Mauricio es Macri. Pero también es Blanco Villegas. Si bien su apellido paterno remite a la industria prebendaria y a la patria contratista, su rama materna es sinónimo de latifundio. De hecho, buena parte del patrimonio que declara poseer el presidente está ligado a la explotación agropecuaria.
Según su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, Macri posee hectáreas en Salta, Pilar y Tandil, su ciudad natal. Además posee acciones por 24,5 millones de pesos en Agropecuaria del Guayquiraro SA, Molino Arrocero Ria Guayquiraro SA, María Amina SA y 4 Leguas.
Así las cosas, el empresario Mauricio Macri es beneficiario directo de los favores que recibió el sector desde que el presidente Mauricio Macri arribó al poder. Y no fueron pocos.
Las medidas “pro campo” se iniciaron apenas la alianza Cambiemos tomó posesión de la Casa Rosada. Apenas seis días después de asumir el gobierno, y el mismo día que se “abría” formalmente el “cepo”, el gobierno anunció la quita de retenciones a los productos primarios y a algunas manufacturas de origen agropecuario mediante el Decreto 133/2015. Esta medida fijó en 0% los Derechos de Exportación para todas las mercancías clasificadas entre los capítulos 1-24 y 41-53 del Nomenclador Común del Mercosur, a excepción de algunos productos puntuales entre los que se destacaba el caso de la soja. Tanto al poroto como a sus derivados, se les redujo 5 puntos porcentuales de retenciones. Unos días más tarde, el Gobierno extendió el beneficio a la industria y a la minería.
La tríada de decretos modificó sustancialmente la estructura impositiva del comercio exterior. Mientras que antes el 99% de las exportaciones pagaban algún tipo de derechos, hoy esa proporción no llega al 40%. En el esquema actual, el 65% de los dólares exportados no pagan derechos de exportación.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) midió la sangría fiscal de esas medidas. En términos agregados, la recaudación cayó de US$ 4.733 millones a US$ 2.380 millones, es decir, a la mitad. Dicho de otro modo: el gobierno resignó US$ 2.353 millones en seis meses. “Si convertimos este monto a pesos por el tipo de cambio promedio de cada mes -precisa el trabajo-, obtenemos que la transferencia del Estado a los exportadores ascendió a $33.843 millones, lo que representaría el 5% de la recaudación pública del primer semestre de 2016”.
Según CEPA, esa reducción anualizada representaría una merma recaudadora cercana a los US$ 5 mil millones, “lo que al actual tipo de cambio significaría unos $70 mil millones. Vale decir que este ejercicio de proyección indicaría más bien un piso, dado que cualquier incremento de las exportaciones o una depreciación del peso, ampliaría el importe dejado de percibir”, concluye el informe.
Para tomar dimensión del volumen en juego, CEPA calculó que con la recaudación resignada se podría haber cubierto en su totalidad el subsidio al gas, cuyo incremento tarifario viene golpeando fuerte a los bolsillos de los asalariados urbanos.
¿Cuál fue el sector más beneficiado por esa transferencia de recursos? Por lejos el “campo”, que capturó el 72% del monto liberado por el Estado.
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Luego de transferir más de 2 mil millones de dólares a los productores, Macri añadió un beneficio adicional: en enero de 2017, mediante el decreto 1343/17, se instrumentó la reducción mensual de 0,5% del derecho de exportación vigente sobre el poroto, harina y aceite de soja. La medida entró en vigencia en enero de este año y se extiende hasta diciembre de 2019.
CEPA estimó el costo fiscal de la medida en unos 7,6 mil millones de pesos, dinero que quedará en un pequeño grupo de bolsillos. Según el último relevamiento disponible, apenas diez cerealeras se reparten el 75% del negocio exportador. Entre ellas se encuentran Bunge, Cargill, LDC, Vicentín, Aceitera General Deheza, Nidera, Molinos Río de la Plata y Noble.
Hasta ahí, los que ganan. ¿Quienes pierden? Como ya se dijo, el fisco nacional. Pero también provincias y municipios, ya que el Fondo Solidario (dispuesto en 2009 para distribuir los ingresos por retenciones) se verá reducido este año en unos $2.300 millones.
El martes, el presidente fue la estrella de Expoagro, la feria de pertrechos rurales que es propiedad de sus medios afines, La Nación y Clarín. En esas tierras amigas, Macri anunció nuevos beneficios para el sector. “De 7 declaraciones juradas que tienen que hacer, van a hacer 1 por año – prometió-. Y vamos a seguir anulando todos los trámites que podamos porque valoramos el tiempo de ustedes y queremos que lo empleen en trabajar, en innovar y no en trabajar de cadetes para los múltiples trámites que genera el Estado”, dijo el mandatario y finalizó: “Nos sentimos que somos un equipo, que quedó muy atrás lo que pasó hace 10 años con la 125. Ahora valoramos los cientos de miles de puestos de trabajo que genera el campo”. A contramano de lo que le viene ocurriendo en recitales y estadios de fútbol, el mandatario recibió un cálido aplauso cerrado.
¿Cuántas de estas decisiones del presidente Macri alimentan el patrimonio del latifundista Macri y su clan?
No hay precisiones. Porque el mandatario puso a una groupie en la Oficina Anticorrupción. Y en la Argentina ningún juez investiga a un presidente en funciones.
Así estamos.
