El choque con los propietarios agropecuarios volvió a demostrar las falencias del Estado.
Mas allá de la legitimidad de la movilidad decidida para las retenciones en la vilipendiada Resolución 125, que se justifica por el aumento especulativo en los mercados internacionales de alimentos, si se hubieran contemplado, de entrada, derechos de exportación diferenciales para las pequeñas producciones, otro gallo habría cantado.
Es presuntuoso suponer que, así como fue redactada, hubo connivencia del gobierno con un sector, o una alianza política oculta.
Se justifican algunos reclamos de las pequeñas producciones: por estar ausente, el Estado no intervino en la producción permitiendo el avance de la soja transgénica, no reguló los precios de insumos, y sobre todo, no desalentó el cultivo del yuyo en aquellas zonas que por régimen de lluvia y fertilidad son aptos para otros cultivos.
Estos últimos productores tienen menor rentabilidad que la de la pampa húmeda, pero si nadie (el INTA) les desaconseja plantar soja, se termina imponiendo el mercado y la ganancia rápida basada en el bajo costo. Con lo cual, los perjudicados fueron los primeros en bajarse a las rutas.
Es que el Estado no tiene registros y estudios fiables sobre la estructura productiva del agro.
La mayor demanda de gasoil produjo un aumento de precios por escasez de oferta, mientras las naftas se exportan sin inconvenientes. Pero el Estado no sabe si son ciertos o falsos los números que le pasan las petroleras sobre extracción, producción y exportación, ni planifica la producción, con lo cual el flujo lo manejan las empresas multinacionales.
Luego, la oposición alcanzó pruebas al gobierno de que la Aduana liquidaba mal los precios FOB de los granos, y que las exportadoras se quedaban con un porcentaje de las retenciones. Cuando debió denunciarse torpeza, se concluyó que existía una especie de alianza sinárquica entre los K y las exportadoras multinacionales.
La Aduana está estructurada en base al Sistema María que diseñó Cavallo. Las delegaciones aduaneras en los puertos privados bien pueden estar colonizadas por sus patrones, repitiendo lo que se sabe sobre los entes reguladores. La ONCAA, que debería controlar a las exportadoras, fue creada en la época de Menem.
No alcanza con designar titulares de reparticiones con buen marketing para hacerse nombrar, como sucedió recientemente en la ANSES.
El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) debe estar en manos de docentes con otros conceptos, y a partir de allí avanzar sobre las funciones de cada área..
Hay que avanzar sobre una reformulación del Estado que dé marcha atrás sobre las dos “reformas” que financió el Banco Mundial en los ‘90, convirtiéndolo en una entidad discapacitada.
