Por Jorge Argüello*
Al nacer la ONU, hace 75 años, unas 750 millones de personas -casi un tercio de la población mundial- vivían en territorios que aún dependían de potencias coloniales. Pero con el respaldo de las dos grandes potencias de posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, la ONU comenzó a establecer un marco jurídico para poner fin a este flagelo.
De hecho, para el presidente Franklin D. Roosevelt (EE UU), ganar la guerra significaba un nuevo orden mundial post-imperial. «No puedo creer que podamos luchar una guerra contra la esclavitud fascista, y no trabajar al mismo tiempo para liberar a la gente de todo el mundo de una política colonial atrasada», le comentó al británico Winston Churchill antes de firmar la Carta del Atlántico (1941).
En línea con ese giro histórico, desde su primer período de sesiones (1946-47) la Asamblea General de la ONU ha adoptado un rol central en materia de descolonización, confirmado y reforzado por distintas resoluciones y decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otros cuerpos diplomáticos de la Organización.
Pero todavía hoy quedan 17 territorios no autónomos bajo el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, donde las potencias administradoras tienen la obligación internacional de poner fin rápida e incondicionalmente a esa situación colonial, de conformidad con el derecho internacional.
El colonialismo es un problema para la humanidad en su conjunto, una situación de injusticia contra la cual el pueblo argentino luchó -y sigue luchando- desde el momento mismo de su nacimiento.
Los 204 años de vida independiente fueron celebrados en casi todo el país el pasado 9 de julio. Casi todo, porque hace 187 años hay una parte de nuestro territorio en la que los argentinos siguen sin romper totalmente las cadenas coloniales.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios argentinos bajo ocupación colonial, son hoy una rémora imperialista que sostiene la intransigencia recalcitrante del Reino Unido. Sin respetar sus obligaciones internacionales, Londres incumple aquellas resoluciones de las Naciones Unidas que instan a la solución pacífica de la disputa por la soberanía como modo de poner fin a este especial caso de descolonización.
Para evitar negociar con Argentina, como indica la comunidad internacional en su conjunto, el Reino Unido intenta echar mano a cualquier herramienta. Incluso incurriendo en bochornosas contradicciones (como se comprobó en los argumentos esgrimidos por Londres ante la Corte Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva sobre el Archipiélago de Chagos).
En ese procedimiento, el Reino Unido negó que en la década del 60’ (es decir, en pleno proceso de descolonización) el principio de libre determinación de los pueblos tuviese un carácter jurídico, y por ende vinculante.
Este principio, de fundamental importancia para el derecho internacional, cuya correcta aplicación la Argentina siempre ha defendido, es incorrectamente invocado por el Reino Unido en la Cuestión Malvinas para evitar negociaciones, pero convenientemente desoído en el caso de la República de Mauricio. Así, para el Reino Unido, la población es una simple variable de ajuste.
Las competencias de la Asamblea General en materia de descolonización son centrales. Es ella, y no la potencia colonial, la que debe observar la aplicación del derecho de libre determinación, función otorgada por la Carta de las Naciones Unidas.
También corresponde a la Asamblea pronunciarse y supervisar las modalidades de descolonización de un territorio, y es el Comité de Descolonización el órgano encargado de monitorear los mecanismos para que un territorio sea descolonizado. En la Cuestión Malvinas, esto debe alcanzarse por medio de la solución de la disputa entre las únicas partes de la controversia, sin dejar de tener en cuenta los intereses de la población que habita las Islas.
Desde diciembre de 2019 la Argentina ha vuelto a encauzar y colocar a la Cuestión Malvinas, uno de los asuntos de política exterior más antiguos e importantes de nuestro país, en el tope de nuestras prioridades internacionales.
Claros ejemplos de ello son la elevación al rango de Secretaría del área de la Cancillería encargada de Malvinas, a cargo del embajador Daniel Filmus, así como los contundentes mensajes del presidente Alberto Fernández ante el Congreso de la Nación; por otra parte, el canciller Felipe Solá ha enviado al Congreso tres proyectos de ley para fortalecer nuestra posición jurídica y buscar los consensos necesarios para establecer una política de Estado sobre la Cuestión Malvinas, de una vez y para siempre.
Dos de los mentados proyectos ya cuentan con sanción del Congreso, lograda por unanimidad de todas las fuerzas políticas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, configurando un hito histórico. El primero de ellos crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el ámbito de la Presidencia de la Nación. Con esto se espera contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas. El segundo refiere al establecimiento de los límites exteriores definitivos de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas.
Todo esto demuestra un cambio sustancial en cuanto a la orientación marcada por el gobierno anterior, que eligió adoptar medidas que -en la práctica- han facilitado la presencia e intereses británicos en las islas, dejando olvidada la cuestión principal de la soberanía, bajo la figura del paraguas. La expresión más acabada de esto fue la Declaración Conjunta del 13 de septiembre de 2016, conocida como Acuerdo Foradori-Duncan, el cual está siendo totalmente desandado por el actual gobierno nacional.
En ese orden de ideas, hay voces que piden “no quererlas tanto” y otras que, bajo un velo de un falso patriotismo, pretenden mantener incólume la disputa de soberanía ad eternum, ignorando la irresponsabilidad que ello acarrea. Pero la voluntad del pueblo argentino es clara.
La recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un mandato constitucional. Desde ya, no de cualquier forma, ni a cualquier costo.
El camino es el de la paz, el diálogo y el derecho internacional. Con firmeza, defendiendo nuestra posición, sin necesidad de preocuparse por agradar a la contraparte, lo que ha probado favorecer su ocupación ilegítima. Aquí, el único “obstáculo” a remover, es la disputa de soberanía.
El proceso de descolonización se ha estancado, en gran medida, debido a la intransigencia de las potencias administradoras, quienes no cumplen con sus obligaciones internacionales. La Argentina, como tantos otros ejemplos en el mundo, es una nación que cree en la justeza de sus derechos y como tal seguirá trabajando en todos los ámbitos, utilizando todas las herramientas que el derecho brinda para hacer valer y poner fin al colonialismo en nuestro territorio.
Como dijo el presidente Fernández, “ya no hay lugar para el colonialismo en el Siglo XXI”.
*Embajador argentino ante EE.UU.
