Corrientes sigue muy de cerca lo que sucede en la vecina Misiones a partir del levantamiento de las y los trabajadores estatales. Acaso por ver que lo que está acaeciendo es un calco de lo que ya había padecido Corrientes en 1999. Aquella tremenda crisis política, social y económica que se originó primero por el desmanejo de Raúl Rolando “Tato” Romero Feris y su “Partido Nuevo” y luego, por el resto de la dirigencia y partidos políticos encabezados y conducidos por Rodolfo Martínez Llano en la “Multipartidaria”. En diciembre de ese mismo año, la crisis concluyó con los asesinatos de Mauro Ojeda y Francisco Escobar a manos de la gendarmería. La feroz y aleccionadora represión fue ordenada por el “progresista” gobierno nacional de la Alianza (De la Rúa, presidente y el “ala izquierda de la UCR”, Fede Storani, como ministro del Interior) y hubo intervención federal de los radicales Cordobeses Ramón Mestre y Oscar Aguad, entre otros. La crisis fue definida por muchos como la previa de lo que fue, dos años más tarde, el estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001 en el país.
En los últimos días fuimos testigos de cómo el gobierno de Passalacqua ofrecía –para tratar de desactivar el conflicto desatado puertas adentro por el reclamo salarial de los estatales— un 33% de recomposición y, al mismo tiempo, su propuesta era rechazada por ser considerada insuficiente.
Paradójicamente en simultáneo, aquí al lado nomás, en los pagos del Chamamé y el carnaval, el primer mandatario Gustavo Valdés anunciaba un aumento salarial equivalente a un mísero 15% para trabajadores dependientes del Estado provincial, a percibir a finales de junio. Gracias al blindaje mediático solventado a fuerza de fenomenales pautas publicitarias, lejos de ser cuestionado por el escueto aumento anunciado, pareciera que fue aplaudido y ovacionado según las crónicas periodísticas. Sin embargo, la bronca se acrecienta por lo bajo entre los asalariados provinciales que ven cada vez más empobrecidos sus bolsillos, lo que a su vez repercute de manera directa en la baja calidad de vida imperante en una de las provincias que ranquea entra las más pobres del país.
Plata hay
Es indispensable señalar que la administración de Valdés ostenta un importante incremento en los fondos correspondientes a la Coparticipación Federal ya que a fin de mayo la provincia ha recibido más de 150 mil millones de pesos según datos oficialesde la Dirección de Recursos Nacionales del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. Por ejemplo, al día viernes 24 de mayo ingresaron a las arcas provinciales 152.535.121,2 (en mil millones) para ser precisos, lo que equivale un aumento del 293% en concepto de Fondos Coparticipables respecto al mismo mes de 2023, lo que no se condice en lo más mínimo con el 15% concedido a los salarios provinciales.
Corrientes es una provincia donde más del 50% de trabajadores son dependientes del Estado provincial, y la mayor parte de ese porcentaje percibe muy bajos salarios y en cuotas dibujadas con “pluses”. Salarios que en la sumatoria de las tres cuotas en las que se abonan, apenas si superan el umbral de la indigencia y, con un alto grado de precarización ejecutado por el propio Estado bajo la denominación de contratos, becas, programas y otros eufemismos.
La punta de lanza de los estatales provinciales lo representa el sector docente con más de 30 mil educadores. Es el sector que concentra la mayor cantidad de asalariados (por arriba del sector de la Salud y muy por arriba del área de Seguridad). “Como muestra basta un botón”, dice el refrán popular y es por eso que es importante resaltar que el salario básico docente en Corrientes se encuentra anclado en 112.000 pesos y, con un salario inicial de 437.000 pesos, ante una canasta básica establecida en 828.000 pesos.
Fernando Ramírez, secretario general del SUTECO (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes), uno de los sindicatos que concentra la mayor porción de afiliados entre los docentes, denuncia que la administración provincial de Gustavo Valdés se excusa en la quita de fondos nacionales para la educación por parte de la administración central de Javier Milei. Como por ejemplo: la quita del FONID y la paralización de la construcción de 45 escuelas en el territorio provincial, que se venían realizando con aportes nacionales desde la anterior administración y en la actualidad se encuentran totalmente paralizadas. Ante esto Ramírez remarca: “No se le animan a Milei, no se le animan a este unitario que está en la Rosada, que ellos trabajaron para que llegue este hombre desalmado que está quitando de la mesa de nuestros alumnos la comida, son unos verdaderos miserables que están allí calladitos y obedientes”.
Por otra parte, Jose Gea, secretario general del gremio docente cegetista: Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), otro de los sindicatos más representativos en la provincia, describió cómo es el mecanismo del gobierno de Valdés para hacerse cargo con fondos propios de lo que representaba el FONID, pero a su vez condiciona a los trabajadores a que no se sumen a los paros convocados a nivel nacional y provincial. Es así como Gea nos cuenta que: “Corrientes se hizo cargo, pero ese código nuevo de incentivo provincial tiene una características especial donde dice que todo lo que está en el estatuto y todo lo que está en el régimen de permisos y licencias no sufrirá descuento. Pero si hacés otra cosa distinta como una medida de fuerza sí te descuentan…una de cal y una de arena” remarca el sindicalista y, detalla que: “Con valores del mes de diciembre de 2023, porque desde allí no se actualizó más, el fondo compensador provincial representa en promedio, por mes, alrededor de 80.000 pesos en el bolsillo de los docentes. Pero si haces paro te descuentan la mitad: 40.000 pesos, bajo el concepto solapado de presentismo”.
Otro de los sectores que viene reclamando fuertemente por la cuestión salarial es el de Seguridad. Uno de los voceros de los efectivos retirados y en actividad de la policía provincial, el suboficial mayor retirado, Jorge Espinola, señala que: “Tuvimos que acampar en noviembre último, 37 días, reclamando un salario digno y no querían recibirnos las autoridades, tuvimos que tomar la determinación de encadenarnos en la plaza 25 de mayo frente a la Casa de Gobierno y a la Jefatura para que recién ahí nos convoquen las autoridades del Ministerio de Seguridad y de Jefatura de Policía bajo la promesa de que íbamos a tener un diálogo fluido y que iban a ir dando solución a los temas de interés para la familia policial y penitenciaria. Después de eso tuvimos varias reuniones con el jefe de policía y, una sola reunión en marzo con el ministro de Seguridad, pero en definitiva no nos han brindado solución alguna hasta el momento y estamos en una situación que no da para más. Ningún suboficial (o sea: de comisario para abajo) llega a solventar el costo de la canasta básica indicada por el INDEC. En abril el INDEC público que la canasta básica está entre 820 mil y 830 mil pesos, así que para mayo va a superar ampliamente los 900 mil pesos y nosotros estamos lejos de eso. Hoy, a un cabo de la policía le falta un 100% de su salario para llegar a cubrir aproximadamente la canasta mínima e indispensable para sostener a su familia. Un cabo en actividad no supera los 500 mil pesos de salario. Un suboficial mayor retirado con 30 años de antigüedad prestando servicio en la institución no pasa de los 700 mil pesos…imagínense como estamos, el sueldo que percibimos no condice con la función y con la responsabilidad que tenemos”, sentencia el representante de los uniformados provinciales, en consonancia con sus camaradas misioneros.
Si los trabajadores provinciales evidencian tan bajos ingresos sumados a los condicionamientos impuestos por el ejecutivo provincial del radical Gustavo Valdés, imaginemos qué respuestas hay para los últimos de la fila. El dirigente social, Ariel Osuna, de Barrios de Pie denuncia que: “Al no entregar las mercaderías intentan desorganizar a los movimientos sociales, desarticular la organización de los tejidos sociales que intentan reinventarse día a día, entendiendo que las organizaciones sociales son expresiones de necesidades de falta de derechos y, que los gobiernos de Milei y Valdés intentan silenciarlos y hacerlos desaparecer porque sus fines son potenciar la pobreza”.
Osuna enfatiza: “El gobierno de Corrientes también hace dos meses que ha dejado sin mercaderías a los comedores y merenderos. Hace dos meses que no proveen alimentos y cada vez hay más gente que está desocupada y va a los comedores y a los merenderos de los movimientos populares a refugiarse en términos de alimentos”. Esto desnuda el desinterés por los sectores populares de una gestión que, paradójicamente, se autopercibe como popular.
Acaso lo más llamativo y tragicómico de esta situación se manifiesta en lo que relata Osuna sobre lo conversado con funcionarios de segunda y tercera línea del gobierno provincial a la hora de reclamarles alimentos, cuando expresa que: “Los funcionarios de Valdés nos dicen que no tienen, que no hay recursos, que no les alcanza, que están funcionando con el mismo presupuesto del año pasado que representa un 70% menos, que ¿cuándo lo vamos a tumbar a Milei?”. Ante la repregunta sobre esto último, el dirigente social reitera: “Ellos también son conscientes de la realidad que les toca y, algunos funcionarios de Valdés, salen y preguntan ¿Cuándo lo vamos a tumbar a Milei?”. Esto –a modo de parámetro— sucede en una de las gobernaciones mas obsecuentes al gobierno nacional de Javier Milei, hecho para tener muy en cuenta.
La obsecuencia no paga
En esto de los ajustes desde la centralidad hacia las administraciones provinciales, es menester señalar que, en Misiones, Javier Milei ganó la segunda vuelta de las presidenciales en noviembre del año pasado con un holgado 57% de acompañamiento, al igual que en Corrientes donde la Libertad Avanza se alzó con poco más del 53% de las voluntades que concurrieron a las urnas.
El gobierno de Gustavo Valdés de la alianza Encuentro por Corrientes + Vamos Corrientes + Juntos por el Cambio, encabezada por la Unión Cívica Radical sumada a otros partidos conservadores provinciales (que llevan un cuarto de siglo al frente del gobierno), han trabajado fuertemente para la llegada de Javier Milei a la presidencia. De hecho, los cuatro diputados nacionales por Corrientes que representan a la alianza oficialista han votado favorablemente la Ley Bases promovida por el gobierno nacional, y han adelantado el mismo acompañamiento para su tratamiento en el senado. Sin embargo, paradójicamente, esto no ha representado mejora ni bienestar alguno a la situación económica de la provincia, lo que dificulta la comprensión al alineamiento y a tanta obsecuencia manifiesta para con esta experiencia autodefinida como “anarco capitalista”, un engendro que hasta el momento ha profundizado considerablemente los indices de pobreza y desocupación.
Resta conocer cuál será el final de este proceso de ajuste; saqueo y entrega que hoy padecemos y, qué destino tendrán reservado en ese desenlace quienes desde la institucionalidad son cómplices de esta administración enteramente antipopular.
Entendiendo entonces que Valdés es Milei, en términos de las políticas de ajuste que se ejecutan hacia los trabajadores en Corrientes y, si acaso, el fracaso fuese el único desenlace posible ante el tremendo despropósito que representa la enorme transferencia de recursos desde los bolsillos de los asalariados hacia las cuentas bancarias de la riqueza concentrada de los grupos económicos, ¿representará esto la caída de la UCR después de 25 años en el poder, en una provincia que se encamina a elegir gobernador en el 2025?
