A diferencia de otras crisis, el tiempo no parece disipar la gravedad del conflicto electoral en México. Se van a cumplir 40 días desde que Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil ante la negativa del tribunal electoral de recontar todas los votos y mientras pasa el tiempo su partido obtiene cada vez más fuerza y más adherentes. Ahora el fantasma del estado de excepción ha comenzado a recorrer las calles de México luego de que el actual presidente Vicente Fox no pudiera concretar su discurso ante el Congreso porque legisladores opositores ocuparon el recinto, tal como lo habían anunciado. Afuera, el Zócalo continúa ocupado por la resistencia civil que en los próximos meses hará sentir su poder frente a un gobierno que no ofrece otra alternativa que más de lo mismo.
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Al principio fue tomado como un disparate, pero ya nadie descarta de plano la posibilidad de que Felipe Calderón Hinojosa, el candidato vencedor por el oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), encabece un próximo gobierno breve, cuyo final sea definido por un nuevo llamado a elecciones para dirimir la puja planteada por la izquierda mexicana que ha logrado horadar la poca legitimidad que le quedaba al gobierno saliente de Vicente Fox.
El primero de septiembre pasará a la historia en México y ya significa un contundente espaldarazo a la resistencia convocada por López Obrador contra el fraude. Ese día será recordado como el día que Fox se tuvo que ir en medio de un gigantesco dispositivo policial que rodeó el Congreso y finalmente no le quedó otra que dar su discurso de despedida por cadena nacional.
En la calle, decenas de miles de mexicanos se mantienen movilizados exigiendo el recuento total de los votos, un panorama de sombría legitimidad para Felipe Calderón, el sucesor de Fox, quien podría comandar el próximo gobierno de México con graves acusaciones de fraude sin resolver.
Desde hace dos meses, López Obrador ha llevado a las calles sus protestas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y contra Fox, al que acusa de «traidor» a la democracia y de «golpista». El tribunal electoral tiene hasta el próximo 6 de septiembre para determinar la validez de los comicios y, en caso afirmativo, dar el nombre del ganador, que deberá asumir el cargo el próximo 1 de diciembre.
Ya llegó septiembre y con este mes, la cuenta regresiva para definir los embates de la puja electoral entra en su fase decisiva. De aquí a diciembre, la resistencia civil convocada por López Obrador jugará cada vez más fuerte, y, contra todos los pronósticos, el impulso es acompañado cada vez por más mexicanos en todo el país. Quizás por eso este viernes, cuando Fox iba a pronunciar su sexto y último informe de gobierno, las autoridades mexicanas desplegaron a unos seis mil policías antidisturbios para acordonar y proteger la sede del Congreso de la Unión.
El cerco abarcó un kilómetro a la redonda y aunque constituyó un panorama intimidante, con policías cubiertos con cascos, escudos, chalecos y botas recubiertas con acero, la protesta cobró más fortaleza cuando el propio López Obrador a media tarde, en un multitudinario acto en el Zócalo, la plaza principal de la capital, pidió a sus simpatizantes «no caer en la trampa» y evitar la confrontación con la policía y el Ejército. «Tenemos que cuidar ese movimiento y, aun estando a cinco calles, nos vamos a quedar aquí, que se queden con sus soldados, no caeremos en provocaciones», afirmó el jefe del Partido de la Revolución Democrática ante miles de seguidores reunidos a pocas manzanas de la sede del Legislativo.
“López Obrador aguanta, el pueblo se levanta”
La histórica plaza mexicana y el emblemático Paseo de la Reforma permanecen ocupados por simpatizantes del PRD desde hace más de un mes. La convocatoria crece y en el comienzo de la semana que terminó con Fox haciendo el ridículo en el Congreso, Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral de «asumir una actitud cómplice, convalidar el fraude y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial», en lo que constituye «un verdadero golpe de Estado» y una «sumisión a los extremistas de la derecha».
En la asamblea permanente en el Zócalo capitalino, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos centró sus críticas en el fallo del tribunal que, aseguró, «con su decisión rompe el orden constitucional y en los hechos abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado».
La respuesta de la gente, indignada por el fallo de los magistrados, y que a pesar de la lluvia se mantuvo firme en la Plaza de la Constitución, fue: «¡no pasará, no pasará!», acompañada por carteles que decían: “López Obrador aguanta, el pueblo se levanta”.
Al leer el documento, que firmó y será sometido a discusión en la convención, López Obrador aseguró que al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica.
«La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y extremistas de derecha que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado».
El plan de los 7 puntos
En ese acto, López Obrador presentó ante la Asamblea Permanente un proyecto de resolución que salió íntegramente publicado en el diario La Jornada. Allí propone a sus seguidores una serie de puntos para su análisis, discusión y aprobación en una Convención Nacional Democrática que ha convocado para el próximo 16 de septiembre, en el Zócalo de la capital mexicana.
El plan, como le ha llamado simplemente, contiene siete puntos concretos que incluyen el desconocimiento del cómputo oficial de la votación presidencial dado a conocer por el Tribunal Electoral, el rechazo a lo que califica de «usurpación» de Felipe Calderón del cargo de presidente de la República, a quien pide desconocer, lo mismo que a los funcionarios que éste designe para integrar su gobierno.
López Obrador propone además que esa Convención Nacional Democrática resuelva si constituye lo que denomina «un gobierno de la República» o una «Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica», que implicaría además el ratificar a un «presidente legítimo», a un «jefe de gobierno en resistencia», a un «encargado del Poder Ejecutivo», o a «Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica».
En el plan se contempla llevar a cabo todas las acciones necesarias «para defender y proteger a los millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, defender el patrimonio de la Nación, hacer valer el derecho público a la información y luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda».
La propuesta de López Obrador apunta también a que se decida la instalación de este nuevo órgano de gobierno paralelo, el 20 de noviembre próximo o el primero de diciembre, que es el día en que Felipe Calderón, si es ratificado por el Tribunal Electoral como el ganador de la elección, tomaría posesión del gobierno.
Los antecedentes
El 2 de julio de 2006, el candidato de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador perdió, de acuerdo a los cómputos provisionales, por una diferencia de 0,6 por ciento con el candidato del oficialista Partido de Acción Nacional Felipe Calderón. Dos meses después y en la misma plaza desde donde presentó el plan de siete puntos, el candidato de la coalición recordó la cantidad de razones que lo llevaron a endurecer el reclamo que ahora pone en tela de juicio la legitimidad del próximo gobierno.
Es que la imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde 2003, cuando el gobierno foxista y los grupos conservadores del país iniciaron una campaña en su contra, que incluyó los videoescándalos, el uso de las instituciones del Estado y los medios de comunicación, como parte de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarlo.
Después se recurrió al desafuero para inhabilitarlo políticamente, y aseguró que el verdadero motivo para cerrarle el paso a la Presidencia radica en su proyecto de nación, que «constituye, eso sí, un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa».
Para López Obrador el fraude electoral fue, a la vez, el más burdo y el más sofisticado de la historia del país, no sólo porque se recurrió a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales y la falsificación de las actas de escrutinio, sino a la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Además, desde el inicio del proceso Calderón se convirtió en el candidato oficial al que Fox buscó imponer por todos los medios, y en vez de actuar como estadista se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar al candidato de su partido.
En complicidad con él, el Instituto Federal Electoral actuó “de manera facciosa, dejó que el gobierno y el PAN destinaran recursos públicos y privados a la campaña de Acción Nacional, toleró la guerra sucia y la intromisión del Consejo Coordinador Empresarial, y violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.”
La actuación del IFE se comprobó con el recuento del tribunal, que dejó en evidencia que «el Consejo General y muchos consejeros distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal para beneficiar al PAN, y nos robaron la elección presidencial. En pocas palabras, con los criterios establecidos por el tribunal para analizar las casillas que se recontaron quedó de manifiesto, aunque traten de ocultarlo, que nosotros ganamos la elección».
Quedan por delante tres meses decisivos para el futuro de México pero ya nadie pone en duda que hay pocas posibilidades para que pueda gobernar un presidente tan impopular en medio de un estado de indignación pocas veces visto en la mayor economía de América Latina.
Será necesario mantener los ojos muy abiertos, más aún cuando el poder no quiere abrirlos y parece estar dispuesto a dar pelea a cualquier precio, incluso más allá del fraude.
