Mesoamérica y el Caribe en movimiento

Observamos el territorio de Centroamérica, sus últimos sucesos democráticos y la dificultad de integrarlos en el imaginario latinoamericano.
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“Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos”. El lamento, que suele atribuirse al ex mandatario mexicano Porfirio Díaz, bien vale para referirse a Centroamérica en clave actual. Allí conviven un conjunto de naciones autónomas con otros tantos territorios dependientes —en noviembre de este año, Barbados se proclamó república tras cuatro siglos de lastre colonial—. Cuna de la primera lucha independentista americana apenas amanecido el siglo XIX, y de uno de los procesos revolucionarios que definió el siglo XX. Aquí en el cono sur, aún siendo parte de una misma geografía, de Centroamérica sabemos poco menos que sus tragedias.

La integración latinoamericana presenta desafíos singulares en Mesoamérica y el Caribe: se trata de un territorio con especificidades históricas, sociales y hasta lingüísticas. En esta región, la pulseada por la autonomía late en todos los rincones y la disputa por la hegemonía tiene su capítulo particular.

El triunfo de Xiomara Castro en Honduras

Hace 12 años se concretaba en Honduras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, un punto de inflexión para la región, y más específicamente para los líderes y procesos del ciclo progresista. La herida infligida en Honduras se hizo sentir en todo el continente.

El 28 de noviembre hubo elecciones presidenciales y Xiomara Castro, del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), se impuso con 20 puntos de diferencia por sobre su rival. Socia política y esposa del Zelaya, será la primera mujer en ocupar el cargo. Las elecciones se desarrollaron en medio de una fuerte polarización, que puede explicarse, en parte, por la herencia del golpe y el acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, artífices del bipartidismo en el país.

El último proceso electoral, en 2017, había estado marcado por irregularidades que decantaron en protestas. Por aquel entonces, el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) impuso un toque de queda y desató una represión en la que perdieron la vida decenas de personas. Tres semanas después, JOH fue declarado vencedor y consiguió asegurarse un segundo mandato. Pero esta vez los sectores progresistas estaban mejor preparados: ya habían anticipado que no dejarían que los militares y las élites manipularan los resultados electorales.

El nuevo gobierno, que asumirá en enero de 2022, tiene el reto de rescatar al país de una enorme crisis económica y social. Honduras sufre altos niveles de desempleo, pobreza, violencia de pandillas, migración externa y corrupción. A nivel geopolítico habrá, seguramente, novedades importantes. El principal socio comercial de Honduras es Estados Unidos y, además, es uno de los 14 países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. En campaña, Xiomara Castro ya anticipó que tenderá puentes con China.

La continuidad del sandinismo en Nicaragua

En noviembre, Nicaragua tuvo también elecciones presidenciales que confirmaron un cuarto mandato consecutivo para Daniel Ortega. El sandinismo triunfó con más del 75% de los votos. A contramano de lo que anticipaban los medios internacionales, el proceso electoral se desarrolló sin sobresaltos, aún luego de que los sectores opositores llamaran a no votar. En Nicaragua el voto no es obligatorio.

Actualmente, en el país hay siete dirigentes opositores detenidos, acusados de atentar contra la soberanía nacional y delitos de lavado de dinero. La mayor parte fueron acusados de recibir financiamiento extranjero ilícito a través de organismos como la USAID y la NED (Estados Unidos), o la Fundación Soros y la AECID (Europa). Entre las detenidas se encuentra Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios.

Inmediatamente después del cierre de las urnas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado en el que calificaba el proceso de “farsa” y afirmaba que la “pantomima de las elecciones no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”. Concluyó afirmando: “[Estados Unidos] utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y hacer que el gobierno de Ortega-Murillo y los que facilitan sus abusos rindan cuentas”.

Días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua. Gran Bretaña hizo lo suyo al implementar otras ocho sanciones a altos funcionarios, entre ellos, la vicepresidenta Rosa Murillo. “Estas medidas, que han sido coordinadas con Estados Unidos y Canadá, significan que los sancionados tendrán prohibida la entrada al Reino Unido y será congelados sus activos en este país”, explicaron desde el ministerio de Relaciones Exteriores. Así es que las denuncias en la OEA, los embargos económicos y las sanciones diplomáticas se han convertido en los mecanismos predilectos de una injerencia institucionalizada.

Tras el rechazo a las elecciones, Daniel Ortega anunció la salida de Nicaragua de la OEA y decidió hacer un nuevo movimiento con implicancias geopolíticas: el anuncio de la ruptura de relaciones con Taiwán y el reconocimiento a la República Popular China “como único gobierno legítimo”.

Cuba: la protesta que no fue

En septiembre, tal como cuenta la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde, empezaron a llegar cartas a las sedes de los gobiernos municipales de Cuba anunciando la celebración de marchas para el 15 de noviembre. “La carta no era una solicitud formal para ocupar las calles más concurridas de algunas ciudades de Cuba, sino una notificación del grupo que lo haría. Y también exigían que las autoridades les proporcionaran seguridad para estas marchas. En virtud de las leyes cubanas y del obsesivo apoyo estadounidense a las marchas, el gobierno cubano negó el permiso”.

Finalmente, las protestas anticipadas cayeron en saco roto. No solo eso, sino que el país caribeño reabrió sus fronteras y sus escuelas ese mismo día. El pueblo cubano demostró estar más preocupado por la reapertura de la economía y la vuelta a la normalidad tras un año y medio de pandemia. Suena razonable, considerando que el turismo tiene un peso decisivo en los ingresos del país y, por lo tanto, en la vida de las y los cubanos.

Más temprano este año, una serie de movilizaciones en la isla se convirtieron en el detonante de una discusión a escala global respecto a las cualidades democráticas del gobierno y su noción de futuro a 60 años de la revolución. La crisis devino en oportunidad política para la oposición cubana, dentro y fuera de la isla, que salió a reclamar desde intervención humanitaria hasta una acción militar de Estados Unidos. Es por eso que las protestas se han difundido usando discursos desestabilizadores.

El caso de Cuba es emblemático en términos de inferencia y un recordatorio que nuestros territorios no requieren más intervención, sino menos. El cerco económico impuesto sobre la isla es el más extenso y agresivo de la historia. No sabemos a ciencia cierta cómo hubiera actuado otro país bajo este mismo esquema porque no hay antecedentes. Las sanciones impuestas afectan directamente los ingresos de la Cuba y el presupuesto nacional dispuesto para garantizar el desarrollo económico, social, cultural y sanitario de la población, coartando derechos básicos como la salud, educación y el crecimiento sostenible general.

Por estos días, las miradas vuelven a estar sobre el cono sur con las elecciones chilenas, donde están en jugo dos modelos contrapuestos y existe la amenaza concreta de que triunfe un exponente de la derecha radical y negacionista. Todo indica que seguir esquivando las balas del intervencionismo requerirá mucho más que declaraciones bienintencionadas. Para el futuro inmediato será decisivo consolidar liderazgos y espacios de integración, espacio donde Mesoamérica y el Caribe también sean parte del imaginario latinoamericano.

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