El gobierno uruguayo anunció el lunes 18 que impulsará un “punto final” a las investigaciones sobre desaparecidos; y el martes la jueza penal Graciela Gatti procesó al dictador Juan María Bordaberry por coautoría en diez homicidios, ocho de los cuales corresponden a desapariciones forzadas.
La gente puede sentirse confundida: ¿cómo es la cosa? ¿Es posible decretar un punto final? ¿Es razonable proponer una “vuelta de página”? ¿O acaso el planteo está destinado inevitablemente a generar nuevas contradicciones, nuevas fricciones y estimular un debate cada vez más esquizofrénico, casi indecente, donde las verdaderas intenciones, de un lado y del otro, se enmascaran y alimentan con un falluterismo de circo?
Hay un plano que corresponde al Poder Judicial y otro al Ejecutivo. De modo que el “deber” de la justicia puede no coincidir con la “voluntad” política.
El gobierno puede querer “dar vuelta la página” pero no puede interferir con la labor de los jueces. Y puede ocurrir que, mientras siga vigente la ley de caducidad, nuevas denuncias obliguen a los jueces a preguntarle al gobierno si corresponde o no seguir investigando.
Por ahora nada indica que el gobierno de Tabaré Vázquez vaya a modificar su interpretación de la ley de caducidad y por tanto a trabar las investigaciones judiciales. Pero si las investigaciones continúan y se profundizan, entonces no habrá punto final y el senador Gustavo Penadés tendrá oportunidad de reiterar su advertencia de que no debe confundirse justicia con venganza, lo que dicho así y a modo de comentario sobre el procesamiento de Bordaberry, suena como una crítica gruesa a la magistrada.
Las reacciones de los principales dirigentes del partido de la impunidad, tanto al anuncio del gobierno como a la decisión de la justicia, ponen en evidencia las debilidades de la propuesta de punto final, precisamente por el carácter ambiguo del planteo, que da lugar a no menos ambiguas respuestas desde la derecha. Tanto Julio María Sanguinetti como Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga coincidieron en que la propuesta del gobierno es una “engañifa” y que no hay voluntad de “reconciliación”.
RESTOS
Tal como se anunció el lunes 18 en el Consejo de Ministros, y tal como será informado en detalle a la totalidad de los miembros de la bancada parlamentaria oficialista, el gobierno se propone clausurar la actual etapa de búsqueda de restos de desaparecidos. Así expuesto, el asunto sugiere que, al completar el año, después de exhaustivas excavaciones en los terrenos de dos unidades militares, el gobierno está impedido de avanzar más. Pero al proponer “dar vuelta la página”, para fomentar “la reconciliación” y fijar una fecha -19 de junio- como el día del “nunca más”, da a entender que no quiere seguir buscando.
En realidad, en materia de búsqueda de restos de desaparecidos y, más aun, búsqueda de la verdad, queda mucho para hacer. Por eso es que el anuncio de “cierre de una etapa” generó rechazos en organizaciones de derechos humanos y en sectores del Frente Amplio. Y a raíz de esas reacciones sobrevino una aclaración del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien le comunicó al antropólogo José López Mazz, jefe del equipo que realizó las excavaciones, que el gobierno está dispuesto a continuar con la búsqueda de restos de desaparecidos en dependencias militares, “siempre y cuando aparezcan datos firmes que puedan chequearse y que justifiquen realizar excavaciones”.
Ahora bien: los “datos firmes que puedan chequearse” tienen una fuente principal de información: los militares que estuvieron directamente involucrados en las desapariciones. Si después de 20 años los responsables siguen manteniendo el secreto absoluto sobre esas historias, puede concluirse que la manera más expeditiva y exitosa de obtener “datos firmes” es ejerciendo la autoridad del gobierno y reclamando la subordinación de los militares.
Esa fue más o menos la vía a la que apeló el propio presidente cuando ordenó a los mandos que obtuvieran de forma reservada la información que permitiera ubicar los restos de los desaparecidos. Hoy se sabe que los militares involucrados mintieron a sus superiores y éstos trasmitieron la mentira al presidente; hace ya más de un año que el gobierno aguardaba la “información complementaria” que permitiera encontrar la ubicación exacta de restos. La información no llega y el gobierno decide clausurar una etapa. Queda claro que no tiene intención de ejercer presión para obtener la verdad, lo que significaría, además, castigar la mentira.
¿Existe alguna otra vía de obtener la información? Sí. Puede ser a través de una confesión privada de algunos de los involucrados, alguien que decida desembarazarse del peso de tanto crimen, o pueden ser indicios aportados por personal subalterno, que pongan en la pista de los cementerios clandestinos.
Por otro lado, el gobierno, según la explicación del secretario de la Presidencia, decide clausurar la búsqueda en unidades militares, pero de hecho extiende la clausura a todos los posibles cementerios clandestinos. Hasta ahora, la información no habría sido lo suficientemente “chequeable y firme” porque el gobierno, salvo algunas diligencias casi extraoficiales, no ha tomado la iniciaitiva de investigar en predios estatales no militares, donde se asegura que hubo inhumaciones irregulares.
Pero, ¿qué ocurre si tales indicios se transforman en denuncias judiciales y algún juez ordena excavaciones para confirmarlas o descartarlas? Se estaría de nuevo abriendo el libro, borrando el punto final, escribiendo nuevas páginas. No hay, desde ese ángulo, la manera de asegurar que se clausura una etapa.
Y más aun: el cierre de una etapa no sólo congela la búsqueda de los restos; también la información clave sobre el alcance del genocidio ocurrido en Uruguay. Está pendiente, por ejemplo, la información derivada de la confesión de que existió un “segundo vuelo”. Para el gobierno, las víctimas de ese segundo vuelo (el traslado desde Buenos Aires a Montevideo de los uruguayos prisioneros en el centro clandestino Automotores Orletti) están muertas, fueron asesinadas, pero ni siquiera se sabe su identidad, y menos quién decidió matarlos, quién los ejecutó y dónde fueron enterrados.
Se ha dicho que esta propuesta de punto final es una “señal” hacia los militares. ¿Señal de qué? ¿Señal para qué? ¿Acaso el gobierno quiere atajar la ofensiva que se insinúa desde el partido de la impunidad ofreciendo la vuelta de página? ¿Cómo va a desestimular el gobierno la determinación de un familiar de exigir verdad y justicia?
No se entiende. Más cuando desde el Poder Judicial -y debido fundamentalmente a la iniciativa de la sociedad civil y del cuerpo de abogados de la parte popular- algunos conceptos como la imprescriptibilidad y el carácter no amnistiable de los crímenes de lesa humanidad se consolidan y estimulan nuevas investigaciones.
Si el gobierno ha sido incapaz de obtener la nómina de las víctimas que integraron el “segundo vuelo”, quizás el juez que investiga el caso logre que las autoridades del Ministerio de Defensa encuentren finalmente la información tan esquiva. Y ello va a llevar inevitablemente al castigo de los responsables y acusados.
Los mismos jueces podrán, eventualmente, abrir los archivos ya ubicados pero que el gobierno mantiene en secreto, facilitando, con esa reserva, que algunas “fuentes confiables” diseminen informaciones parciales de esos archivos, escogidas con el único objetivo de afectar a miembros del actual gobierno mediante operativos de inteligencia.
Finalmente: si el objetivo del gobierno es la “reconciliación”, entonces el camino es doblemente equivocado. Para demostrar la convicción extendida de que un “punto final”, cuando todavía la verdad está en pañales, no logra ninguna reconciliación, ahí están las afirmaciones de Luisa Cuesta, una de las referentes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos: “El ‘nunca más’ va a estar cuando sepamos toda la verdad y haya justicia. De ninguna manera nos pueden pedir reconciliación de los militares con el pueblo uruguayo cuando mienten todos los días. Y digo que las Fuerzas Armadas no dicen la verdad: yo digo que son unos mentirosos completos, desde Bertolotti hasta el último de los militares”. Y terminó: “La reconciliación no se decreta”.
