Tiros para el otro lado de la justicia

El gendarme Echazú ascendido, Etchecolatz en la casa y los tirapiedras presos: las tendencias de un verano que encuentra al poder judicial dando vuelta la balanza.

En su momento fue un notable respaldo a la hipótesis oficial sobre el conflicto mapuche. “Es una guerra sin tiempo contra el terrorismo subversivo”. Aquella frase fue soltada el 4 de octubre pasado por Alfredo Astiz en el juicio por los crímenes en la ESMA.

 

Al respecto, es posible que el ex capitán de corbeta haya sentido cierta empatía hacia el subalférez Emmanuel Echazú, el único gendarme imputado por el destino fatal de Santiago Maldonado.

 

La fotografía en donde se lo ve volver de la orilla del rio Chubut con el rostro sangrante y una escopeta recortada en la mano era por aquellos días un ícono del caso. Porque en aquel preciso instante Santiago perdía la vida en sus heladas aguas.

 

Claro que el epílogo forense del asunto –“ahogamiento por sumersión”– le permitió al gobierno instalar la idea de una “muerte accidental”, como si eso pudiese ocurrir en medio de un ataque represivo descontrolado y atroz. Una especulación que no evitó la espantosa coincidencia temporal entre el entierro de Santiago en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel esta vez en manos de una horda del Grupo Albatros al ser desalojada cerca de Bariloche la comunidad Lafken Winkul Mapu.

 

Ahora hasta existe un “comando unificado” entre las fuerzas federales de seguridad y las policías de Neuquén, Río Negro y Chubut para optimizar la “cruzada” del Estado contra la amenaza indigenista. Su corpus teórico: un alarmante paper de 180 páginas producido por el Ministerio de Seguridad que describe a la fantasmagórica Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como el eje del mal; se trata del protocolo más reciente de aquella “guerra sin tiempo contra el terrorismo subversivo”. ¿Acaso eso no requiere la construcción de un soldado ideal? En semejante contexto el gendarme Echazú, herido pero entero, vilipendiado pero impoluto, acaba de ser premiado con su ascenso al grado de alférez. La ministra Patricia Bullrich no deja detalle librado al azar.

 

El garantismo inverso

El clima bélico se respira en otras latitudes del país. Y con variados “enemigos internos”. Lo demuestra un artículo publicado el 23 de diciembre en el portal  Infobae con la firma de Dardo Gasparré; su título: “¿Nace la nueva guerrilla urbana?”. Se refería al pequeño grupo de manifestantes que se enfrentó con la policía durante la multitudinaria movilización contra la reforma previsional en la Plaza de los dos Congresos.

 

Los ecos punitivos de ese lunes aún no cesaron. A dos semanas de los incidentes, matizados con arrestos al voleo y balas de goma contra la multitud, aún hay cinco detenidos a disposición del juez federal Claudio Bonadío por “no tener domicilio fijo”. En tanto, el juez Sergio Torres ordenó la captura de Fernando Ponce, un militante del Partido Obrero (PO) que fue identificado en una fotografía cerca de un policía caído. El magistrado también mantiene en la cárcel de Marcos Paz a César Arakaki, otro integrante del PO señalado por las cámaras.

 

Es posible que la suerte de ellos haya quedado sellada luego de que el presidente Mauricio Macri alzara su copa para brindar por la Navidad con las siguientes palabras: “El que tira una piedra está dispuesto a matar”, antes de exigir a los jueces que “ejerzan su rol”.

 

Tales conceptos coinciden con el dictamen del fiscal Germán Moldes, para quien existe un “festival de liberaciones” por responsabilidad de “malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo”.

«Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos están cumpliendo condena en sus hogares»

Otro caso digno de mención es el del procurador subrogante Eduardo Casal, quien por ahora reemplaza en el Ministerio Publico Fiscal a la saliente Alejandra Gils Carbó. Su primera medida en el cargo –además de desplazar al titular de la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), Félix Crous– fue firmar una resolución que propone poner en marcha una estructura para combatir el “extremismo violento y el terrorismo internacional”. Eso es un signo inequívoco de su empeño por parecer más “amarillo” que el sol sin otra mira que ser confirmado definitivamente en la gestión. Claro que con tal fin eligió una temática algo forzada, puesto que en la Justicia local no existen causas por terrorismo, con excepción de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Pero su inquietud coincide con la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas”, que considera sediciosos los actos de protesta, algo muy a tono con la religión del macrismo.

 

En contraposición comenzaba el lado oscuro del “Operativo Sol” en la costa atlántica con el arribo a Mar del Plata de tres renombrados personajes; a saber: Miguel Etchecolatz, Juan Wolk y Julio Garachico. Estos viejos oficiales de La Bonaerense están condenados a prisión perpetua por graves delitos de lesa humanidad. Y su estancia en la Ciudad Feliz tiene el loable propósito de sobrellevar allí el dulce beneficio del arresto domiciliario.

 

Los suyos no son casos aislados. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos están cumpliendo condena en sus hogares. De los 1.038 represores detenidos, quienes están presos en sus hogares son 550. La mayoría accedió a ese beneficio ya con Macri en el sillón de Rivadavia.

 

Un caso muy particular es el del médico represor Norberto Bianco, ex jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo –y condenado por la apropiación de niños nacidos en cautiverio–, quien ha sido autorizado por la justicia a veranear durante dos meses en Mar de Ajó.

 

Tanto las “domiciliarias” de los tres ex policías como las vacaciones del médico Bianco contaron con el visto bueno del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6, integrado por José Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero. Lo que se dice, un caso de “garantismo” al revés.

 

La guerra y la paz

No hay duda alguna de que en estos dos años el Presidente supo convertirse en un estratega de fuste. Al punto de que el territorio que gobierna es para él una inmensa mesa de arena. Entonces no es extraño que haya elegido pasar sus vacaciones en el paradisíaco country Cumelén, en Villa la Angostura, un sitio cercano –según informes de sus propios funcionarios– a las presuntas bases de la RAM. Pero por otra parte la Patagonia es la única región del país en la cual la alianza Cambiemos no tiene gobernadores propios. Aún así se trata de un territorio muy amigable para el Poder Ejecutivo ya que allí impera la “relación de confianza” que es posible tejer con gobernadores a pesar de pertenecer a la oposición.

 

En base a tamaña empatía la señora Bullrich había anudado días antes la alianza anti-mapuche con sus pares de Neuquén, Río Negro y Chubut, Jorge Lara, Gastón Pérez Estevan y Pablo Durán. Por lo tanto, desde el penúltimo día de 2017 hasta la fecha, el Presidente recibió al gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, viajó a Rawson para departir con el nuevo gobernador chubutense, Mariano Arcioni –que reemplaza al fallecido Mario Das Neves– y además tuvo un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Las cuestiones tratadas en aquellos cónclaves oscilaron en dos ejes: la reducción del déficit fiscal mediante una política de ajustes y el disciplinamiento de la «chusma aborigen» a través de la militarización territorial. Tal es el ejemplo que Macri quiere exhibir sobre los acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales. Una lección que a veces se escribe con sangre.

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