La otra Milagro Sala

La historia de Nélida Rojas, la dirigente de la Tupac Amaru de Mendoza que, como su par jujeña, también se volvió la principal enemiga del poder judicial y político de su provincia.

Si Milagro Sala, como sostienen cada vez más voces, es una muestra del accionar del Poder Judicial en la era Cambiemos, entonces no hay una única Milagro Sala, sino muchas. Una de ellas es Nélida Rojas, también mujer de carácter y dirigente de la Tupac Amaru. Al igual que Milagro, Nélida se encuentra privada de su libertad, resultado de una batería de denuncias y causas que se dispararon en su contra, su familia y todo aquello que tenga que ver con la organización barrial nacida en Jujuy. Acusaciones emitidas desde la pantalla de TV y luego recogidas en los tribunales. A Nélida la llaman “la Milagro Sala de Mendoza”, provincia donde es la principal referente de la Tupac. Para quienes la acusan, la figura es una forma de resumir que le caben iguales “estigmas” que a la jujeña. Por el contrario, para quienes la defienden, significa que fue alcanzada por el mismo “gatillo fácil” de un sistema judicial que primero detiene y después investiga, estimulado por el clima de época.

 

Como Milagro, Nélida tuvo una vida dura, cruzada por la miseria, el hambre y frío, con 11 hermanos y una madre central, que “lavaba y planchaba para las ricachonas de Lavalle” y que la marcó para siempre. “Yo soy la voz de ella, de una mujer maltratada, que nadie le dio oportunidades”, le dijo a la jueza. Pero, a diferencia de Sala, que convocó incluso la atención internacional, Rojas permanece invisibilizada para la opinión pública, y los grandes medios sólo muestran su rostro como parte de la campaña de demolición de la Tupac.

 

Semanas atrás, la dirigente mendocina recibió dos noticias. La primera fue que el Juzgado de Garantías N° 1, donde tramitan las casi 30 causas en que está imputada por delitos de asociación ilícita, extorsión y coacción agravada en concurso ideal con estafa, decidió mantener la prisión preventiva que pesa sobre ella desde el 7 de abril. Ese día, bajo idénticas acusaciones, fueron apresadas sus hijas Leonela y Carla; su esposo, Ramón Martínez; y su nuera, Fanny Villegas. La otra novedad fue que la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta finalmente admitió el habeas corpus presentado por sus abogados y le otorgó el arresto domiciliario. Operada varias veces de la columna y con una lumbalgia con trastornos de la marcha, su salud ya era frágil y se venía deteriorando por las bajas temperaturas y la condiciones precarias del penal de Aguas de las Avispas, al pie de la Cordillera de los Andes, donde pasó casi 90 días. La defensa, encabezada por Alfredo Guevara, le había recordado a la magistrada que Nélida estaba jubilada con un 76% de incapacidad reconocido por la ANSES. Sin embargo, el primer reflejo de Pietrasanta fue desestimar el planteo sin siquiera efectuar la audiencia previa que exige la ley. Guevara apeló y la Cámara del Crimen le dio la razón, anulando la orden de la jueza, que entonces sí realizó la audiencia y concedió la domiciliaria, a pesar de la oposición de la fiscal Gabriela Chaves. Ahora, Nélida está detenida en su casa junto a su esposo, que había obtenido este beneficio por su diabetes. Sus hijas también cumplen prisión en esta modalidad, porque tienen chicos en edad de lactancia, al igual que Fanny Villegas, que debe cuidar de su madre enferma.

 

“No sabés la cara de decepción que puso la fiscal Chaves cuando me dieron la domiciliaria”, contó Nélida a Zoom.“Porque la foto que querían presentar –agregó– es que Nélida Rojas estaba en la Unidad 7 de Aguas de las Avispas en condiciones de frío, con dolor por su columna. Querían poner un ejemplo: ven, esto es lo que les pasa a los de la Tupac y así les va a pasar a los otros”.

 

De la TV a los tribunales

Nélida tiene 62 años, 10 más que cuando la Tupac llegó a Mendoza. Por entonces, en 2007, era secretaria general de la CTA en el departamento de Lavalle, donde trabajó como enfermera y desarrolló su carrera gremial en ATE. Estaba obnubilada con lo que Milagro Sala había hecho en Jujuy con el programa implementado por Néstor Kirchner desde la Rosada. Hoy, no se tiñe el pelo en señal de protesta: “Quiero que mi cabello muestre lo grises que son mis días mientras Milagro siga privada de su libertad”, explicó. Lo primero que encararon juntas fueron 100 viviendas para Lavalle. “Ni el intendente nos creía”, recordó Nélida y aseguró que en todo ese tiempo las cooperativas de trabajo “tupaqueras” lograron levantar más de 1300 casas en la provincia.

 

En cambio, para la fiscal Chaves, desde el día uno la Tupac mendocina no hizo más que delinquir. “Es otra de las cosas aberrantes y así imputaron a 42 personas”, explicó a Zoom Horacio Báez, miembro de la defensa. “Sostienen que se formó exclusivamente para enriquecerse y que aprovecharon como excusa que venían fondos de la Nación para construir viviendas, porque estaba el antecedente jujeño”, resumió el abogado. Sobre el origen de las causas, indicó que “surgen de personas que estaban asociadas a la Tupac de Lavalle y que participaron del programa de Jorge Lanata (PPT, en noviembre de 2016)”. Báez afirmó que “fue Lanata quien promovió lo que les había pasado como si fueran delitos, ellos lo denunciaron y la fiscal tomó eso, que eran conductas habituales de una organización política y social, y lo convirtió en extorsiones”.

“En el alegato de la defensa ante el Juzgado de Garantías N°1, Alfredo Guevara argumentó que ‘de las 25 causas que se imputan a Nélida Rojas, 23 suponen criminalizar prácticas propias de la Tupac, que no son ilegales’”

El abogado relató que “una persona, cuando ingresa a la Tupac, se obliga a hacer un aporte mensual que empezó siendo de $3, subió a 10, pasó a 30 y, al final, eran 80, más aportes de trabajo: 8 horas al mes, con apoyo a actividades internas y reuniones políticas”. Eso incluía “marchas para peticionar a las autoridades por terrenos y fondos adeudados”. Por otra parte, “especialmente Nélida Rojas, aclaraba en las asambleas que los que no cumplieran con esos requisitos iban a quedar fuera de la organización, como pasó en ciertos casos”. El letrado concluyó que “eso ha sido calificado por la fiscal como extorsión, a pesar de que las personas entraban a la Tupac sabiendo de esa obligación”.

 

En el alegato de la defensa ante el Juzgado de Garantías N°1, Alfredo Guevara argumentó que “de las 25 causas que se imputan a Nélida Rojas, 23 suponen criminalizar prácticas propias de la Tupac, que no son ilegales, y sobre las que se pueden tener objeciones, pero están amparadas por el artículo 14 de la Constitución y el 16 de la Convención Americana de DDHH que garantizan la libertad de asociación”. Guevara, que enmarcó el caso en la “persecución política contra Milagro Sala”, consideró que “subyace la idea en la acusación fiscal de que las personas que integran la organización son hipoculturizadas o subnormales y que por algún motivo no podían libremente integrar la Tupac”, porque “no entra en la cabeza de estos funcionarios que los sectores populares puedan organizarse por voluntad propia para reclamar por sus derechos”.

 

En cuanto a la prisión preventiva (que la Fiscalía sostiene porque los delitos eventuales superan los tres años de condena mínima), para Guevara no se justifica en ningún caso, al no haber denuncias de intimidación a testigos y por la disponibilidad a comparecer que siempre demostraron los acusados. Otro punto planteado por la defensa es que, al tratarse de fondos federales, la justicia provincial no tiene competencia para investigar un posible fraude.

 

El 28 de julio, la Cámara tratará la apelación contra la prisión preventiva.

 

Pecado de origen

Para Nélida, tal vez deberían haber bautizado de otra manera a la agrupación. “Si hubiéramos tenido otro nombre, hubiéramos tenido quizás otro destino, pero justo nos tuvimos que llamar Tupac Amaru, y la historia de Tupac se repite en nosotros: quieren desmembrarnos, como lo intentaron con él, y hacernos desaparecer, como quisieron hacerlo con su familia”, denunció. “Somos tratados como una escoria en los medios y eso te deja una condena social que no se repara nunca –aseguró–. Por más que se puedan mostrar pruebas, porque todo está muy claro, los medios nunca se rectifican”. Otro tanto piensa sobre los días que estuvo en una celda: “No se recuperan más, porque nuestros días no se repiten y la historia no se repite en el crecimiento de nuestros nietos, en los gestos que ellos aprenden. Por eso yo decía que en una cárcel uno no vive, uno muere todos los días. Muere para el afuera”.

 

–¿Qué le pasó cuándo vio a sus hijas detenidas?

–Mirá, mi hija Leonela, cuando terminó de declarar, dijo que aunque le dieran 25 años de cárcel no le importaba perder su libertad, porque el día de mañana iba a seguir haciendo lo mismo y, sino, algún compañero llevaría la bandera de la Tupac. Y cuando salió de la audiencia, en un momento de descuido de la penitenciaria que la custodiaba, levantó la mano haciendo la señal de la V. Yo la veía tan entera, mirando al frente, no iba agachada ni nada. Leonela es la más chiquita de las mujeres de la familia y ese es su pensamiento.

 

–¿La fiscal las mandó al psicólogo?

–Sí, dice que mis hijas están influenciada por su madre, que las ha deformado no sé cómo. Claro que están influenciadas, soy su mamá y no conocen otra cosa más que verme en cada marcha, en cada discusión que es habitual en mi familia, porque somos militantes. Probablemente, la fiscal no entienda qué es la palabra “militante” y crea que mis hijos piensan de esa manera, qué sé yo, a través de torturas. Cuando mi nieta Victoria, de 6 años, fue a verme al penal, la acompañé al baño y ahí, sentadita, moviendo las patitas, porque el inodoro era alto, me dijo: “Abuela, ¿vos estás acá por pensar diferente?”. Le respondí que sí y ella, con sus 6 añitos, me abrazó y me dijo: “Te amo, abuela”. Pero no quiero que ella reprima su pensamiento por miedo a que pensar diferente significa estar encerrada, por miedo a que también le quiten la libertad.

 

–¿Y qué opina de los que integraron la Tupac y los denunciaron?

–Pasó lo mismo que en Jujuy. Primero,fue el programa de Lanata y después la fiscal empezó a denunciar y entraron al barrio, cargando en unas Traffic a los compañeros para meterles miedo. Fue un hostigamiento permanente. En las marchas nos llegaban las multas por haber cortado la calle, pero sólo a nosotros, no a las otras organizaciones o gremios. Los compañeros dejaron de usar las remeras, por miedo a la persecución de la policía. Ese temor empezó a desmembrar la organización. Y me pusieron de ejemplo, diciendo que yo tenía contactos políticos, que era poderosa, aunque nunca fui candidata a nada.

“Querían poner un ejemplo: ven, esto es lo que les pasa a los de la Tupac y así les va a pasar a los otros”

–Eso mismo le dijo a la jueza en la audiencia…

–Sí, le aclaré que no soy Nélida Rojas, referente de la Tupac, sino Nélida Rojas, hija de Felisa Montenegro. Tengo una historia de vida y carencias y con eso llegué a la Tupac, pero no imponiéndome, sino elegida por los compañeros. No fueron contactos políticos. Yo fui y conté la historia y hubo un gobierno que nos creyó y que nos incluyó en la construcción de este país que estaba destrozado. Sin ser candidata a nada, pude gestionar porque me escucharon, porque los referentes sociales no nacen en gobiernos de derecha, salen de gobiernos populares porque se hacen cargo de la organización de la gente, para aportar en la construcción de un país con más igualdad, a través de trabajo, porque no queremos bolsones de mercadería ni planes. Estamos exigiendo trabajo y eso es lo que nos condena después a nosotros, porque pasado el tiempo empezamos a mostrar que con menos hacemos mucho más.

 

–¿Qué ocurrió con las obras que estaban en marcha en Mendoza?

–Desde que asumió el gobierno de Macri se sacó el programa, no hubo más desembolsos, inclusive con los avances de obras. Nos deben un dinero importante de pagos que ya estaban aprobados. Se quedaron sin trabajo muchos cooperativistas y muchas familias la están pasando mal. Están paradas las obras y los municipios tampoco gestionan. En cambio, aconsejan a la gente que nos denuncien. Hay municipios que han sido del FPV, eso es lo más raro.

 

–La fiscal Chaves dijo que va a apelar su prisión domiciliaria.

–A la fiscal le dieron tres meses más para seguir juntando elementos, porque todo este tiempo no le ha bastado para encontrar armas y dinero, que es lo que quiere encontrar. Y esto a pesar de que el Tribunal de Cuentas y el Instituto de la Vivienda aclararon que no hay desvío de fondos porque el dinero entregado está en obras. La Dirección de Cooperativas dijo que estamos en orden y el Inaes también dio el certificado de vigencia. Pero sigue la búsqueda del tesoro, tratando de ver cómo hemos guardado esos 4.800 millones que dijo la Stolbizer un día, por decir una cifra, que se nos habían dado para construir viviendas. Si nos hubieran dado esa cifra, habríamos refundado Mendoza.

 

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