participación donde democracia participativa y democracia representativa se combinó, como en otras oportunidades, en una cultura política bastante diferente a la de la Argentina. En una elección en la que participaron el 90% de las personas en condiciones de hacerlo, la propuesta del No a la Baja en la edad de punibilidad cosechó el 58% de los votos. El resultado, si bien “no estaba cantado”, expresó de todos modos la enorme militancia desarrollada por quienes integraron aquel movimiento denominado “No a la Baja”, que hoy sirve de inspiración en nuestro país para abordar un tema que, de todos modos, no es nuevo.
El asesinato de Brian Aguinaco (el chico de 15 años muerto el 24 de diciembre pasado en el barrio porteño de Flores) reavivió el debate sobre el delito juvenil y la seguridad. Pero la cuestión tiene sus antecedentes, al menos, hace una década atrás, cuando el falso ingeniero Blumberg enarboló la bandera tras el asesinato de su hijo Axel. Se recordará que las masivas movilizaciones instalaron con fuerza el tema en la agenda de la política nacional.
Entre Blumberg y Macri, de todos modos, una variopinta acuarela de expresiones políticas han plateado el mismo tema, siempre ligado a discusiones en los medios y cercano a coyunturas electorales. En 2009 tuvo media sanción en el Senado, con la mayoría kirchnerista, un proyecto que bajaba la edad de imputabilidad, pero la iniciativa no prosperó porque no consiguió su aprobación en Diputados. En 2013 Martín Insaurralde, entonces primer candidato a diputado por el kirchnerismo, tomó para la campaña la consigna de bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes de 16 a 14 años. En las elecciones de octubre de ese año perdió. La consigna, más no el candidato, sería tomada desde entonces por Sergio Massa. Y también, como era de esperar, fue un tema central en la plataforma (¿la performance?) del “Colorado-hoy-olvidado” Francisco de Narváez. Por supuesto, las distintas empresas periodísticas se encargaron de fogonear el tema cada vez que pudieron.
La cuestión del sentido común, sin embargo, no es un dato menor a la hora de tener en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de gestar alguna salida plebiscitaria al asunto, ya que las políticas punitivas que hoy se promueven desde la cima del Estado enlazan con el discurso dominante de los medios de comunicación hegemónicos, pero también, con toda una serie de micro-fascismos que hemos sabido alimentar como sociedad. Y “como sociedad” quiere decir en todos los estratos sociales, cuestión que pone en entredicho el discurso bien pensante de nuestras izquierdas, los progresismos y las corrientes nacional-populares respecto de la ecuación “facho=clase alta” (o media, media alta). Así y todo, la posibilidad de que como sociedad podamos discutir sobre temas centrales de nuestro devenir seguramente nos sacaría -al menos un poco- del simple lugar de “la gente”, para restituirnos nuevamente en un lugar de pueblo.
