En Colombia, en los últimos tres años y medio, más de 680 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. Solo en lo que va del año ya murieron 54, aunque el gobierno solo reconoce 18. Muchos de ellos denunciaron ante las autoridades que estaban amenazados y algunos, incluso, obtuvieron el kit de protección que entrega el gobierno nacional y que incluye un celular -que en muchas regiones del país no tiene señal-, un chaleco antibalas y un botón antipánico. Ante la evidente violencia política y la incapacidad o falta de voluntad del Estado para frenarla, miles de dirigentes negros, campesinos, indígenas y de comunidades que pelean en ciudades y zonas remotas por cumplir con el acuerdo de paz con la ex guerrilla FARC se trasladaron a Bogotá para montar un refugio humanitario en el corazón de la capital y conseguir la atención del presidente Iván Duque -quien posteriormente anunció la designación de jueces especializados para conseguir una “rápida judicialización” y “condenas ejemplificadoras”-, de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana.
Uno de los organizadores fue la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), una ONG que nació en 1993 para nuclear a organizaciones de todo el país y rechazar no solo la guerra, sino las políticas que, en vez de buscar una salida negociada y pacífica, la alimentan y apuestan por una solución violenta. Su presidente, Luis Emil Sanabria, ha sido responsable de programas de reinserción de ex combatientes de grupos irregularidades y es secretario técnico del Consejo Nacional de Paz, un órgano público que asesora al gobierno nacional en temas de paz y a través del cual participó en el inicio del ahora fallido diálogo de paz con la principal guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Zoom habló con Sanabria luego de la instalación del Refugio Humanitario y de marchas masivas en Bogotá a finales de abril y principios de mes y explicó cómo la decisión del gobierno de Duque de socavar el acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016, suspender el diálogo con el ELN y negar la existencia de un conflicto en Colombia pone en peligro a miles de líderes sociales y referentes de derechos humanos de todo el país que se comprometieron con el proceso de paz iniciado por el Estado y que ahora han quedado abandonados.
¿Quiénes son los responsables de los asesinatos sistemáticos que denuncian? ¿A quiénes señalan ustedes como responsables de esta violencia?
El primer responsable directo es el Estado colombiano, que ha sido incapaz de garantizar la vida de estos líderes y lideresas y de sus organizaciones y que antes que hacer planes y programas efectivos se dedica a estigmatizar y a señalar a las organizaciones y sus dirigentes como personas vinculadas a alguna actividad ilícita. De esta manera, el Estado en su conjunto -y el gobierno nacional en especial- niega la sistematicidad, niega la existencia de un conflicto armado y, desde ahí, son ellos los directos responsables. Están también por supuesto los actores intelectuales y materiales, que son fundamentalmente personas que tienen intereses económicos en el territorio, ya sean lícitos ligados a la minería, a macroproyectos hidroeléctricos y a otros por el estilo, o ilícitos también ligados a la minería o al narcotráfico. Así que hay una alianza estratégica entre sectores armados ilegales, sectores económicos y sectores políticos que no quieren que líderes políticos alternativos asciendan y lleguen al poder en las elecciones regionales de octubre próximo.
La situación parece similar al nacimiento de los paramilitares como fuerza de choque de ciertos grupos terratenientes y al temor que generó en los años 80 el nacimiento de una fuerza política de un proceso de paz, la Unión Patriótica, y que terminó en el asesinato o expulsión del país de casi todos sus miembros. ¿Hay una continuidad?
Efectivamente hay una reedición de los grupos paramilitares, neoparamilitares, grupos delincuenciales y de bandas criminales ligadas a estos sectores. Por ejemplo, el Ejército Anti Restitución de Tierras. Existe un discurso nacional, pero también hay un comportamiento de élites políticas y de élites de gobierno ligadas a estas tendencias ideológicas neofascistas que respaldan este tipo de acciones y las legitiman desde el alto gobierno y también a nivel territorial, por ejemplo cuando los terratenientes ligados a las federaciones de ganaderos mantienen un discurso en contra de la reforma rural integral o de la posibilidad de restitución de tierras. Todo esto hace que hoy la situación sea diferente a la vivida con la Unión Patriótica, pero yo diría que es una crisis humanitaria más profunda porque lo que hoy se está atacando es el cimiento de nuestra sociedad, el cimiento de la democracia, el cimiento del Estado, que son los líderes y lideresas locales que hacen posible que podamos construir relaciones de reconciliación y convivencia. Esta es una situación bastante difícil que el Estado colombiano no quiere asumir con suficiente responsabilidad.
La responsabilidad y la participación que usted ve en el gobierno nacional y las élites, ¿es solamente de legitimación discursiva o cree que hay una alianza que va más allá de eso y que tiene elementos concretos como vinculaciones financieras o participación política de estos grupos? ¿Hay una relación más concreta?
A nivel local se identifica con mayor claridad una relación concreta entre las amenazas, los asesinatos, los intereses económicos y la oposición de los líderes y las organizaciones a ciertos proyectos, a cierta forma de hacer política y a la corrupción, por ejemplo. A nivel nacional vemos que se reedita una política que en Colombia nos hizo mucho daño, que fue la política de Seguridad Democrática, bajo el concepto de guerra de baja intensidad, una doctrina impuesta por Estados Unidos. Por eso estamos exigiendo a las fiscalías que efectivamente realicen investigaciones, que entreguen pruebas que nos señalen, por ejemplo, quiénes son las Águilas Negras (grupo paramilitar) o quiénes son los jefes de esos grupos. No puede ser que simplemente se limite luego de los hechos a levantar cadáveres y a capturar los autores materiales, pero no nos dan cuenta de los autores intelectuales y de los planes que se elaboran para acabar con la vida y las organizaciones.
¿Qué es la Seguridad Democrática?
Fue la estrategia bajo la cual gobernó el señor Álvaro Uribe Vélez y que generó los picos más altos de paramilitarismo en Colombia, de masacres, asesinatos, persecuciones, estigmatizaciones, exilio y uso indebido del derecho. La Seguridad Democrática se comprobó que fue una política que favoreció el paramilitarismo en Colombia y que llevó a que casi 40% de los congresistas en Colombia fueran condenados por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esa Seguridad Democrática es la que se reedita hoy con otro nombre pero sin dudas vuelve a colocar el énfasis en la guerra, en las salidas militares, en el fortalecimiento nuevamente de las Convivir (grupos armados creados por los terratenientes), de las redes de ciudadanos que se ponen al servicio de estrategias militares y no pone el énfasis en la solución de las peticiones expresadas por la sociedad colombiana, en la profundización de la democracia, en la implementación del acuerdo de paz y en el cumplimiento de los acuerdos. En fin, es una política que va en contravía de lo que hemos estado construyendo en Colombia en los últimos ocho años y que pone al país en esta crisis humanitaria nuevamente.
Cuando un líder social denuncia una amenaza, ¿cómo reaccionan las fiscalías?
Se abre una investigación y, una vez terminada y tras un análisis de riesgo, se le puede dar o no una protección individual, que es el kit. Pero lo que estamos diciendo es que la Fiscalía General de la Nación no da cuenta de esas investigaciones, no da cuenta de quiénes son los que amenazan. Nunca hemos tenido una respuesta real de quiénes son las Águilas Negras. La Fiscalía se limita en la mayoría de los casos a decir que eso no existe, pero sabemos en el territorio que eso existe, que es real y que están amenazando y asesinando a la gente.
¿La Fiscalía dice que las Águilas Negras no existen?
Que no existen y que esas amenazas no son reales. Son las negaciones constantes del gobierno nacional y del Estado de una realidad que está ahí en el territorio. Esto es una situación que nos afecta profundamente y que tiene que ver también con toda esta lucha que se libra en Colombia a favor de la paz y de la reconciliación, por un lado, y de sectores del gobierno y del partido de gobierno que se oponen a esa paz negociada, a la solución pacífica del conflicto armado, y que lo niega y lo profundiza.
¿Para el gobierno de Duque los paramilitares no son un problema de seguridad nacional?
El gobierno colombiano niega la existencia de una estructura nacional paramilitar, niega la existencia de la sistematicidad y niega la existencia de un conflicto armado, lo que nos pone a nosotros en una situación muy difícil porque no hay políticas nacionales reales y efectivas que busquen el desmantelamiento de estos grupos o, por lo menos, que le busque la salida jurídica que permita que ellos se acojan a la Justicia y por ese lado desactivar estos grupos y estas bandas.
O sea, ustedes rechazan la tesis que sostiene que estos grupos armados ilegales surgen en lugares en donde no hay presencia estatal, que son una suerte de consecuencia del retiro del Estado o de la ausencia del Estado.
Lo que pasa es que la presencia estatal o la política central solo pone el énfasis en las acciones militares. Le pongo un ejemplo: en la zona del Catatumbo, que es una región en donde hay 15 municipios, es una región realmente pequeña en los límites con Venezuela y altamente productora de cocaína, existían el año pasado 15 mil efectivos de la fuerza pública y este año están ascendiendo a 26 mil, pero los asesinatos continúan y las amenazas continúan. Allí es donde un ex combatiente de las FARC acaba de ser asesinado a manos de un efectivo del Ejército. Así que lo que nosotros estamos diciendo es que la presencia del Estado no puede ser únicamente militar o represiva, debe haber una presencia real en materia de inversión, de salud, de educación, de garantías para las organizaciones, de desarrollo económico alternativo a la coca que posibilite que los campesinos se comprometan con la erradicación manual de los cultivos de coca, que permita desmantelar las bandas de narcotraficantes. Pero eso no ocurre, hay un incumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC, los excombatientes no encuentran un apoyo para rehacer su vida económica, su vida social y mucho menos su vida política. Todo esto que está ocurriendo en Colombia es un retroceso que nos devuelve a más de 10 años de nuestra historia y es lamentable que tengamos hoy esta situación y que la comunidad internacional sobre todo de América latina, especialmente de algunos países, que antes acompañaban el proceso de paz hoy no lo hagan. Me refiero a Brasil, a Argentina o a Chile que son aliados de este gobierno y tratan de ocultar esta realidad que es evidente.
¿Cuál es el vínculo entre el debilitamiento del proceso de paz que usted describe y la violencia política contra líderes sociales?
Principalmente, la decisión del gobierno de volver a retomar la tesis de que en Colombia no hay conflicto armado. Con esa tesis fue que gobernó Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un origen político de la confrontación, que la existencia del ELN y de otras facciones guerrilleras se debe únicamente a acciones terroristas de grupos delincuenciales ligados al narcotráfico y a otras acciones ilegales. Desde esa tesis, entonces, se rompieron los diálogos, se imposibilita acercamientos, se judicializa a quien pretenda hacerlos y se rompe la mesa de conversaciones. Es una tesis política que nosotros rechazamos porque la sociedad civil, los que queremos la paz, muchos partidos políticos unidos por la paz, defendemos la tesis de que en Colombia hay un origen político de la confrontación armada, fundamentalmente con el ELN. A esa confrontación armada interna hay que darle una solución política negociada, como se venía planteando. El gobierno vuelve a enarbolar la tesis de que a través de bombardeos, del uso de la fuerza, del acorralamiento va a poder derrotar al ELN y en esa lógica nos volvió a meter en una guerra que afecta a los territorios, en una guerra que afecta a los líderes y lideresas y sus organizaciones, en una guerra que no permite la implementación de proceso de paz porque en muchas zonas donde ha actuado la FARC hoy está actuando el ELN. Es decir, es una guerrilla que amplía su accionar, que llega a otros territorios, que recluta jóvenes y que también recluta miembros de las FARC que estaban en el proceso de paz y que hoy están descontentos y vuelven nuevamente a empuñar las armas, y en algunas regiones hace alianzas con lo que se conoce como grupos residuales de las FARC.
¿Por qué la situación interna de Colombia nunca se termina de instalar en la agenda mediática y de la opinión pública de la región?
Porque es evidente que hay una estrategia gestada por los Estados Unidos y algunos intereses internacionales de poner todo el énfasis en la estrategia para derrocar al gobierno de (Nicolás) Maduro (en Venezuela). Todo gira alrededor de eso, de deslegitimarlo y propiciar un golpe de Estado. Y de crear un ambiente de negación de las crisis al interior de otros países de la región, como Brasil, Argentina y, por supuesto, la grave crisis colombiana. Así que esto no es una situación fortuita, es un acuerdo internacional que quiere negar esta difícil situación que ocurre en Colombia, como se negó en la época del gobierno de Álvaro Uribe cuando también habían algunos aliados internacionales que mantenían la misma línea política e ideológica muy aliada con el gobierno norteamericano. No nos extraña pero nos preocupa porque se sigue subestimando esta crisis y por eso hicimos este Refugio.
