La moral de la piara

Distintas manifestaciones contra el macrismo colapsaron el tránsito porteño al cumplirse el décimo mes del gobierno del empresario y un día después que el ministro de Educación acudiera a la Legislatura para evitar ser interpelado y recibiera la recriminación de los estudiantes por la anulación de las becas para alumnos de bajos recursos. La gestión PRO hace agua. El miércoles 17, continúan las protestas contra el gobierno macrista.

A las semanas de asumir la jefatura de gobierno, el empresario Mauricio Macri decidió poner las cosas en caja. Empezó, como siempre hacen los gobiernos de derecha, por el eslabón más débil de la cadena, los empleados públicos. Echó gente, algunos con razón, otros no, arregló con los sindicatos municipales y prometió cantidad de cosas, de las cuales, después de casi un año de gobierno (o gobierno y cogobierno) no cumplió casi ninguna: los camiones siguen pasando por las calles de la ciudad, arruinando parte de su patrimonio histórico; la basura se cae de los containers sucios que —en la zona sur— se limpian de tanto en tanto, para regocijo de las ratas, que se multiplican en su espacio público; el bacheo es insuficiente (el mapeo de los pozos no equivale a su pavimentación, como no dice la propagando PRO, confundiendo al televidente); la política de desarrollo social, es inexistente, o tercerizada hacia organizaciones no gubernamentales de rasgos católicos y/o evangélicos (tres diputados nacionales del PRO, algunos con pasado en Recrear, cumplen estricta militancia en las filas del telepredicador Luis Palau, quien habría puesto dinero en la campaña); nunca como antes hubo tantos niños en la calle y tanto tráfico de personas; la política educativa, lamentable: pensada por un ex comunista reconvertido a la derecha, que sólo por ese giro debería explicar su ineficacia; la política cultural, aparatosa e inútil; la política de seguridad, un fracaso amplificado por los medios; la política económica, subejecutada, paralizada y necesitada de una ampliación presupuestaria dirigida ideológicamente; la comunicación, apoyada en créditos de clase; y la política de salud, sospechada de irregularidades como las que originaron la primera citación a la justicia del propio jefe de gobierno.

Macri, junto a los ministros de Desarrollo Social y de Salud, María Eugenia Vidal y Jorge Lemus; el interventor del Instituto de la Vivienda (IVC), Jorge Apelbaum; el titular de la Corporación del Sur, Humberto Schiavone; y el Procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, fueron denunciados penalmente por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ninguno de los citados se presentó a declarar ante el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Angel Roberto Gallardo.

Debían explicar sobre incumplimientos en la prestación de servicios sanitarios en un centro de evacuados donde viven más de 400 familias, y donde el pasado 13 de agosto falleció, a causa de esos incumplimientos, por asfixia, un bebé de cuatro meses, Javier Nicolás Occhiuto. En lugar de los implicados, ocupados en el lanzamiento del plan La ciudad crece con los chicos, hasta el juzgado llegó un correveidile, abogado del gobierno que primero dijo que los médicos tienen órdenes de no ir a centros de evacuados y después que no están obligados a hacerlo. El prohombre fue despachado sin más.

La denuncia por la muerte del bebé fue hecha por el escritor y periodista Martín Rodríguez en el semanario Noticias Urbanas. Página/12 levantó la información sin dar crédito.

La política apolítica

Macri —en connivencia con el sector más conservador del Frente para la Victoria— jamás cumplió con la elección de comunas a la que se había comprometido durante la campaña electoral; su discurso es un precioso ejemplo de clasismo, altruismo de samaritano y demagogia antipolítica. La fortaleza del PRO tributa en la debilidad objetiva de sus adversarios ideológicos.

Pero sería conveniente recordar que el hijo de Franco ganó las elecciones, en segunda vuelta, con más del sesenta por ciento de los votos y según indican algunos consultores, podría, ahora mismo, repetir esa cifra. Si eso fuera cierto, ensayar dos hipótesis, acaso complementarias, no estaría de más: la inutilidad manifiesta de la actual administración no sería más que un efecto indeseado de las pésimas administraciones anteriores, sumadas a la servidumbre voluntaria que caracteriza a los argentinos en general y a los porteños en particular.

El gabinete de Macri es un combo de peronistas antikirchneristas, duhaldistas, católicos, lopezmurphistas, radicales y esa especie que prolifera desde los noventa, los emprendedores, en este caso puntual, educados en su mayoría en el Cardenal Newman y ablandados (como hacen los fiocas con las mujeres, niñas o niños secuestrados para el ejercicio de la prostitución involuntaria o voluntaria) en las empresas de las que el titular del Ejecutivo es uno de los herederos.

Sin embargo, los sociólogos y los especialistas en management, desde Simmel y Kracauer, aseguran que en estas corporaciones (no necesariamente prostíbulos), también existen las internas, los chantajes y el serrucho escondido en el cajón. Esa política, nobleza obliga, no es propiedad privada del PRO: existe donde conviven más de dos personas, y en ocasiones hasta donde sólo conviven dos personas.

Lemus, las becas y la limpieza étnica

Volviendo sobre las dos cuestiones de fondo, salud y educación, Lemus, ex director del Hospital Fernández, antes que ministro, parece empleado de un sector de la industria farmacéutica. Su incapacidad notoria, sin embargo, no lo autoriza a “ignorar” un caso como el de Parque Roca, que solucionará seguramente con una sala de primeros auxilios y la indiferencia.

Lemus es un hombre de la vieja escuela, que algunos imaginan una eminencia. Sólo es un hombre hecho, cuya idea de la salud mental se reduce a demoler los viejos neuropsiquiátricos y a la construcción de centros ambulatorios como si el PC italiano estuviera en el poder, Macri fuera Enrico Berlinguer y él, Franco Basaglia.

La cuestión educativa esta ligada a la salud: en la ampliación presupuestaria solicitada por Hacienda y votada el jueves pasado por la Legislatura porteña, ese ítem no existe, o existe para la demolición de los psiquiátricos (alimentando el fantasma de un negocio inmobiliario encubierto).

En el Palacio de las Leyes, Walter Bouzada, viceministro de Educación de Mariano Narodowski, en su exposición sobre las becas que los secundarios le reclaman al gobierno que reponga, no desagregó el destino de las partidas. La mayoría de los ciudadanos ignora que no hay becas para los pibes de la Villa 31, empujándolos a la calle, a las zonas de alto riesgo y a la supervivencia del más apto.

El delito y el sicariato, en Buenos Aires, tienen un futuro promisorio.

Bouzada es el mismo personaje que habló de “limpieza étnica” cuando la administración PRO empezaba a marcar gente para echar. Este señor, consultado por los especialistas reunidos ese día, ignoraba quién era Berta Braslavsky, a quien había tildado. Braslavsky falleció ayer. Tal vez enterado de su obra como educadora y pedagoga, Bouzada ahora esté llorando lágrimas de cocodrilo en el velorio de la anciana que supo formar parte de “la solución final” de un rascabuche escandalizado por los escupitajos que recibió su jefe en la Legislatura, cuando fue a explicar lo inexplicable, esto es, lo que ya había descifrado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El INADI debería ocuparse con seriedad del viceministro de Educación porteño.

En este escenario, que Desarrollo Social —espacio PRO de la moral y las buenas costumbres— no haya ejecutado un solo peso de su presupuesto en la prevención de las adicciones, según se desprende de una fuente legislativa, es una torsión del mismo movimiento: algunos tendrán las oportunidades que otros no tendrán, y aunque esa sea la historia de la civilización, Buenos Aires no se merece que la impiedad disfrazada de ahorro se convierta en coto de caza de las criaturas embuchadas de Milton Friedman en los invernaderos de Palermo Rúcula, Barrio Parque, San Isidro, Martínez, Maschwitz y Pilar, ese amplio arco que va de la iniciativa privada a la efedrina para exportación.

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