La reciente reforma constitucional en Cuba ha tenido la indiferencia de buena parte de los comunicadores locales[1]. Tal vez por la escasa atención que merecen las noticias que fortalecen el rumbo autónomo del pueblo cubano en general, vigente desde el mismo hecho de la revolución de 1959, o por la reticencia a admitir sus formas de participación política para elegir sus autoridades y sus normas; o bien, se trata de la negación sistemática del colonialismo cultural que insiste en mantener una idea de los pueblos latinoamericanos divididos entre sí. La reforma integral de la constitución cubana, constituye, a mi juicio, un ejercicio pleno de la autodeterminación del pueblo, en el sentido que este derecho en el orden internacional público es entendido: la facultad del pueblo para decidir el tipo de desarrollo económico, político, social y cultural, sin aceptar ninguna forma de injerencia externa. Este hecho, además de ser una extraordinaria muestra de carácter del pueblo cubano, por su continuidad en el tiempo frente al hostigamiento estadounidense, es también un testimonio valioso de orientación para los pueblos latinoamericanos, que contrasta con la renuncia a la soberanía de parte de varios gobiernos de la región conducidos por las elites locales y merece una especial atención para quienes creemos en la necesidad de la unidad continental. Destaca la fortaleza institucional del proyecto nacional cubano, frente a la descomposición institucional de países como Argentina y Brasil. Una vez más, desde Cuba nos llega un testimonio poderoso de resistencia política y cultural.
La reforma es un hecho político de trascendencia interna para los cubanos, ya que implica consolidar el proceso histórico iniciado en enero de 1959, de perfiles antioligárquico, nacional y democrático- socialista, ahora conducido por el actual Presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. La sucesión de Fidel y la reforma constitucional constituyen dos hechos de relevancia que fortalecen la autodeterminación del pueblo, en el ciclo abierto tras la sucesión de conducción política del país del histórico líder.
Cuba, su condición nacional
Cuba ha destacado en la región por su persistente opción socialista, aunque, especialmente merece un reconocimiento la valiosa decisión previa de autodeterminarse, con un fuerte sentido patriótico, desde que Fidel Castro inspiró su insurrección en José Martí, figura central en la lucha por la independencia del país.
En el curso de los acontecimientos contemporáneos, tras la caída de la URSS -aliado geopolítico y principal proveedor de recursos económicos- y deshecha su área mundial de influencia, el ejercicio de la soberanía lleva al pueblo cubano a, sin dejar de insistir en los principios socialistas de organización de la vida social, buscar nuevos caminos para mejorar el bienestar general del pueblo. Hay problemas en la producción y distribución de bienes y servicios, pero no hay monopolios trasnacionales que dominen la economía. La necesidad de la transformación de su estructura económica, hacia una de mayor productividad en calidad, diversidad y cantidad, sin caer en una propia de los países dependientes, ha sido uno de los motivos de la reforma que aquí comentamos, que parece estar guiada por certeza que la decisión de autodeterminarse es la condición para el desarrollo productivo y socialmente justo.
La nueva Constitución de la República de Cuba fue proclamada el 10 de abril de 2019, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano político máximo y soberano del país. La fecha elegida para su proclama tiene una carga simbólica específica, de contenido patriótico y antiimperialista, ya que el 10 de abril de 1869 fue aprobada la primera Constitución de la República en Armas de Cuba, de Guáimaro, en pleno desarrollo de su lucha contra el colonialismo español.
Cuba tuvo varias constituciones, desde la Constitución de Cádiz de 1812, sancionada en esa ciudad española, hasta la Constitución de la República de 1901, en la que la ocupación militar estadounidense impuso la Enmienda Platt, que le daba a Estados Unidos la facultad de intervenir en Cuba, y configuraba un régimen colonial. En 1940, se sancionó una nueva Constitución, de avanzada democrática y social en la época, y luego derogada por la dictadura de Batista. El primero de enero de 1959 triunfó la revolución conducida por Fidel Castro para ir hacia “la verdadera independencia nacional de Cuba”, como decía el ensayista cubano Antonio Nuñez Jimenez. Sobre esto, mucho tiempo después, Raúl Castro Ruz explicó:
“La Revolución fue fuente de derecho, fue ella quien les dio la tierra a los campesinos, la que garantizó el acceso gratuito y universal a la educación, la que puso la salud pública al servicio de los ciudadanos, la que garantizó la igualdad de los cubanos, la que nacionalizó con el respaldo popular las grandes propiedades en manos de compañías extranjeras que explotaban a nuestros compatriotas”[2].
La reforma actual viene a sustituir la sancionada en 1976, cuando en plena geopolítica del orden mundial bipolar y de la guerra fría, se declaró la “amistad fraternal con la URSS”. El 15 de febrero de 1976 se realizó un referendo popular, donde participaron 5.600.000 electores (sobre una población de 9.500.000[3]), por el cual el pueblo cubano aprobó la primera Constitución Socialista de Latinoamérica.
Esta norma fundamental tuvo varias modificaciones, como en 1992, para enfrentar la grave crisis social durante el Período Especial, y en 2002, para afirmar el carácter irrevocable del socialismo y el rechazo a toda forma de amenaza y coerción de una potencia extranjera. Desde entonces hasta ahora, el pueblo cubano ha venido sufriendo una estrategia continua para desestabilizar a sus gobiernos, presiones para modificar sus sistema político y social, y una guerra económica con un bloqueo comercial asfixiante de para de los Estados Unidos que, en el presente año, ha recrudecido. Como señala Andrés Zaldívar Diéguez, la doctrina histórica de los imperios sobre la guerra económica, “se incorporó de inmediato a la teoría y la práctica norteamericanas de guerra económica, y, como veremos más adelante, se aplicó de esa manera contra Cuba a partir de 1959, con la diferencia de que se programó y en muchas ocasiones se han destruido importantes objetivos económicos mediante procedimientos terroristas sin que mediara estado de guerra declarada, impidiendo o dificultando luego su reconstrucción o reposición por las medidas de bloqueo”[4].
La reforma constitucional
El 24 de febrero de 2019, el pueblo de Cuba brindó su apoyo mediante un referéndum, al proyecto de la nueva Constitución, entre el 13 de agosto y 15 de noviembre de 2018. De una población total de algo más de once millones de habitantes y un padrón de 8 millones 705 mil 723, votaron 7 millones 848 mil 343 electores. A favor, lo hicieron 6 millones 816 mil 169, el 86,85 % de los electores que votaron, y en contra 706 mil 400, el 9 %[i]. El proceso electoral tuvo un alto índice de la participación, el 90%. Vale la precisión, para echar por tierra las imputaciones falsas sobre el carácter antidemocrático del sistema político cubano, cuando está establecido constitucionalmente y por leyes inferiores, un sistema electoral con características propias, por medio del cual las bases participan activamente. Aunque pueda no estar exento de cuestionamientos y mejoramiento, el pueblo ejerce su derecho a participar con la misma convicción, o más, que en otros países. Además, contó con un previo e interesante proceso de consulta en donde hubo debate con posiciones encontradas, y del cual resultó que la Comisión redactora hiciera 760 cambios, que van desde una palabra hasta la incorporación de un artículo completo, como el supuesto del derecho a contar con un abogado desde el mismo momento de la detención. Aunque se debatió también la posible regulación expresa del matrimonio igualitario –quedó la puerta abierta- y la elección directa del Presidente y el Vice, que se desechó[5], así como la inclusión expresa o no del socialismo como forma de organización social, que inicialmente no estaba en el primer borrador de la reforma constitucional, dando cauce a un fuerte debate en la isla y ratificando lo decidido en 2002. La cuestión sobre la necesidad de revitalizar el concepto de socialismo es un asunto debatido, como cuando se lo señalaba como parte de “una transposición del sistema institucional soviético”, cuya expresión mayor era la Constitución de 1976[6].
En cuanto a su contenido, la nueva Constitución, que cuenta con 229 artículos, declara desde el Preámbulo los valores principales de Cuba, como una “patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad”, denuncia la “ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898” y reivindica a los que “lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio imperialista y la explotación social”. De igual manera, proclama la guía del pensamiento “revolucionario, antiimperialista, marxista cubano, latinoamericano y universal” y al Partido Comunista Cubano como garante de la unidad nacional.
En su artículo 1, en el capítulo I de los principios fundamentales, consagra a Cuba como “un estado socialista de derecho y justicia social”, y al PCC como “fuerza política dirigente superior la sociedad y el estado” (art. 5). Proclama la construcción del socialismo y el fortalecimiento de la unidad nacional como fines esenciales del Estado, entre otros, así como el estímulo estatal “a las organizaciones de masas y sociales que agrupan en su seno a distintos sectores de la población”.
En el capítulo II, dedicados a las relaciones internacionales, la reforma consagra -en línea generales con lo que ya estaba dispuesto en la Constitución de 1976- los principios del antiimperialismo y del internacionalismo, del derecho a la libre determinación de los pueblos, el de no uso de amenazas ni de la fuerza, de la igualdad entre las naciones, con base en la Carta de las Naciones Unidas; la integración de los países de América Latina y del Caribe, la unidad de los países del Tercer Mundo y condena al colonialismo en todas sus formas, a los bloqueos, y promueve el multilateralismo y la multipolaridad como alternativa a la dominación (art. 16).
El título II lo dedica a los fundamentos económicos, en donde describe a la economía del país como de “carácter económico socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción” (art. 18), con la dirección del Estado y el rol protagónico de los trabajadores. El artículo 22 regula la existencia de diferentes formas de propiedad: la socialista, la cooperativa, de las organizaciones políticas, de masas y sociales, privada (“la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras; con un papel complementario en la economía”), mixta, de instituciones y formas asociativas, personal (“a que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular”). Al final, dice: “todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social”.
Continúa con la regulación de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los recursos naturales, imprescriptibles e inalienables, y la propiedad socialista del pueblo sobre la infraestructura, las principales industrias y otros bienes de carácter estratégico. También le otorga al Estado la facultad de “crear y organizar entidades empresariales estatales”, y define a la empresa estatal socialista como “el sujeto principal de la economía nacional”. El artículo 28 dispone garantizar “la inversión extranjera como elemento importante para la economía”, y el 30, el derecho a la propiedad de personas no estatales. Más adelante, la nueva Constitución estipula sobre la importancia de la educación y la cultura, con eje en la historia y la identidad nacional, e incluye normas sobre protección de los derechos humanos, los principios de progresividad, igualdad y no discriminación, el derecho a la información, al acceso a los datos personales, a la igualdad de género, al reconocimiento y protección de la familia “cualquiera sea su forma de organización”.
La parte orgánica de la reforma establece, como principio general de organización, la democracia socialista, y consagra a la Asamblea Nacional del Poder Popular como el órgano supremo del poder del Estado, de potestad constituyente y legislativa, con diputados elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores, con un período de cinco años. La reformulación del sistema política al incorporar las figuras del presidente de la República y el primer ministro, con un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos, pero manteniendo el rol rector del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la mencionada Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta Asamblea es la encargada de elegir al Presidente y Vice de la República, al Consejo de Estado, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General y al Contralor; a los magistrados del Tribunal Superior Popular y al Primer Ministro. También tiene el poder de revocar o sustituir.
Reflexiones provisorias.
En una primera lectura, entiendo que la reforma constitucional le sirve de plataforma para la renovación del proyecto nacional cubano, cuyo eje principal es el ejercicio de la autodeterminación, tanto en su posición geopolítica de autonomía frente a las potencias mundiales, en especial frente a los Estados Unidos, y la orientación de unidad continental; como en el orden interno, con la reafirmación del socialismo. La reforma constitucional, en particular lo relativo a la regulación de la inversión extranjera y de las diferentes formas de propiedad, crea un marco normativo rector para el diseño de políticas públicas para afrontar los grandes desafíos. Entre estos desafíos, el de la necesidad de un desarrollo productivo amplio, inclusivo y diversificado, garantizando la autonomía económica, en un espacio geográfico y demográfico limitado, y en un contexto mundial complejo.
El escenario económico requiere de modificaciones para el bienestar general y el crecimiento del país. El PBI creció un 1.7 % anual entre 2014 y 2018, con un volumen de 87.000 mills de dólares aproximadamente. La dependencia energética y de la importación de manufacturas y bienes de capital, los obstáculos para obtener divisas y el asunto de la doble moneda, el déficit crónico en el comercio exterior, la baja producción industrial, los problemas de eficiencia de las empresas estatales, el aumento de la deuda externa, configuran un escenario de grandes dificultades. La producción manufacturera aún es débil y la economía parece ser traccionada, principalmente, por el turismo y la tradicional industria azucarera y la minera con el níquel especialmente; el comercio exterior depende en buena medida de la exportación de servicios profesionales, como el médico o la enfermería, mientas el vínculo comercial con Venezuela se ha deteriorado por la crisis de este país. Aun así, Cuba mantiene sus históricos importantes logros sociales, como el de ser el único país sin desnutrición infantil en el continente, como sostiene UNICEF, y un sistema educativo, en todos sus niveles, ejemplar[7].
En este contexto difícil, Estados Unidos ha decidido implementar fuertemente la Ley Helms-Button de 1996 y habilitar los juicios por las confiscaciones realizadas hace sesenta años por la revolución, lo que agrava aún más el frente externo y la manera de su inserción en las relaciones internacionales. La Exxon- Mobil demanda en un tribunal federal de Estados Unidos a la empresa estatal cubana Cuba-Petróleo, y a la empresa CIMEX S.A. –encargada de manejar las remesas–, por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960. Aún así, Cuba presenta importantes relaciones de solidaridad con Venezuela y Nicaragua, así como ha profundizado el acercamiento con Rusia, China, Canadá y la Unión Europea.
La nueva Constitución expresa la intención de mantener la planificación centralizada del Estado, pero con una apertura al sector privado y a las inversiones extranjeras, en lo que podría llegar a ser un giro hacia una especie de economía mixta. Para algunos, esto es una camisa de fuerza que impedirá el crecimiento[8]. Por mi parte, rescato el carácter de autodeterminación y de firmeza en la búsqueda de soluciones propias, que no provengan de manuales importados y ajenas a su realidad; esa intención de no ir al almacén a comprar… con el manual del almacenero.
Como dijimos al principio, la autodeterminación nacional es el valor a reivindicar del proceso constituyente, aunque ello no signifique aislarse sino asumir una posición conjunta en la manera de integrarse al mundo, en defensa del interés propio. La zoncera de la autodenigración nacional, que funciona en Argentina, parece no tener cabida en Cuba. Tal vez, uno de motivos pueda ser la escasa
presencia del discurso del odio y la denigración de los medios de comunicación concentrados. Decía el historiador argentino, el recordado Fermín Chávez, “cada pueblo da en su momento su propia contestación original al llamado de la historia, sin reglas absolutas prefijadas ni medidas dictadas desde ese mundo que Sarmiento llamaba Civilización”[9]. Una reflexión adaptable para el escenario en el cual está el pueblo cubano, como se vislumbra en las palabras del propio Miguel Diaz Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros:
“Nos proponemos poner en marcha de inmediato medidas económicas pendientes que tienen que ver con demandas y necesidades; con la reorganización del comercio interior; con el funcionamiento del sistema empresarial, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. La agricultura, las producciones exportables, el turismo, la sustitución de importaciones, la inversión extranjera y el encadenamiento productivo con toda la producción nacional posible, estarán en el centro de nuestras acciones como Gobierno”.
Al fin y al cabo, el destino de Cuba está atado a la posibilidad de una unidad continental soberana, en el ideario de la patria grande compartido por las figuras históricas latinoamericanas más relevantes incluidas las de Martí y Fidel, fortaleciendo las relaciones de solidaridad, cooperación y trabajo conjunto, en el medio de las transformaciones mundiales, dejando atrás la actual posición artera, y hasta vergonzante, de importantes estados sudamericanos.
