Terrorismo y Lawfare: la derecha argentina rompió el “Pacto Democrático”

Seguimos el hilo político de los últimos años y observamos la manera en la que las corrientes de derecha se reinventan y fraudulentan el sistema democrático.

Por Matías Caciabue y Paula Giménez [*]

Según la socióloga Beatriz Stolowicz, las reestructuraciones neoliberales en favor del Capital siempre constan de dos etapas: una demoledora, que habilita la destrucción de los mecanismos del Estado de Bienestar, la violencia institucional, la sobreexplotación, la pauperización, el saqueo de los recursos estratégicos y la transferencia de ingresos desde el Polo del Trabajo a las pocas manos del Gran Capital; y una etapa de estabilización sistémica, donde la “doctrina del shock” se institucionaliza y hasta se “naturaliza”.

Tras la contraofensiva del llamado neoliberalismo tardío en los años 2012-2016, ese espacio temporal mediado por la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, la guerra de “baja intensidad” en Venezuela, el triunfo embaucador macrista en Argentina y el golpe de Estado institucional en Brasil, América Latina vivió un ciclo demoledor de las importantes conquistas sociales que los gobiernos de la llamada “década ganada latinoamericana” habían otorgado a sus Pueblos.

Nos referimos a la América Latina gobernada por Horacio Cartez, Álvaro Uribe, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jair Bolsonaro y Jeanine Añez, sobre los que, incluso, caen acusaciones y denuncias sobre negocios ilegales, defraudación pública y hasta narcotráfico.

La Argentina del Frente de Todos

El triunfo del Frente de Todos en octubre de 2019 estuvo precedido por una creciente impugnación popular a las políticas del neoliberalismo tardío. Particularmente desde diciembre de 2017, cuando una fuerte movilización de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas bloquearon una serie de reformas legales al mundo del trabajo que el macrismo impulsaba desde el Congreso Nacional. Esto se daba luego de una gran elección de “medio término”, donde Cristina Fernández de Kirchner (CFK), aunque ratificada como la conducción peronista, había sido derrotada en las elecciones a Senadores Nacionales de la Provincia de Buenos Aires.

La fórmula de Alberto Fernández y CFK sintetizó institucionalmente, entonces, una fuerza social y política que aglutinó al grueso del movimiento popular (CGT, CTA, Movimientos Sociales), aglutinado mayoritariamente en torno la figura de la vicepresidenta; pero también a fracciones del gran empresariado local y transnacional con asiento en Argentina, algunos de los cuales también fueron beneficiarios directos e indirectos de la política económica macrista, convocados por la matriz desarrollista del discurso de Alberto Fernández y de Sergio Massa, actual ministro de economía y tercer figura política de la heterogénea coalición política.

Es decir, el núcleo político nacional y popular, aglutinado en torno a la figura de Cristina, convive conflictivamente con un presidente cuya matriz política desarrollista articula fracciones ajenas al programa político de la “década ganada”. Hace pocos días atrás, la propia CFK lo justificó señalando: “El escenario internacional era complejo. Trump estaba casi reelecto y puso 45 mil millones de dólares para que reeligiera Macri. En el escenario regional, el compañero Lula estaba preso. En Ecuador, Rafael Correa estaba exiliado. Y aquí en este país esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad y que estas políticas [por las del neoliberalismo tardío] no fueran ratificadas” (4/11/2022).

El punto de inflexión que finalmente desató la interna en el Frente de Todos fue el acuerdo alcanzado con el FMI, con Martín Guzmán como Ministro de Economía a la cabeza, a inicios de este año. El acuerdo alcanzado por el entonces gabinete económico, con Gustavo Béliz, Martín Guzmán y Matías Kulfas como los principales operadores, refinanció y legitimó una deuda ilegítima, embargando al pueblo argentino y sometiéndolo a una tutela externa.

No sorprendió, entonces, que el acuerdo tuvo en el Congreso Nacional más votos de la oposición que del propio oficialismo en la Cámara de Diputados, más allá que esta situación no rompió la unidad del bloque oficialista. Hay que aclarar que la legitimación del saqueo macrista se realizó en dos movimientos, con una estrategia que fue exactamente al revés a la que construyó el por entonces presidente Néstor Kirchner a la salida de la crisis de deuda que dejó el ciclo de valorización financiera de la década del noventa. Debemos recordar que Kirchner acordó primero con el FMI, en una estrategia conjunta con el Brasil de Lula da Silva, y luego se sentó a negociar desde una posición de fuerza con los tenedores privados en dos rondas de negociación, en los años 2005 y 2010 (ya en la presidencia de CFK), con una quita del 75% sobre el valor nominal de los bonos de deuda pública argentinos.

Martín Guzmán arregló primero con los tenedores privados en agosto de 2020, en plena Pandemia Mundial del Covid-19, con el FMI como garante, para luego anunciar un acuerdo con este último en enero de este año. Es decir, se usó a un acreedor “público”, es decir, el Fondo, como garante de los acreedores privados, todos grandes jugadores del capitalismo transnacionalizado que jugaron a la timba financiera durante la Argentina gobernada por Macri.

Más allá del juego de voluntades, resultó evidente que la política del por entonces ministro Martín Guzmán, un economista argentino apadrinado intelectualmente por Joseph Stiglitz y George Akerlof –el marido de Janet Yellen, la actual Secretaria del Tesoro estadounidense- en la Universidad de Columbia (EEUU), era una carta de estabilización del gran capital luego del saqueo que habilitó la etapa macrista.

Cuando se habla de estabilización, hablamos de hacer “gobernable” un país como la Argentina actual, con un 40% de pobreza y un salario mínimo que cubre apenas un 49% de la canasta básica alimentaria ($Ar 69.500 contra $Ar 139738). Un país que registra elevadas tasas de empleo y enormes márgenes de protección social, pero con salarios de indigencia. Un país en donde los empresarios subieron su porción en el reparto de la torta de riqueza producida del 40,2 % en 2016 al 47 % en 2021 y la participación del salario pasó de 51,8 % a 43,1% (Informe CIFRA, “La distribución del ingreso en la etapa actual”, julio de 2022).

Cristina, el personaje “maldito” del “país burgués”

Cristina Fernández de Kirchner expresó siempre sus críticas a las negociaciones del por entonces gabinete económico de Alberto Fernández con los acreedores privados y el FMI. En más de una oportunidad puso énfasis en alinear “precios y tarifas con salarios y jubilaciones”, y planteó una serie de propuestas para romper la estructuración “bimonetaria” de la economía argentina, donde la mayoría de sus “precios básicos” (energía, alimentos, metales) están dolarizados, pese a ser un país con una enorme capacidad para producirlos nacionalmente, en pesos.

Desde los sectores políticos alineados con CFK, se pusieron soluciones arriba de la mesa para que paguen la deuda “los que la fugaron”. Se lanzaron iniciativas como el Proyecto para levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil, y el de la creación de un fondo nacional con el dinero de la evasión fiscal para contribuir al pago de la deuda con el FMI, por ejemplo, o el debate sobre la Ley de Entidades Financieras de la última Dictadura. Ninguna prosperó ni tuvo respuestas desde el equipo económico de Alberto Fernández. Tampoco fueron incluidas las acciones promovidas por Cristina Fernández de Kirchner para las negociaciones, relacionadas con la quita de sobretasas y la denuncia en cada foro internacional de aquel acuerdo ilegal e ilegítimo del período macrista.

Las tensiones al interior de la coalición en posición de gobierno se fueron agudizando, en un escenario económico de ajuste –también denunciado por CFK-, ejecutado a través de mecanismos como la subejecución presupuestaria de los distintos ministerios, que fueron profundizando la crisis general y decantaron, finalmente, en cambios en el gabinete con la particular remoción de todo el equipo económico de Alberto Fernández.

El hecho más importante fue la salida de Martín Guzmán, quien renunció por Twitter en el medio de un Acto público de CFK donde, sin nombrarlo, criticaba el enfoque teórico del ministro de economía. 

Luego de un reemplazado fugaz por parte de Silvina Batakis, el 3 de agosto asumió Sergio Massa como “superministro” de economía. El desembarco de Massa se realizó después de conversaciones entre Alberto Fernández y CFK. Ello indicó un nuevo marco de acuerdo al interior de la coalición, en un contexto de escalada de la inflación y la ya conocida operación de las empresas, que especulan con los precios de los alimentos y acompañan la estrategia desestabilizadora sobre el dólar ilegal de los actores de la timba financiera.

Massa, al frente de la cartera de economía, vino a ordenar el escenario económico y a desordenar la oposición. Esta última comenzó a tensionarse en un mar de acusaciones cruzadas y a mostrar los intereses que se disputan entre sí y las estrategias divergentes que los articulan. 

El “orden” en la economía, que proviene de un acuerdo al interior del propio gobierno, con CFK en la centralidad de la conducción de la fuerza social y política que sostiene la coalición institucional, con su proyecto de diversificación económica-industrial con protagonismo estatal, inclusión social y protagonismo de las PYMES y trabajadores; subordinando al massismo, anclado en su propuesta política del “viejo Mercosur”, un desgastado bloque productivo representado en José Ignacio De Mendiguren como Secretario de Industria y Desarrollo productivo, y una lista de empresarios cercanos al ministro, como Marcos Bulgheroni (Panamerican Energy), José Luis Manzano (Grupo América), Marcelo Midlin (Pampa Energía), o Jorge Horacio Brito (Banco Macro), entre otros.

Los acontecimientos políticos de estos últimos meses están marcados por la enorme centralidad que CFK tiene en la política argentina y su fortalecimiento político hacia el interior de la coalición de gobierno. El intento de magnicidio del pasado 1 de septiembre es un episodio trascendental que debe leerse en una trayectoria de hechos que permiten evidenciar la ofensiva mediática, judicial, policial y de inteligencia contra la referente indiscutible del proyecto nacional y popular.

Terrorismo y Lawfare

Una estrategia que incluyó ataques sistemáticos desde los medios masivos de comunicación con la “causa Vialidad”, una de las más de 500 causas iniciadas contra la actual vicepresidenta, y la puesta en escena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pidiendo cárcel e inhabilitación política perpetua.

Ello desató una contraofensiva popular que supuso una masiva movilización para constituir, durante más de 10 días, una custodia militante en la residencia de CFK en la Ciudad de Buenos Aires. El 27 de agosto pasado, un operativo policial mandado por Horacio Rodríguez Larreta, jefe del gobierno porteño, de vallado de calles y de fuerte presencia de la infantería de la policía porteña, fue rebasado por la militancia popular, que se mostró decidida a resistir el embate judicial, mediático y político.

Allí se fue gestando un proceso político que, cuatro días después, fue testigo de la facilidad con que llegaron a gatillar un arma a 10 centímetros de distancia de la cabeza de la vicepresidenta y frente a todas las cámaras de televisión del país.

En un clima de incertidumbre, las evidentes irregularidades de la investigación judicial han decidido no indagar sobre las múltiples pistas que señalan que, detrás de la pistola empuñada por Fernando Sabag Montiel, el autor material del intento de magnicidio, emerge una evidente estrategia política terrorista, montada con dinero sucio de Nicolás Caputto, el empresario “amigo del alma” de Mauricio Macri, y la mano negra de Gerardo Milman, el número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio  de Seguridad macrista.

Esta estrategia terrorista convive con una más sofisticada, propia de la lógica del llamado softpower, donde el Poder Judicial destruye la republicana división de poderes e impugna la democracia: el llamado Lawfare.

Así, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia está presidida por un hombre del Grupo Clarín, Carlos Rosenkrantz, que tomó el control del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa jueces en Argentina, declarando inconstitucional una Ley que tenía once años de vigencia. En paralelo, la Procuración General de la Nación, el organismo que rige la actuación de todos los fiscales que actúan en los tribunales argentinos, está en manos de Eduardo Casal, un macrista que ocupa desde hace años el puesto de manera “interina”, y que ha protegido y dirigido la actuación de los fiscales Luciani y Mola contra CFK, aquellos que lograron construir el pasado 6 de diciembre la sentencia deseada: 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos por “defraudación al Estado”. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2, cuyo presidente, el Juez Giménez Uriburu, jugó un torneo de fútbol amateur contra Mauricio Macri en su Casa-Quinta “Los Abrojos” en el Gran Buenos Aires.

El intento de magnicidio y “fusilamiento” judicial confirman lo que ya se viene advirtiendo en Argentina y en más de un país de América Latina: el cierre de las válvulas institucionales a toda participación popular protagónica de nuestras débiles democracias. Señala la emergencia de un nuevo tiempo de violencia política en el país y en la región.

Así lo indica el alcance del fallo que hay detrás de una investigación judicial que no pudo presentar ninguna prueba irrefutable y, sin embargo, proscribe electoralmente a CFK, la personificación principal de una oposición intransigente al neoliberalismo tardío en el país, y al establishment local y transnacional que lo sostiene.

Entre la estrategia terrorista, del intento de magnicidio, y la estrategia del lawfare ó “guerra jurídica”, emerge, como describió CFK, un “Estado paralelo”, un régimen político que, de facto, sale a la superficie y busca legalizarse como un sistema de dominación, de raíces violentas y totalitarias, bien distante a los preceptos de la democracia liberal.

Este es el escenario que terminó de confirmar las filtraciones del viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales y funcionarios del macrismo, pagados por el Grupo Clarín, por un lado, y la evidente connivencia golpista y antidemocrática entre la derecha corrupta y violenta y la Corte Suprema de Justicia, por el otro, que puso a la luz pública la relación de Marcelo D´Alessandro, ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Silvio Robles, el principal operador del presidente de los cortesanos, Horacio Rosatti.

En la gran mayoría del activismo popular persiste, por suerte, una gran conciencia política de este estado de situación, que ya exige mayores tareas que la participación electoral cada cuatro años. El inicio del Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema marca también un momento para sostener y radicalizar la iniciativa política, única posibilidad ante tanta desfachatez, arbitrariedad, corrupción y violencia.

Se empieza a abrir, así, una discusión sobre los límites del llamado “Pacto Democrático” que se impuso en la región en los años ochenta, y del Programa político que las fuerzas populares deben impulsar para imponerse en la búsqueda de un nuevo tiempo de justicia social y dignidad.

Argentina, en este 2023 y con las elecciones presidenciales como marco, se debate entre la construcción de una etapa de estabilización sistémica, en el marco de los preceptos del neoliberalismo, o en la ruptura de ese orden, construyendo una victoria política (es decir, que va mucho más allá de un triunfo en las urnas) sobre los principales actores del lawfare, la violencia y el terrorismo, interesados en sostener un país lleno de desigualdades e injusticias.


Nota: Una primera versión de esta nota fue publicada en el portal boliviano “La Época” (https://www.la-epoca.com.bo/2022/12/17/terrorismo-y-lawfare-la-derecha-argentina-rompio-el-pacto-democratico/). La misma fue actualizada para la edición de la Revista Zoom.

[*] Analistas argentinos del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Caciabue es Politólogo y Docente Universitario. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional. Giménez es Psicóloga, magister en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Contacto en Twitter: @MatiasCac y @PaulaGimenez_Ok

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