Muchas veces hemos comentado y analizado con números como se profundiza en la Ciudad de Buenos Aires una política cuyas consecuencias afectan la vida de las porteñas y los porteños. En este sentido, como se incentiva el desarrollo de la actividad económica, cómo se planifica el desarrollo urbano y como se incluye en términos socioeconómicos a las familias de menores ingresos, son los ejes principales que delinean la ciudad futura.
Analicemos estos aspectos y cómo, desde el poder ejecutivo de la Ciudad, en estos años de “macrismolarretismo” nos han llevando a una ciudad más cara y excluyente.
El rol del Estado
- 1. Un estado ausente en las políticas de incentivo a la producción y el trabajo
En estos días se dieron a conocer datos de la Cámara Argentina de Comercio donde pudo notarse una mejora considerable en la ocupación de locales comerciales en las principales arterias de la Ciudad. El comercio es la segunda actividad económica más importante de la Ciudad después de los servicios.
Dicha mejora tiene estrecha relación con el mayor vigor y crecimiento de la actividad económica, y a la vez, hace notoria la ausencia a la asistencia económica y/o financiera del Gobierno de la Ciudad.
En el bimestre julio-agosto hay un 15,8% menos de locales desocupados respecto al bimestre mayo-junio del 2021; pero comparado con los niveles precuarentena, el porcentaje de locales desocupados es 56,9% superior y aumentó un 72,4% la cantidad de locales en alquiler.
Esos números muestran comparaciones peores y mejores dependiendo exclusivamente del funcionamiento del mercado y acompañada por la ausencia del Estado de la Ciudad.
- 2. Un estado sin políticas asistenciales a las familias.
26,4% de la población de la Ciudad pertenece al sector de pobres, 135.000 personas más que el 2019, año de la prepandemia.
9,8% de la población de la Ciudad pertenece al sector de pobres indigentes, 40.000 personas más que el 2019, año de la prepandemia.
El Gobierno de la Ciudad no realizó ningún esfuerzo extra en este año y medio de pandemia para asistir con alimentos, servicios y recursos a las familias con ingresos insuficientes para llegar a adquirir bienes y servicios de esas canastas.
Si tomamos el porcentaje de población de clase media, desde el 2015 al 2021, el mismo pasó del 53% al 45%, lo que muestra un proceso de precarización y empobrecimiento de la población.
La mejora genuina de ingresos en las familias se da a partir de generar más puestos de trabajo, cuando eso no ocurre el Estado debe tomar diversas acciones: incentivar a emprendedores, promover la radicación y expansión de pymes, fomentar la obra pública y asistir a las familias y al sector productivo. No es eliminando derechos laborales que se genera más puestos de trabajo, sino con el auxilio del Estado para incentivar y hacer crecer la economía.
Una Ciudad más cara, exclusiva y expulsiva
El derecho a la vivienda se ha convertido en una expresión de deseos producto esencialmente de dos políticas:
- La falta de un incentivo a los créditos hipotecarios, que son casi inexistentes por parte del Banco Ciudad, el agente financiero público más importante de la Ciudad de Buenos Aires.
- Una vez más, se deja que el mercado establezca las condiciones por las cuales más de un 35% de la población alquila su vivienda.
Pero debemos enumerar un elemento central, y que está relacionado con la ausencia de políticas de construcción de viviendas y urbanización de barrios humildes y villas. En 14 años de Macri y Larreta en la Ciudad la población en esos barrios ha aumentado y se ha precarizado aún más. Además, los sectores medios no pudieron acceder a la vivienda propia por falta de crédito hipotecario a tasas subsidiadas.
Cuando las familias no pueden acceder a este derecho, se van mudando de barrio en barrio y en otros casos se van a la Provincia de Buenos Aires; se da un proceso expulsivo, y los proyectos privados de desarrollo urbano profundizan este circuito donde el Estado de la Ciudad es un actor que promueve al mismo.
En síntesis, el ejercicio del gobierno de Horacio Larreta nos hace ver que la Ciudad más rica y con más recursos por habitantes, sólo se planifica para la población con mayores ingresos, cuando debería ser una realidad para todos y todas.
