El contexto
Desde 1814, las monarquías europeas habían sido restauradas en el poder con renovadas pretensiones absolutistas. Fernando VII ponía coto a los liberales en la Península y enviaba refuerzos militares para sofocarlos en América.
En 1815, las Provincias Unidas del Río de la Plata eran gobernadas por el Director Supremo Carlos María de Alvear, el cual estaba más enfocado en la rivalidad contra los pueblos del Litoral que en la guerra de independencia. En Tucumán, el Ejército Auxiliar del Norte –a cargo del General José Rondeau-, se preparaba para un tercer intento sobre el Alto Perú, a pesar del desamparo en el que lo tenía sumido el Directorio. En vista de ello, Rondeau se declaró en rebeldía y emprendió la campaña sin su apoyo. En una orfandad más extrema se hallaban las huestes del gobernador salteño Martín Miguel de Güemes, que si bien lograban contener al enemigo en la zona salto-jujeña, no conseguían evacuarlo. En Cuyo se preparaba el Ejército de los Andes, también con escasos apoyos del gobierno central. En consecuencia, el jefe militar y gobernador de Mendoza, el General José de San Martín, junto al cabildo local decidieron abstenerse de tratar con Buenos Aires cualquier asunto que no fuera la campaña libertadora de Chile. Por su lado, la “Liga de Pueblos Libres” -comprendida por la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe-, estaba bajo el liderazgo del General José Gervasio Artigas y en pie de guerra contra el Directorio en defensa de las autonomías provinciales. Córdoba también estaba distanciada del gobierno central y proclive al proyecto artiguista. Tal era el panorama rioplatense cuando el Director Alvear decidió evacuar Montevideo –en donde se estaba haciendo frente a los realistas– para invadir Santa Fe desafiando al artiguismo. Esta determinación precipitó su caída en abril de 1815. Estando acéfalo el gobierno central, el Ayuntamiento porteño reasumió el mando como lo hizo en 1810, pero en un escenario más complejo: el Litoral y Córdoba se desenvolvían con independencia y el resto de las provincias asistían desengañadas a este desenlace barajando la posibilidad de aliarse entre sí sin concederle a Buenos Aires el rol directivo.
Por tal motivo, el Cabildo de Buenos Aires ansiaba desandar el camino político que le había enajenado al gobierno central el apoyo de casi todas las provincias. Designó a Rondeau como Director provisorio, ya que en torno suyo giraba el consenso del Interior. Éste declinó el cargo por hallarse en campaña en el Alto Perú, entonces, se le ofreció al coronel que había depuesto al impopular Alvear, Ignacio Álvarez Thomas, para demostrar distancia respecto del centralismo ejercido por el ex Director. Además, el Cabildo porteño creó una Junta de Observación para que elaborara un nuevo reglamento que reflejara algunas de las más caras demandas de las provincias, entre ellas, la limitación de las atribuciones del Director Supremo y la ampliación de los cargos electivos permitiendo, por ejemplo, que los ciudadanos provinciales eligieran a sus propios gobernadores (antes lo hacía el Director) y que los vecinos de la campaña participaran de los comicios (antes sólo lo hacían los de las ciudades).
¿Por qué un congreso, por qué en Tucumán?
En aquel contexto de disgregación política, una de las medidas más trascendentes de las autoridades porteñas fue la convocatoria a un nuevo congreso para restablecer la representación de las provincias en la dirección del proceso revolucionario. Esto implicaba invitarlas a resolver en conjunto las tres cuestiones claves que reclamaban los pueblos: salir de la ambigüedad política que implicaba el mantenimiento de la lucha estando repuesto el rey; reactivar la guerra independentista y organizar el gobierno a través de una constitución. No obstante, la mera convocatoria no era suficiente, había que alejar la sospecha de que Buenos Aires pretendía seguir primando cada iniciativa política, por tanto, se aseguró que la asamblea no se realizaría en la ex capital, sino en Tucumán.
Esta elección no fue casual. Tucumán era una de las pocas ciudades cuyas autoridades locales aún conservaban buenas relaciones con Buenos Aires y resultaba confiable al resto de las jurisdicciones por ser asiento de uno de los Ejércitos de la Revolución. Posiblemente por ello Córdoba decidió finalmente participar del Congreso; aunque el resto de la Liga artiguista no asistió.
Para las autoridades tucumanas, la designación de su ciudad como sede del Congreso fue un gran honor, pero también una abrumadora tarea. No hay registro de que el resto de las ciudades haya colaborado en la realización del Congreso y, desde 1812, Tucumán era, como dijimos, base operativa del Ejército del Norte, lo que significaba que sus aproximadamente 4 mil habitantes venían sosteniendo (y conviviendo) con un cuerpo militar de más o menos 2 mil efectivos. Durante 1815, que Rondeau estuvo de campaña en el Alto Perú, la ciudad fue centro de abastecimiento y recepción de heridos y emigrados; afanes que se intensificaron tras la derrota de Sipe Sipe en noviembre de 1815.
A pesar de todas las dificultades, el 24 y 25 de marzo de 1816 se celebró la inauguración del Congreso en Tucumán. Los días 24 y 25 se escogieron en honor a la reciente tradición de Mayo. Además, el 25 de marzo se celebraba la encarnación de “Nuestro Señor Jesucristo”, inmejorable augurio de la “encarnación” de la soberanía nacional en los representantes de los pueblos. La matriz religiosa cristiana presente en la cultura política de estas comunidades fue un elemento fundamental para significar la coyuntura política de comienzos del siglo XIX. La Iglesia constituía uno de los principales y más consolidados paradigmas sociales de la época, sus ministros representaban el ideal de estabilidad, orden, cohesión interna, obediencia, abnegación, formación y religiosidad. Como tradicionales depositarios de las tareas de educación y control de las personas, los clérigos jugaron un rol clave en el interior de las comunidades locales en las que nacieron y/o actuaron, desempeñándose como influyentes referentes políticos; justamente, de los treinta y tres diputados que reunió este Congreso en 1816, trece eran clérigos.
El binomio “Patria” y “Religión” eran valores sociales cardinales cuya legitimidad se hundía en el tiempo y servían para expresar con gran emotividad la “profunda amistad”, los “sentimientos” y los “lazos sagrados” que unían a estas jurisdicciones sin que por ello ninguna perdiera su particularidad y derechos. La misión del Congreso era, justamente, sancionar leyes que respetasen esta condición, la cual aparecía también en el tratamiento protocolar y en la fórmula de obedecimiento:
“¿Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la Patria reconocer en el presente Congreso de Diputados la Soberanía de los pueblos que representan?”
El Congreso de 1816 fue el segundo intento de este tipo en la región. A inicios de 1813, los diputados provinciales se habían dado cita en Buenos Aires para integrar una Asamblea General Constituyente y Soberna. En aquella oportunidad, el juramento de integración de los representantes generó un importante debate tras el cual se impuso la controvertida fórmula que prometía obediencia a “la autoridad soberana de las Provincias Unidas del río de la Plata” pudiendo referir –como era la intención del morenismo- a una soberanía unitaria e indivisible y no a una agregación de soberanías provinciales en un cuerpo superior. El congreso de 1816, en cambio, inició sus sesiones con suma cautela, su fórmula de obedecimiento afirmaba la concepción plural de la nación y durante sus sesiones en Tucumán, este cuerpo se encargó de difundir -mediante oficios, artículos de prensa y Bandos- que su objetivo era el bien general y el de cada provincia sin que ninguno anulara al otro. De este modo intentaba atraer las lealtades nucleadas en torno a Artigas y desactivar su oferta como alternativa diferente a lo que proponía el nuevo Congreso.
Las sesiones tuvieron lugar en una espaciosa residencia alquilada a la señora Francisca Bazán de Laguna -actual Museo Casa Histórica de la Independencia-. Bazán la acondicionó uniendo dos grandes salones para que pudieran albergar a unas doscientas personas –entre representantes, autoridades e invitados- y otras tantas pudieran seguir las reuniones desde las galerías de tejas y el primer patio de la casona que se comunicaban con el improvisado recinto legislativo a través de dos grandes puertas.
La declaración de la independencia ¿por qué recién en 1816?
En la casa particular del gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz, se realizaban reuniones vinculadas al congreso, en la del 6 de julio, en la que participó activamente Manuel Belgrano, que no era diputado pero sí una figura política de peso y estaba recién llegado de una misión diplomática en Europa, quedó claro que no había más alternativa que la independencia frente a España y frente al resto del mundo, porque de otro modo, la lucha que se hacía por los derechos de estos pueblos no tenía legitimidad estando restaurado el rey en España. Por tanto, en la sesión ordinaria del 9 de julio de 1816, los diputados unánimemente votaron por la independencia de estas Provincias respecto de España y de toda otra dominación extranjera.
Una pregunta recurrente es por qué esta declaración ocurre recién en 1816 si en mayo de 1810 se había iniciado el proceso revolucionario con la instalación de un gobierno local autónomo. En primer lugar, en 1810, los partidarios de una ruptura total de los vínculos con España eran pocos; el mayor consenso giraba en torno a resolver la situación de vacancia real creada por la invasión napoleónica de un modo que restituyera en la región una autonomía similar a la vigente antes de la llegada de los Borbones al trono, pero que lo hiciera de manera formal y no meramente de hecho. No obstante, esta solución (no tan radical) también implicó la guerra; por el obedecimiento de los diferentes pueblos que integraban el ex virreinato, especialmente del Alto Perú con sus minas del Potosí –principal recurso de la región-, y en contra de quienes se mantenían leales a las autoridades peninsulares que regían en nombre del rey. Durante la conflagración, más extensa y cruenta de lo previsto, las posiciones políticas se radicalizaron al tiempo que, en España, la resistencia a la ocupación francesa sancionaba una Constitución (1812) de carácter liberal, pero que mantenía la subordinación de América respecto de la metrópoli, declarando rebeldes a quienes aspiraban a integrar la monarquía con algún grado de autonomía territorial. Entonces, los partidarios de la “independencia absoluta” se impusieron en el plano político, todo lo cual parecía reflejarse en las primeras medidas de la Asamblea constituyente de 1813, pero en el militar, el panorama era totalmente adverso, la Revolución sufrió fuertes derrotas a fines de ese año y la insurgencia hispanoamericana retrocedió en todo el continente. Mientras, en España, los franceses eran expulsados y al año siguiente, Fernando VII fue repuesto en el trono, respaldado por una alianza europea conservadora fortalecida por la victoria sobre Napoleón.
En síntesis, tras cuatro años de revolución y guerra, el Río de la Plata no caía, pero tampoco había podido organizarse de manera definitiva, su frente interno estaba dividido tras media década de centralismo porteño; algunos consideraban que una declaración de Independencia en ese marco precipitaría una convergencia militar mayor en contra de los revolucionarios; otros –como San Martín y Rondeau-, sostenían que esa declaración era más urgente que nunca para dejar de ser considerados rebeldes y legitimar la guerra en el plano internacional. En esa puja, la política quedó virtualmente suspendida por dos años más, durante los cuales el gobierno revolucionario central, mientras buscaba alternativas de respaldo exterior –como el establecimiento de un protectorado inglés, por ejemplo- y hacía frente a desafíos políticos más cercanos como el artiguismo del litoral, se enajenó el apoyo de los pueblos. La Corona envió refuerzos desde la península con los que venció en 1815 a la insurgencia en Venezuela y Nueva Granada, encarcelando o ejecutando a los revolucionarios. En ese fragilísimo marco, las alternativas se habían reducido notablemente, o se aceptaba el retorno al absolutismo borbónico perdiendo todo por lo que se había luchado desde 1810 o se intentaba escapar a este desenlace declarando la independencia y reactivando la guerra.
El resto de la obra del Congreso
Tras la declaración de independencia el congreso debía encarar sus otros dos grandes objetivos: la reactivación de la guerra y la organización constitucional del nuevo cuerpo político independiente. La conflagración se reavivó con el decidido apoyo que la estrategia sanmartiniana recibió por parte del Congreso y del nuevo Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón. El plan de San Martín consistía en atacar el baluarte realista del Perú desde Chile. Mientras las tropas de Güemes en la zona Salto-jujeña y el Ejército del Norte acantonado en Tucumán, hostilizaban y contenía, respectivamente, al poderoso Ejército de Lima.
Una vez acordadas las maniobras bélicas, la independencia buscó consolidarse en el plano político a través de una sanción constitucional. Las distintas posiciones sobre la forma de gobierno desencadenaron un arduo debate en 1816. Había muchas diferencias entre los diputados, por lo que esta discusión se suspendió hasta después del traslado del Congreso a Buenos Aires. La mudanza obedecía a la necesidad de que el cuerpo esté cerca del Director y a que las fuerzas realistas estaban avanzando sobre Jujuy -como efectivamente estaba sucediendo- En enero de 1817 el congreso se reinstaló en Buenos Aires. Muchos diputados no pudieron ir o sostenerse por demasiado tiempo en aquella ciudad, por lo que nombraron apoderados porteños en su lugar. Así, el congreso fue perdiendo representatividad y finalmente, cuando en 1819 se sancionó la constitución, ésta estuvo muy lejos de la voluntad inicial de conservar la naturaleza plural de la soberanía. Por entonces, las tensiones entre los pueblos y el gobierno central con sede en Buenos Aires se reanudaron y la sanción de una Constitución unitaria agravó aún más su enfrentamiento con los pueblos del Litoral. Ninguna provincia salió en defensa del Directorio ni de la flamante constitución cuando las fuerzas de Santa Fe y Entre Ríos le hicieron frente. El último fruto del Congreso había precipitado la unión que había sido la razón de su convocatoria. Paradójicamente, de las provincias que juraron la independencia en 1816, Tucumán fue la primera (noviembre de 1819) en desconocer al nuevo orden sancionado por aquel Congreso del cual había sido su anfitrión. Independientes, pero sin unión ni constitución, los pueblos rioplatenses emprenderían, a partir de 1820, la gestión política de un complejo legado revolucionario.
El Redactor del Congreso Nacional, núm. 1, p.1, reimpresión facsimilar, Ed. Docencia–Fundación Hernandarias, Buenos Aires, 2005.
Sobre la participación del clero en el Congreso de 1816 ver: AYROLO, Valentina “Clero e independencia en las Provincias Unidas”, Boletín de la Biblioteca del Congreso Nº 130 “Independencia. 200 años”, Buenos Aires, 2016; VERDO, Geneviève «Religião, ‘espírito público’ e patriotismo na independência do Rio da Prata», Almanack, núm. 08, Guarulhos, 2do semestre 2014, pp. 104-119 y GUERRA OROZCO, Cecilia “El clero secular tucumano. Entre la legalidad y la legitimidad monárquica”, en TÍO VALLEJO, Gabriela (coord.) La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX, Prohistoria, Rosario, 2011, pp. 193-252.
El Redactor…, cit., núm. 1 El resaltado es nuestro.
A inicios de 1817, el Ejército de los Andes cruzó la cordillera para cumplir esta misión. Las tropas comandadas por San Martín recuperaron Chile para la causa independentista (1817-1818) y lograron imponerse en Lima (1819-1821). La convergencia de las tropas revolucionarias comandadas por Bolívar y Sucre en la zona peruana y alto peruana consolidaron la emancipación sudamericana (1824).
