Dentro de los debates que se plantearon los últimos días desde adentro hacia afuera del Frente de Todos, el rol del gasto público ocupó un lugar central. No es un debate nuevo ya que desde integrantes del propio Frente, en la voz de Claudio Lozano, o consultoras como el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) lo habían planteado ya en el mes de mayo.
La crítica señalaba, al igual que lo hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta pública, el sobrecumplimiento de las metas de déficit fiscal planteadas en el Presupuesto allá por septiembre de 2020. Al enviar el presupuesto, el Poder Ejecutivo proyectó un déficit primario de 4,5%. Lo que reclamó Cristina fue, justamente, que se hiciera efectiva esa previsión. Para ver en qué se origina el reclamo, se puede observar cómo fue evolucionando el déficit (medido como porcentaje del PBI) a lo largo de los meses y compararlo con los años previos.
Hasta el mes de mayo, la cautela fiscal se impuso como política económica logrando un virtual equilibrio fiscal. Si se lo compara con la gestión de Juntos por el Cambio, los años 2016, 2017 y 2018 llevaban a esa altura del año un mayor déficit que el ejecutado en 2021 en el marco de un contexto económico y social crítico. Recién con la llegada de la segunda ola se tomaron una serie de decisiones más expansivas del gasto público. Se efectivizó un IFE de $15.000 en el AMBA durante abril, bonos en jubilaciones y AUH durante abril y mayo, adelanto del pago de fin de año de la AUH, créditos a tasa cero para monotributistas, ampliación de la Tarjeta Alimentar e incremento del 30%, adelanto de los aumentos del SMVyM a septiembre y se modificaron los aumentos en el monotributo.
Las razones que esgrimía el Ministro Guzmán para contener el déficit se llevaban muy bien con las visiones más ortodoxas de la economía. Según esta lógica, un menor déficit fiscal debía ser leído por los agentes económicos como una menor necesidad de emisión monetaria a futuro y por lo tanto así se reducirían las expectativas de inflación hacia adelante. Es un mecanismo intrincado que supone una sobreespecialización en materia económica de quienes tienen toman decisiones sobre los precios. ¿Qué distribuidora conoce mes a mes los datos de déficit fiscal? A su vez, ¿quiénes de esos lo asocian a las necesidades de financiamiento del Tesoro con el Banco Central? ¿Cuántos saben cuándo hay licitaciones de deuda y cuándo se acude al Banco Central para financiar el déficit? No es un modelo que se lleve muy bien con la realidad.
De hecho, los meses de mayor cautela fiscal fueron los de mayor inflación, la cual tiene otros componentes inerciales y coyunturales, producto de la salida de la pandemia e importado por los precios internacionales de los productos primarios. Es más realista suponer que en las millones de decisiones económicas tomadas día a día existe una expectativa de inflación en torno al 40% para algunos, 45% para otros y tal vez hasta 50% para otros. Y si se quiere mantener el ingreso en términos reales, ningún pequeño comercio espera a final del año para ver cuánto fue la inflación y ajustar la lista de precios en función de eso. Al contrario, cada tres o cuatro meses irá actualizando un 10 o 15% y así se irá concretando esa expectativa. Es lo que llamamos, de forma más elegante, la inercia inflacionaria.
Hay una curiosidad en el reclamo que hizo la vicepresidenta. Al día de hoy, los últimos datos oficiales reflejan que al mes de julio el déficit primario (es decir, excluyendo los pagos por intereses de la deuda) era de 0,7% del PBI, lejos de la meta del 4,5% para todo el año (aún considerando que existe cierta estacionalidad en el déficit que suele acentuarse hacia fin de año). Cristina Fernandez, en su carta pública, indicó que el déficit primario para el para el mes de Agosto acumulaba un 2,1%. Este dato oficial se va a hacer público en el transcurso de la semana.
Si se corrobora el dato indicado en la carta pública, se ve un quiebre considerable entre julio y agosto. Indicaría que se relegó la obsesión por el equilibrio fiscal dentro de los objetivos del gobierno y que el gasto público se aceleró considerablemente. Si se buscaba generar un efecto económico importante en la antesala de las elecciones, el cambio en la política económica probablemente haya llegado muy cerca de la fecha de la elección. Tal vez no pueda traducirlo enteramente en el resultado electoral pero, abandonar el fisicalismo estricto que tuvo durante la primera mitad del año puede significar algún alivio para las condiciones de vida de las mayorías populares que depositaron su confianza en este Frente. Sostenerlo en adelante puede augurar que el crecimiento de este año llegue a los sectores tan golpeados los últimos años.
La cautela fiscal aplicada durante buena parte del año le pudo haber costado caro en términos electorales. No le dio razones suficientes a la base electoral para movilizarse y renovar el apoyo otorgado en 2019. Pero más paradójico resulta que, si los datos indicados por Cristina Kirchner se corroboran los próximos días, el cambio de la política económica que la propia vicepresidenta pidió públicamente habría comenzado a darse. Por lo tanto, el reclamo también pareciera haber llegado tarde. El reclamo público sigue más una lógica política que buscar generar cambios en el rumbo económico. Busca cobrar políticamente las advertencias hechas en su momento. Por eso tal vez pretenda mantener intacto el equipo económico en el gabinete, a pesar de centrar su crítica en la política económica.
Lo que es evidente es que, a pesar de la reactivación económica que muestran distintos indicadores, el escenario distributivo sigue estancado en la situación que dejó Juntos por el Cambio. Para que el gasto público tenga mayor incidencia en la distribución del ingreso debe prestarse atención al origen de los recursos (a quiénes se le cobra impuestos) y el destino del gasto.
Para 2021, el presupuesto estaba planificado con una inflación del 29%. Acompañando la evolución de los precios, el presupuesto vigente (es decir, el presupuestado más las modificaciones presupuestarias hechas a lo largo del año) se incrementó un 13,4% acorde a una inflación de 46% en el año. Pero no todos los rubros se actualizaron al mismo ritmo. Por ejemplo, los servicios de deuda son el gasto más regresivo y no obtuvieron ningún incremento hasta el momento, aunque es probable que a fin de año tengan alguna actualización. El rubro que más incremento tuvo, luego de aprobarse el presupuesto, fue el de los Servicios Económicos (+24,8%), donde se incluyen los subsidios al transporte y a la energía. Los Servicios Sociales (+12,3%) tuvieron incrementos apenas por debajo del promedio (+13,4%).
Con este presupuesto, si no se adicionan mayores ampliaciones en el gasto, el déficit estará en torno al 3,9% del PBI. Está algo por debajo de la meta del 4,5% que se contempló en el presupuesto, aunque también el crecimiento de la economía es mayor al presupuestado (8% contra 5,5%). Es esperable que se amplíe un poco más todavía el gasto en el año si el acuerdo en el Frente de Todos incluye un gasto más expansivo todavía.
Dentro de los rubros del presupuesto, los Servicios Económicos y los Servicios Sociales son los más relevantes ya que en conjunto explican un 84% de los gastos de la Administración Nacional. Por eso es preciso ver en detalle qué pasó durante el 2021 al interior de estos rubros para saber qué fue ganando prioridad en el presupuesto a medida que avanzó el año.
Del análisis más fino de los cambios presupuestarios a lo largo del año, llaman la atención tres partidas en particular. En relación al presupuesto total, Seguridad Social (44,1%) y Energía y Combustibles (10,3%) se llevan una parte importante de los recursos. La seguridad social se caracteriza justamente por su impacto distributivo positivo mientras que los subsidios a la energía todavía no incorporan el aspecto distributivo. Pero los servicios sociales se incrementaron sólo un 5,5% en relación al presupuesto original mientras que los subsidios energéticos crecieron un 36,2%. Incluso, la ejecución de los gastos en energía ya llega al 73,1%, superior al 65,3% promedio.
Paradójicamente, el rubro Vivienda y Urbanismo fue de los pocos rubros que tuvo una caída en los recursos (-8,0%) por reducción de los proyectos destinados a plazas y espacios públicos. A primera vista, parece una decisión difícil de sostener. El impacto que tienen este tipo de proyectos es muy virtuoso en cuanto a la creación de puestos de trabajo y su baja demanda de componentes importados. Aunque es un tipo de gasto que lleva más tiempo ponerlo en funcionamiento que las transferencias directas porque implica armado de pliegos, apertura de licitaciones y otros procesos administrativos, por su impacto en el empleo y la solución de problemas concretos debería ser una de las partidas que gane protagonismo en lugar de perderlo.
Quedan meses de un reordenamiento de las prioridades en el gobierno. Seguramente tendrá su impacto en los gastos a realizar los últimos meses del año que, además, suelen ser los de mayor déficit. Está claro que el margen es estrecho. Cada punto adicional de crecimiento del PBI implica importaciones necesarias para la producción (bienes de capital e insumos intermedios) por USD 2.000 millones. Un número que pone mucha presión sobre las escasas reservas en un contexto donde la única fuente de dólares del país es el comercio exterior. Dólares que, sabemos, en Argentina tiene múltiples usos: la propia actividad económica, inversiones pero también pagos de deuda, ahorro y turismo.
Las áreas que en todo este tumulto pasaron desapercibidas, vinculadas a los movimientos financieros que implican los pagos y liquidaciones de exportaciones, pueden ser las que le den mayor o menor margen a la política de reactivación económica hacia adelante.
