Con vastos sectores de la sociedad acumulando preocupación y malestar, y bajo la mirada expectante del gobierno nacional y la oposición, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del tarifazo aplicado en las facturas de gas, para el caso de los usuarios residenciales. De forma unánime, el máximo tribunal consideró que el gobierno de Mauricio Macri no respetó el derecho de la ciudadanía a conocer y opinar acerca de las subas tarifarias a través de la celebración de audiencias públicas, como lo ordena la propia Constitución en su artículo 42. Incluso, aclaró que este instrumento es una obligación previa no sólo para decidir sobre el precio del transporte y la distribución de gas, sino también para el valor en “boca de pozo”, como se conoce en la jerga al punto de ingreso al sistema. El detalle no es menor, ya que ese eslabón de la cadena, manejado por las petroleras, representa cerca del 70% del costo global y, hasta que la Corte emitiera este fallo, el Poder Ejecutivo podía ponerle precio sin ningún requisito extra. Justamente, que la determinación sea del Estado y no a través de las reglas de la oferta y la demanda, convenció a los jueces “supremos” de que “debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que escapa al mercado”.
Claro que el resultado de estas consultas a la sociedad civil y sus organizaciones no tiene carácter vinculante, pero de todos modos supone una instancia de alta exposición para el gobierno, que se verá obligado a explicar y justificar de cara a la población una medida muy antipopular. De allí surge el apoyo mayoritario que lo hecho por la magistrados recogió entre los partidos de la oposición, que lo interpretaron como una victoria de sus argumentos por sobre la negativa de la Rosada a revisar sus pasos.
«El resultado de estas consultas a la sociedad civil y sus organizaciones no tiene carácter vinculante, pero de todos modos supone una instancia de alta exposición para el gobierno, que se verá obligado a explicar y justificar de cara a la población una medida muy antipopular»
A las pocas horas de conocido el dictamen, el macrismo llamó a una conferencia de prensa, donde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que van a respetar lo señalado por la justicia y que lo antes posible van a convocar a las audiencias, que podrían tener lugar a fines de septiembre. También, a pesar del impacto, intentó dar la imagen de un gobierno bajo control. “No es el peor de los escenarios”, aseguró el funcionario.
En lo formal, la Corte desestimó una apelación del macrismo y, limitándola a la factura hogareña, ratificó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que en el marco de una acción colectiva había declarado nulas las resoluciones N° 28 y 31 del Ministerio de Energía. De esta manera, los tres componentes de la tarifa del gas –producción, transporte y distribución– quedaron sin efecto y las empresas proveedoras deberán retrotraer las facturas a antes del pasado 1 de abril, cuando la cartera que encabeza Juan José Aranguren puso en vigencia un nuevo esquema de valores para este combustible. A los clientes que hayan llegado a pagar los aumentos, la diferencia les será devuelta en forma de crédito.
En el desarrollo de su sentencia, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti no sólo reprobó la forma en que el PRO implementó el tarifazo, sino que además sentó posición sobre la necesidad de que se respete un criterio de “razonabilidad” basado en la posibilidad de pago por parte de la ciudadanía, para lo cual consideró que la “gradualidad” es esencial. La Corte alertó que “una relación irrazonable entre monto y capacidad de pago puede convertir a una cuestión técnica, reservada al poder administrador, en una cuestión judicial por afectación de derechos constitucionales”. Por eso, planteó que “el principio de ‘gradualidad’ no debe verse como un obstáculo para compensar el retraso histórico en las tarifas sino como la condición de posibilidad para su concreción jurídica irreprochable”. En definitiva, los jueces hicieron foco en una serie de ejes que estuvieron ausentes en la política desplegada por el PRO en materia energética.
«Los jueces hicieron foco en una serie de ejes que estuvieron ausentes en la política desplegada por el PRO en materia energética»
Por todos estos elementos, el dictamen significó un fuerte desaire para la administración que encabeza Macri, que apostaba a resolver en los tribunales una pelea que cada vez se le vuelve más cuesta arriba en el ámbito político. Así quedó demostrado en las protestas que se multiplicaron en las calles y, luego, en la accidentada visita de Aranguren al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el ex CEO de Shell cosechó las críticas de todo el arco opositor.
Con estas cartas sobre la mesa, en la Rosada le temen al efecto contagio. El precedente trazado por Lorenzetti y sus colegas es perfectamente aplicable a los otros servicios impactados por el tarifazo: la luz y el agua. De hecho, la procuradora Alejandra Gils Carbó ya tiene en sus manos un expediente por aumento en el suministro eléctrico, sobre el que la Corte le pidió que se expida. Otro tanto puede pasar con los importantes grupos excluidos del fallo, que ya expusieron su malestar y a los que nada les impide acudir a un juzgado, presentar su propio caso y reclamar igual trato que los usuarios residenciales.
Un fallo con dos caras
Sin embargo, el de la Corte fue un fallo con matices, que no dejó al Ejecutivo con las manos vacías. Por un lado, ratificó su potestad exclusiva para tomar decisiones en cuanto a las tarifas de los servicios públicos, una vez celebradas las audiencias. También fue un mensaje al resto de los tribunales, a los que les pidió que no se adentren en un campo que excede sus atribuciones y para que, cuando se trate de acciones colectivas –como en este caso– identifiquen con claridad a los sectores alcanzados y no magnifiquen el alcance de sus dictámenes. En el criterio de la Corte, la Cámara Federal de La Plata no cumplió con ese requisito. “Dictó una sentencia con efectos generales para todo tipo de usuarios y para todo el país. (…) No se hacen distinciones según sean residenciales, comerciales, industriales, o según diferentes tipos de ingresos económicos, o regiones”, reprochó el máximo tribunal, al entender que la Cámara platense actuó “apartándose de la jurisprudencia”. Por eso, corrigió ese punto y circunscribió el fallo al consumo residencial, por entender que era el único con “intereses individuales homogéneos”.
Ese recorte fue lo más valorado por la Rosada, ya que inciden en la parte minoritaria del consumo. Significa el 26%, frente al 74% de los usuarios no residenciales, que seguirán bajo el influjo del tarifazo, con el paradójico “tope” del 500% que les concedió el gobierno. En los excluidos por los jueces están las industrias, pymes, las cooperativas y los comercios, entre otros actores. Son los sectores productivos que brindan empleo y que, en muchos casos, sintieron los incrementos como un golpe de knock-out a su economía. “Lo residencial es el 25% de los abonados y (el dinero) habrá que sacarlo de otros lados”, consideró Peña, que indicó a “la obra pública” como uno de los lugares de donde planean recortar inversiones.
«El de la Corte fue un fallo con matices, que no dejó al Ejecutivo con las manos vacías»
En un comunicado, la Asamblea de Pequeños y Medianos Usuarios (Apyme) advirtió que “en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones”, la vigencia del tarifazo “resulta insostenible para miles de unidades productivas”. La entidad sostuvo que “el límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio” y que “serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”.
Con igual tono de alarma, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señaló que lo establecido por la Corte “ha sorprendido negativamente” a un ámbito que “se siente desprotegido frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo”. Came subrayó que “los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados” y adelantó que “donde corresponda, encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo”.
