El Frente de Todos luego del resultado electoral se enfrenta a una oportunidad de reorganizar su agenda de gobierno y en particular su agenda económica. Sin embargo, hay diversas miradas sobre las restricciones que afronta la economía argentina y del camino a seguir para poder mejorar la calidad de vida, tan afectada en los últimos 5 años. Primero, interesa repasar las distintas lecturas que existen desde afuera y desde adentro del propio gobierno. Para cerrar, veremos qué posibilidades hay para que un programa de reactivación popular sea el eje de esta nueva etapa del gobierno nacional.
Otras visiones, adentro y afuera
Es evidente que la política económica argentina tiene fuertes restricciones para crecer en el corto plazo, no se trata de negarlas ni pasarlas por alto. La ortodoxia viene insistiendo que el resultado inevitable de cualquier política de reactivación (incluso la que tímidamente se llevó a cabo hasta el momento) tiene un impacto inevitable en el nivel de precios. Es una visión importada por manuales que se repite haya o no pandemia, haya o no controles cambiarios. Presupone que no hay ninguna posibilidad de incrementar la actividad y que todo estímulo se termina licuando por la vía de los precios, que es absolutamente incapaz de impulsar la actividad. Lamentablemente, hemos visto el resultado de los experimentos monetaristas en las gestiones de Sturzenegger y Sandleris que terminaron consiguiendo la inflación más alta después de la última hiper en 1991. Una cara experiencia pero que nos sirve para no volver a caer en una visión tan limitada del funcionamiento de una economía. Controlar sólo los agregados monetarios es un esquema que se queda muy corto y pierde de vista los factores estructurales que están por detrás de la inflación.
Desde otra óptica, una visión más heterodoxa ve a la restricción asociada a la escasez de divisas. En este enfoque, si las políticas económicas terminan impactando en los precios, en el medio lo que no se pudo controlar es la presión sobre el tipo de cambio y las reservas. Dentro de esta visión existen, a su vez, distintas estrategias para afrontarlo. Las principales áreas del equipo económico de Alberto Fernández se inclinan por incrementar la oferta de dólares a través de las exportaciones, principalmente primarias, para ir hacia una reunificación del mercado cambiario. Incluso algunos de estos exponentes se volvieron bastante agresivos en las redes sociales, tildando de “falopa” a toda visión alternativa al desarrollo que otros sostienen, por más que sean sectores del propio frente político. Otras posiciones afines al ministro Guzmán, pero más asociadas al mercado financiero, priorizan un acuerdo con el FMI para acceder al financiamiento de organismos internacionales, aprovechando las posturas más expansivas que tiene el organismo en el marco de la pandemia.
En cuanto a la salida financiera, de la mano del FMI, difícilmente se pueda destrabar el ingreso de fondos para que fluyan hacia la economía Argentina. Ya se especulaba con esa posibilidad cuando se cerró la renegociación de la deuda con los privados y, en lugar de una ola de divisas, tuvimos que enfrentar una corrida cambiaria liderada por quienes aprovechaban el efecto canje para liquidar sus posiciones en el país. Aferrarse nuevamente a la misma ilusión, llevará al mismo desencanto en un escenario político que no da oportunidades para nuevos yerros. Además de sumarse que Estados Unidos empezará a ver cada vez con mayor atención lo que pase en su propia economía y a medida que la consolide volverá a tener una política monetaria más restrictiva. Esto implica que empezará a subir levemente la tasa de interés de a 0,25%. Son cambios mínimos pero que, por el nivel de apalancamiento financiero que tienen países de la región como Chile, Brasil y Colombia, puede implicar una salida de fondos desde estos y profundizar la inestabilidad por la vía financiera.
Otra alternativa, dentro de la estrategia financiera para eludir la restricción externa, sería incorporar desembolsos del FMI en un eventual acuerdo. Si esos fondos no se desembolsan todos juntos al inicio, el país queda sujeto después a constantes revisiones que condicionan el financiamiento. En este escenario, la mejor estrategia con el Fondo es aprovechar el enorme fracaso del último programa y la poca legitimidad que tiene para refinanciar el monto que queda pendiente evitando condicionamientos severos de la política económica. La posibilidad de evitar las imposiciones del Fondo es mayor a las que hubo en otros contextos y debe ser aprovechada, evitando caer en acuerdos que limiten el margen de maniobra político para los próximos años.
Respecto de la visión “neo desarrollista”, que está muy ligada a la estructuralista de los años 60, tiene un severo riesgo por dos razones. En primer lugar, la alternativa exportadora no presenta perspectivas de crecimiento fuerte en el corto plazo. Los proyectos de inversión que se proponen en los sectores de recursos naturales difícilmente puedan estar operativos este mismo año o el que viene.Además, no pueden menospreciarse los conflictos con otras preocupaciones de la propia base electoral en materia ambiental. La principal debilidad de este tipo de planteos es que parten de la idea que el desarrollo industrial es la única salida posible para el 40% de pobreza que tiene nuestro país. Es excesivamente optimista pensar que un salario real un 30% mayor al de hoy, es decir, un salario real como el de 2014-2015, pueda solucionar por sí solo las necesidades sociales acumuladas en las últimas décadas. Sin una política específica para un enorme sector, que hoy puede resumirse bajo la figura heterogénea de Economía Popular, la promesa de inclusión por la vía industrializadora sólo acumulará necesidades no resueltas. Y para darle una respuesta, no quiere decir que tenga que frenarse todo incentivo de política industrial ni que el salario real de los empleados formales tenga que mantenerse en estos niveles. Implica que desde la política pública debe manejarse con dualidad y, si se quiere equilibrar la balanza, apostar con mayor énfasis a reforzar la infraestructura de la economía social y popular.
Un plan de reactivación popular
El gobierno decidió que una parte importante de su respuesta al resultado electoral sea económica, pero sin cambiar los nombres que llevan adelante esas políticas. Los mismos objetados por la vicepresidenta serán los encargados de ejecutar una política mucho más expansiva del gasto público que la que hubo en la primera parte del año. Con esto, se hará lugar a parte del reclamo que hizo público Cristina Kirchner para modificar la performance electoral. De todos modos, el horizonte es más largo que la próxima elección en Noviembre y de esta coyuntura pueden salir decisiones que apuntalen a todo el Frente de Todos de cara a 2023.
A la semana siguiente de publicar sus diferencias con parte del Gobierno, el Ministerio de Economía publicó, sin hacer mucha publicidad, los datos oficiales del resultado fiscal. El déficit fiscal primario al mes de agosto resultó del 1% del PBI en lugar del 2,1% que se señaló en la carta por lo que la distancia hasta el 4,5% (el valor previsto en el Presupuesto 2021 y que reclamó CFK) es todavía mayor. Al enviarse el Presupuesto 2022 se incorporaron nuevas proyecciones para el presente año y allí se postuló que el déficit fiscal primario sería 4,0% del PBI en el 2021. Aun considerando que los últimos tres meses son siempre los más deficitarios por razones estacionales, parece difícil que se llegue al 4%.
Sin embargo, la discusión debe ir más allá de un determinado número de déficit fiscal para reactivar la economía. El crecimiento no puede basarse solamente en transferencias directas hasta alcanzar un determinado número de déficit fiscal sin dar respuesta a otras demandas sociales concretas y sin incorporar el impacto distributivo que tienen las políticas aplicadas. El modelo de crecimiento basado en la inyección de recursos, sostenido de 2011 a 2015 con un creciente déficit fiscal, también se enfrentó con fuertes restricciones y debe ser anotado como una experiencia a superar por los proyectos populares. La forma de vencerlo es con un ambicioso plan de infraestructura social, que dé respuesta a las demandas sociales concretas, genere puestos de trabajo en los sectores críticos (construcción, seguridad, salud, educación) y tenga la menor demanda de divisas posible para no dificultar todavía más la restricción externa.
Las demandas sociales pasan fundamentalmente por la necesidad de vivienda digna, mejoras medioambientales en los barrios populares (la limpieza de las grandes cuencas del Matanza y Reconquista tendría un impacto altísimo en el hábitat de millones de personas), seguridad, educación y salud. La desigualdad de género requiere una infraestructura propia destinada a las tareas de cuidado para ser atendida. Dar respuesta a estas demandas requiere una infraestructura con la que el Estado hoy no cuenta y necesita generar. La construcción y los servicios sociales son las actividades económicas a apuntalar. Tienen, además, dos virtudes adicionales. El impacto en puestos de trabajo por cada peso invertido es superior al resto de las actividades. Además, para su impulso la necesidad de divisas e importaciones es mínima. La inversión de 1% del PBI en el sector de construcción genera 269.000 puestos de trabajo entre los empleos directos e indirectos.
Durante gran parte de la gestión, este tipo de iniciativas tuvieron que relegarse por las medidas de restricción que directamente prohibían la actividad y por la prioridad puesta en incrementar la capacidad del sistema de salud. El éxito en el plan de vacunación ya permite pensar en otro tipo de programas más ambiciosos. Está abierta la posibilidad de tomar la iniciativa en materia política y económica de la mano de un plan de reactivación popular. Aquellas tareas que quedaron pendientes al inicio del mandato, pueden ser retomadas en el período 2022-2023 y renovar la confianza de la base electoral del Frente de Todos. Lo que está por delante es la oportunidad de cumplir esas expectativas.
